Residencia temporal en España por arraigo, protección internacional, razones humanitarias y otras circunstancias excepcionales

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/08/2019

Dispone el artículo 123 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril que:

"De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en atención a las circunstancias excepcionales que concurran, se podrá conceder una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España en los supuestos de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas o razones de seguridad nacional o interés público, previstos en los artículos siguientes".

La primera circunstancia excepcional a tratar en este bloque es el arraigo.

Se regula en el artículo 124 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Se concederá la autorización de residencia temporal por arraigo a los extranjeros que se encuentren en España en situación irregular que cumplan una serie de condiciones. Según estas condiciones, el arraigo podrá ser laboral, social o familiar.

Excepcionalmente, se podrá aplicar la situación nacional de empleo a las solicitudes de autorización de residencia temporal por arraigo social, por Orden del titular del titular del Ministerio de la Presidencia a propuesta de los Ministerios de Interior y de Trabajo e Inmigración, previo informe de la Comisión Laboral Tripartita de inmigración.

El primero de los tipos de arraigo a tratar será el laboral. Para su obtención los extranjeros deberán acreditar permanencia continuada en España por un período mínimo de 2 años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país o países en los que haya residido durante los últimos 5 años, y que demuestren que existen relaciones laborales cuya duración no sea menor que 6 meses.

Para acreditar la relación laboral, el extranjero deberá presentar una resolución judicial reconociéndola o, en su defecto, resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En cuanto al arraigo social, podrán obtener la autorización los extranjeros que acrediten una permanencia continuada en España durante por lo menos 3 años, además de cumplir los siguientes requisitos:

  1. No tener antecedentes penales en España ni en su país de origen o en el país o países en los que haya residido los últimos 5 años.
  2. Tener un contrato de trabajo firmado por trabajador y empresario en el momento de presentar la solicitud, con una duración mínima de 1 año. La contratación deberá basarse en la existencia de un solo contrato, excepto:
  • En el sector agrario, donde se podrán presentar dos contratos concatenados con distintos empleadores, con una duración mínima de 6 meses cada uno.
  • Para el desarrollo de actividades en una misma ocupación, trabajando a tiempo parcial y para más de un empleador, se podrán presentar varios contratos, con una duración mínima de 1 año cada uno. La suma debe representar una jornada semanal de 30 horas o más.
  • Tener vínculos familiares con extranjeros residentes o presentar un informe de arraigo acreditando así su integración social. El encargado de emitir este informe será la Comunidad Autónoma donde el interesado tenga su residencia habitual. Los vínculos familiares se entenderán únicamente referidos a los cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado y línea directa.
  • En los casos de arraigo social acreditado mediante informe, deberá ser emitido y notificado en el plazo 30 días desde su solicitud. En él deberá constar el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio habitual (donde deberá estar empadronado), los medios económicos de los que dispone, vínculos familiares con algún residente en España y sus esfuerzos por la integración social, entre otros factores de arraigo.

    El informe podrá ser emitido por la Corporación Local donde el extranjero tenga su domicilio habitual, cuando así lo haya previsto la Comunidad, poniéndolo en conocimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Deberá ser emitido y notificado al interesado en el plazo de 30 días desde la fecha de solicitud. Si el informe no es emitido a tiempo, lo que deberá ser acreditado por el interesado, podrá justificarse este requisito por cualquier medio admitido a prueba en Derecho.

    Se podrá eximir al extranjero de la necesidad de contar con un contrato de trabajo, siempre que acredite que cuenta con los medios económicos suficientes.

    El último tipo de arraigo es el familiar, que se concederá cuando se trate del padre o madre de un menor de nacionalidad española, si el solicitante tiene a cargo al menor y convive con él o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales con respecto a al mismo.

    También podrá concederse a los hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.

    La segunda circunstancia excepcional que analizaremos sera la de residencia temporal por razones de protección internacional.

    En la Ley 4/2000, de 11 de enero, se menciona esta situación de residencia, pero el desarrollo de la misma se lleva a cabo en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, en su artículo 125. Este artículo remite a la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

    Esta ley contiene la definición de asilo en su artículo 2: “El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967”.

    Por otro lado, en su artículo 3 establece qué personas son consideradas refugiadas, a los efectos de concederles el derecho de asilo. Será refugiada toda persona que se encuentre fuera de su país de nacionalidad por temor de ser perseguida por motivos de religión, nacionalidad, raza, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo de orientación sexual, grupo social o de género. También se considera refugiado al apátrida que se halle fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no puede regresar a él por los motivos anteriormente dispuestos, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión, de denegación o de revocación. 

    Para que el extranjero en cuestión se considere sujeto pasivo del derecho de asilo, será necesario que los actos que funden su temor de ser objeto de persecución sean:

    • Lo suficientemente graves por su naturaleza o de carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales, en especial aquellos que no puedan ser objeto de excepciones.
    • Una acumulación lo suficientemente grave de diversas medidas que afecten a la persona de forma similar al apartado anterior.

    Estos actos podrán revestir, entre otras, las siguientes formas:

    • Violencia física o psíquica, incluida la violencia sexual.
    • Medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria.
    • Procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios.
    • Denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias.
    • Procesamientos o penas por no prestar servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento de dicho servicio conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de exclusión establecidas en el apartado segundo del artículo 8 de esta Ley.
    • Actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños.

    Todos los actos aquí descritos deberán estar relacionados con los motivos de persecución. Para valorar esos motivos se tendrán en cuanta los parámetros siguientes:

    • Raza: comprenderá la pertenencia a un determinado grupo étnico, el color o el origen del sujeto.
    • Religión: comprenderá la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, la participación o la abstención de hacerlo, en cultos formales en privado o en público, ya sea individualmente o en comunidad, así como otros actos o expresiones que comporten una opinión de carácter religioso, o formas de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por ésta.
    • Nacionalidad: comprenderá la pertenencia a un grupo determinado por su identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o políticos comunes o su relación con la población de otro Estado, además de poseer la ciudadanía.
    • Opiniones políticas: comprenderá la profesión de opiniones, ideas o creencias sobre algún asunto determinado que tenga relación con los agentes potenciales de persecución y con sus políticas o métodos. No será necesario que el solicitante haya obrado de acuerdo con sus opiniones, ideas o creencias.
    • Grupo social: se entenderá que un grupo se constituye como “grupo social determinado” si:
      • Sus integrantes comparten características innatas o antecedentes comunes inmutables, o que comparten alguna característica o creencia común que resulte fundamental para su identidad, de manera que no se les pueda exigir que renuncien a ella.
      • El grupo es percibido como diferente por la sociedad que lo rodea o por el agente perseguidor, luego posee una identidad diferenciada en el país en el que se halle.

    Se podrá considerar un grupo social determinado dentro de un país si las circunstancias imperantes en éste hacen que ciertas características de orientación o identidad sexual compartidas por un grupo los diferencien del resto, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación de este artículo. También se incluye en esta disposición a las personas que huyan de sus países de origen por temor de sufrir persecución por razones de género y/o edad, siempre que estos aspectos por sí solos no puedan dar lugar a la aplicación del artículo.

    Para valorar si la persona teme ser perseguida no será necesario que posea las características por las que en teoría se le persigue, sino que será suficiente con que el perseguidor se las atribuya.

    La siguiente circunstancia excepcional a tratar son las razones humanitarias.

    La autorización de residencia temporal por razones humanitarias podrá ser concedida a los siguientes sujetos:

    • Extranjeros víctimas de delitos contra los derechos de los trabajadores.
    • Extranjeros víctimas de delitos en los que haya concurrido la agravante de motivos racistas, ideológicos, religiosos, étnicos, raciales o contra la nación a la que pertenezca el sujeto. También por sexo, orientación sexual o enfermedad que provoque una minusvalía.
    • Extranjeros víctimas de delitos por conductas violentas ejercidas dentro del entorno familiar.
    • Extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida grave que requiera asistencia sanitaria especializada de la que no disponga en su país de origen, y que de ser interrumpida o no recibirse suponga un grave riesgo para su vida o salud. Será necesario un informe clínico expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.          No se requerirá que la enfermedad sea sobrevenida si es necesario prolongar la permanencia de un menor extranjero que se haya desplazado a España temporalmente a efectos de tratamiento médico, siempre que se haya agotado la posibilidad de prorrogar la situación de estancia y la permanencia sea indispensable para la continuación del tratamiento.
    • Extranjeros que acrediten que el traslado a su país de origen, a efectos de solicitar el visado correspondiente, supone para ellos o para su familia un peligro. Deberá reunir también los demás requisitos para obtener una autorización temporal de residencia o de residencia y trabajo.

    La última circunstancia a estudiar es la colaboración con las autoridades públicas, basándose en la seguridad o interés público que emane de dichas colaboraciones.

    Se regula en la Instrucción DGI/SGRJ/06/2006, sobre autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

    Podrán prestar colaboración los extranjeros que tengan la condición de víctima o testigo de un delito y que no tengan antecedentes penales en España. La colaboración con las autoridades debe dar lugar a la apertura de un expediente administrativo sancionador por hechos cuya persecución esté atribuida a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  Deben constituir presuntamente alguna infracción administrativa prevista en la Ley de Extranjería o en el Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

    En caso de que los hechos pudieran ser constitutivos de delito y se continúa con la investigación mediante procedimiento judicial, la colaboración podrá seguir prestándose con las autoridades fiscales o judiciales.

    La colaboración podrá consistir en actos de denuncia en donde se aporten datos esenciales para la instrucción, o en la prestación de testimonio por parte del extranjero en aspectos relevantes e indispensables para el curso del procedimiento. 

    Además de la solicitud de autorización de residencia, será necesario aportar la siguiente documentación:

    • Copia del pasaporte completo, título de viaje o cédula de inscripción con vigencia mínima de 4 meses.
    • Certificado de antecedentes penales del país o países en los que haya residido en los últimos 5 años anteriores a su entrada en territorio español.
    • Informe de la autoridad administrativa que corresponda, acreditando las razones justificativas de la solicitud.
    • Si el extranjero también pide la autorización administrativa para trabajar, tendrá que presentar el contrato de trabajo u oferta de empleo.

    El expediente lo tramitará la Oficina de Extranjeros de la provincia donde tuvieran lugar los hechos de la presunta infracción. Si en la zona la Oficina no se hubiese constituido, lo hará el Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación o Subdelegación del Gobierno. Si los hechos hubieran tenido lugar en varias provincias, se podrá presentar ante la Unidad correspondiente a otra Delegación o Subdelegación, remitiéndose a ésta el informe acreditativo de la colaboración.

    En caso de que el extranjero se hallara incurso en algún procedimiento sancionador por motivos de estancia o trabajo irregulares, quedará su apertura y tramitación en suspenso, hasta que se dicte resolución sobre la autorización de residencia por causas excepcionales solicitada.

    Se reabrirá el procedimiento sancionador en cuanto la autoridad competente conceda la autorización de residencia. La cuantía de multa que formule como propuesta el instructor será menor que la señalada en la propia ley para la infracción cometida.

    En caso de denegarse la resolución, se reabrirá el procedimiento sancionador y el instructor formulará propuesta de resolución de expulsión, a no ser que aprecie circunstancias que aconsejen la pena de multa.

    Una vez finalizada la tramitación, resolverá el Delegado o Subdelegado del Gobierno de quien dependa la Oficina de Extranjeros o Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos sociales que fuera competente para su instrucción.

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    Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Ene (Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

    Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 10 Fecha de Publicación: 12/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 01/02/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

    Real Decreto 557/2011 de 20 de Abr (Reglamento de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

    Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 103 Fecha de Publicación: 30/04/2011 Fecha de entrada en vigor: 30/06/2011 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

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