La protección de los consumidores en la contratación mercantil

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El Art. 3 ,Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que: Son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Lo serán también las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

 

El 8 ,Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge una relación de los derechos básicos de los consumidores y usuarios, que son los siguientes:

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

c) La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.

d) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

f) La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.

La protección al consumidor se completa demás con la promulgación de diversas leyes específicas, normalmente para incorporar al sistema jurídico español una Directiva de ámbito comunitario; como son las siguientes:

- Ley sobre condiciones generales de la contratación; Ley 7/1998, de 13 de abril.

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico; LSSI.

- Ley de contratos de crédito al consumo; Ley 16/2011, de 24 de junio.

En relación con las Instituciones y Organismos fundamentales en el marco de la protección de los consumidores y usuarios, cabe mencionar el Instituto Nacional del Consumo (INC) y las Oficinas y servicios de información y atención al cliente, cuyas funciones se encuentran reguladas en la ley.

La actual sociedad de consumo se caracteriza por la existencia de una gran oferta de productos y servicios novedosos y muy variados, pues se trata de cubrir los gustos y necesidades de todos los consumidores y usuarios; no obstante, son muchos los casos en los cuales podemos encontrarnos con consumidores insatisfechos por toparse con prácticas comerciales irregulares, falta de información, contratos con cláusulas abusivas, etc.

Por ello, se trata de articular toda una política legislativa en materia de protección de los consumidores y usuarios, que garantice sus derechos básicos y el equilibrio entre las partes intervinientes en el mercado, para lo que además se realizan actividades complementarias como el control del mercado interior; el establecimiento de un régimen de garantías; la normalización de la información obligatoria a prestar a los consumidores; los mecanismos que regulen la responsabilidad de los productores ante la fabricación de productos defectuosos o peligrosos; vigilancia en la emisión de la publicidad; etc.

A parte de los referidos instrumentos legales, los poderes públicos han propiciado mecanismos para que los consumidores puedan disponer de información y canalizar sus denuncias y reclamaciones.

 

 

 

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