Proceso laboral especial en materia de clasificación profesional

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 21/02/2019

Según el apdo. 2, art. 39 ET, en el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un periodo superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer periodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes.

Basándonos en el apdo. 2, art. 39 ET, en relación con el art. 137 LJS, podemos concluir que el objeto de este proceso no es otro que la reclamación del ascenso por parte de aquél trabajador que haya desempeñado funciones superiores a las inicialmente contratadas por un período superior a seis meses durante un año u ocho meses durante dos años, si a ello no obsta lo dispuesto en el convenio colectivo, o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa. Por lo tanto, la modalidad procesal de clasificación profesional es el cauce adecuado para estas reclamaciones en las que existe una divergencia entre el grupo o categoría profesional que el trabajador tiene reconocida en la empresa y las funciones que verdaderamente realiza (art. 22 y 39.4 del ET). STSJ Pais Vasco, de 26 de noviembre de 2013, Rec 2029/2013 

 

Reclamación de categoría o grupo profesional.

1. La demanda que inicie este proceso será acompañada de informe emitido por el comité de empresa o, en su caso, por los delegados de personal sobre las funciones superiores alegadas y la correspondencia de las mismas dentro del sistema de clasificación aplicable. En el caso de que estos órganos no hubieran emitido el informe en el plazo de quince días, al demandante le bastará acreditar que lo ha solicitado.

2. En la resolución por la que se admita la demanda, se recabará informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen. El informe versará sobre los hechos invocados, en relación con el sistema de clasificación aplicable, y demás circunstancias concurrentes relativas a la actividad del actor, y deberá emitirse en el plazo de quince días.

3. A la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación.

Conforme a lo que disponen los artículos 137 y 189 Ley de Jurisdicción Social, son irrecurribles en suplicación las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en procesos de clasificación profesional, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación.  TSJ Aragon, Sala de lo Social, nº 533/2005, de 20/06/2005, Rec. 381/2005, TSJ Cantabria, nº 154/2004, de 18/02/2004, Rec. 1096/2003 y TS, Sala de lo Social, de 21/01/2015, Rec. 570/2014 

Principales aspectos a tener en cuanta

  • El apdo. 1, art. 137 LJS, y se centra en una de las especialidades que identifica este proceso, y concretamente en el informe del comité de empresa o de los delegados de personal, que ha de aportarse junto con la demanda. Según la actual regulación, la demanda que inicie este proceso será acompañada de informe emitido por el comité de empresa o, en su caso, por los delegados de personal, “sobre las funciones superiores alegadas y la correspondencia de las mismas dentro del sistema de clasificación profesional”. En el caso de que estos órganos no hubieran emitido el informe en el plazo de quince días, al demandante le bastará acreditar que lo ha solicitado. Si desde un punto de vista jurídico-positivo el informe del Comité de Empresa del apdo. 2, art. 39 ET, acoge una competencia consultiva por parte de los representantes de los trabajadores, que impone con carácter previo, una información, desde el punto de vista jurídico-procesal, el informe del Comité de Empresa recogido en el apdo. 1, art. 137 LJS, se configura como un requisito preprocesal y a la vez como un medio probatorio que facilita la convicción del Juez.

  • El apdo. 2, art. 137 LJS, viene referida a otra de las especialidades que identificaba esta modalidad procesal, y en concreto, el preceptivo informe de la Inspección de Trabajo que ha de adjuntarse en las actuaciones, el cual deberá emitirse en el plazo de quince días. La actual regulación señala al respecto que el informe versará sobre los hechos invocados “en relación con el sistema de clasificación profesional aplicable”, y demás circunstancias concurrentes relativas a la actividad del actor. Por tanto, frente a la regulación anterior, que omitía cualquier referencia al respecto, se señala ahora adicionalmente, que los hechos invocados en el informe, lo serán en relación con el sistema de clasificación profesional aplicable, al margen de cualquier otra circunstancia concurrente. El informe de la Inspección de Trabajo opera como medio probatorio para la formación de la convicción del Juez, pero no tiene por objeto procurar el conocimiento de su contenido a la parte contraria, antes del juicio, para preparar su defensa.

  • El tercer apartado del art. 137 LJS, según el cual: «A la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación». Dicha cuantía se sitúa en 3000 euros, tal y como dispone el apartado séptimo del apdo. 2, art. 191 LJS. Se trata por tanto de una previsión que modifica la regulación anterior en este punto, la cual no contemplaba en el texto procesal laboral la acumulación de ambas acciones de manera expresa, y, a la vez, prohibía expresamente los recursos en esta modalidad procesal.   TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 30/05/2006, Rec. 2207/2005

No deben sustanciarse a través de este proceso las pretensiones sobre ascensos previstas en convenio, incluidas las que exijan concurso previo para la cobertura de vacantes en empresas públicas, tampoco las demandas que solamente pretenden el reconocimiento de un determinado nivel retributivo al amparo de preceptos legales o convencionales, ni las que versen sobre la valoración de un determinado puesto de trabajo.

Prescripción de la acción

Por ser una acción procesal que se dirige a una obligación de tracto sucesivo la acción de clasificación profesional prescribe al año de la terminación del contrato de trabajo (párrafo 1º del art, 59 del ET). A estos efectos se considera terminado el contrato el día en que expide el tiempo de duración convenido o fijado por una disposición legal o convenio colectivo o el día que termine la prestación de servicios continuados. STSJ País Vasco, de 25 de Abril de 2006, Rec 2887/2005 

Acumulación de acciones

Es posible que a la acción de clasificación profesional, se acumule otra de reclamación de cantidad por el ejercicio de las funciones propias de la categoría que se pretende, superior a la que la demandante ostenta y por la que se le retribuye. Así lo mantiene unánime jurisprudencia, como puede verse en la STS de 13 de noviembre de 2003, en la que se expone:

«La acumulación de acciones referenciada cuenta con la permisión legal del art. 27 del Texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral sin que, al respecto, quepa invocar con éxito, en sentido impeditivo, lo que prevé el art. 154-3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto aquella primera norma citada se revela específica y, por tanto, de aplicación preferente al caso que ocupa la atención enjuiciadora de la Sala. En principio, pudiera pensarse que la autonomía de las respectivas acciones, acumulativamente, ejercitadas debiera suponer un régimen diferenciado, en orden a la susceptibilidad de generar el derecho procesal al recurso de suplicación y, en su caso, al de unificación de doctrina. Sin embargo, no es dable ignorar la manifiesta interdependencia que se advierte entre la acción de clasificación profesional y la de diferencias económicas correspondientes cuando, ambas, se ejercitan conjuntamente. En tales casos, se produce una primacía o preponderancia de la de clasificación profesional que actúa como presupuesto básico, esencial o condición "sine qua non" de la acción reclamatoria de diferencias salariales, ejercitada en función del reconocimiento de la señalada categoría profesional. El ejercicio conjunto de la acción de clasificación profesional y de la de diferencias salariales por el reconocimiento de la nueva categoría laboral configura, a aquélla, como principal y, a la otra, como derivada, en inevitable posición de dependencia respecto de la primera de ellas, cuya suerte procesal, en todos aspectos, debe correr».

Por el contrario, no es posible acumular a una acción de clasificación profesional y una acción declarativa de fijeza dada su distinta naturaleza.

STS 26/09/2001 (R. 24847/2000), ECLI: ES:TS:2001:7216; STSJ Castilla y Leon, de 27 de julio de 20181, Rec 417/2018, Ecli: ES:TSJCL:2018:2844 

Irrecurribilidad de la Sentencia sobre clasificación profesional

Las Sentencias sobre clasificación profesional, no son recurribles, ni siquiera cuando, además de la clasificación profesional, se haya solicitado el abono de diferencias salariales por cuantía superior a la establecida, pues si ambas acciones se ejercitan conjuntamente, son mutuamente interdependientes, configurándose la acción de clasificación profesional como principal, y la de diferencias por reconocimiento de la categoría como derivada. STSJ La Rioja, de 23 de diciembre de 2011, Rec. 447/2011, Ecli: ES:TSJLR:2011:871

Doctrina unificada

Como recuerdan las TS, de 13/10/2006, Rec. 2867/2005 y TS, Sala de lo Social, de 03/04/2009, Rec. 1106/2008, es doctrina unificada que:

  • A) La modalidad procesal de clasificación profesional es la adecuada cuando se trata de reclamar categoría superior a la reconocida, en la que son determinantes y se cuestionan "los hechos y circunstancias del trabajo efectivamente desarrollado".

  • B) La pretensión condiciona el cauce procesal a seguir, independientemente de la procedencia o improcedencia de la cuestión de fondo discutida, y de la denominación que el actor le haya dado (s. de 29-10-01 (Rud. 444/2001).

  • C) Lo relevante para entender que se está ante una pretensión sobre clasificación profesional es que se funde en la discrepancia entre las funciones efectivamente realizadas y la categoría atribuida, con independencia de que esa falta de correspondencia se produzca en la clasificación inicial o en el ulterior desarrollo de la relación laboral (TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 30/05/2006, Rec. 2207/2005).

  • D) Lo dicho en el apartado A) anterior no significa que en los pleitos de clasificación no haya que resolver un problema jurídico pues, "es evidente que en el examen de los problemas de equivalencia entre función realmente desempeñada y categoría hay que considerar tanto elementos fácticos -- las funciones realmente desempeñadas --, como jurídicos -- la definición del ámbito de la categoría de la norma profesional aplicable --, pero lo que se quiere señalar es que cuando el problema trasciende de dichos posibles desajustes ya no puede ser objeto del indicado proceso, cual ocurre cuando hay que abordar cuestiones más complejas que afectan a la propia interpretación de la normativa reguladora de la clasificación (TS, de 03/05/2006, Rec. 1684/2005).

  • E) Por tal razón, la vía del art. 137 LJS, no es la adecuada cuando se trata de resolver encuadramientos profesionales solicitados al amparo de la integración de colectivos de trabajadores en ámbitos laborales sometidos diversa regulación convencional; pues en tales casos la pretensión no requiere adecuar la práctica empresarial de reconocimiento de categoría con las tareas efectivamente realizadas, sino determinar cual pueda ser la correcta incardinación en el nuevo Convenio. Y ello no depende, o al menos no depende exclusivamente, de los cometidos laborales realizados, sino que ha de tenerse en cuenta otras consideraciones "de derecho" y no "de hecho", relativas al encaje de las antiguas categorías profesionales (Sentencia TS, de 24/05/2005, Rec. 1570/2004). Situación ésta totalmente ajena al caso que examinamos donde no se ha producido, o al menos no se alega, un cambio de convenio.

  • F) Lo relevante para entender que se está ante una pretensión sobre clasificación profesional es que se funde en la discrepancia entre las funciones efectivamente realizadas y la categoría atribuida, con independencia de que esa falta de correspondencia se produzca en la clasificacióninicial o en el ulterior desarrollo de la relación laboral (ss. de 24-4-93 (rcud. 1894/1992), 28-9-93 (rcud. 2135/1992) 17-11-93 (rcud. 3688/1993), 29-10- 01 (rcud. 444/2001), 10-6-02 (rcud. 36/2001), 2-12-02 (rcud. 1153/2002) y 30-5-06 (rcud. 2207/2005), entre otras)

 

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Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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