El recurso de alzada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 17/03/2020

Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa pueden ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico que los dictó (Art. 121,Art. 122 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión del Art. 125 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre

Los Art. 121,Art. 122 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan del recurso de alzada y lo hacen en los siguientes términos:

  • Las resoluciones y actos a que se refiere el apdo. 1 del  Art. 112 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.
  • El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. 
  • Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
  • El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior. 
  • El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
  • Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
  • El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el tercer párrafo del apdo.1 del Art. 24 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo apdo. 1 del Art. 125 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Todo ello en relación con el artículo 25.1 de la LJCA, que dispone que "el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos",  en consecuencia, la falta de agotamiento de la vía administrativa previa, lleva obligatoriamente a la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, declarando nuestro Alto Tribunal en Sentencia de 20 de marzo 2002, casación 2496/1998, que: “el agotamiento de la vía administrativa es un requisito subjetivo y no objetivo, es decir,  una persona puede haberla agotado y otra no, y la que no lo ha hecho no puede aprovecharse indebidamente de la diligencia ajena”.

En la misma línea, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha venido manteniendo de forma unánime, en Sentencias como las de 3 de junio de 2006, de 19 de febrero de 2004 o de 20 de junio de 2003, que “la actuación desplegada por la parte recurrente, al no interponer en vía administrativa el recurso de alzada, no puede tener otro efecto que el de la declaración de inadmisibilidad, de acuerdo a la normativa procesal rectora y ello por cuanto, se trata de la omisión del recurso jerárquico administrativo que tiene un significado distinto -el agotamiento de la vía administrativa“.

La anterior solución no supone en modo alguno la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24 de la C.E, que como tiene declarado el TC “el derecho fundamental que se invoca no comprende la obtención una decisión acorde con las pretensiones que se formulan, sino el derecho a que se dicte una resolución conforme al Ordenamiento Jurídico, siempre que se cumplan los requisitos procesales para ello” (STC 31 de marzo de 1981, 29 de marzo 1982, entre otras muchas).

Además, según lo dispuesto en el art. 114 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía administrativa, y en consecuencia no pueden ser recurridas en alzada la siguientes resoluciones:

  • Las resoluciones de los recursos de alzada.

  • Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el apartado 2 del Art. 112, Ley 39/2015, de 1 de octubre.

  • Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

  • Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

  • La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

  • La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el apartado 4 del Art.90Ley 39/2015, de 1 de octubre.

  • Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

Ahora bien, es necesario precisar que, si bien el órgano competente para resolver el recurso de alzada es el órgano superior jerárquico del que lo dictó, para el caso del denominado “recurso de alzada impropio”, sería competente el órgano de tutela o adscripción cuando no exista una relación de jerarquía, tal y como lo define la el Diccionario del Español Jurídico (DEJRAE).

El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente, y se añade que “el titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto anteriormente”.

Puntos relevantes respecto a los plazos en el recurso de alzada

  • El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
  • Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
  • El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el tercer párrafo del apdo.1 del art. 24 Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo apdo. 1 del art. 125, Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Jurisprudencia destacada en el recurso de alzada

Sentencia del TS, de fecha 24 de octubre de 2019, nº 1446/2019,  núm. 1446/2019, rec. 187/2018 

“Se fundamenta el acuerdo recurrido que el acuerdo fue notificado al interno el día 26 de octubre y que, desde el centro penitenciario de Navalcarnero, presentó su alzada el día 2 de diciembre siguiente y, por ello, dice, fuera claramente del plazo establecido (...).TERCERO.-Procede en consecuencia estimar el recurso y, al no formular el recurrente otras pretensiones que las de su queja a que se inadmita por extemporáneo un recurso que no le fue notificado en forma, procede retrotraer las actuaciones en vía administrativa para que la Comisión Permanente del CGPJ se pronuncie correctamente sobre el fondo del recurso de alzada presentado por el interno, única forma de lograr que el recurrente pueda formular las pretensiones que entienda oportunas contra la nueva resolución.”

Sentencia del TSJ de Extremadura, de fecha de 23 de julio de 2019, núm. 273/2019,  rec. 612/2018 

“Frente a la resolución expresa del titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la misma Dirección General o ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en los plazos y términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno(...)”.

Sentencia del TSJ de Comunidad Valenciana, de fecha 6 de marzo de 2019, núm. 137/2019, rec. 30/2017 

“CUARTO.- Frente a la conclusión anterior opone la demandante en su escrito de conclusiones, tal como ha sido antes reseñado, que la administración autonómica debió advertirle al notificarle el acuerdo de 16 de diciembre de 2016 de que la no interposición del recurso de alzada contra el mismo conllevaría como consecuencia la ulterior inadmisión del recurso contencioso-administrativo.Esa argumentación ha de ser rechazada. En el pie de recurso de la notificación de aquel acuerdo autonómico se indicaba a la interesada que 'Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 del Decreto 8/2016, de 5 de febrero, del Consell , por el que se aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, en relación con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas '. La notificación se ajustó, por consiguiente, a las exigencias del art. 40.2 de la Ley 39/2015 -'Toda notificación... deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente'-.”  

Sentencia del TSJ de Castilla la-Mancha, de fecha 4 de marzo de 2019, núm. 49/2019, rec. 310/2017 

“Finalmente, estima la Sala que ha de ser igualmente desestimada la causa de inadmisibilidad opuesta al amparo del artículo 69.c) de la LJCA , en relación con su artículo 25, y el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , referente a la falta de agotamiento de la vía administrativa previa, y ello por las razones que se expusieron con ocasión del análisis de la primera causa de inadmisibilidad tratada en las líneas que preceden”.

Sentencia del TSJ de Extremadura, de fecha 16 de mayo de 2019, núm. 165/2019, rec. 600/2018 

“Frente a la resolución expresa del titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la misma Dirección General o ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en los plazos y términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno.”

Sentencia del TSJ de Pais Vasco, de fecha 5 de febrero de 2019, núm. 66/2019, rec. 530/2018 

“Pues bien, planteada la cuestión en los anteriores términos, ha de advertirse que la resolución de 11 de enero de 2017 de la Jefa de la Oficina de Extranjeros, expresa que no pone fin a la vía administrativa, por lo que puede interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación de la presente resolución, ante el Subdelegado del Gobierno en Bizkaia y a tal efecto el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridas en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó y el artículo 122 del citado texto legal , que el plazo concedido para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.
(...)En el supuesto contemplado, la resolución denegatoria que no pone fin a la vía administrativa fue notificada el 17-1-2017, en la dirección indicada por el recurrente en su solicitud (folio 25 E/A) y el recurso de alzada fue formulado extemporáneamente el 31-3-2017 (folio 27 E/A), por lo que ningún reproche jurídico merece la resolución impugnada y procede desestimar el recurso, al haber devenido la resolución originaria firme y consentida dado que el recurso de alzada se ha interpuesto fuera del plazo establecido legalmente, no procediendo entrar a conocer del fondo del asunto planteado".

Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 20 de noviembre de 2018, núm. 887/2018, rec. 1141/2017 

“El plazo máximo de resolución será de veinte días desde la presentación electrónica de la solicitud en el órgano competente para su tramitación. Si no se resuelve en dicho plazo, la autorización se entenderá estimada por silencio administrativo. Las resoluciones serán motivadas y podrán ser objeto de recurso de alzada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “.

Sentencia del TSJ de Andalucía, de fecha 13 de septiembre de 2018, núm.774/2018, rec. 344/2017 

“Pues bién, como expone esta última resolución la misma no agotaba la vía administrativa, toda vez que frente a ella cabía interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde su notificación de acuerdo con lo prevenido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.Esto es, la desestimación inicial de la petición formulada por la actora, ya presunta (que es la impugnada judicialmente) ya expresa (la de junio de 2017, en este caso parcial), no agotaba la vía administrativa, toda vez que contra esa desestimación cabía formular recurso administrativo de alzada; de manera que es una vez deducido éste, y de ser su decisión contraria a los intereses de la interesada, es cuando ésta podría accionar frente a la misma en sede judicial mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo, pues de acuerdo con el artículo 25.1 LJCA éste sólo resulta admisible frente a los actos que pongan fin a la vía administrativa.No lo hizo así, y ello debe abocar indefectiblemente a declarar la inadmisibilidad del recurso; sin que resulte por lo demás procedente pronunciamiento alguno en torno a la alegada impertinencia de las obligaciones económicas reclamadas por la TGSS, pues ésta tiene por presupuesto el alta indebida de la actora en el RETA con fecha de efectos de 30 de abril de 2009, cuestión ésta respecto de la que -reiteramos- no se ha agotado la vía administrativa tras el pronunciamiento desestimatorio de la TGSS sobre el particular.”

Sentencia de la AN, de fecha 11 de mayo de 2018, rec. 287/2015 

“PRIMERO.- La recurrente indicada interpuso el dia 23 de junio de 2016 ante esta Sala de lo contencioso-administrativo recurso contencioso-administrativo contra la Resolución dictada por el Ministerio de Fomento el dia 17 de abril de 2015 por la que se resuelve estimar el recurso de alzada impropio interpuesto por el Presidente del Ente Público Puertos del Estado contra el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) de fecha 17 de diciembre de 2014, por el que se aprobó convocar un concurso para la adjudicación del contrato de gestión y explotación de la Plataforma de Comercio Electrónico de la APB (expediente RSC 3272014)”.

Sentencia de la AN, de fecha 4 de noviembre de 2019, rec. 250/2018 

“La AEAT tiene personalidad jurídica plena, como bien dice la actora, pero para el cumplimiento de sus objetivos se organiza en Delegaciones y Dependencias para la aplicación efectiva del sistema tributario. Y esa organización tiene su correspondiente delegación de facultades, de ahí que, en el caso que nos ocupa, quien puede interponer el recurso de alzada sea, conforme al art. 241 LGT , los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en las materias de su competencia, así como los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía en materia de su competencia.Debe tenerse en cuenta que la personación en un proceso o en un procedimiento debe entenderse en sentido estricto, y el acto de comparecer formalmente en un juicio o en un procedimiento administrativo no puede eludirse con esas alegaciones generales de que la Administración es una persona jurídica única, porque desde la perspectiva que nos ocupa se necesita la personación de quien está legitimado que es el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria que no estaba personado ante el TEAR. Lo que nos conduce a comprender que esa falta de personación ante el TEAR permite que el recurso de alzada se desdoble en dos fases, una primera de interposición del recurso o de anuncio de interposición del recurso y otra de alegaciones(...)Del expediente administrativo surge que el 4 marzo 2015 se notifica el fallo del TEAR al Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y en fecha 20 marzo 2015 se remite el escrito de interposición del recurso de alzada ante el TEAC, por lo que no ha transcurrido el plazo de 1 mes previsto en el art. 241 LGT .”

No hay versiones para este comentario

Agotamiento de la vía administrativa
Responsable directo
Efectos del silencio administrativo
Vía administrativa previa
Fondo del asunto
Actos expresos
Indefensión o perjuicio irreparable
Interés legitimo
Causas de inadmisión de recurso
Omisión
Derechos fundamentales
Derecho a la tutela judicial efectiva
Responsabilidad patrimonial
Tutela
Causa de inadmisión
Centro penitenciario
Obras públicas
Órganos territoriales
Tesorería General de la Seguridad Social
Silencio administrativo
Tramitación telemática
Plazo máximo de resolución
Inspección tributaria
Entes públicos
Consejo de administración
Puertos
Régimen especial de trabajadores autónomos
Personalidad jurídica
Estatutos de autonomía
Comercio electrónico
Escrito de interposición
Persona jurídica
Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Impugnación

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 25/05/2020

    3.1. Impugnación de la resolución: recurso de alzada.El art. 23 RGPSL, regula el recurso ordinario o de alzada contra las resoluciones que terminan el procedimiento sancionador.Se podrá interponer recurso ordinario en el plazo de un mes ante el ó...

  • Revisión de actos en vía administrativa

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 10/03/2020

    Los Art. 106-126 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes del Título V de la norma, se encargan de la revisión de actos en vía administrativa, ocupándose de la revisión de oficio(Art. 106-111 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) y del régimen de r...

  • Demanda y acumulación de acciones a la impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 06/10/2016

    Teniendo en cuenta la exigencia o no del agotamiento de la vía administrativa previa, la interposición de la demanda en el procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales se regirá...

  • Recurso contencioso-administrativo en el procedimiento sancionador de extranjería

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 29/08/2019

    El recurso contencioso-administrativo no es un recurso en vía administrativa, sino que es un recurso judicial que se podrá presentar frente: a disposiciones de carácter general y los actos que se produzcan en aplicación de éstas; actos expresos ...

  • Recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 03/04/2020

    El recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa son dos clases de recursos administrativos cuyo objeto es examinar la legalidad de los actos administrativos de contenido económico regulados por el derecho tributario. El recurso...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros Relacionados