Procedimiento administrativo de fijación del recargo de prestaciones

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral

La figura jurídica por la que se insta una mejorar las prestaciones de Seguridad Social, mediante el recargo de las mismas con un porcentaje abonado, exclusivamente, por el empresario empleador que infringida una norma de seguridad determinante en la existencia de un accidente no se incardina en un procedimiento administrativo concreto.

La figura jurídica por la que se insta una mejorar las prestaciones de Seguridad Social, mediante el recargo de las mismas con un porcentaje abonado, exclusivamente, por el empresario empleador que infringida una norma de seguridad determinante en la existencia de un accidente no se incardina en un procedimiento administrativo concreto.

La competencia para fijar la declaración de responsabilidad empresarial por falta de adopción de medidas de seguridad corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en virtud de la LGSS en relación con el art. 1.e) del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre Incapacidades Laborales del Sistema de la Seguridad Social.

Se trata de una norma reglamentaria dictada en relación con la incapacidad pero cuyo art. 1. e) extiende aquella competencia para declarar la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y determinar el porcentaje en que, en su caso, hayan de incrementarse las prestaciones económicas.

En desarrollo de la misma, el art. 16 de la OM de 18 de enero de 1996 regula las "Declaraciones de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene " y se refiere a " cualquiera que se la contingencia de que se trate".

Sin embargo, como hemos adelantado, no se establece procedimiento específico para llevar a cabo tal declaración de responsabilidad, distinto del que se regula en los artículos precedentes de la OM. Lo único que indica el citado art. 16 es que la resolución del INSS debe motivarse con expresión de las circunstancias concurrentes, la disposición infringida, la causa concreta de las enumeradas en el art. 123 LGSS y el porcentaje en que hayan de incrementarse las prestaciones económicas. Por tanto, para la imposición del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad el único procedimiento específicamente regulado en el RD 1300/1995 y en la OM de desarrollo, de 18 de enero de 1996, sin perjuicio de e la aplicación de las disposiciones de LPAC en defecto de norma concreta aplicable. STS, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1023/2012 de 17 de Julio de 2013, Ecli: ES:TS:2013:5056

Partiendo de lo anterior, el procedimiento a seguir para la imposición del recargo sería (Orden de 18 de enero de 1996):

a) La tramitación del expediente puede iniciarse de oficio, a instancias de la ITSS,o a instancias del interesado o su representante legal.

b) Se requeriría de la ITSS el informe-propuesta sobre los hechos y circunstancias existentes, disposición infringida y causa para el incremento de la prestación junto con el porcentaje del mismo.

c) El INSS pondrá en conocimiento de los interesados la apertura del expediente.

d) Se dará trámite de audiencia al presunto empresario infractor para que en un plazo de 10 días formule alegaciones y presente cualquier documentación exculpatoria.

La omisión del trámite de audiencia a las partes en el procedimiento administrativo seguido ante el INSS sobre recargo en las prestaciones derivadas de accidente de trabajo por falta de medidas de seguridad, ha sido reiteradamente resuelta existiendo doctrina unificada al respecto (SSTS de 30 de abril de 2007, Rud. 8/330/2006, 3 de julio de 2007, Rud.  8/3152/2006 y STS, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1136/2009 de 28 de enero de 2010, Ecli: ES:TS:2010:915), entendiendo que la misma no comporta la nulidad del expediente, sino, en todo caso su anulidad “cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados” (art. 48 LPAC).

Siguiendo doctrina de la Sala III del TS "la indefensión no equivale a la propia falta del trámite de audiencia", sino que "ha de ser real y efectiva" y, por ello, "para que exista indefensión determinante de la anulabilidad del acto es preciso que el afectado se haya visto imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes para ello" (STS de 11 de julio de 2003; 16 de marzo de 2005 y STS, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 814/2007 de 28 de mayo de 2008).

e) La Resolución motiva del INSS (en un plazo máximo de 135 días hábiles desde la iniciación del procedimiento de oficio o la solicitud de iniciación del mismo) supone la finalización del procedimiento.

En caso de silencio administrativo la solicitud se entenderá desestimada y podrá iniciarse el procedimiento judicial oportuno.

f) El empresario responsable (en ausencia de reclamación judicial) deberá ingresar el capital-coste del recargo. La TGSS lo comunicará al INSS y éste procederá al abono al beneficiario.

La ausencia en periodo voluntario supondrá el inicio de la vía ejecutiva

  • Consideración judicial de sanción o indemnización

Tras algunas vacilaciones iniciales, la jurisprudencia ha sostenido que el recargo de prestaciones no es ni estrictamente sanción, ni puramente prestación o indemnización.

En palabras de la STS se 13 de febrero de 2008 (rcud. 163/2007), trata de "una indemnización con función disuasoria o punitiva, institución que se diferencia por una parte de la indemnización típica con función resarcitoria, y que se distingue también por otra parte de la multa o sanción administrativa de contenido pecuniario, cuyo importe ingresa en el Tesoro público y no se destina a la persona perjudicada por el comportamiento de infracción".

Asimismo, se decía en la STS de 8 de julio de 2009 (rcud. 4582/2006), "la naturaleza jurídica del recargo de prestaciones es dual o mixta, pues si bien desde la perspectiva del empresario infractor se presenta como una responsabilidad sancionadora [siquiera no puede calificarse de sanción propiamente dicha], no es menos cierto que desde la óptica del beneficiario supone una prestación adicional o sobreañadida de carácter indemnizatorio [a tener en cuenta que su regulación por la LGSS se hace en Sección -2ª- titulada «Régimen General de las Prestaciones», ubicada en Capítulo -III- denominado «Acción Protectora» y dentro del Título -II- «Régimen General de la Seguridad Social»; y que ha de ser objeto de la oportuna capitalización en la TGSS]". STS, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1023/2012 de 17 de Julio de 2013, Ecli: ES:TS:2013:5056

1.- Posibles incidencias sobre el expediente administrativo de recargo de prestaciones

El procedimiento declarativo por parte de la entidad gestora de la Seguridad Social implica que con carácter previo tenga lugar la imputación de responsabilidad mediante el oportuno expediente sancionador (Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo) siguiendo el procedimiento antes indicado.

Entre las posibles incidencias sobre el mismo destacan:

  • a) Interrupción del plazo de prescripción del recargo por incoación de expediente administrativo

Como establece el art. 53 LGSS “La prescripción se interrumpirá por las causas ordinarias del artículo 1973 del Código Civil y, además, por la reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como en virtud de expediente que tramite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate”

En el supuesto de que se entable acción judicial contra un presunto culpable, criminal o civilmente, la prescripción quedará en suspenso mientras aquella se tramite, volviendo a contarse el plazo desde la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento o desde que la sentencia adquiera firmeza.

El alcance de la interrupción del plazo de prescripción por la incoación de expediente administrativo para la fijación de recargo de prestaciones de Seguridad Social ha sufrido cambios doctrinales hasta situarse en la interpretación actual, por la que (STS, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1023/2012 de 17 de Julio de 2013; Ecli: ES:TS:2013:5056):

1.- La prescripción estaría interrumpida desde el momento en que se puso en marcha el expediente administrativo hasta notificación de resolución expresa (dentro del plazo previsto).

2.- En caso de que no haya constancia de resolución alguna durante el tiempo que dura el expediente solo la justificación clara de la suspensión o ampliación en la tramitación del expediente puede permitir el mantenimiento de la interrupción.

3.- En cao de no constar lo anterior, alcanzado el plazo máximo de 135 días hábiles (art. 14.1 OM de 1996), desde el acuerdo de iniciación del procedimiento o desde la recepción de la solicitud de iniciación del interesado, se entenderá resuelto el expediente en sentido negativo, y por consiguiente, se reiniciará el cómputo del plazo de prescripción del derecho, que habrá quedado interrumpido con la incoación de aquél.

4.- El tiempo de interrupción de la prescripción no puede quedar sometido a la mera inactividad administrativa cuando la ley establece el principio de impulso procedimental, como las consecuencias de la falta de resolución en plazo.

5.- Ello no se contradice con la obligación de resolver que tenga el INSS con arreglo al propio art. 14.3 de la OM, en consonancia con la LPAC. Nada impide el mantenimiento de la eficacia de la resolución expresa posterior si se mantienen las circunstancias de vigencia del derecho.

6.- La finalidad del plazo de 135 días es permitir al trabajador reaccionar ante la falta de respuesta en un procedimiento que tiene por finalidad dotarle de una mayor protección y resarcirle por la contingencia profesional acaecida.

  • b) Paralizaciones y caducidad del expediente administrativo

La Sala IV ha abordado el efecto que las paralizaciones del expediente administrativo de imposición del recargo pueden tener sobre el derecho al mismo, afirmando que el procedimiento para su imposición "se deriva del derecho del beneficiario al aumento de las prestaciones reconocidas con cargo al régimen público de la Seguridad Social " (STS de 13 de febrero de 2008, Rcud. 163/2007).

Ello ha dado lugar a evaluar la posibilidad de caducidad del expediente y declarar que la caducidad no puede derivarse de lo dispuesto en el art. 14 de la OM de 18 de enero de 1996, porque lo que allí se señala es el plazo de 135 días a partir del cual se activa el silencio administrativo negativo (esto es lo que, acertadamente, razona en este caso la sentencia recurrida), de ahí que, cuando la resolución administrativa en materia de prestaciones de incapacidad no se dicta en plazo, el interesado no pierde el derecho reclamado, pudiendo entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. El citado plazo se mantiene expresamente en virtud del RD 286/2003, de 7 de marzo, que establece la duración de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de seguridad social.

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Accidente
Recargo de prestaciones
Incapacidad
Responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad
Indefensión
Prestación económica
Inspección de trabajo y Seguridad Social
Medidas de seguridad
Tramitación del expediente
Tesorería General de la Seguridad Social
Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad
Representación legal
Días hábiles
Omisión
Accidente laboral
Falta de medidas de seguridad
Silencio administrativo
Plazo de prescripción
Inicio expediente administrativo
Procedimiento de oficio
Pago en periodo voluntario
Recaudación en período voluntario
Sanciones administrativas
Caducidad
Acción protectora
Régimen General de la Seguridad Social
Expediente sancionador
Entidades Gestoras de la Seguridad Social
Cómputo de plazo de prescripción
Interrupción de la prescripción
Resolución expresa posterior
Contingencias profesionales
Silencio administrativo negativo

RDLeg. 8/2015 de 30 de Oct (TR. Ley General de la Seguridad Social -LGSS-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 31/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/01/2016 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1300/1995 de 21 de Jul (se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 198 Fecha de Publicación: 19/08/1995 Fecha de entrada en vigor: 20/08/1995 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

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