El recurso de alzada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 02/03/2021

Recurso de alzada: artículo 121-122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El recurso de alzada en el ámbito administrativo

Los artículos 121 y 122 de la LPAC regulan el recurso de alzada, siendo el objeto del mismo las resoluciones y actos a que se refiere el apdo. 1 del art. 112 de la LPAC, es decir, «las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos».

Cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de estas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

En los apartados 2 y 3 del anterior artículo, se establecen unos supuestos de excepción a las reglas generales del recurso de referencia:

«2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa».

Todo ello en relación con el artículo 25.1 de la LJCA, que dispone que «el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos».

En consecuencia, la falta de agotamiento de la vía administrativa previa, lleva obligatoriamente a la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. Al respecto, ha declarado nuestro alto tribunal, en sentencia, rec. 2496/1998, de 20 de marzo 2002, ECLI:ES:TS:2002:2036, que «el agotamiento de la vía administrativa es un requisito subjetivo y no objetivo, es decir, una persona puede haberla agotado y otra no, y la que no lo ha hecho no puede aprovecharse indebidamente de la diligencia ajena».

En la misma línea, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha venido manteniendo de forma unánime, en sentencias como la STS, rec. 1454/2001, de 3 de junio de 2006, ECLI:ES:TS:2006:4827 , STS, rec. 11619/1998,  de 19 de febrero de 2004, ECLI:ES:TS:2004:1097 o STS, rec. 7698/1995, de 20 de junio de 2003, ECLI:ES:TS:2003:4311, que la no interposición de recurso de alzada hace que el acto inicialmente impugnado no agote la vía administrativa lo que determina la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo.

Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Guadalajara, rec. 103/2006, de 20 de abril de 2007, ECLI:ES:JCA:2007:3228

«Así lo ha venido manteniendo de forma unánime la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, entre muchas otras, en sentencias de 3 de junio de 2.006 , de 19 de febrero de 2004 o de 20 de junio de 2003, de cuya doctrina cabe extraer que la actuación desplegada por la parte recurrente, al no interponer en vía administrativa el recurso de alzada, no puede tener otro efecto que el de la declaración de inadmisibilidad, de acuerdo a la normativa procesal rectora y ello por cuanto, en el presente caso se trata de la omisión del recurso jerárquico administrativo que tiene un significado distinto —el agotamiento de la vía administrativa— al de la mera oportunidad de rectificar que representa para un mismo órgano administrativo el recurso de reposición, sin que tal solución suponga la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del hoy recurrente reconocida en el artículo 24 de la Constitución Española».

La anterior solución no supone en modo alguno la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la CE pues, como tiene declarado el Tribunal Constitucional, la tutela judicial no comprende la obtención una decisión conforme a las pretensiones que se formulan, sino el derecho a que se dicte una resolución conforme al ordenamiento jurídico, siempre que se cumplan los requisitos procesales para ello. Botón de muestra puede ser la STC n.º 114/2008, de 29 de septiembre:

«Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que "el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho sobre el fondo de las cuestiones planteadas, sea o no favorable a las pretensiones formuladas, si concurren todos los requisitos para ello. De ahí que sea también respetuosa con este derecho fundamental una resolución judicial de inadmisión o de desestimación por algún motivo formal, cuando concurra alguna causa de inadmisibilidad y así lo acuerde el juez o tribunal en aplicación razonada de la misma (SSTC 71/2002, de 8 de abril, FJ 1; 59/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 114/2004, de 12 de julio, FJ 3; 79/2005, de 4 de abril, FJ 2; 221/2005 entre otras muchas)" (STC 33/2008, de 25 de febrero, FJ 2)».

Además, según lo dispuesto en el art. 114 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía administrativa, y en consecuencia no pueden ser recurridas en alzada la siguientes resoluciones:

  • Las resoluciones de los recursos de alzada.

  • Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el apartado 2 del art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

  • Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario.

  • Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

  • La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

  • La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el apartado 4 del art. 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

  • Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

El órgano competente para resolver el recurso de alzada es el órgano superior jerárquico del que lo dictó (alzada propia). Pero, cuando se trata de una «alzada impropia», en la que no existe una relación de jerarquía, lo resuelve el órgano de tutela o adscripción, tal y como lo define el Diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE.

El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo (art. 121.2 de la LPAC). Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, este deberá remitirlo al competente en el plazo de 10 días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente, y se añade que «el titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto anteriormente».

El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Sin embargo, si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el caso previsto en el art. 24.3 de la LPACAP, que estipula los siguientes supuestos:

«a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio».

Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el apdo. 1 del art. 125 de la LPACAP.

A TENER EN CUENTA. La interposición de alzada no suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, tal y como dispone el art. 117 de la LPACAP.

La legislación tributaria prevé especialidades del recurso de alzada en las reclamaciones económico-administrativas, reguladas principalmente en el art. 241 de la misma, y en el art. 61 del Reglamento general de desarrollo de la antedicha Ley, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo:

Sentencia de la AN, rec. 250/2018, de 4 de noviembre de 2019, ECLI:ES:AN:2019:3921

«La AEAT tiene personalidad jurídica plena, como bien dice la actora, pero para el cumplimiento de sus objetivos se organiza en Delegaciones y Dependencias para la aplicación efectiva del sistema tributario. Y esa organización tiene su correspondiente delegación de facultades, de ahí que, en el caso que nos ocupa, quien puede interponer el recurso de alzada sea, conforme al art. 241 LGT, los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en las materias de su competencia, así como los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía en materia de su competencia. Debe tenerse en cuenta que la personación en un proceso o en un procedimiento debe entenderse en sentido estricto, y el acto de comparecer formalmente en un juicio o en un procedimiento administrativo no puede eludirse con esas alegaciones generales de que la Administración es una persona jurídica única, porque desde la perspectiva que nos ocupa se necesita la personación de quien está legitimado que es el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria que no estaba personado ante el TEAR. Lo que nos conduce a comprender que esa falta de personación ante el TEAR permite que el recurso de alzada se desdoble en dos fases, una primera de interposición del recurso o de anuncio de interposición del recurso y otra de alegaciones(...) Del expediente administrativo surge que el 4 marzo 2015 se notifica el fallo del TEAR al Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y en fecha 20 marzo 2015 se remite el escrito de interposición del recurso de alzada ante el TEAC, por lo que no ha transcurrido el plazo de 1 mes previsto en el art. 241 LGT».

a) Objeto: contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económico-administrativos regionales y locales y por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía podrá interponerse recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de las resoluciones.

b) Legitimación: estarán legitimados para interponer este recurso los interesados, los directores generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los directores de departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en las materias de su competencia, así como los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía en materia de su competencia.

c) La duración del procedimiento: en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido ese plazo el interesado podrá entender desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente.

d) El tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa. Si transcurrido un año desde que se iniciara la instancia no se hubiera notificado resolución expresa, dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 26 de la LGT, siempre y cuando se hubiere acordado la suspensión del acto reclamado.

No hay versiones para este comentario

Agotamiento de la vía administrativa
Fondo del asunto
Indefensión o perjuicio irreparable
Interés legitimo
Derecho a la tutela judicial efectiva
Actos de trámite
Tutela
Arbitraje
Colegiado
Actos expresos
Vía administrativa previa
Causas de inadmisión de recurso
Omisión
Silencio administrativo
Resolución expresa posterior
Derechos fundamentales
Causa de inadmisión
Responsabilidad patrimonial
Estatutos de autonomía
Responsable directo
Efectos del silencio administrativo
Inspección tributaria
Denegación por silencio
Concesión por silencio
Vencimiento del plazo
Personalidad jurídica
Persona jurídica
Escrito de interposición
Intereses de demora

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Impugnación de la actuación de la Inspección de Trabajo

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 03/09/2021

    El art. 23 del RGPSL, regula el recurso ordinario o de alzada contra las resoluciones que terminan el procedimiento sancionador. NOVEDAD- Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto. Con efectos desde el 1 de enero de 2022:a) Se adaptan los procedimiento...

  • Actividad administrativa impugnable en el orden contencioso-administrativo

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 29/01/2021

    Los artículos 25-30 de la LJCA constituyen el capítulo I del título II. Así, el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración p...

  • Objeto y clases de recursos administrativos

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 02/03/2021

    Los artículos 112 y 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relacionados con el objeto y clases de los recursos administrativos.Los aspectos generales en la interposición de recursos administrativosPueden resumirse y sistematizarse del siguient...

  • Revisión de actos en vía administrativa

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 02/03/2021

    Los artículos 106-126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes del título V de la norma, se encargan de la revisión de actos en vía administrativa, ocupándose de la revisión de oficio (arts. 106-111 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)...

  • Casos exceptuados de conciliación laboral

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 21/09/2020

    La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exceptúa expresamente de la obligatoriedad del acto de conciliación o mediación previos.Estarían excluidos de conciliación laboral (mediación), los procesos:Que exijan el agotamiento de la vía admin...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros y cursos relacionados