Procedimiento administrativo común

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El procedimiento administrativo común encuentra su regulación en la novísima Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, tal y como indica en su propio articulado, tiene por objeto "regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria".

El Diccionario del Español Jurídico de la RAE y del CGPJ define el procedimiento administrativo común como “el procedimiento que, contenido en una legislación (actualmente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) de garantías mínimas (esto es, susceptible de mejora pero no de disminución), dictada por el Estado central (en virtud de la competencia específica que el punto 18 del apartado 1 del Art. 149 ,Constitución Española le confiere, dentro de la genérica sobre régimen jurídico de las administraciones públicas), es aplicable a todas las administraciones públicas no porque se trate de una competencia estatal plena, ni de una normativa básica o de un procedimiento general y formalizado sino por recoger (...) las garantías jurídicas de los particulares en el seno de cualquier procedimiento y los aspectos centrales o nucleares del procedimiento administrativo como institución jurídica (tales como la estructura fundamental de su tramitación o el régimen de elaboración, validez, eficacia, revisión y ejecución de los actos administrativos), que han de respetarse en todo caso esto es no solo por el propio Estado central cuando regule otros procedimientos, sean generales o especiales, en materias de su competencia, sino también por las comunidades autónomas cuando establezcan normas procedimentales de tramitación ordinaria, sean generales o especiales, en materias de su competencia (como les ha reconocido la jurisprudencia constitucional) o especialidades procedimentales, derivadas de su propia organización (en virtud de la habilitación específica que al efecto les confiere el punto 18 del apartado 1 del Art. 149 ,Constitución Española). Por tanto, en rigor, se contrapone solo a procedimiento no común”.

Para el estudio de este tema, siguiendo al efecto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se hace necesario estar a un esquema como el siguiente:

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Responsabilidad
Silencio administrativo
Cómputo de plazo
Eficacia de los actos administrativos
Capacidad de obrar
Reclamación colectiva
Potestad reglamentaria
Ejecución de los actos administrativos
Notificación de los actos administrativos
Iniciación de oficio
Requisitos de los actos administrativos
Publicación del acto administrativo
Anulabilidad de actos administrativos
Responsabilidad patrimonial
Caducidad de procedimiento administrativo
Caducidad
Procedimiento administrativo sancionador
Procedimiento sancionador