Propia actividad del empresario principal en las contratas y subcontratas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 25/03/2019

El art. 42 ET, condiciona la aplicación del sistema de responsabilidades a que las obras o servicios objeto de la contrata correspondan a la «propia actividad» del empresario principal. La jurisprudencia ha establecido que la “propia actividad” puede admitir una interpretación extensiva o restrictiva.

Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

La sentencia del TS de 3 de octubre de 2008 es ilustrativa al considerar que se aprecia la subcontratación cuando está referida a la “actividad inherente” o “absolutamente indispensable” para la actividad de la empresa principal que traducido a la empresa privada se concreta en las operaciones o labores que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal, en concreto, las que son inherentes a la producción de bienes y servicios específicos que se propone prestar al público o colocar en el mercado, excluyendo las tareas “complementarias o no nucleares”.

Sobrepasando la actividad privada, las declaraciones que el Alto Tribunal constata en su sentencia de 3 de marzo de 1997 abre el horizonte a la figura que se analiza. Una interpretación del artículo 42 del ET, conforma a su espíritu y finalidad, permite extender el concepto “contratas y subcontratas” celebradas por el empresario y terceros, respecto a la realización de obras y servicios de los primeros, a la noción de “concesión administrativa” ya que, de una parte, la generalidad de los términos “ contratas o subcontratas” no permiten su aplicación exclusiva a os negocios jurídicos privados y, de ora, parece más adecuado a los fines de la Administración que la misma, a través de la figura de la concesión, pueda encomendar a un tercero la gestión directa de servicios propios, sin que ello afecta a las garantías solidarias entre el ente público, dueño de la obra o servicio cedido, y la entidad que organiza su propia actividad y medios personales y materiales para el cumplimiento dela prestación concedida.

En repetidas ocasiones el TS ha insistido en la idea de extender en lo posible el concepto de la contrata y subcontrata, de manera que el término empresario deba equipararse al de empleador, en el sentido de prescindir a estos efectos de una organización económica específica, que proyecte la existencia de una empresa en sentido económico o mercantil.

Régimen jurídico de las contratas y subcontratas de obras o servicios cuando se trata “de la propia actividad” que la empresa principal.

Dos teorías doctrinales han procurado precisar el alcance del concepto jurídico indeterminado como es la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa principal:

  • a) Teoría de las actividades indispensables: la que entiende que es la actividad indispensable, de suerte que integrarán el concepto, además de las que constituyen el ciclo de producción de la empresa, todas aquellas que resulten necesarias para la organización del trabajo; y
  • b) Teoría del ciclo productivo: la que únicamente integra en el concepto las actividades inherentes, de modo que sólo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se entenderán «propia actividad» de ella.

En el primer caso, se incluyen como propias las tareas complementarias; en el segundo, estas labores no «nucleares» quedan excluidas del concepto y, en consecuencia, de la regulación del artículo 42 ET (1). La más reciente doctrina se ha inclinado por la «teoría del ciclo productivo», excluyendo del ámbito de la propia actividad de la empresa principal a las actividades complementarias inespecíficas, como la vigilancia de edificios o centros de trabajo. El fundamento de esta interpretación estriba en que las actividades del ciclo productivo, a diferencia de las actividades indispensables no inherentes a dicho ciclo, se incorporan al producto o resultado final de la empresa o entidad comitente, tanto si son realizadas directamente como si son encargadas a una empresa contratista, justificando así la responsabilidad patrimonial de la empresa o entidad comitente respecto de los salarios de los trabajadores empleados en la contrata. (2)

Partiendo del artículo 42 ET, donde se regula la responsabilidad de las empresas principales o comitentes respecto a las obligaciones de los contratistas con sus trabajadores, con la doble condición de que se trate de obras o servicios de su propia actividad, y que tal responsabilidad proceda de deudas de naturaleza salarial, para delimitar lo que ha de entenderse por propia actividad de la empresa, la doctrina mayoritaria entiende que son las obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo de la misma, esto es, las que forman parte de las actividades principales de la empresa. Con este criterio amplio se llega a la conclusión de que todo o casi todo de lo que sea objeto la contrata estará normalmente relacionado con el desarrollo de la actividad a que se dedique la empresa (3). Si se exige que las obras o servicios que se contratan o subcontratan deben corresponder a la propia actividad empresarial del comitente, es porque el legislador está pensando en una limitación razonable que excluya una interpretación favorable a cualquier clase de actividad empresarial.

En consecuencia, como también ha reconocido la doctrina, la solución a la problemática apuntada, sólo puede venir dada por el examen cuidadoso y específico de cada supuesto concreto. (4)

Responsabilidad en caso de subcontratas consideradas como propia actividad.

Tanto el Estatuto de los Trabajadores, como la LPRL o la LGSS, marcan distinto grado de responsabilidad para las contratas correspondientes a la propia actividad como para las que no le sean:

 

 

(1) SSTS 24/11/1998 -rcud 517/1998 -; 20/07/2005-rcud 2160/2004-; y 02/10/2006- rcud 1212/2005-

(2) STS 29/10/98 -rec. 1213/98 -; 11/05/05 -rec. 2291/04 -; 23/01/08 -rcud 33/07 -; y 03/10/08 -rcud 1675/07 -

(3) Una interpretación absoluta y radicalmente amplia del concepto "propia actividad" nos llevaría a no comprender la exigencia del supuesto de hecho contenido en el artículo 42 ET, reiterado.

(4) STSJ Cataluña, Nº 7152/2004, de 18 de octubre de 2004, Rec 7575/2003

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Empresa principal
Contratas y subcontratas
Actividades empresariales
Realización de obras
Dueño de obra
Comitente
Cuotas de cotización
Subcontratación
Concesiones administrativas
Negocio jurídico
Entes públicos
Concepto jurídico indeterminado
Centro de trabajo
Empresa contratista
Responsabilidad patrimonial

RDLeg. 8/2015 de 30 de Oct (TR. Ley General de la Seguridad Social -LGSS-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 31/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/01/2016 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

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