Regulación del procedimiento de oficio en la jurisdicción social

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 23/05/2016

En el ámbito laboral los procesos podrán iniciarse de oficio como consecuencia de los actos establecidos en el Art. 148 ,LJS.

 

Procedimiento de oficio.

La especialidad fundamental del procedimiento de oficio es la forma de iniciación, en este sentido dispone el Art. 148 ,LJS que el proceso podrá iniciarse de oficio como consecuencia:

  1. De las certificaciones de las resoluciones firmes que dicte la autoridad laboral derivadas de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las que se aprecien perjuicios económicos para los trabajadores afectados. Los procedimientos de oficio así iniciados no impedirán la ejecución de las resoluciones administrativas sancionadoras que hayan adquirido firmeza. Se entiende que la autoridad laboral competente en estos casos es la Dirección General que corresponda por razón de la materia, los servicios periféricos en el ámbito de la Administración General del Estado o el correspondiente órgano autonómico en aquellas CCAA con competencias transferidas en la materia.
  2. De los acuerdos de la autoridad laboral competente, cuando ésta apreciara fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos de suspensión, reducción de la jornada o extinción a que se refieren el artículo 47 y el apartado 6 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los remitiera a la autoridad judicial a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará la autoridad laboral cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que la decisión extintiva de la empresa pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.
  3. De las actas de infracción o comunicaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acerca de la constatación de una discriminación por razón de sexo y en las que se recojan las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, a los efectos de la determinación de la indemnización correspondiente. Igualmente se iniciará el procedimiento como consecuencia de las correspondientes comunicaciones y a los mismos efectos en los supuestos de discriminación por razón de origen racial o étnico, religión y convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual u otros legalmente previstos.
  4. De las comunicaciones de la autoridad laboral cuando cualquier acta de infracción o de liquidación levantada por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, relativa a las materias de Seguridad Social excluidas del conocimiento del orden social en la letra f) del artículo 3, haya sido impugnada por el sujeto responsable con base en alegaciones y pruebas que, a juicio de la autoridad laboral, puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la actuación inspectora.

A efectos de este último apartado, dispone la letra f) del Art. 3 ,LJS que las materias excluidas del conocimiento del orden social serán entre otras las siguientes: “De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del Art. 2 ,LJS”.

Especialidades procesales del procedimiento de oficio

  • Estos procesos se exceptúan de la conciliación previa (apdo. 1, Art. 64 ,LJS)
  • La demanda de oficio tiene los mismos requisitos que la demanda en los procesos ordinarios (Art. 80 ,LJS), además debe incorporar el acuerdo de suspensión, reducción de jornada o extinción impugnado y la causa invocada, junto con la identificación de las partes que intervinieron en el mismo, precisando la concreta pretensión declarativa o de condena que se pide del órgano jurisdiccional, con expresión, de proceder, de los perjuicios estimados o de las bases para la determinación de la indemnización correspondiente, así como de los datos identificativos de los trabajadores afectados y sus domicilios.
  • Cuando las demandas afecten a más de diez trabajadores, el secretario judicial les requerirá para que, de acuerdo con lo previsto en el apdo. 2, Art. 19 ,LJS, designen representante que deberá ser abogado, procurador, graduado social colegiado, uno de los propios demandantes o un sindicato.
  • Si la demanda presenta defectos u omisiones, el secretario judicial dará a la autoridad laboral un plazo de subsanación de diez días. Si es subsanada será admitida, en caso contrario se dará cuenta al tribunal para que resuelva sobre la admisión de la demanda.
  • Los trabajadores perjudicados será emplazados, y una vez que comparezcan tendrán la consideración de parte, no así la autoridad laboral, que actúa sólo como impulsora del procedimiento. Pero no pueden desistir ni solicitar la suspensión del proceso, que en todo caso, se sigue de oficio incluso sin su asistencia.
  • La conciliación tan sólo podrá autorizarse por el secretario judicial o en su caso por el juez o tribunal, cuando fuera cumplidamente satisfecha la totalidad de los perjuicios causados por la infracción.
  • Los pactos entre trabajadores y empresarios posteriores al acta de infracción tan sólo tendrán eficacia en el supuesto de que hayan sido celebrados en presencia del inspector de trabajo que levantó el acta o de la autoridad laboral.
  • Las afirmaciones de hechos que se contengan en la resolución o comunicación base del proceso harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada.
  • Las sentencias que se dicten en estos procesos habrán de ejecutarse siempre de oficio.
  • En su caso, una vez comunicada la sentencia firme, se continuará la tramitación del expediente administrativo sancionador o liquidador, dictándose la correspondiente resolución, que respetará el pronunciamiento del orden jurisdiccional social sobre el fondo del asunto, si bien en los procedimientos de oficio iniciados mediante certificaciones de las resoluciones firmes derivadas de actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en que se aprecien perjuicios económicos para los trabajadores afectados, no impiden la ejecución de las resoluciones administrativas sancionadoras que hayan adquirido firmeza (apdo. 1, Art. 6 ,Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo).

Este régimen común de especialidades se particulariza, en los términos que señala el Art. 148 ,LJS apartado d), párrafo segundo, en los procesos de oficio iniciados por comunicación de la autoridad laboral derivada de acta de infracción o de liquidación en materias de Seguridad Social excluidas del conocimiento del orden social:

  • A la demanda de oficio ha de acompañarse copia del expediente administrativo.
  • La admisión de la demanda produce la suspensión del expediente administrativo.
  • A este proceso de oficio le serán aplicables las reglas de las letras a) y d) del apartado 2 del Art. 150 ,LJS.
  • “Cuando se entienda que las alegaciones o actuación del sujeto responsable pretenden la dilación de la actuación administrativa, el órgano judicial impondrá la multa que señalan los apartados 4 del Art. 75 ,LJS y 3 del Art. 97 ,LJS, así como cuando tal conducta la efectuara el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, dentro de los límites establecidos para la instancia, suplicación y casación”.
  • La sentencia firme se comunicará a la autoridad laboral y vinculará en los extremos en ella resueltos a la autoridad laboral y a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa ante los que se impugne el acta de infracción o de liquidación.

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Reducción de jornada laboral
Perjuicio económico
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Actuación administrativa
Jurisdicción contencioso-administrativa