Procedimiento Penal ante delito contra la seguridad y salud en el trabajo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 11/09/2019

Los arts. 316 y 317 del Código Penal castigan a "Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física".

1.- Inicio del procedimiento

Como hemos tratado, el procedimiento penal puede iniciarse con la existencia de un riesgo grave para la salud de los trabajadores (art. 316 a 318 CP), pero normalmente, la apertura de Diligencias suele relacionarse al resultado lesivo que haya podido producirse, bien por el fallecimiento de uno o varios trabajadores en accidente laboral (homicidio imprudente) o, bien por las lesiones sufridas por éstos en el mismo. Este proceso podrá iniciarse de oficio o a instancia de la parte afectada mediante acusación particular.

2.- Fase de instrucción

Siguiendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 757 y ss. LECr), se aplicará el procedimiento abreviado por tratarse del enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.

En esta primera fase, que corresponde ante el juzgado territorialmente competente, se investigará el accidente con el fin de definir aspectos como: sujetos responsables, circunstancias del accidente, o la imputación delictiva correspondiente a resolver en el posterior juicio oral. 

Practicadas las diligencias pertinentes, el Juez adoptará mediante auto alguna de las siguientes resoluciones:

  1. a) Si estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada su perpetración, acordará el sobreseimiento que corresponda. Esto supondrá, en caso de adquirir firmeza el auto, la continuación con el proceso administrativo.
  2. b) Si el juez instructor considerase la existencia de delito, el auto impulsará el correspondiente juicio en función del tipo penal, de los que citamos:
  3. Delito contra la seguridad de los trabajadores (SAP Baleares, 2°, de  11 de marzo de 2010)
  4. Delito de homicidio imprudente (STS 1329/2001, de 5 de septiembre)
  5. Delito de imprudencia con resultado lesivo
  6. Delito leve de imprudencia con resultado lesivo
  7. Delito leve de imprudencia con resultado de muerte

En este último supuesto, el auto de apertura del juicio oral vendrá precedido del turno de acusaciones.

Dicho auto delimita el objeto del proceso en el juicio oral señalando qué hechos van a ser enjuiciados tras el estudio del carácter fundado de la acusación. A pesar de que la redacción del art. 783 LECr no es precisa sobre cuál debe de ser su contenido en cuanto a la determinación del objeto del proceso, podemos establecer a modo indicativo: hechos a juzgar, sujetos responsables, delitos, penas solicitadas, responsabilidad penal junto a cualquier circunstancia que la pueden modificar, y consecuencias civiles de la misma.

3.- Juicio oral, sentencia y recursos

El Juicio Oral se celebrará en el Juzgado de lo Penal, con la dinámica habitual de acusación (particular y/o del Fiscal) y defensa.

La práctica de la prueba se realizará concentradamente, en las sesiones consecutivas que sean necesarias.

La sentencia condenará o absolverá al acusado/s. En relación a la responsabilidad civil, la STS, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3364/2013 de 22 de diciembre de 2014, Ecli: ES:TS:2014:5712, citando la STC 15/2002, ha establecido:

"La posibilidad de efecto de cosa juzgada se desprende asimismo de la doctrina del TC cuando, a sensu contrario, indica que, “cuando la Sentencia penal, por haber sido absolutoria, no haya entrado a examinar ni se haya pronunciado sobre las acciones civiles derivadas del hecho enjuiciado en el ámbito criminal, nunca podrá producir efectos de cosa juzgada en el posterior proceso civil, por la sencilla razón de que las acciones civiles quedaron imprejuzgadas. La citada regla sólo sufre una excepción en virtud de lo dispuesto en el art. 116 LECrim, según el cual si la Sentencia penal resultó absolutoria precisamente por declarar que no existió el hecho que fue objeto de enjuiciamiento en el ámbito criminal, este pronunciamiento vinculará positivamente al juez civil que no podrá ya fundar ninguna responsabilidad civil en la existencia del hecho que fue declarado inexistente por la jurisdicción penal.

Frente a la sentencia, cabrá recurso en base a los siguientes parámetros:

  1. a) Recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en caso de delitos leves o enjuiciados por el juzgado de lo penal
  2. b) Si se recurre un delito con una pena de duración superior a cinco años, declarada por la Audiencia Provincial, procederá recurso de casación ante el TS.

Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando (art. 80.1 y 2 CP):

1.- El condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

2.- La pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

Se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.

Del mismo modo:

a) En caso de haber cometido imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio (arts. 33.2 f) y 142.1 C.P). La posible suspensión de la pena de cárcel indicada no afectará a esta suspensión.

b) A la pena establecida se añadirá la indemnización por responsabilidad civil derivada del delito que habrá de ser fijada se determina con aplicación del baremo anexado a la LRC. SAP Tarragona Nº 452/2007, Penal, Sección 2, Rec 926/2005 de 15 de Junio de 2007, Ecli: ES:APT:2007:1325; SJ Pampona Nº 313/2015, Penal - Santander, Sección 2, Rec 139/2015 de 03 de Agosto de 2015, Ecli: ES:JP:2015:146

4.- Claves en caso de coexistencia de distintos procedimientos

  • a) Existencia de procedimiento sancionador y penal

Como ya hemos visto en el Punto “Posibles incidencias en el desarrollo del procedimiento: Prescripción, prejudicialidad y dudas sobre la laboralidad del accidente” y siguiendo el art.3 LISOS, en los supuestos en que las infracciones administrativas pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.

De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.  STS Nº 174/2019, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3648/2016 de 06 de Marzo de 2019, Ecli: ES:TS:2019:1141

  • b) Existencia de procedimiento penal y proceso de recargo de prestaciones

El citado artículo 3.2 del LISOS establece que: “En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones”. Este precepto solo ordena la paralización de los expedientes sancionadores –y el recargo no lo es- ante la existencia de un procedimiento penal.

Incluso a pesar de la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, donde se dice “Cuando se conozca la existencia de algún procedimiento judicial en la vía penal por los mismos hechos, se suspenderá el expediente en este solo aspecto, hasta que recaiga sentencia firme por resolución que ponga fin al procedimiento” (declarada “ultra vires por ”SSTS de 17 de mayo de 2004 y 13 de febrero de 2008), no hay razón legal alguna para suspender la tramitación de un expediente de recargo ni ante la existencia de un procedimiento penal.

  • c) Existencia de procedimiento penal e indemnización por daños y perjuicios

La existencia de diversas vías para la reparación del daño y su incidencia en el importe indemnizatorio es tratada en el Bloque 3. Indemnizaciones asociadas a las contingencias profesionales. Sobre este aspecto matizar la existencia de dos posibles acciones para la reclamación de responsabilidad civil en caso de accidente frente al empresario, mediante un proceso penal o mediante la jurisdicción social mediante un proceso social ordinario (arts. 109 CP y 2 b) LJS)

Ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar (art. 112 CP)

Hemos de entender que una vez reservadas acciones civiles, solo podrán iniciarse el pleito social una vez terminado el penal (arts. 112 CP y 86 LJS).  STSJ Asturias Nº 2490/2014, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1736/2014 de 28 de noviembre de 2014

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Accidente
Homicidio imprudente
Responsabilidad civil
Acusación particular
Acción civil
Delito contra la seguridad
Infracción normas prevención riesgos laborales
Medidas de seguridad
Integridad física
Riesgo grave
Lesividad
Accidente laboral
Delito leve
Antecedentes penales
Tipo penal
Delito de homicidio
Procedimiento sancionador
Apertura del juicio oral
Responsabilidad penal
Práctica de la prueba
Sentencia firme
Culpa
Delinquir por primera vez
Delito imprudente
Expediente sancionador
Decomiso
Impago de la multa
Imprudencia profesional
Inhabilitación especial
Responsabilidad civil derivada del delito
Prejudicialidad
Infracciones administrativas
Incapacidad
Contingencias profesionales
Reparación del daño
Daños y perjuicios
Acción penal

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1300/1995 de 21 de Jul (se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 198 Fecha de Publicación: 19/08/1995 Fecha de entrada en vigor: 20/08/1995 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

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