Repatriación y residencia de menores extranjeros no acompañados

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 20/10/2021

Según el artículo 192 del RLOEX, la repatriación solo se acordará si estos informes consideran que es lo más beneficioso para el menor. 

Tramitación del proceso de repatriación del menor de edad extranjero

La institución competente para realizar la tramitación, incoación, resolución e iniciar las actuaciones informativas previas del proceso de repatriación del menor de edad extranjero es la delegación y Subdelegación del Gobierno en cuyo territorio se halle el domicilio del menor.

Para ello, la Delegación, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, solicitará un informe a la representación diplomática del país de origen sobre las circunstancias familiares de este, y toda la información sobre el menor de la cual disponga la entidad que tenga atribuida su tutela legal, custodia, protección provisional o guardia.

Según el artículo 192 del RLOEX, la repatriación solo se acordará si estos informes consideran que es lo más beneficioso para el menor. 

La regulación de los trámites establecidos para el procedimiento aparece en los dos artículos sucesivos, el 193 y 194. Se da inicio al procedimiento abriendo un periodo de diez días hábiles para que el menor extranjero, la entidad que ostenta su tutela, o en su caso, el ministerio fiscal, puedan formular cuantas alegaciones de hecho o de derecho consideren oportunas, así como proponer las pruebas pertinentes sobre los hechos alegados. 

Según la edad del menor cabe decir que:

  • Si el menor ha alcanzado los 16 años podrá intervenir en esta fase por sí mismo o a través del representante que designe. 
  • En caso de ser menor de esta edad será representado por la entidad que ostente su tutela legal, custodia, protección provisional o guarda. 
  • Cuando sea menor de 16 años, tenga juicio suficiente (que se entenderá que lo tiene si supera los 12 años, sin perjuicio de se aprecie dicho grado de madurez en una edad inferior) y manifieste una voluntad contraria a quien ostenta su tutela o representación legal, se suspenderá el procedimiento hasta que se nombre un defensor judicial.

Tras las alegaciones realizadas, si estas tuvieran relevancia decisiva para el acuerdo de repatriación, se procederá a la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a 10 para practicar las pruebas necesarias. 

El paso siguiente del proceso es el trámite de audiencia (artículo 194) donde serán convocados el Ministerio Fiscal, el menor, el tutor de este, y en su caso, el defensor judicial. Tras esto se producirá la resolución sobre la repatriación que, si se efectuase, se llevaría a cabo mediante reagrupación familiar o bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores del país de origen. Por último, hay que destacar que, si el menor se encuentra incurso en un proceso judicial, y este hecho está acreditado en el expediente administrativo de repatriación, la ejecución de la misma estará condicionada a la autorización judicial. 

RESOLUCIONES RELEVANTES

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid n.º 1531/2009, de 16 de julio, ECLI:ES:TS:2018:2768

En esta sentencia nos encontramos con un recurso de apelación ante la resolución que declaraba la repatriación de un menor marroquí. El menor alega la total ausencia de procedimiento para proceder a la repatriación, ya que la sentencia donde lo decide, carecía de la declaración del propio menor, y de informe de los servicios de protección de menores, requisitos esenciales que en ese momento estaban tipificados en el artículo 92 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social aprobado por Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre (ahora mismo derogado, pero manteniendo ambos requisitos en el artículo 193 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril). En el presente caso se obviaron ambos trámites ya que no consta informe de los servicios de protección de menores, y si bien consta una audiencia al menor en el folio 9 del expediente administrativo, esta audiencia no se practicó en el seno del expediente de repatriación ante la Administración General, sino que se realizó ante funcionarios de la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, en dicha audiencia se precisa que el menor este asistido por la persona que ejerza la guarda o tutela, y en el caso de que exista conflicto de intereses habrá que proceder a nombrar un defensor judicial, como expresa el artículo 299 del Código Civil, y es evidente que en este caso existe ya que la persona jurídica tutelante es la que propone la repatriación del menor, aun teniendo en cuenta que el propio menor mostro su deseo de permanecer en España. El menor pretende también la recuperación de la tarjeta de residencia temporal que le concedió la Delegación de Gobierno en Madrid, que el tribunal no le concede debido a que lo considera un exceso en la solicitud de tutela jurídica, ya que esta pretensión no es objeto del proceso ni consecuencia directa de la nulidad de la resolución recurrida. Así el tribunal declara la nulidad de la sentencia recurrida y declara que la situación del menor es legal hasta el momento de ejecución de esta sentencia pudiendo renovar el permiso de residencia temporal.

Sentencia del TJUE, C-441/19, de 14 de enero de 2021, ECLI:EU:C:2021:9

En aplicación de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, el TJUE declara que cuando un Estado miembro pretenda dictar una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado con arreglo a la Directiva sobre el retorno, debe tener necesariamente en cuenta el interés superior del niño 2 en todas las fases del procedimiento, lo que implica hacer una apreciación general y exhaustiva de la situación de este menor. Según el Tribunal de Justicia, el hecho de que el Estado miembro de que se trate adopte una decisión de retorno sin haberse asegurado previamente de la existencia de una acogida adecuada en el Estado de retorno tendría como consecuencia que, a pesar de haber sido objeto de una decisión de retorno, ese menor no podría ser expulsado si no existe dicha acogida. El menor de edad se encontraría así en una situación de gran incertidumbre en cuanto a su estatuto jurídico y a su futuro, en particular en cuanto a su escolarización, a su relación con una familia de acogida o a la posibilidad de permanecer en el Estado miembro de que se trate, lo que sería contrario a la exigencia de proteger el interés superior del niño en todas las fases del procedimiento. De ello se deduce que, si no se encuentra disponible una acogida adecuada en el Estado de retorno, el menor de que se trate no puede ser objeto de una decisión de retorno.

El Tribunal de Justicia precisa, en este contexto, que la edad del menor no acompañado solo constituye un factor entre otros para comprobar la existencia de una acogida adecuada en el Estado de retorno y determinar si el interés superior del niño debe llevar a que no se adopte una decisión de retorno contra ese menor.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia indica que un Estado miembro no puede distinguir entre los menores no acompañados únicamente en función del criterio de su edad para comprobar la existencia de esa acogida.

 

Residencia del menor extranjero no acompañado

La residencia del menor extranjero no acompañado que se concede tras no realizarse la repatriación aparece tipificada en el artículo 35, apartado 7, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y en el artículo 196 del RLOEX.

A TENER EN CUENTA. El artículo 196 del RLOEX se ha visto modificado por la publicación en el BOE del 20/10/2021 del Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, con entrada en vigor el 09/11/2021. La siguiente redacción se encuentra actualizada a esta modificación.

Una vez haya quedado acreditada la imposibilidad de repatriación del menor y, en todo caso, transcurridos 90 días desde que el menor haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores, la Oficina de Extranjería en la provincia en la que esté fijado el domicilio del menor iniciará, de oficio, por orden superior o a instancia de parte, el procedimiento relativo a la autorización de residencia a la que se refiere el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

A TENER EN CUENTA. Antes de la reforma introducida por el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, el plazo para realizar el trámite anterior era de 9 meses —desde el 09/11/2021 pasa a ser de 90 días— desde que el menor fuese puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores.

En caso de inicio de oficio o por orden superior, la Oficina de Extranjería comunicará al menor el acuerdo de inicio del procedimiento a través del servicio de protección de menores bajo cuya tutela, custodia, protección provisional o guarda se encuentre, interesando la aportación de la siguiente documentación, que igualmente será la que deberá ser aportada junto a la solicitud en los casos de inicio a instancia de parte:

a) Copia completa del pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, del menor. En su defecto, este documento podrá ser sustituido por cédula de inscripción del menor, obtenida de acuerdo a lo previsto en el artículo 211.5 del RLOEX.

b) Documento acreditativo de que la persona física que interviene en el procedimiento tiene competencia para ello en representación del servicio de protección de menores.

c) Documento acreditativo de la relación de tutela, custodia, protección provisional o guarda entre el menor y el servicio de protección de menores.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno resolverá sobre el procedimiento y notificará la resolución al menor en el plazo máximo de 1 mes. La resolución será comunicada al ministerio fiscal en el plazo de 10 días desde que se dicte.

El representante del menor deberá solicitar personalmente, en el plazo de 1 mes desde la fecha de notificación de la resolución, y ante la Oficina de Extranjería o Comisaría correspondiente, la Tarjeta de Identidad de Extranjero que indicará expresamente «habilita para trabajar de conformidad con el 36.1 y el 41.1 de la Ley Orgánica 4/2000».

De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 apartado 8 de la LOEX, la concesión de esta autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación del menor cuando esta favorezca al interés del mismo. En caso de repatriación (que se acuerde y que se ejecute) la autorización se extinguirá. 

¿Qué efectos tiene la autorización de residencia para un menor extranjero no acompañado? La autorización de residencia que habilita para trabajar a partir de los 16 años para aquellas actividades que, a propuesta de la entidad de protección de menores, favorezcan su integración social, tendrá una vigencia de 2 años, retrotrayéndose su eficacia a la fecha de la puesta a disposición del menor del servicio de protección de menores.

La habilitación para trabajar que conlleva de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1.j) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no tendrá en cuenta, en caso de actividades por cuenta ajena, la situación nacional de empleo de conformidad con lo previsto en el artículo 40.1.i) de la misma ley orgánica. Esta habilitación para trabajar tendrá la misma duración que la autorización de residencia.

Sobre esta previsión, la exposición de motivos del Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, señala lo siguiente:

«(...) se ajusta la redacción de este artículo 196 a lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, respecto al ejercicio de una actividad laboral. De acuerdo con el artículo 41.1.j) de esta norma, no será necesaria la obtención de una autorización de trabajo para el ejercicio de actividades por parte de los menores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de protección de menores para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social. El apartado segundo de este artículo se remite a un desarrollo reglamentario para acreditar la excepción. Esta reforma, con el fin de evitar trámites innecesarios, aclara mediante el ajuste del artículo 118.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 que, en estos casos, la excepción se entenderá existente sin necesidad de un posterior reconocimiento.

Junto a ello, de acuerdo con el artículo 40.1.i) de la citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no es de aplicación la situación nacional de empleo».

Renovación de la autorización de residencia que habilita a trabajar a los menores extranjeros no acompañados 

El procedimiento sobre la renovación de esta autorización será iniciado de oficio por la Oficina de Extranjería competente durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de su vigencia. Ello sin perjuicio de que este procedimiento pueda iniciarse a instancia de parte en el mismo plazo. En ambos casos, el inicio del procedimiento de renovación prorrogará la validez de la autorización anterior hasta su resolución. También se producirá esta prórroga en el supuesto en que la renovación se tramite dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha en que hubiere finalizado la vigencia de la anterior autorización.

La renovación de la autorización tendrá lugar cuando subsistan las circunstancias que motivaron su concesión inicial.

La vigencia de la autorización renovada será de 3 años —antes de la reforma introducida por el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, el plazo de vigencia de la autorización renovada era de 1 año— salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración.

A TENER EN CUENTA. La disposición transitoria única del Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, señala respecto de las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de sus modificaciones (09/11/2021), esto es, las solicitudes de autorización de los artículos 196-198 del RLOEX, que se encuentren pendientes o en curso en ese momento serán tramitadas y se resolverán conforme a lo previsto en dicho real decreto.

Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado

Cuando un menor de edad extranjero alcanza la mayoría de edad, pueden darse dos situaciones diferentes:

  • Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que es titular de una autorización de residencia. 
  • Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que no es titular de una autorización de residencia. 

A TENER EN CUENTA. Los artículos 197 y 198 del RLOEX se han visto modificados por la publicación en el BOE del 20/10/2021 del Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, con entrada en vigor el 09/11/2021. La siguiente redacción se encuentra actualizada a esta modificación.

Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que es titular de una autorización de residencia (Art. 197RLOEX)

El acceso a la mayoría de edad del menor no acompañado que es titular de una autorización de residencia aparece plasmado en el artículo 197 del RLOEX.

Una vez alcancen la mayoría de edad los menores sobre los que un servicio de protección de menores haya ejercido la tutela, custodia, protección provisional o guarda, siendo titulares de una autorización de residencia concedida conforme a lo previsto en el artículo 196 del RLOEX, podrán solicitar de en la Oficina de Extranjería donde haya fijado su residencia la renovación de la misma en modelo oficial, durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de su vigencia.

La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento de renovación.

También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.

¿Qué condiciones se deben acreditar para la renovación de la autorización de residencia de un menor no acompañado que cumpla la mayoría de edad?

Estas condiciones vienen previstas en el apartado 2 del artículo 197 del RLOEX:

a) Que el solicitante cuenta con medios económicos suficientes para su sostenimiento. La suficiencia de estos medios se entenderá cumplida cuando se acrediten unos ingresos y rentas mensuales que superen la cuantía mensual individual de la renta garantizada prevista en el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, o bien, que se acredite que su sostenimiento queda asegurado dentro de un programa desarrollado por una institución pública o privada.

A estos efectos serán computables los ingresos provenientes de un empleo, del sistema social, así como otras cuantías que pueda percibir.

b) De conformidad con el artículo 31.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se habrá de valorar la existencia de antecedentes penales, considerando la concesión de indultos o la suspensión de la pena privativa de libertad y, en el caso de penas privativas de derechos o de multa, el cumplimiento de las mismas. A tal efecto, la Administración comprobará de oficio los antecedentes registrados en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia.

c) Igualmente, deberán considerarse los informes que, en su caso y a estos efectos puedan presentar las entidades públicas competentes en materia de protección de menores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, así como los emitidos por otras entidades o instituciones privadas relativos al cumplimiento satisfactorio de los objetivos educativos o de inclusión sociolaboral del programa, haya éste finalizado o esté en curso.

Como señala la exposición de motivos del Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, respecto a la modificación de este artículo 197:

«en relación con los menores extranjeros que ya cuentan con una autorización de residencia cuando alcanzan la mayoría de edad, el artículo 197, en su nueva redacción, configura un régimen propio que plantea una continuidad de la autorización de residencia con habilitación para trabajar de la que ya dispone el menor extranjero no acompañado y cuya vigencia pretende ser renovada siempre y cuando se acrediten las condiciones que enumera su apartado segundo. Con ello, se suprimen las referencias al régimen de residencia no lucrativa que dejará de ser de aplicación.

La situación nacional de empleo está exceptuada en este caso en base al artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, por su letra b) que se refiere a los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación. La excepción de esta letra b) aplica en este caso en la medida en que el joven extranjero ya se encuentra en territorio nacional y ya estaba habilitado para trabajar si bien solo respecto de aquellas actividades que en su momento hubieran sido objeto de específica autorización por haber sido recomendadas por la entidad de protección de menores al entender que favorecen su integración social. Lo que viene a decir ese precepto es que la valoración de la afectación al mercado de trabajo nacional solo se hace cuando el extranjero va a iniciar su residencia en España (bien porque está en territorio nacional, que son los supuestos más excepcionales, bien porque está en el extranjero, que es lo habitual). Igual razonamiento debe hacerse respecto de la autorización prevista en el artículo 198.

En quinto lugar, en cuanto a las condiciones que se plantean reglamentariamente para la renovación de esta residencia se concretan en la tenencia de medios económicos suficientes igual al 100 % del Ingreso Mínimo Vital para una persona sola, salvo que la institución de acogida (pública o privada) o el programa de tránsito a la vida adulta al que el joven esté acogido proporcionen su sustento. En el cómputo de estos ingresos se podrán tener en cuenta los que provengan de la asistencia social u otras cuantías que perciba el joven. En caso de que cuente con empleo, se tendrá en consideración a efectos de calcular el importe de estos medios económicos suficientes.

De esta forma, el Ingreso Mínimo Vital pasa a sustituir al IPREM como valor económico de referencia para la autorización de residencia de estos jóvenes. El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital ha introducido por primera vez una prestación de último recurso homogéneo y aplicable a todo el Estado, fijando las cuantías mínimas que se consideran suficientes para asegurar la manutención de una persona sola y diferentes tipos de unidades de convivencia, en función de su tamaño y composición, y capaz de evitar las situaciones de pobreza extrema.

Por este motivo se entiende más adecuado que sirva de referencia a estos efectos el Ingreso Mínimo Vital para hogares unipersonales, que como su propio nombre indica es la cantidad mínima que permite a una persona sufragar sus gastos básicos de manutención en España. Esta cuantía se actualiza todos los años tomando como referencia la cuantía fijada en los Presupuestos Generales del Estado para las pensiones no contributivas.

Junto a ello, se exige que los antecedentes penales que deben ser adecuadamente valorados de conformidad con lo que plantea la normativa de extranjería para las renovaciones.

En cualquiera de los casos, deberá atenderse a los informes positivos que, a estos efectos, puedan presentar las entidades públicas o privadas referidos a su esfuerzo de integración, la continuidad de la formación o estudios que se estuviera realizando, así como su incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero».

La vigencia de esta autorización renovada tendrá una duración de 2 años, renovables por periodos de 2 años si se mantienen los requisitos, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración, y no se condiciona su eficacia a una eventual afiliación a la Seguridad Social.

En el plazo de 1 mes desde la notificación de la resolución por la que se renueva la autorización, su titular deberá solicitar ante la Oficina de Extranjería o Comisaría la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero que indicará expresamente «habilita para trabajar».

Todo lo expuesto anteriormente, será sin perjuicio de que la autoridad competente facilite a los menores extranjeros no acompañados que alcancen la mayoría de edad información y acceso a la modalidad o programa de retorno voluntario asistido al que puedan decidir acogerse.

Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que no es titular de una autorización de residencia (Art. 198RLOEX)

En el caso contrario a lo previsto en el artículo 197 del RLOEX, es decir, que el menor extranjero no acompañado alcance la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia para trabajar, pero habiendo cumplido los requisitos para ello, podrán solicitar una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Para ello, deberán haber participado en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social, lo cual será certificado por esta, o deberá poder acreditar su integración en la sociedad española en los términos previstos en la letra c) del apartado segundo del artículo 197 («c) Igualmente, deberán considerarse los informes que, en su caso y a estos efectos puedan presentar las entidades públicas competentes en materia de protección de menores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, así como los emitidos por otras entidades o instituciones privadas relativos al cumplimiento satisfactorio de los objetivos educativos o de inclusión sociolaboral del programa, haya éste finalizado o esté en curso».).

A TENER EN CUENTA. De esta forma se garantiza a los jóvenes extranjeros de entre 18 y 23 años que puedan solicitarlas de forma transitoria. (Exposición de motivos del Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre).

La solicitud de autorización será presentada durante los 60 días naturales previos o en los 90 días naturales posteriores a la fecha en que cumpla los 18 años. El plazo se suspenderá cuando quede acreditado que no se ha presentado la solicitud por causas ajenas a la voluntad del solicitante y se reanudará una vez estas hayan cesado.

De la misma forma, el menor deberá acreditar documentalmente:

a) Que el solicitante cuenta con medios económicos suficientes para su sostenimiento. La suficiencia de estos medios se entenderá cumplida cuando se acrediten unos ingresos y rentas mensuales que superen la cuantía mensual individual de la renta garantizada prevista el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, o bien, que se acredite que su sostenimiento queda asegurado dentro de un programa desarrollado por una institución pública o privada.

A estos efectos serán computables los ingresos provenientes de un empleo, del sistema social, así como otras cuantías que pueda percibir.

b) Que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido. A tal efecto, la Administración comprobará de oficio los antecedentes registrados en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia.

La vigencia de la autorización concedida será de 2 años, renovable por periodos de 2 años si se mantienen los requisitos, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración, y no se condiciona su eficacia a una eventual afiliación a la Seguridad Social.

En el plazo de 1 mes desde la notificación de la resolución por la que se concede la autorización, su titular deberá solicitar ante la Oficina de Extranjería o Comisaría correspondiente la Tarjeta de Identidad de Extranjero que indicará expresamente «habilita para trabajar por cuenta ajena y propia».

Todo lo expuesto anteriormente, será sin perjuicio de que la autoridad competente facilite a los menores extranjeros no acompañados que alcancen la mayoría de edad información y acceso a la modalidad o programa de retorno voluntario asistido al que puedan decidir acogerse.

A TENER EN CUENTA. La disposición transitoria única del Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, establece, respecto de las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de sus modificaciones (09/11/2021), y en concreto sobre la regulada en este artículo 198, que dicha «autorización podrá ser solicitada por aquellos jóvenes extranjeros que tengan entre 18 y 23 años en el momento en que entre en vigor este real decreto y que cuando eran menores estaban bajo un servicio de protección de menores que ostentaba la tutela, custodia, protección provisional o guarda, alcanzaron la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia prevista en el artículo 196 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y no pudieron acreditar, en el momento en el que cumplieron dieciocho años, los requisitos exigidos para la concesión de una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales. En estos casos, la certificación prevista en el artículo 198 será sustituida por la acreditación de que estuvo a disposición de un servicio de protección de menores.

También podrán solicitar esta autorización aquellos jóvenes extranjeros que tengan entre 18 y 23 años en el momento en que entre en vigor este real decreto y que, pese a acceder a la mayoría de edad siendo titular de una autorización de residencia de menor extranjero no acompañado, ésta no ha podido ser renovada de conformidad con el procedimiento que preveía el artículo 197 antes de la modificación operada por este real decreto.

Finalmente, aquellos jóvenes extranjeros de entre 18 y 23 años que han visto renovada su autorización de residencia de menor extranjero no acompañado de conformidad con el procedimiento que preveía el artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, antes de la modificación operada por este real decreto podrán solicitar en cualquier momento la autorización prevista en el artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en su redacción actual».

RESOLUCIÓN RELEVANTE

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1155/2018, de 9 de julio de 2018, ECLI:ES:TS:2018:2768

En esta sentencia se trata de determinar si el menor no acompañado, que hasta su mayoría de edad ha estado bajo tutela de la Administración disponiendo de autorización de residencia temporal hasta alcanzar la mayoría de edad, y que alcanza ésta, y solicita autorización de residencia temporal, puede serle denegada teniendo solo en cuenta la aplicación del art 197.2.a) del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril por la que debe acreditar medios económicos para su sostenimiento por una cuantía que represente mensualmente el 100% del IPREM. En ella se entra al debate sobre si los requisitos de este artículo son acumulativos o no, a tal efecto se observa que la exigencia de contar con medios económicos es una constante en la legislación de extranjería como se observa en el artículo 18.2 y 31 de la Ley Orgánica 4/2000, y los artículos 9, 46, 47, 51.2.b), 54, 66, 69 y 71 del citado reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011. Basándose en eso el Tribunal Supremo mantiene la postura de denegación al considerarlo como un requisito imprescindible y acumulativo para la concesión del permiso de residencia y trabajo temporal por cuenta ajena.

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Protección de menores
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Mayor de dieciocho años
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Menor de edad
Menor no acompañado
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Residencia temporal
Mínimo vital
Días hábiles
Medios económicos suficientes
Autorización judicial
Representación legal
Tutor
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Menor de dieciséis años
Período de prueba
Reagrupación familiar
NIE (Número de Identidad de Extranjero)
Nulidad de las resoluciones
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Nacionales de terceros países
Funcionarios públicos
Conflicto de intereses
Renovación de la autorización de residencia
Residencia de larga duración
Familia de acogida
Tarjeta de residencia
Extranjeros menores de edad
Representante legal del menor
Pasaporte
Fecha de notificación
Antecedentes penales

LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 10 Fecha de Publicación: 12/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 01/02/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 557/2011 de 20 de Abr (Reglamento de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 103 Fecha de Publicación: 30/04/2011 Fecha de entrada en vigor: 30/06/2011 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

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