Régimen jurídico sindical y contenido mínimo de los estatutos sindicales

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 09/06/2020

Para que un sindicato adquiera personalidad jurídica y plena capacidad de obrar se hace preciso el depósito de los estatutos por medio de sus promotores o dirigentes en la oficina pública establecida al efecto cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 4.1 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto , o en la art. Ley 19/1977, de 1 de abril.

NOVEDAD: El Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, desarrolla, desde el 20 de septiembre de 2015, la regulación de los depósitos de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, al tiempo que se efectúa su adaptación a la administración electrónica.

El  Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, de conformidad con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, este real decreto tiene por objeto regular el depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, entre cuyos fines estén incluidos los propiamente laborales que las identifican, así como de los demás actos incluidos en su ámbito de aplicación, gestionado por medios electrónicos. Esta obligación de depósito ya había sido refrendada por la STC 121/1997, de 1 de juliobasándose en:  "… la necesidad de establecer un sistema de reconocimiento que permita la identificación jurídica del grupo como sujeto unitario de derechos y su incorporación a un status especialmente favorable para el ejercicio de su acción"

Tramitación del procedimiento para depósito.

1.- Recibida la solicitud de depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (arts 2-3 Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo), la oficina pública competente la examinará y verificará si cumple los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, o en la Ley 19/1977, de 1 de abril.

2. Cuando se adviertan defectos en la solicitud o en la documentación que la acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error o confusión con ella, se requerirá al solicitante por una sola vez para que en un plazo de diez días subsane la deficiencia o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia de alguno de los requisitos mínimos previstos en este real decreto.

3. Si se cumplen todos los requisitos, la oficina pública competente dictará resolución que acuerde el depósito y la publicidad del mismo, en la que constará la fecha de depósito y el número de depósito asignado, en los siguientes plazosa contar desde el día que se presente la solicitud o se subsanen o resuelvan los defectos advertidos en el apartado anterior:

a) Diez días en el caso de las organizaciones sindicales.

b) Veinte días en el caso de las organizaciones empresariales.

Simultáneamente a la resolución, la oficina pública competente dará publicidad de la misma ordenando su publicación en el boletín oficial correspondiente, a excepción de las relativas a los acuerdos previstos en el artículo 11, indicando al menos la denominación, el ámbito territorial y funcional, la identificación de los promotores y firmantes del acta de constitución.

Cómputo de plazos.

La aplicación informática que dé soporte al depósito estatal de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas, y a tal efecto mostrará la fecha y hora oficiales del momento de su presentación.

A efectos del cómputo de plazos, la presentación de una solicitud en un día inhábil se entenderá efectuada en la primera hora del día hábil siguiente, aun cuando en el asiento constará la fecha y la hora en que efectivamente se haya recibido el documento.

NOTA: El calendario de días inhábiles a estos efectos será el que se determine cada año de acuerdo con lo dispuesto en el apdo. 7 del art. 30 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Contenido mínimo de los estatutos

El artículo 3 del Convenio núm. 87, de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ratificado el 13 de abril de 1977, concede a las organizaciones de trabajadores y de empleadores el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Debiendo abstenerse de intervenir en estos procesos las autoridades públicas. 

Teniendo en cuenta la libertad e reglamentación que ampara los estatutos sindicales, el art. 4.2 LOLS, enumera una serie de normas mínimas que deberán contener los estatutos presentados a depósito, tales como:

  • a) La denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada.
  • b) El domicilio y ámbito territorial y funcional de actuación del sindicato.
  • c) Los órganos de representación, Gobierno y Administración y su funcionamiento, así como el régimen de provisión electiva de sus cargos, que habrán de ajustarse a principios democráticos.
  • d) Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de afiliados, así como el régimen de modificación de estatutos, de fusión y disolución del sindicato.
  • e) El régimen económico de la organización que establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer la situación económica.

Descuento en nómina de la cuota sindical

El art. 11 LOLS, regula, por un lado un canon de negociación (STC. 98/1985, de 29 julio) y por otro un descuento de la cuota sindical sobre los salarios. 

Al amparo del citado artículo, " El empresario procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios v a la correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad, siempre, de éste". Es decir, la recaudación de la cuota sindical de los trabajadores afiliados a un sindicato por el empresario constituye una obligación empresarial recogida legislativamente (STCT de 22 febrero 1988, STSJ de Canarias/Santa Cruz de Tenerife, de 20 septiembre 1993, STSJ del País Vasco de 25 noviembre 1993, entre otras). No obstante, para que el empresario esté vinculado por la obligación de descontar la cuota resulta necesario que previamente esto haya sido solicitado por el sindicato al que el trabajador esté afiliado (aún cuando la organización sindical cuente con un solo afiliado que autorice el descuento).

De este modo, la negativa de la empresa a practicar el " check-off (descuento de cuotas)" constituye violación del derecho fundamental de libertad sindical.

Consentimiento del trabajador.

La decisión del trabajador afiliado de autorizar el pago de la cuota mediante descuento en la nómina por parte del empresario se encuentra supeditada a la exigencia de su formulación por escrito y dentro de la forma y plazos que establezca la propia negociación colectiva (art. 11.2 LOLS). La exigencia de constancia escrita puede realizarse a través de convenio colectivo, no obstante, los contenidos de ese documento han de respetar los derechos fundamentales del trabajador de intimidad y libertad sindical. TS, Sala de lo Social, de 08/04/2009, Rec. 141/2007

En lo referente al plazo de vigencia de la conformidad del trabajador, y en ausencia de regulación por parte delart. 11.2 LOLS, el trabajador podrá, en cualquier momento, y sin observar preaviso alguno, revocar el consentimiento para el descuento, de igual forma que el empresario dejará de descontar la cuta sindical cuando le quepa duda razonable del consentimiento del trabajador. A este respecto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional estableciendo lo siguiente (STCo. 142/1993, de 22 de abril)

"[…] el derecho de libre sindicación que consagra el art. 28 Constitución Española, incluye la libertad sindical negativa, en la que se comprenden (tanto las obligaciones directas como las indirectas y tanto las genuinas obligaciones de sindicación como las medidas de presión que al disfrute de la libertad se puedan oponer). No cabe, pues, establecer ningún tipo de monopolio sindical del empleo, que atente al derecho a la libertad sindical, ni limitar el derecho o facultad del trabajador de no afiliarse a un sindicato, o de afiliarse a uno que no sea el de su elección, pero asegurada esa libertad negativa, el art. 28.1 Constitución Española, no impide medidas legales de favorecimiento de la sindicación, teniendo en cuenta también el papel que el art. 7 Constitución Española, reconoce a los sindicatos de trabajadores […]"

Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical, respecto a este tema, podrá recabar su tutela a través del proceso establecido en el capítulo XI de la Ley de Jurisdicción Social sobre tutela de los derechos de libertad sindical (arts. 175-182 LJS).

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Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 416/2015 de 29 de May (depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 147 Fecha de Publicación: 20/06/2015 Fecha de entrada en vigor: 20/09/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

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