Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona en el orden contencioso-administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
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Los Art. 114-122 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, integrantes del Título relativo a los procedimientos especiales en el orden contencioso-administrativo, se ocupan de regular el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, un procedimiento que, con sus propias especialidades (Vid. Art. 122,Art. 122 bis ,Ley 29/1998, de 13 de julio) tiene su encuadre en lo dispuesto en el (Art. 114 ,Ley 29/1998, de 13 de julio): "El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el apdo. 2 del Art. 53 ,Constitución española se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley".

Los Art. 114-122 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, englobados el Título de la norma relativo a los procedimientos especiales en el orden contencioso-administrativo, se ocupan de regular el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

El punto de arranque de tal regulación es el siguiente (Art. 114 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

  • El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el apdo. 2 del Art. 53 ,Constitución española se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley.

  • Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los Art. 31-32 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (esto es, la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso anulación de actos y disposiciones susceptibles de impugnación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, el cumplimiento de las obligaciones de la Administración en caso de inactividad y la cesación de la vía de hecho por parte de ésta)  siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado.

  • A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente.

Plazo

El plazo para interponer este recurso será de diez días, que se computarán, según los casos, desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o, tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente (apdo. 1 Art. 115 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Contenido del escrito de interposición

En el escrito de interposición se expresará con precisión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso (apdo. 2 Art. 115 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Remisión y puesta de manifiesto del expediente administrativo 

Según dispone el Art. 116 ,Ley 29/1998, de 13 de julio:

  • En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente, el Secretario judicial requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de cinco días a contar desde la recepción del requerimiento remita el expediente acompañado de los informes y datos que estime procedentes, con apercibimiento de cuanto se establece en el Art. 48 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

  • Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en el plazo de cinco días.

  • La Administración, con el envío del expediente, y los demás demandados, al comparecer, podrán solicitar razonadamente la inadmisión del recurso y la celebración de la comparecencia a que se refiere el apdo. 2 del Art. 117 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

  • La falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspenderá el curso de los autos.

  • Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Juzgado o Sala una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 del Art. 116 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podrán hacer hacer alegaciones, y sin alteración del curso del procedimiento.

Admisión e inadmisión del procedimiento

Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el Secretario judicial, dentro del siguiente día, dictará decreto mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisión, dará cuenta al Tribunal quien, en su caso, comunicará a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisión del procedimiento (apdo. 1 del Art. 117 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

En el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento, el Secretario judicial convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habrá de tener lugar antes de transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en los  Art. 114-122 ,Ley 29/1998, de 13 de julio. En el siguiente día, el órgano jurisdiccional dictará auto mandando proseguir las actuaciones por este trámite o acordando su inadmisión por inadecuación del procedimiento (Cfr. apdos. 2 y 3 del Art. 117 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Formalización de demanda, alegaciones y recibimiento a prueba

Acordada la prosecución del procedimiento, el Secretario judicial pondrá de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones para que en el plazo improrrogable de ocho días pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos (Art. 118 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Formalizada la demanda, el Secretario judicial dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten sus alegaciones en el plazo común e improrrogable de ocho días y acompañen los documentos que estimen oportunos (Art. 119 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Evacuado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el órgano jurisdiccional decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 57 ,Ley 29/1998, de 13 de julio. El período probatorio no será en ningún caso superior a veinte días comunes para su proposición y práctica (Art. 120 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Sentencia

Como señala el Art. 121 ,Ley 29/1998, de 13 de julio

  • Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de cinco días.

  • La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo.

  • Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo procederá siempre la apelación en un solo efecto.

Especialidades

  • En relación al derecho de reunión (Art. 122 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

    • En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los promotores, éstos podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondrá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la prohibición o modificación, trasladándose por los promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de que ésta remita inmediatamente el expediente.

    • El Secretario judicial, en el plazo improrrogable de cuatro días, y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia en la que el Tribunal, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso.

    • En cuanto se refiere a la grabación de la audiencia y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el Art. 63 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

    • La decisión que se adopte únicamente podrá mantener o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas.

  • En relación a los derechos relacionados con las sociedad de la información (suministración de información por vía electrónica) (Art. 122 bis ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

    • El procedimiento para obtener la autorización judicial a que se refiere el apdo. 2 del Art. 8 ,Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se iniciará con la solicitud de los órganos competentes en la que se expondrán las razones que justifican la petición acompañada de los documentos que sean procedentes a estos efectos. El Juzgado, en el plazo de 24 horas siguientes a la petición y, previa audiencia del Ministerio Fiscal, dictará resolución autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulten afectados los apdos. 1 y 3 del Art. 18 ,Constitución española.

    • La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, requerirá de autorización judicial previa de conformidad con lo establecido en los párrafos siguientes.

    • Acordada la medida por la Comisión, solicitará del Juzgado competente la autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en el Art. 20 ,Constitución española.

    • En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el Juzgado oirá a todos los personados y resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida.

 

Finalmente, no está de más atender a las precisiones que, sobre la admisión a trámite sobre este procedimiento para la protección de derechos fundamentales, realiza la jurisprudencia. Así resume la TS, Sala de lo Contencioso, de 01/10/2015, Rec. 2413/2014 la doctrina existente sobre la materia:

"Esta Sala tiene afirmado [por todas sentencia de 27 de febrero de 2015 (casación 1335/2014 )] que en el tipo especial de procedimientos para la protección de derechos fundamentales el juzgador no está habilitado para anticipar una resolución de fondo en una resolución de inadmisión [ sentencias de 17 de diciembre de 2007 ( casación 4721/2004), de 10 de diciembre de 2009 ( Casación 1175/2008), de 19 de septiembre de 2011 ( Casaciones 4917/2010 ; 4918/2010 y 49191/2010 ) y sentencia de 14 de diciembre de 2011 ( Casación 4911/2010 )]. Todas esas sentencias interpretan en un sentido amplio y " pro actione " el artículo 117 (apartados 2 y 3 de la LRJCA ) y descartan un especial rigor en el examen de los requisitos procesales en estos procesos especiales. Declaran que no pueden interpretarse los preceptos legales citados en el sentido de habilitar al Tribunal para anticipar la solución de fondo y que el órgano jurisdiccional se debe limitar a descartar la utilización abusiva de este procedimiento preferente y sumario, frente al ordinario, por el recurrente que acude a él sin citar la conculcación de derechos fundamentales, o citándolos en forma meramente formal, pero sin explicar la existencia de una conexión razonable entre los actos impugnados y los derechos fundamentales supuestamente vulnerados. La sentencia de 17 de diciembre de 2007 (casación 4721/2004 ) citada afirma textualmente que «si se admitiera la posibilidad de rechazar " a limine litis " un procedimiento de derechos fundamentales, anticipando la solución de fondo, por muy clara que aparezca al juzgador la no conculcación de derechos fundamentales, y aún estando motivada la resolución en este extremo, se resolvería dicha cuestión, una vez que se produjera el efecto de cosa juzgada, sin la existencia de un auténtico proceso, y posiblemente sin que las partes, ni el Juez, hayan conocido el expediente administrativo, pues aun cuando existiera la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ordinario, no podrían reproducirse en éste aquellos fundamentos ya juzgados en cuanto a la posible vulneración de derechos fundamentales» (FJ 4). Basta añadir que es reiterada la jurisprudencia de esta Sala [contenida, entre otras muchas, en las sentencias de 21 de diciembre de 2007 (casación 7686/2005 ) y en las que en ella se citan; la sentencia de 15 de febrero de 2010 (casación 1608/2007 ); de 20 de diciembre de 2011 (casación 4911/2010 ) o en la de 7 de junio de 2014 (rec. ordinario 159/2013)] que sostienen, a propósito de los requisitos que debe reunir el escrito de interposición del recurso para franquear el acceso a esta vía especial de protección judicial de los derechos fundamentales, que «basta con la invocación de uno de ellos de los que sería titular el recurrente y con la imputación de su infracción a la concreta actuación administrativa impugnada, junto con un mínimo razonamiento que enlace ese resultado con ella" [para admitir el recurso]. Igualmente, es menester advertir que el trámite previsto en el artículo 117.2 de la LRJCA solamente tiene por objeto la comprobación de que concurren en el recurso los ingredientes que se han señalado por lo que no autoriza a sumar a tales requisitos otro de fondo consistente en la superación de un juicio preliminar sobre la viabilidad de las pretensiones esgrimidas aunque, desde luego, sí sea siempre posible la constatación de la material imposibilidad de que los actos impugnados, por su naturaleza, produzcan las vulneraciones denunciadas». 

 

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