Regulación de la demanda en el proceso laboral ordinario

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La demanda en el proceso laboral ordinario debe seguir los requisistos, forma y contenido, regulados, entre otros, en los Art. 80-82 ,LJS.

Presentación de la demanda dentro del proceso laboral ordinario

Una vez celebrado o intentado el acto de conciliación sin avenencia, el trabajadorr deberá presentar la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social. Allí aportará el justificante del resultado del acto de conciliación (Acta de Conciliación), o la copia de la reclamación previa en su caso.

Puede efectuarla el trabajador solo, o asesorado o representado por un abogado, procurador, graduado social o sindicato en su caso. Con caracter general, el Juzgado competente será aquel correspondiente al lugar de la prestación de los servicios o el del domicilio del demandado (a elección del demandante)  STS 01/10/2013 (R. 31/2012 - TS, Sala de lo Social, de 01/10/2013, Rec. 31/2012 -)

Forma y contenido de la demanda en el proceso laboral ordinario

Admisión de la demanda en el proceso ordinario laboral

Señalamiento de actos de conciliación y juicio en el proceso ordinario

Idioma de presentación de la demanda

Como norma general el idioma de presentación de la demanda, será el castellano, lengua oficial del Estado, pero teniendo en cuenta la oficialidad de las lenguas de algunas CC.AA, las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión.

Dado que la LJS, ni su predecesora la LPL, exigen expresamente que el escrito deba ser presentado en castellano o en la lengua oficial de la CC.AA donde se realicen las actuaciones judiciales, parece obvio que ha de ser admitido cualquier escrito presentado en cualquier lengua oficial (apdo. 3, Art. 231 ,LOPJ y Art. 142 ,Ley de Enjuiciamiento Civil) (1)

A modo de resumen ha de especificarse que, en el momento de presentación de la demanda, la misma ha de estar redactada en castellano, o en su caso en le idioma oficial de la CC. AA en el que se vaya a presentar la demanda y realizar las actuaciones judiciales. Por lo que toda demanda presentada en cualquier otro idioma no cumplirá los requisitos necesarios para su presentación por lo que deberá subsanarse para ser presentada en castellano o en la lengua vernácula apropiada, bajo posible archivo si no se realizase la misma (Art. 243 ,LOPJ)

Designación del órgano jurisdiccional en la demanda laboral

En la formulación del escrito de la demanda aparece como uno de los requisitos de obligado cumplimiento la “designación del órgano ante quien se presente” (apdo. 1, Art. 80 ,LJS).

El proceso laboral ordinario suele canalizarse a través de los Juzgados de lo Social (JS), sin menoscabo de determinadas materias en las que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) o los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) están designados como órganos de instancia. (2)

El Art. 10 ,LJS establece, con carácter general, como juzgado competente el DEL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O EL DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, A ELECCIÓN DEL DEMANDANTE.

Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador podrá elegir entre aquél de ellos en que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado.

En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de los demandados.

En las demandas contra las Administraciones públicas empleadoras será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste; salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado competente el del domicilio de la Administración pública demandada.

En los procesos que se indican en los párrafos siguientes será en cada caso juzgado competente:

  • a) En los que versen sobre materias de prestaciones de Seguridad Social o materia de intermediación laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación autorizadas y otras entidades colaboradoras de aquéllos y entre estas últimas entidades y el servicio público de empleo correspondiente (letras o) y p) Art. 2 ,LJS), aquél en cuya circunscripción se haya producido la resolución originaria, expresa o presunta, o la actuación impugnada en el proceso, o, a elección del demandante, el juzgado de su domicilio, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección se entenderá limitada a los juzgados comprendidos dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
  • b) En los que versen sobre materias referidas a sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social o asociados y las mutualidades (letras q) y r) Art. 2 ,LJS), el del domicilio del demandado o el del demandante, a elección de éste. En los procesos entre Mutualidades de Previsión, regirá en todo caso el fuero de la demandada.
  • c) En los de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, conocerá el juzgado que dictó la sentencia de despido.
  • d) En los que versen sobre materias referidas a constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación o constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales (letras j) y l) Art. 2 ,LJS), el de la sede del sindicato o de la asociación empresarial.
  • e) En los que versen sobre la materia referida a régimen jurídico específico de los sindicatos o responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del Derecho (letras k) y m) Art. 2 ,LJS), el del lugar en que se produzcan los efectos del acto o actos que dieron lugar al proceso.
  • f) En los que versen sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas (letra f) Art. 2 ,LJS), el del lugar donde se produjo o, en su caso, al que se extiendan los efectos de la lesión, o las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela.
  • g) En los procesos electorales (letra i) Art. 2 ,LJS), el del lugar en cuya circunscripción esté situada la empresa o centro de trabajo; si los centros están situados en municipios distintos, en que ejerzan jurisdicción juzgados diferentes, con unidad de comité de empresa o de órgano de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, el del lugar en que inicialmente hubiera de constituirse o se hubiera constituido la mesa electoral. Cuando se trate de impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro de las actas electorales o las relativas a expedición de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales, la competencia corresponderá al Juzgado de lo Social en cuya circunscripción se encuentre la oficina pública correspondiente.
  • h) En los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos de aquéllos y en los de conflictos colectivos (letras h) y g) Art. 2 ,LJS), el de la circunscripción a que se refiera el ámbito de aplicación del convenio o laudo impugnado, o en que se produzcan los efectos del conflicto, respectivamente. En las acciones de impugnación y recursos judiciales de impugnación de los restantes tipos de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, el de la circunscripción del juzgado al que le hubiera correspondido, en su caso, el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.

En los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas no comprendidos en los apartados anteriores y atribuidos a los Juzgados de lo Social, la competencia territorial de los mismos se determinará conforme a las siguientes reglas:

  • a) Con carácter general, será competente el juzgado en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto originario impugnado.
  • b) En la impugnación de actos que tengan un destinatario individual, a elección del demandante, podrá interponerse la demanda ante el juzgado del domicilio de éste, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección se entenderá condicionada a que el juzgado del domicilio esté comprendido dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. Si el acto afectase a una pluralidad de destinatarios se aplicará la regla general.

Designación de los demandados y otros interesado en el escrito de demanda

Son partes propiamente dichas aquellas personas físicas o jurídicas o entidades asimiladas legalmente a efectos procedimentales a la que a afecta directa e inmediatamente la parte dispositiva de una sentencia, y son simplemente interesadas aquellas personas que pueden tener interés respecto al sentido que se de a una controversia aunque queden inmediatamente afectados por ella. La ley de jurisdicción Social distingue entre demandados e interesados. Con relación a los interesados que pueden comparecer en el juicio la ley distingue supuestos en que no es preciso convocarlos expresamente, así los Art. 23,Art. 140,Art. 153,Art. 175 ,LJSy otros en que necesariamente han de ser citados a juicio Art. 23,Art. 162,Art. 165,Art. 171,Art. 175 ,LJS.

A la hora de designar como demandados o parte interesada ha de tenerse en cuenta:

  • No pueden ser demandados nombres comerciales, marcas o rótulos de establecimientos (STSJ Cataluña 06/11/2003).
  • La demanda dirigidas contra un grupo carente de personalidad jurídica, habrá de hacerse constar el nombre y apellidos de quienes aparezcan como administradores, organizadores, directores, gestores, socios o partícipes, y sus domicilios, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la masa patrimonial, entidad o grupo y de sus gestores e integrantes (apdo. 1, letra b) Art. 80 ,LJS). (Sentencia TSJ Andalucia (Sevilla), Sala de lo Social, nº 719/2013, de 27/02/2013, Rec. 2461/2011) (3)
  • Las comunidad de bienes -igual que las uniones temporales de empresas- carecen de personalidad jurídica por lo que atendiendo a la letra b) del apdo. 1, Art. 80 ,LJS "habrá de hacerse constar el nombre y apellido de quienes aparezcan como organizadores, directores o gestores de aquél y sus domicilios" (Sentencia TSJ Asturias, Sala de lo Social, nº 2949/2001, de 14/12/2001, Rec. 1596/2001).
  • En reclamaciones pendientes contra personas fallecidas las reclamaciones han de dirigirse contra la herencia yacente que es un patrimonio temporal sin titular o contra los herederos del fallecido.
  • Las demandas contra grupos de sociedades, las mismas deben de ser presentadas contra todas las empresas que componen el grupo. Como señala STS 26/01/1998, (R. 2365/1997), el grupo de empresas, a efectos laborales, ha sido una creación jurisprudencial en una doctrina que no siempre siguió una línea uniforme, pero que hoy se encuentra sintetizada en la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Así, ya se afirmó que "(...) no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores; sino que es necesario, además, la presencia de elementos adicionales, tales como prestación laboral al grupo de forma indiferenciada, la actuación unitaria del grupo o conjunto de empresas agrupadas bajo unos mismos dictados y coordenadas con confusión patrimonial y en general cuando concurre en su actuación una utilización abusiva de la personalidad jurídica independiente de cada una de las empresas en perjuicio de los trabajadores" (STS 30/01/1990). Así, la dirección unitaria de varias entidades empresariales no es suficiente para extender a todas ellas la responsabilidad, y como señala la mencionada STS de 26/01/1998 : "Ese dato será determinante de la existencia del grupo empresarial, no de la responsabilidad común por obligaciones de una de ellas". Y se admite la independencia y no comunicación de responsabilidad entre las sociedades integradas en un grupo; considerando que los vínculos accionariales, funcionales o de gestión no alteran, por sí mismos, la consideración como entidades autónomas y separadas, dotadas cada una de ellas de su propia personalidad, de las sociedades que se hayan constituido debidamente como tales (STS 28-3-1983). (4)

(1)  Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el Secretario por medio de decreto podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción (apdo. 1, Art. 143 ,LECivil).
Dicha traducción podrá ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Secretario judicial ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado (apdo. 2, Art. 144 ,LECivil).

(2) En las demandas de instancia en los juicios de revisión el Tribunal Supremo (TS) tiene potestad para actuar como órgano receptor de las demandas

(3) La Sentencia TSJ Cataluña, Sala de lo Social, nº 8879/2004, de 13/12/2004, Rec. 6301/2004, indica que: “el acceso al proceso y la impugnación del despido por parte de la actora no pueden quedar sin efecto por la dificultad en determinar la persona que ostenta la cualidad de empresario, ni debe pesar sobre la trabajadora el oneroso deber de indagar las relaciones negociales internas de la empresa supuestamente sucesora de la explotación del bar..”

(4) Para extender la responsabilidad solidaria a todas las empresas que integran el grupo hace falta un "plus", un elemento adicional, que la jurisprudencia ha residenciado en la presencia de alguno de los siguientes elementos:
1º. Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo.
2° -Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, a favor de varias de las empresas del grupo.
3°.-Creación de empresas aparentes sin sustento real, determinantes de una exclusión de responsabilidades laborales.
4°.-Confusión de plantillas, confusión de patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección.

 

 

 

 

 

 

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