La reclamación previa a la aseguradora para el cobro de la indemnización derivada de accidente de circulación

Con la aprobación de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, la reclamación previa a la vía judicial que ha de efectuar el perjudicado a la entidad aseguradora (artículo 7.1 párrafo 3º de la LRCSCVM) ha recobrado especial importancia, hasta el punto de que no será admitida ninguna demanda judicial que no acompañe copia acreditativa de haber presentado la reclamación extrajudicial preceptiva. En este sentido, señala el artículo 7.8 de la LRCSCVM, en su último párrafo, que:

“No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador”.

Asimismo, es preciso tener en cuenta que esta reclamación que el perjudicado ha de hacer a la compañía aseguradora debe contener necesariamente las siguientes cuestiones:

• Identificación y datos relevantes de quien o quienes reclamen.
• Declaración sobre las circunstancias del hecho dañoso.
• La identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del siniestro de ser conocidas.
• Información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo en aras de poder cuantificar el daño ocasionado tras el accidente de circulación. En caso de fallecimiento, si aportamos el certificado médico de defunción ya cumpliríamos con esta exigencia.

El contenido de la reclamación previa es el que acabamos de exponer. Ahora bien, ¿cuál es el medio por el que debemos enviar esta reclamación previa a la aseguradora? Pues puede enviarse por burofax o por correo electrónico, siempre que se realicen dichos envíos con acuse de recibo.

La presentación de la reclamación también incide en la prescripción de la acción directa contra el asegurador. Así, con la presentación de la reclamación previa se interrumpe el plazo de prescripción de un año al que se refiere el artículo 7.1 párrafo segundo. ¿Cuándo se reanuda el cómputo de nuevo? Se reanudará cuando la entidad aseguradora notifique al perjudicado la oferta o respuesta motivada sobre la que hablaremos en los apartados siguientes.

Hemos señalado que el plazo de prescripción de la acción directa contra la compañía aseguradora es de un año, pero sin embargo el artículo 23 LCS indica que las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de dos años si se trata de seguro de daños y de cinco si el seguro es de personas. A este respecto, y por si hubiese alguna duda sobre la esfera en la que se mueven uno y otro precepto, la STS 1037/2007, de 27 de septiembre de 2007 (Ecli: ES:TS:2007:5988) expone:

"con relación a la cuestión relativa a la determinación del plazo de prescripción aplicable, en los supuestos, como el presente, en que se ejercita por el perjudicado la acción directa del Art. 76 ,LCS, sin que exista relación contractual directa entre el demandante y la compañía aseguradora, esta Sala se ha decantado por la tesis acogida en la sentencia recurrida y aplica el de un año del apdo. 2 del Art. 1968 ,Código Civil, en lugar del más amplio de dos años contemplado en el Art. 23 ,LCS, que, por este motivo, quedaría limitado a las acciones que tienen su origen en el contrato de seguro, entre las que no se encuentra la del Art. 76 ,LCS, que fue ejercitada por el hoy recurrente. La razón para aplicar el general apdo. 2 del Art. 1968 ,Código Civil se encuentra en que el derecho propio del perjudicado contra el asegurador en el seguro de responsabilidad civil no está sometido al régimen del Art. 23 ,LCS, en la medida que no nace del contrato de seguro, suscrito entre asegurado-tomador y asegurador, y respecto del cual, el perjudicado es un tercero, sino del hecho que ha generado la obligación de indemnizar a cargo del asegurado, es decir, de la responsabilidad civil del asegurado frente a terceros. Y tratándose de un derecho propio del perjudicado, ajeno al contrato de seguro, el plazo de prescripción dependerá de la naturaleza de la acción de responsabilidad de que sea titular, que en el caso de autos, por fundarse en culpa extracontractual, conlleva la aplicación del previsto en el artículo 1968.2º del Código Civil". En resumen, el artículo 23 de la LCS se encuentra en el ámbito de la responsabilidad contractual y no en el de la extracontractual.

Por último, consideramos oportuno exponer la siguiente resolución sobre la exigencia de esta reclamación previa en los casos en los cuales la nueva normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2016 no resultaba de aplicación (Ley 35/2015).  Así, el Auto 79/2017 de la AP de Barcelona, de 8 de marzo de 2017 (ECLI: ECLI:ES: APB:2017:1602A), que al igual que otras Audiencias Provinciales, se inclina por la no exigencia de reclamación extrajudicial previa a la demanda judicial en los accidentes acaecidos antes del 1 de enero de 2016.

Jurisprudencia sobre la reclamación de la indemnización por el perjudicado y la respuesta de la entidad aseguradora

SAP Málaga 35/2012, de 18 de enero de 2012 ( ECLI:ES:APMA:2012:157 ):

“Para que sea válida a los efectos de esta Ley, la oferta motivada deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros. b) Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el anexo de esta Ley. c) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, identificándose aquellos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo. d) Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.

En el caso que nos ocupa, consta: a) que el perjudicado (por medio de carta remitida por su letrado) remitió a la aseguradora MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA carta certificada con acuse de recibo reclamando la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por don Jesús Ángel como consecuencia del siniestro; b) que la reclamación fue recibida por la aseguradora el día 6 de octubre de 2008; y c) que la aseguradora, por medio de burofax de fecha 8 de octubre de 2008, contestó al letrado del perjudicado ofreciendo una indemnización de 14.826, 22 euros.

A la vista de los términos en que se produce la oferta indemnizatoria realizada por la aseguradora al perjudicado, se advierte que la misma no cumple los requisitos legales exigidos para ser considerada como oferta motivada válida, a los efectos previstos en el art. 7 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de motor. Efectivamente: 1.- La oferta de la aseguradora se limita a expresar que la oferta se hace una vez valorados los informes obrantes en nuestro poder (burofax), sin acompañar, de forma desglosada y detallada tales informes. Requisito que la propia norma justifica como garantía del derecho de información del perjudicado, suministrándole los datos necesarios para que pueda emitir una respuesta razonada y documentada. 2.- Tampoco se hace constar la mención de que el pago del importe ofrecido no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.

De lo expuesto se desprende el incumplimiento por la aseguradora de la obligación de presentar, en el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, una oferta motivada de indemnización, al no reunir la presentada los requisitos de validez legalmente exigidos. Actuándose la consecuencia jurídica anudada al referido incumplimiento: el devengo de los intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el  art. 9   LRCSCVM  ( RCL 1968, 690 ) , que remite a los intereses del art. 20 LCS”.

SAP de Málaga 207/2019, de 27 de marzo de 2012 (ECLI:ES:APMA: 2019:192):

“En el caso, no concurren las circunstancias que justificarían la aplicación del criterio de la restitutio in integrum , como pretende la parte actora apelante, al no constar la efectiva reparación del vehículo siniestrado. Para justificar este hecho, la parte demandante ha aportado una factura, emitida por la empresa GARCIAUTO, expresiva de la reparación del vehículo y de su importe, 6.331,63 euros; el documento ha sido impugnado, sin que haya sido ratificado por la empresa emisora del mismo.

Conceptualmente, la factura es el documento que contiene la relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, remesa u otra operación de comercio, siendo el recibo el escrito o resguardo firmado en que se declara haber recibido dinero u otra cosa. Esta referencia al recibo como documento justificativo del pago (expresión documental del recibo de dinero u otra cosa) es constante en nuestra legislación tanto civil como mercantil. Así, los  artículos 1172   ,  1229   ,  1616   ,  1684   y  1685   del Código Civil y los  artículos 294   ,  318  ,  353   ,  444   ,  717   y  718   del  Código de Comercio  (LEG 1885, 21)  hacen mención al recibo como el documento acreditativo del cobro del importe de un crédito. Es así que la factura, por sí misma, no cumple en el tráfico comercial la función de ser un instrumento acreditativo del pago, siendo necesario para ello que se incorpore a la factura el recibo, como expresión de que su importe ha sido abonado, en la forma convenida por las partes (al contado, mediante la entrega de efectos cambiarios, etc).

En el caso que nos ocupa, la parte actora, presenta una factura en la que se expresa como forma de pago al contado, sin que dicho pago conste realizado, mediante la expresión en la propia factura del recibo de su importe, al contado. Este Tribunal considera, pues, que la mera tenencia de la factura por el demandante, sin expresión en la misma del recibo de su importe, no permiten presumir ni tener por acreditado su pago. Entendiendo esta Sala que el demandante no ha satisfecho la carga de la prueba que le viene atribuida, al excluirse que la factura aportada por aquel al proceso, sin la adecuada expresión del abono de su precio, constituya prueba de su pago. Lo que, al propio tiempo, excluye la certeza de la reparación alegada por la parte actora.

La aplicación de las anteriores consideraciones al caso enjuiciado nos lleva a cuantificar el importe de la indemnización en la cantidad de que ha de satisfacer la aseguradora demandada en la cantidad de MIL QUINIENTOS QUINCE (1.515) EUROS, resultante de incrementar en un 50% el valor venal del vehículo siniestrado (1.010 euros), cuya reparación ha sido descartada por su propietario, dado su carácter antieconómico en atención a la elevada antigüedad del vehículo.

TERCERO.- Conclusión.

Por todo lo que procede la estimación parcial del recurso de apelación , revocándose parcialmente la sentencia apelada en el sentido de, manteniéndose la estimación parcial de la demanda, incrementarse el importe de la condena dineraria impuesta a la demandada, quedando establecida dicha condena en la suma de MIL QUINIENTOS QUINCE (1.515) EUROS, con mantenimiento del resto de pronunciamientos en materia de intereses y costas.

La parcialidad de la estimación del recurso comporta la no expresa imposición de las costas de la segunda instancia causadas con relación al mismo, por aplicación del  art. 398   de la  Ley de Enjuiciamiento Civil  (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)  .

Conforme establece el apartado 8 de la  Disposición Adicional Decimoquinta   de la  Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio  (RCL 1985, 1578, 2635) , del Poder Judicial (LOPJ ), si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito”.

STS, Sala de lo Civil, 260/2019, de 10 de mayo de 2019 ( ECLI:ES:TS:2019:1524 ):

“Tal y como se refleja en la sentencia recurrida, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala -sentencias 99/2012 de 22 de febrero , 584/2013 de 4 de octubre y 199/2014 de 2 de abril - el inicio del cómputo de la prescripción comienza con el auto de cuantía máxima. Por error del recurrente al interponer el recurso de apelación, y así se reflejó en la sentencia de segunda instancia, se fijó la fecha de un burofax -causa de interrupción- en el 15 de junio de 2011, en lugar de en el año 2012. La Audiencia, determinó que la prescripción comenzaba a computarse el 14 de julio del 2.011, fecha en la que se notificó a la ahora parte recurrente la segunda aclaración que se realizó en el auto de cuantía máxima, y al tener en cuenta la fecha errónea, concluyó que al haberse interpuesto la demanda el 31 de julio de 2012, la acción ejercitada estaba prescrita. No obstante, queda claro en la demanda- página 4 y páginas 128 y 129 de la documental presentada con la misma- que la fecha del mentado burofax fue el 15 de junio del 2012. Se trata de un hecho no controvertido en primera instancia, dado que, en la contestación de la demanda, la parte recurrida- página cuatro de la contestación- reconoce que el burofax se envió el 15 de junio del 2012 y no se recibió hasta el 18 de junio de dicho año. Y así se hace constar a su vez en la sentencia de primera instancia, en el fundamento jurídico primero, párrafo segundo. Y en la página 3 del escrito de oposición a la apelación que se presentó en segunda instancia, y en el folio 9 de la oposición a la casación.

Por lo expuesto cabe apreciar un error notorio en la apreciación de la prueba ( art.º 24 de la Constitución ), al tener en cuenta una fecha errónea, en relación con el burofax, por lo cual no se apreció la interrupción, lo que debería haber llevado a la desestimación de la excepción de prescripción, computando el plazo desde la notificación del auto aclaratorio del auto de cuantía máxima (14-7-2011), interrumpido por el burofax (15-6-2012), por lo que el plazo cuando se interpone la demanda no había transcurrido (31-7-2012).

CUARTO.- Estimado el recurso extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con lo interesado por el recurrente, procede anular la sentencia recurrida y devolver el procedimiento a la Audiencia Provincial, para que se pronuncie sobre la cuestión de fondo (sobre la que no llegó a pronunciarse), bien entendido que se ha de entender desestimada la excepción de prescripción.

QUINTO.- No procede la imposición de las costas devengadas ante este Tribunal, con devolución de los dos depósitos constituidos para recurrir ( arts. 394 y 398 LEC )”.