El Reglamento en el Ordenamiento Jurídico Español

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/11/2019

A nivel sintético se puede sostenter que el Reglamento es una norma de rango inferior a la ley, emanada de la Administración, de carácter general y sometida al control de constitucionalidad de los Tribunales.

El Reglamento Administrativo es la norma por excelencia en esta rama del derecho. Se trata de una norma con rango inferior y de carácter general. La potestad reglamentaria reside en la propia Administración Pública y que se recoge en la Constitución en su artículo 97 al establecer que "El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes." El Reglamento es una norma sometida al control de constitucionalidad de los Tribunales.

Se trata de la herramienta legislativa de la Administración Pública por la que se establecen las pertinentes directrices y normas que pueda demandar la sociedad en interés público y general y con la garantía de no sobrepasar los límites establecidos en las leyes de mayor rango.

El Derecho Administrativo ayuda a superar la concepción de la ley como simple sinónimo de norma escrita, al aportar diversas categorías normativas dentro del concepto y centrar buena parte de su atención en las relaciones jerárquicas entre éstas, fundamentalmente, entre la ley y el reglamento.  

Puestos a aportar unas primeras "pinceladas" sobre el Reglamento, se puede decir que éste se caracteriza por:

  • Ser una norma infralegal, ya que se sitúa por debajo de la Ley y ésta puede libremente reducir el ámbito material sobre el que puede versar un reglamento

  • Es dictado por la Administración, tanto estatal como autonómica y local, en virtud de la potestad reglamentaria a que se refiere, entre otros, el Art. 97 ,Constitución Española

  • Tiene carácter general porque trata de regular todos los casos que se refieren al supuesto de hecho que se contempla

  • Está sometido al control de los Tribunales, en los términos del apartado 1 del Art. 106 ,Constitución Española

Los puntos de atención sobre este tema son los siguientes:

A la hora de buscar una definición sobre acto administrativo se podría acudir al Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, que señala que se trata de una "decisión atribuible a una administración pública ya sea resolutoria o de trámite, declarativa, ejecutiva, consultiva, certificante, presunta, o de cualquier otra clase, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa". Sin embargo, tal definición -como tantas otras posibles- debe completarse con su delimitación respecto del reglamento, sobre todo en aquellos casos en los que pueda haber cierta confusión entre ambos (piénsese sino en actos administrativos con un pluralidad de destinatarios). 

Respecto a las diferencias entre reglamento y acto administrativo ha de tenerse claro los siguientes puntos:

  • Mientras el Reglamento forma parte del ordenamiento jurídico, el acto administrativo es simple aplicación del mismo; el Reglamento completa el ordenamiento, pero el acto se limita a aplicarlo.
  • Por lo general, el Reglamento, al igual que otras normas generales como puede ser la Ley, utiliza un lenguaje impersonal y abstracto; por otro lado, el acto administrativo se dirige a un destinatario concreto. No obstante, cabe decir que esta regla de "general-singular" no siempre se cumple, puesto que pueden aplicarse Reglamentos de forma singular a un destinatario concreto e incluso existir un acto dirigido a una pluralidad de personas.
  • A tenor de lo anterior, cuando dicha distinción no sea posible, sí es ineludible que un Reglamento, ya general, ya singular, una vez aplicado no se extingue, sino que sigue formando parte y completando el Ordenamiento Jurídico; sin embargo, el acto administrativo, una vez aplicado, se agota.
  • La titularidad de la potestad reglamentaria viene circunscrita a determinados órganos constitucional y legalmente establecidos; por el contrario, el acto administrativo, puede ser dictado por cualquier órgano Administrativo.
  • El Reglamento puede ser revocado por la Administración, los Tribunales e incluso instada tal revocación por el ciudadano en cualquier momento, pero el acto administrativo no, en cuanto que su revocación puede venir limitada por una Ley en protección de derechos a los que el acto ha podido dar lugar.
  • La ilegalidad del Reglamento se encuentra sancionada (solamente) por la nulidad de pleno derecho tal y como bien explica Hutchinson: “los reglamentos ilegales son nulos de pleno derecho y no podría ocurrir de otra manera, por cuanto si ellos fueran solamente anulables, significaría que dicha anulabilidad podría hacerse valer dentro de un plazo, lo que determinaría que por el mero transcurso del tiempo se haría inatacable, supuesto totalmente inadmisible pues ello introduciría una nueva causa de derogación de las leyes: la producida por un reglamento que a ella se opone, por el sólo hecho de haber dejado transcurrir los plazos sin impugnarlo”.
  • El acto no puede ser contrario al Reglamento, ello determinaría su ilegalidad, pero la contradicción de un acto con otro anterior no siempre da lugar a tal ilegalidad.

 

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Potestad reglamentaria
Constitucionalidad
Reglamento administrativo
Interés publico
Potestades administrativas
Nulidad de pleno derecho
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