Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 05/11/2019

Las relaciones electrónicas entre las Administraciónes Públicas encuentran su regulación en los Art. 155-158 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, preceptos que desarrollan las siguientes cuestiones:

  • Transmisiones de datos entre Administraciónes Públicas.

  • Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.

  • Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.

  • Transferencia de tecnología entre Administraciones.

NOVEDADES: Publicado el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,  por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. Se modifica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, añadiendo un artículo 46 bis y modificando el artículo 155, con entrada en vigor el 06/11/2019.

Tal y como indica el propio Preámbulo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el texto se establece (...) la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, previsión que se desarrolla posteriormente en el título referente a la cooperación interadministrativa mediante una regulación específica de las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.

Así, las relaciones electrónicas entre las Administraciones encuentran su regulación en el Capítulo IV del Título III de la norma (Art. 155-158 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre), y hace hincapié en los siguientes aspectos de relevancia:

Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas

El Art. 155 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre aborda la cuestión del siguiente modo tras la modificación realizada por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de diciembre:

"1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.

2. En ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679, no se considerará incompatible con los fines iniciales el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

3. Fuera del caso previsto en el apartado anterior y siempre que las leyes especiales aplicables a los respectivos tratamientos no prohíban expresamente el tratamiento ulterior de los datos para una finalidad distinta, cuando la Administración Pública cesionaria de los datos pretenda el tratamiento ulterior de los mismos para una finalidad que estime compatible con el fin inicial, deberá comunicarlo previamente a la Administración Pública cedente a los efectos de que esta pueda comprobar dicha compatibilidad. La Administración Pública cedente podrá, en el plazo de diez días oponerse motivadamente. Cuando la Administración cedente sea la Administración General del Estado podrá en este supuesto, excepcionalmente y de forma motivada, suspender la transmisión de datos por razones de seguridad nacional de forma cautelar por el tiempo estrictamente indispensable para su preservación. En tanto que la Administración Pública cedente no comunique su decisión a la cesionaria esta no podrá emplear los datos para la nueva finalidad pretendida.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos en que el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales esté previsto en una norma con rango de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 del Reglamento (UE) 2016/679".

Se debe tener en cuenta respecto de esta modificación lo previsto en la DT 2ª del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de diciembre.

Interoperabilidad y Seguridad

Se establece el esquema nacional para cada una de estas figuras en el Art. 156 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre:

  • El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

  • El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración

El Art. 157 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre se refiere a la cuestión de la reutilización de sistemas y de las aplicaciones de propiedad de la Administración de la siguiente manera :

  • Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas.

  • Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.

  • Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.

    En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de Administraciones.

    En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al Art. 7 ,Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril

Transferencia de tecnología entre Administraciones

Según el Art. 158 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre:

  • Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión.

  • La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

 

(1) Actualmente, si bien la LO 15/1999 ha sido derogada por la LO 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, dicha norma no ha modificado específicamente la literalidad de la Ley 40/2015 por lo que, si bien se sigue haciendo mención a la norma derogada, se deberá estar a lo expuesto en la nueva normativa de protección de datos.

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Datos personales
Protección de datos
Persona física
Tratamiento de datos personales
Interés publico
Derecho de propiedad intelectual

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Dic (Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -LOPDGDD-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 294 Fecha de Publicación: 06/12/2018 Fecha de entrada en vigor: 07/12/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abr (Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 103 Fecha de Publicación: 30/04/2012 Fecha de entrada en vigor: 01/05/2012 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RD-Ley 14/2019 de 31 de Oct (Medidas urgentes en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 266 Fecha de Publicación: 05/11/2019 Fecha de entrada en vigor: 06/11/2019 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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