Puesta a disposición de la indemnización en un despido objetivo

Indemnización correspondiente al despido objetivo

El trabajador tiene derecho a una indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades [art. 53 b) ET].

En relación al salario regulador para la indemnización por despido, la jurisprudencia ha establecido las siguientes reglas:

• Al efecto sólo pueden tenerse en cuenta las partidas que, conforme al art. 26.1 ET tienen naturaleza salarial con exclusión de los conceptos que según el apartado segundo de dicho precepto no participan de dicha cualidad y tienen carácter extrasalarial. (STS, rec. 104/2005, de 21 de diciembre de 2005, ECLI:ES:TS:2005:7999 ).
• Con carácter general, el salario regulador de las indemnizaciones por despido, es el que el trabajador viniese percibiendo en el momento del cese, en su cuantía bruta y con inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, debiendo calcularse el mismo dividiendo su importe anual entre los 365 días del año (STS, rec. 2018/2010, de 24 de enero de 2011, ECLI:ES:TS:2011:317 ), e incluir en dicho cómputo anual el promedio de las percepciones salariales irregulares que no tengan carácter puntual u ocasional y el de los complementos variables de devengo superior al mensual, entre los que se engloban los incentivos por cumplimiento de objetivos, cuyo devengo se produce por anualidades vencidas y en función de los beneficios realizados en cada una de ellas, supuesto este último en el que ha de estarse al importe de la totalidad de las retribuciones que el trabajador percibía en el momento del despido, esto es en el año que éste se produjo, incluyendo el referido bonus aunque su devengo fuese del año anterior. (STS, rec. 4387/2007, de 25 de septiembre de 2008, ECLI:ES:TS:2008:5526 ).

Y también las cantidades devengadas por horas extraordinarias, cuando se realicen de forma habitual, pues las mismas tienen naturaleza salarial. (STSJ Galicia, rec. 5411/2006, de 9 de marzo de 2007, ECLI:ES:TSJGAL:2007:2148 ).

• Dicha regla general resulta excepcionada cuando por cualquier circunstancia el trabajador considere que el salario con que se le viene retribuyendo es inferior al que legalmente le correspondía percibir, pues en tales casos dicha cuestión debe ser objeto de discusión en el proceso de despido al constituir el mismo el marco procesal adecuado para determinar el salario que corresponde al empleado despedido sin que por ello se desnaturalice la acción ni se produzca una indebida acumulación de acciones, pues el salario constituye un elemento esencial de la acción de despido sobre el que debe pronunciarse la sentencia que dirima el litigio. 

Y, como consecuencia de ello, en tales casos, el salario regulador de la indemnización por despido es aquel que corresponde al trabajador al tiempo del despido y no el que arbitrariamente le viniera abonando la empresa. (STS, rec. 3756/2010, de 30 de junio de 2011, ECLI:ES:TS:2011:6031 ).

Puesta a disposición de la indemnización en el caso de los despidos objetivos

Como hemos tratado, el art. 53.1 Estatuto de los Trabajadores, establece tres requisitos para la validez formal de los ceses de contratos por causas económicas, como son: comunicación escrita; puesta a disposición de la indemnización; y concesión del plazo de preaviso de un 15 días o alternativo abono de los salarios correspondientes a dicho periodo.

A fin de evitar la declaración de improcedencia del despido la puesta a disposición de la indemnización debe cumplir con las siguientes exigencias (SJS Oviedo n.º 263/2020, de 25 de septiembre de 2020, ECLI:ES:JSO:2020:4464 ):

• Efectividad: «la puesta a disposición de la indemnización debe ser real y efectiva, no pudiéndose sustituir por un mero ofrecimiento formal en la carta de cese. No se entiende cumplida tal exigencia, como tiene dicho la doctrina judicial, cuando se subordina a la efectividad de la decisión extintiva (STSJ Galicia 8 octubre 2001); o ponerse formalmente la indemnización a disposición del trabajador sin hacerla efectiva pese a que éste, fehacientemente, tras recibir la carta, indicó el número de cuenta corriente en que poder ingresarla (STS 29 abril 1988 ); o simplemente ponerse a disposición del trabajador omitiendo la forma de hacerla efectiva (STSJ Valencia 20 mayo 1999, AS 4347); o cuantificar el importe de la indemnización, pero sin ponerla a disposición en la carta ni acreditarse que lo hiciera (STS 2 octubre 1986); o señalar que se pone a disposición del trabajador la indemnización sin cuantificar su importe exacto (STSJ Murcia 28 julio 1995); o manifestar que el requisito de puesta a disposición será cumplido sin otra precisión, no pudiendo la empresa excusarse de la puesta a disposición por la inexistencia de saldos en el momento del despido y la necesidad de atender otros vencimientos perentorios (STSJ Asturias 26 octubre 2001). Pero el requisito se tiene por cumplido si el trabajador se niega o rehúsa recibir la carta de despido manteniendo una postura renuente o pasiva (STSJ Aragón 8 mayo 1999)». (SJS Oviedo n.º 263/2020, de 25 de septiembre de 2020, ECLI:ES:JSO:2020:4464 ).
  
  
• Simultaneidad a la entrega de la comunicación de cese: la puesta a disposición de la indemnización legal ha de hacerse de forma simultánea a la entrega de la comunicación del cese, con independencia de la fecha en que la extinción tenga lugar, de forma y manera que el trabajador pueda disponer de la referida cantidad en el momento en que recibe la comunicación, sin solución de continuidad (STS, rec. 3152/2012, de 24 de febrero de 2014, ECLI:ES:TS:2014:1156 , STS, rec. 1915/2000, de 23 de abril de 2001, ECLI:ES:TS:2001:3300  y STS, rec. 2863/2012, de 09 de julio de 2013, ECLI:ES:TS:2013:4355 ).
  
  Esta simultaneidad de la puesta a disposición de la indemnización legal es interpretada por la jurisprudencia en el sentido de que «ha de hacerse sin ningún trámite complementario y sin demoras (STS de 25 enero 2005)». STSJ de Madrid n.º 544/2017, de 2 de junio de 2017, ECLI:ES:TSJM:2017:6439.
  
  
• Carácter incondicional: «El empresario no puede condicionar la puesta a disposición de la indemnización ni su efectivo abono a ninguna otra formalidad más allá de la simple firma del recibo que acredite su percepción. Para el cumplimiento de la puesta a disposición no se exige la conformidad del trabajador con la causa del cese ni con la cuantía de la indemnización. (STSJ Madrid 13 enero 1997, rec. 5098/1995). No se entiende cumplido el requisito si se supedita a la firma de un recibo de saldo y finiquito por el trabajador (STSJ Cataluña 22 marzo 2001)». STSJ de Madrid n.º 544/2017, de 2 de junio de 2017, ECLI:ES:TSJM:2017:6439. 

• Ascender al importe legal: «la insuficiencia de la indemnización puesta a disposición del trabajador, a razón de 20 días por año de servicios, con el límite de una anualidad, determina la improcedencia (antes nulidad) del despido salvo que se trate de un error excusable. Se entiende por tal error excusable aquel que es de escasa cuantía justificable por error material o aritmético o por discrepancia jurídica razonable (STSJ Cataluña 20 noviembre 2001)». STSJ de Madrid n.º 633/2015, de 17 de julio de 2015, ECLI:ES:TSJM:2015:8698.

El requisito debe entenderse cumplido si la falta de percepción efectiva de la indemnización lo es por causa imputable al trabajador, como sucede si pese a ponerse la indemnización a su disposición en el propio acto de entrega de la comunicación se niega a recoger el cheque que la empresa pone a su disposición, o mantiene una postura pasiva, no recogiendo la cantidad puesta a su disposición. Cuando esto aconteciere, la ausencia de una actuación positiva posterior por parte de la empresa orientada al pago de la indemnización no determina la improcedencia del despido, sin perjuicio del derecho del trabajador a exigir su abono.

Así, como recuerda la STS n.º 810/2017, de 17 de octubre de 2017, ECLI:ES:TS:2017:3912 : 

«(...) reiteradamente hemos manifestado que el despido por causas económicas no es ajustado a Derecho si con la entrega de la comunicación escrita no se pone a disposición del trabajador la correspondiente indemnización, de forma simultánea y efectiva, pues "la ausencia de la simultaneidad entre la entrega al trabajador de la comunicación escrita y la puesta a disposición de la indemnización de 20 días por año de servicio a que se refiere la letra b) del número 1 del artículo 53 ET y que exige sin matices o paliativos la norma, no puede conducir a otra solución jurídica que la prevista en el propio artículo 53.4 de esa misma norma, esto es, la nulidad, en la actualidad improcedencia del despido así practicado, porque la trabajadora no tuvo ninguna posibilidad de disponer de la cantidad a la que legalmente tenía derecho en el mismo momento en que se le entregó la comunicación escrita ni la referida cantidad había salido en ese momento del patrimonio del demandado».

RESOLUCIONES RELEVANTES

STS n.º 769/2019, de 12 de noviembre de 2019, ECLI:ES:TS:2019:3823

Ante una indemnización por despido colectivo que abarcaba una suma superior a la legal, acepta una puesta a disposición tres días después de la comunicación más con anterioridad a los ceses siguiendo el modo diseñado para dicho pago en el acuerdo colectivo del que las extinciones traen causa, el cual indicaba que el primer pago se efectuaría en el momento de la efectividad de la extinción contractual.

SJSO n.º 391/2020, de 17 de diciembre de 2020, ECLI:ES:JSO:2020:5308

«Tal y como se dice en la sentencia de 17 de julio de 1998, Rec. 151/1998, de la Sala de lo Social del TS, el requisito de simultaneidad que el precepto establece, vinculando en un mismo momento la entrega de la comunicación escrita con la puesta a disposición de la cantidad legalmente prevista como indemnización en estos supuestos, exige que el trabajador en el momento en que recibe esa comunicación pueda disponer de la referida cantidad. En otro caso, no se puede eludir la declaración de improcedencia (antes nulidad) del despido objetivo acordado. En definitiva, el "mandato legal sólo puede entenderse cumplido si, en el mismo acto en que el trabajador se sabe despedido y sin solución de continuidad, sin precisión de otro trámite ni cualquier quehacer complementario, él dispone efectivamente del importe dinerario a que asciende la indemnización que la ley le confiere"».

STS, rec. 3801/2004, de 13 octubre 2005, ECLI:ES:TS:2005:6109

«Lo que dice el artículo 53.1, b) del Estatuto de los Trabajadores, que como vulnerado se denuncia en el recurso de casación unificadora, es que la adopción del acuerdo de extinción por causas objetivas exige la observancia del requisito, entre otros, de "Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización". Del sentido y del alcance con que se ha de interpretar esa norma hay constancia reiterada en resoluciones de esta Sala, como se constata en las sentencias de 11 de junio de 1982, 20 de noviembre de 1982, 2 de octubre de 1986, 29 de abril de 1988, 17 de julio de 1998, en la señalada para el contraste de 23 de abril de 2001 y en la de 26 de julio de 2005), en las que hemos declarado «que el mandato legal sólo puede entenderse cumplido si, en el mismo acto en que el trabajador se sabe despedido (lo que sin duda sucede cuando se le comunica la decisión empresarial), y sin solución de continuidad, sin previsión de otro trámite ni cualquier quehacer complementario, él dispone efectivamente del importe dinerario a que asciende la indemnización que la Ley confiere», exigencia legal de cuya inobservancia por parte de la empresa hay constancia en el relato de hechos probados que contiene la resolución impugnada, donde se dice que la comunicación escrita fue entregada a la trabajadora el 17 de julio de 2003 y que la puesta a su disposición de la indemnización correspondiente tuvo lugar el 23 de julio de 2003, es decir, seis días después. El cumplimiento del requisito formal aludido no es posible en un posterior acto al despido, y no consiente otras excepciones que la prevista en el artículo 53.1, b), párrafo segundo, del Estatuto de los Trabajadores para el caso de que como consecuencia de su situación económica no pueda la empresa poner a disposición del trabajador la indemnización legal, circunstancia de cuya concurrencia en este caso no existe prueba, ni consta su alegación en la comunicación escrita».

Situaciones especiales sobre el requisito de puesta a disposición de la indemnización en el caso de los despidos objetivos

Como ha analizado recientemente la STS n.º 769/2019, de 12 de noviembre de 2019, ECLI:ES:TS:2019:3823 , el criterio general expuesto presenta ciertas modulaciones cuando se dan determinadas circunstancias que pudieran calificarse de «especiales». En particular, la Sala IV ha considerado que podía entenderse satisfecho el requisito legal cuando la indemnización se abona por transferencia bancaria antes del cese cuando dicha transferencia se realiza el mismo día de la entrega de la carta extintiva.

Igualmente, debe entenderse cumplido el requisito de la simultaneidad previsto en el reiterado art. 53 ET, aún en el supuesto en que la transferencia no se abonase en la cuenta del trabajador ese mismo día sino el siguiente (STS, rec. 1145/2014, 17 de marzo de 2015, ECLI:ES:TS:2015:1770  y STS, rec. 1951/2015, de 5 octubre 2016, ECLI:ES:TS:2016:4947 ); e incluso con mayor flexibilidad en la exigencia se ha afirmado que a los efectos de simultánea puesta a disposición en el caso de despidos objetivos, la transferencia bancaria hecha un día antes del cese y de la que no consta la fecha de su recepción, cumple el requisito de puesta a disposición de la indemnización en forma simultánea a la entrega de la comunicación escrita, porque «es razonable que se recibiera muy pocos días después –si no se había ya recibido–, con lo cual ha de entenderse cumplido el requisito de forma cuestionado». (STS, rec. 1667/2011, de 5 diciembre 2011, ECLI:ES:TS:2011:8969 ).

Y, asimismo, también se ha aceptado que, precisamente, por vía de acuerdo colectivo, en el marco de un despido colectivo, se puedan fijar criterios de abono de la indemnización de extinción del contrato por medio de los cuales se permite un pago aplazado aceptando que el acuerdo tiene análoga eficacia a lo acordado en Convenio Colectivo, alcanzando y vinculando a todos los trabajadores y empresas comprendidos en el ámbito de aplicación de dichos Acuerdos y durante todo el tiempo de su vigencia.

No se cumple, en cambio, con esa exigible simultaneidad, si se lleva a cabo transferencia bancaria tres días después de producirse la entrega de la carta de despido (STS, rec. 2475/2013, de 17 diciembre 2014, ECLI:ES:TS:2014:5795 ).

Sobre lo anterior, precisar:

• Puesta a disposición de la indemnización en un despido objetivo en empresas de menos de 25 trabajadores: a partir de enero de 2014, los 20 días de indemnización de los despidos por causas objetivas de estas pymes correrán a cargo del empresario, lo que implica la necesidad de abono total cuando la empresa no esté en concurso incluso aunque su plantilla sea inferior a 25 trabajadores (D.F. 5.ª de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre).

• Entrega de la indemnización ha de ser simultánea a la de la comunicación: la entrega de la indemnización ha de ser simultánea a la de la comunicación, de manera que si no hay coincidencia en el tiempo se entiende incumplido el requisito. Se considera cumplido el requisito si con la entrega de la carta de despido se adjunta cheque bancario por su importe (TS, rec. 3449/2009, de 22 de abril de 2010, ECLI:ES:TS:2010:2677 , STS, rec. 4785/2006, de 06 de marzo de 2008, ECLI:ES:TS:2008:823 , STS, rec. 1689/2007, de 22 de enero de 2008, ECLI: ES:TS:2008:801 y STS, rec. 2496/2005, de 21 de marzo de 2006, ECLI:ES:TS:2006:1795 ), así como si se efectúa el pago mediante transferencia (STS, rec. 905/2011, de 5 de diciembre de 2011, ECLI:ES:TS:2011:8989 ). Cuando la decisión extintiva se base en causas económicas [apdo. c) art. 52 ET], y como consecuencia de la situación económica de la empresa no se pueda poner a disposición del trabajador la indemnización prevista legalmente, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, puede dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva. Aunque la empresa se acoja a la opción de aplazar el pago, deberá hacerlo efectivo en el momento en que el despido sea firme, que será una vez concluya el plazo del preaviso. En ese instante, el trabajador podrá exigir el abono por vía judicial.

• Falta de acreditación de una situación de crisis económica, o la imposibilidad de la puesta a disposición consecuencia de la mala situación económica: en este caso, si no se acredita la efectiva existencia de una situación de crisis económica, o la imposibilidad de la puesta a disposición consecuencia de la mala situación económica, procede la declaración de improcedencia del despido, no bastando con la mera afirmación empresarial acerca de su situación de falta de liquidez STSJ Asturias n.º 2617/2011, de 14 de octubre 2011, ECLI:ES:TSJAS:2011:3621; tampoco es suficiente a tal efecto existencia de procedimiento concursal (STSJ de Galicia n.º 3553/2011, de 14 de julio de 2011, ECLI:ES:TSJGAL:2011:6410).

• Recepción de indemnización y utilización durante el período de preaviso de licencia retribuida para buscar trabajo: en aplicación del art. 121.2 LJS, la percepción por el trabajador de la indemnización ofrecida por el empresario o el uso del permiso para buscar nuevo puesto de trabajo no enervan el ejercicio de la acción ni suponen conformidad con la decisión empresarial.

• Error de cálculo en la indemnización ante un supuesto de falta de liquidez: En estos casos, la calificación del despido va a depender de la apreciación de la excusabilidad o inexcusabilidad en tal diferencia o error (por todas, STS, rec. 1835/2016, de 25 abril 2018, ECLI:ES:TS:2018:1765 ). A modo de ejemplo:

a. STS, rec. 743/2011, de 13 de marzo de 2012, ECLI:ES:TS:2012:2097 . Argumenta la intrascendencia del error en el cálculo de la indemnización debida, aun siendo inexcusable, cuando la empresa queda dispensada de su puesta a disposición en los casos de falta de liquidez. Se dice en ella que «la finalidad del precepto, al exigir la puesta a disposición de la indemnización, es que el trabajador disponga de la cantidad legalmente fijada como indemnización en el mismo momento de la comunicación del acuerdo de extinción ("simultáneamente")". Por tanto, "la doctrina señalada, relativa a las consecuencias del error en la fijación de la cantidad, guarda relación con la salvaguarda de ese derecho. Se ha entendido que el derecho no queda satisfecho si la suma puesta a disposición se aparta, de forma inexcusable, de la que hubiera correspondido con arreglo a los parámetros que la ley establece. Ahora bien, en el caso de la excepción a la puesta a disposición, prevista para el supuesto de efectiva imposibilidad económica material, el derecho del trabajador ya no es el de la aprehensión inmediata de la indemnización, sino que se concreta en "exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva" (art. 53.1 b) párrafo segundo ET). De ahí que el apartado 5 a) del art. 53, al establecer los efectos de la sentencia que declara la procedencia del despido, señale que 'en caso de procedencia, el trabajador tendrá derecho a la indemnización prevista en el apartado 1 de este artículo, consolidándola de haberla percibido (...)", como hemos puesto de relieve en la STS de 7 de febrero de 2012 (Rcud. 649/2011). A sensu contrario, cuando no se haya percibido (y no siendo nulo el despido, sino procedente), será la sentencia la que fije la indemnización. Por otra parte, si resulta que tal requisito se halla excluido en supuestos como el presente, por las razones económicas expuestas, habrá de colegirse necesariamente la dificultad de apreciar defectos en el cumplimiento de una obligación inexistente. El que la empresa hubiera señalado en la comunicación escrita cual era el resultado de sus cálculos sobre la eventual indemnización no puede llevarnos a confundir las distintas exigencias formales del despido».

b. STSJ Asturias n.º 1017/2017, de 2 de mayo de 2017, ECLI:ES:TSJAS:2017:1351 . El error, ya excusable ya inexcusable, impide apreciar la improcedencia de la decisión extintiva al amparo de los dos últimos párrafos del artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores.

c. STS n.º 1090/2020, de 9 de diciembre de 2020, ECLI:ES:TS:2020:4433 . 

«Una cuantía de casi 700 euros puede tener relevancia para un trabajador que percibía un salario de un poco más de 2000 euros», por lo que, aunque sobre el monto total pueda entenderse insignificante (3,07 %):

Existe un error de cálculo en una situación en la que no había elementos complejos en la configuración de la indemnización sino que, por el contrario, se partía de conceptos salariales claros y cuantías salariales que no requerían de operaciones en su determinación de forma que, perfectamente, podría haberse obtenido fácilmente el importe legal, máxime conociendo el alcance que al error en el importe de la indemnización puede acarrear. Junto a ello, no hay justificación alguna de la empresa que salve ese error ni siquiera que conste una conducta de la empresa tendente a subsanarlo, como una manifestación de voluntad de cumplir exactamente con el abono y, en definitiva, respetar los derechos del trabajador y que, en caso de desconocerlo, al menos, podría haberlo corregido, como dice la parte recurrida, en el acto de conciliación».

d. STS n.º 913/2020, de 14 de octubre de 2020, ECLI: ES:TS:2020:3576. Analizando un despido objetivo derivado de un despido colectivo con acuerdo de mejora de la indemnización:

«En el presente caso, resulta verdaderamente difícil excusar a la empresa de la errónea puesta a disposición de la indemnización efectuada, no sólo porque la diferencia cuantitativa es sustancial, sino porque la causa de la misma se halla precisamente en el incumplimiento de la obligación asumida por ésta en el acuerdo que puso fin al periodo de consultas del proceso de despido colectivo que ella misma inició. No estamos, pues, ante una mera equivocación en el cálculo, sino frente a una elusión de obligaciones asumidas en el marco de la negociación y precisadas en un acuerdo cuyos términos no ofrecen dificultad interpretativa alguna».

e. STS n.º 547/2020, de 30 de Junio de 2020, ECLI:ES:TS:2020:2569 . Se considera excusable un cálculo conforme a categoría profesional aplicada durante quince años y que genera diferencia inferior al 5% sobre el total:

«Recalquemos que no estamos ante un supuesto en que haya quedado acreditada la mala fe empresarial, atribuyendo de forma deliberada una categoría diversa a la real, sino el desajuste entre ambas magnitudes. tampoco estamos ante perfiles profesionales (el formal y el finalmente real) con diferencias evidentes (ha sido necesaria la práctica de una extensa prueba para acceder a la conclusión final). Nuestra doctrina, por tanto, no puede conducir a tener como excusable el error cuando el previo comportamiento es abiertamente ilegal y en el acto del despido pervive, por más que eso fuera congruente.

En suma, la trabajadora tiene derecho al cálculo de la indemnización por despido con arreglo a la categoría profesional que debía ostentar y no a la formal. Pero el erróneo cálculo de la indemnización, por las circunstancias expresadas, ha de considerarse como un error excusable, en línea con cuanto hemos mantenido en supuestos análogos».

SENTENCIAS RELEVANTES

STSJ Madrid n.º 604/2012, de 18 de junio de 2012, ECLI:ES:TSJM:2012:8770

FOGASA. Obligación ante la falta de pago de la parte correspondiente al empresario. El FOGASA no tiene obligación legal de soportar las consecuencias económicas de un despido objetivo que no reúne los requisitos legales exigibles por el art. 53 ET, ni siquiera los de carácter formal: concesión del plazo de preaviso, puesta a disposición de la indemnización, y demás a que se refiere dicho precepto, –además de no haberse acreditado en ninguno de los despidos efectuados la realidad de las causas económicas determinantes de la extinción–, pues de otra forma quedaría perjudicado no solo el interés público que defiende, sino también la función social que le atribuye el art. 33 ET. 

Igualmente, el Fondo de Garantía Salarial no responde, en las extinciones que hayan sido declaradas como improcedentes, estando a cargo del empresario, en tales casos, el pago íntegro de la indemnización.

STS, rec. 1915/2000, de 23 de marzo de 2001, ECLI:ES:TS:2001:3300

Entrega de la indemnización en la empresa pública. La norma no permite hacer excepciones por razón de la naturaleza del empleador, pues aunque es cierto que una empresa privada tiene, en principio, una mayor agilidad para efectuar pagos, la Administración está también sujeta a las previsiones del ordenamiento laboral cuando actúa como empresaria, por lo que no cabe eximirla del cumplimiento de la referida exigencia, inexcusable para la validez de la decisión extintiva.

STS, rec. 3152/2012, de 24 de febrero de 2014, ECLI:ES:TS:2014:1156 , STS, rec. 1915/2000, de 23 de abril de 2001, ECLI:ES:TS:2001:3300  y STS, rec. 2863/2012, de 09 de julio de 2013, ECLI:ES:TS:2013:4355

Retraso en la puesta a disposición a la fecha de eficacia del despido. La cuestión sometida a la consideración de la Sala IV gira en torno al requisito de puesta a disposición de la indemnización en un despido objetivo individual; más en concreto, se trata de decidir si la puesta a disposición de dicha indemnización días después de la entrega de la carta de despido debe dar lugar –o no– a que éste sea declarado improcedente.

De esta forma, cuando la puesta a disposición se retrasa a la fecha de eficacia del despido no se cumple el requisito del art. 53 ET. No se trata de la identidad en la demora, sino del requisito de simultaneidad que la norma exige.

STS, rec. 1472/2010, de 27 de enero de 2011, ECLI:ES:TS:2011:320

Prueba efectiva sobre la ausencia de fondos para poner a disposición del trabajador la indemnización legal por despido objetivo. Sobre la exigencia de prueba efectiva sobre la ausencia de fondos para poner a disposición del trabajador la indemnización legal por despido objetivo, se han pronunciado la STS, rec. 5470/2004, de 21 de diciembre de 2005, ECLI:ES:TS:2005:8329 , indicando en la primera de ellas que es preciso «distinguir la mala situación económica de la empresa que constituye una causa objetiva de despido a tenor del apdo. c) art. 52 ET, en relación con su apdo. 1 del art. 51 ET, de la alegación por parte del empresario en el sentido de que carece de liquidez para, con base en ello, eximirse de poner a disposición del empleado la indemnización correspondiente en el momento de la comunicación del cese, sin perjuicio de su obligación de satisfacerla en otro momento posterior, tal como permite el apdo. 1 b) art. 53 ET». Añadiendo que «a este respecto, debe dejarse sentado que no basta con la mera afirmación empresarial acerca de su situación de falta de liquidez, sino que se precisa, además, su acreditación si el empleado la discute, pues el precepto últimamente citado, refiriéndose ya en concreto a la obligación de puesta a disposición de la indemnización en el momento que señala (esto es, independientemente de que la mala situación económica pueda o no justificar el despido objetivo), requiere que "como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización", pues cabe perfectamente la posibilidad de que, por adversa que fuera la situación económica de la empresa, pueda ésta, sin embargo, disponer de dinero suficiente para poner a disposición del despedido la correspondiente indemnización con simultaneidad a la comunicación del cese». (STSJ de Baleares n.º 448/2010, de 19 de noviembre de 2010, ECLI:ES:TSJBAL:2010:1408 ).

Siendo ello así el alto Tribunal, en las sentencias indicadas, también se pronuncia en el sentido de sobre quien recae la carga de la prueba de la falta de liquidez, remitiéndose al contenido del apdo. 6 del art. 217 Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual, en orden a la carga de la prueba, señala que «para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes en litigio». Añadiendo que es la empresa, y no el trabajador, quien tiene la mayor disponibilidad de los elementos probatorios acerca de la falta de liquidez de aquella, pudiendo introducir en el proceso determinados indicios sobre esa falta de liquidez, los cuales serán suficientes, correspondiendo la destrucción o neutralización de los mismos al trabajador «ex» apartado 3 del art. 217 Ley de Enjuiciamiento Civil.

STS, rec. 1915/2000, de 23 de abril de 2001, ECLI:ES:TS:2001:3300

Demora de tres días en la puesta a disposición. La ausencia de la simultaneidad que exige sin matices o paliativos la norma, no puede conducir a otra solución jurídica que la prevista en el propio apdo. 4 del art. 53 del Estatuto de los Trabajadores, esto es, la nulidad del despido así practicado porque la trabajadora no tuvo ninguna posibilidad de disponer de la cantidad a la que legalmente tenía derecho en el mismo momento en que se le entregó la comunicación escrita ni la referida cantidad había salido del patrimonio del demandado.

La demora de tres días en esa puesta a disposición determina la calificación de nulidad del despido.