La resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE desde 05 de Noviembre de 2017
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 11/04/2019

El sábado 4 de noviembre se ha publicado en el BOE la Ley 7/2017 de 2 de Nov (Incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo) a través de la cuál se incorpora una nueva figura en el ámbito de la protección de los consumidores y usuarios: Las entidades acreditativas de resolución alternativa.

 

El sábado 4 de noviembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley 7/2017 de 2 de Nov (Incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo), relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

A través de esta Ley, tal y como se publica en el propio título de la norma, los consumidores residentes en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea tendrán la posibilidad de resolver sus litigios de consumo con empresarios establecidos en España acudiendo a entidades de resolución alternativa de calidad que hayan sido acreditadas por la autoridad competente e incluidas en un listado nacional de entidades acreditadas, el cual será trasladado a la Comisión Europea para que sea incluido en el listado único de entidades notificadas por los diferentes Estados miembros de la Unión Europea.

Se trata de una norma que hace honor a la evolución de la protección jurídica del consumidor que, en una primera etapa, tan sólo se le reconocían principios y derechos a su favor y, en esta segunda etapa que estamos viviendo, los Estados advierten que no es suficiente el reconocimiento de un repertorio de derechos a los consumidores sino que, además, debemos establecer los cauces adecuados para que estos puedan hacer valer esos derechos reconocidos.

Es decir, esta ley tiene como finalidad garantizar a los consumidores residentes en la Unión Europea el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que sean de alta calidad por ser independientesimparcialestransparentesefectivosrápidos y justos.

El Capítulo I del Título III de la Ley establece para todos los empresarios la obligación de informar acerca de la existencia de entidades acreditadas de resolución alternativa de litigios, obligación que afecta a todos los empresarios, tipificándose su vulneración como infracción sancionable en materia de protección de los consumidores y usuarios. Las empresas que celebren contratos de compraventa o de prestación de servicios en línea, así como las plataformas de comercio electrónico o mercados en línea, deberán incluir en su sitio web un enlace que permita un acceso identificable y fácil a la plataforma de resolución de litigios en línea de la Unión Europea.

La presentación de una reclamación ante una entidad acreditada suspenderá o interrumpirá los plazos de caducidad y de prescripción de acciones conforme a lo establecido en la normativa que resulte de aplicación en cada caso.

Los procedimientos deben ser gratuitos para los consumidores y, con el fin de asegurar la eficacia de los procedimientos llevados a cabo por las entidades acreditadas, se establece un plazo máximo de resolución de los mismos que se fija en noventa días a contar desde el momento en que la entidad haya recibido la reclamación completa.

No serán vinculantes para el consumidor los acuerdos suscritos antes del surgimiento de un litigio entre un consumidor y un empresario con objeto de someterse a un procedimiento con resultado no vinculante. Para el empresario el acuerdo será vinculante en la medida en que reúna las condiciones de validez exigidas por la normativa aplicable a dicho acuerdo. Este consentimiento no será necesario cuando el empresario se encuentre obligado, por ley o por su adhesión previa, a participar en dicho procedimiento.

  • Sobre las entidades acreditativas de resolución alternativa.

La presente ley incorpora al Derecho español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, garantizando la existencia de entidades de resolución alternativa establecidas en España que cumplan con los requisitos, garantías y obligaciones exigidas por la misma. Estas entidades que deseen obtener la acreditación que concede la autoridad competente deberán estar establecidas en España y cumplir los requisitos exigidos por esta ley, y las mismas podrán tener naturaleza pública o privada.

Debemos tener en cuenta, además, que atendiendo a un elemental criterio de prudencia, la ley impide acceder a la acreditación europea a las entidades de resolución alternativa de litigios de consumo en las cuales las personas encargadas de la resolución del litigio estén empleadas o retribuidas directamente por el empresario reclamado.

Con carácter general para todos los sectores económicos, la ley designa como autoridades competentes para la acreditación a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que actuará además como punto de contacto único con la Comisión Europea. No obstante, las Comunidades Autónomas que en su legislación hayan asumido y desarrollado competencias en materia de mediación de consumo, podrán designar autoridades competentes para la acreditación de entidades de resolución alternativa de litigios de consumo que finalicen con una decisión no vinculante para las partes. Igualmente se atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para la acreditación de entidades que lleven a cabo procedimientos administrativos establecidos y desarrollados en su legislación.

En concreto, para el sector financiero se establecen algunas especialidades, designándose como autoridades competentes para dicho ámbito al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, cada uno de ellos para las entidades que actúen en su respectivo sector de supervisión.

→ EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO: EL LAUDO ARBITRAL (Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el cual se regula el Sistema Arbitral de Consumo)

Las actuaciones terminan con la emisión de la decisión del Colegio arbitral, que recibe el nombre de laudo y cuya fuerza de obligar es igual a la de una sentencia.

Se habla de laudo será estimatorio si admite todas las pretensiones del reclamante.

  • De laudo estimatorio parcial si sólo admite algunas de ellas
  • De laudo desestimatorio si no se admiten sus pretensiones.
  • De laudo conciliatorio cuando se emite por acuerdo de las partes, al llegar éstas a un acuerdo que ponga fin total o parcialmente a la controversia. Los árbitros darán por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acordados

Forma, contenido, notificación y plazo

Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros decidirán la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesarios. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros.

Los árbitros, en su caso, podrán expresar su parecer discrepante. Cuando haya más de un árbitro, la decisión se tomará por mayoría y en caso de discrepancia decidirá el presidente. Si todo el Colegio esté de acuerdo en la decisión, el laudo se emitirá por unanimidad de sus miembros.

El laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan llegado a un acuerdo y se haya emitido laudo conciliatorio. Constarán además en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje.

El laudo debidamente formalizado y firmado por el Colegio arbitral será notificado a las partes terminando las actuaciones. Los árbitros cesarán en sus funciones con el laudo definitivo.

  • Laudo sin entrar en el fondo del asunto

El órgano arbitral también podrá dar por terminadas sus actuaciones y dictará laudo poniendo fin al procedimiento arbitral, sin entrar en el fondo del asunto:

i. Cuando el reclamante no concrete la pretensión o no aporte los elementos indispensables para el conocimiento del conflicto.
ii. Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones,
iii. Cuando el órgano arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resulta imposible.


En este laudo, en el que no se ha entrado a conocer el fondo, se hará constar si queda expedita la vía judicial.

Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación.

Salvo acuerdo en contrario de las mismas partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada.

  • Recurso y aclaración

El laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.

Recuso de anulación: A pesar de no ser posible impugnar la decisión del órgano arbitral, existe la posibilidad de anular el laudo, ejercitando la acción de anulación, en el plazo de dos meses desde la emisión del laudo ante de la Audiencia Provincial.

Los motivos, tasados, son los siguientes:

o Que el convenio arbitral no exista o no sea válido.
o Que no haya sido debidamente notificada la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no se haya podido, por cualquier razón, hacer valer los derechos.
o Que los árbitros hayan resuelto cuestiones no sometidas a su decisión.
o Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se haya ajustado al acuerdo entre las partes, a excepción de que éste acuerdo sea contrario a una norma imperativa de esta ley o, a falta del acuerdo mencionado, que no se haya ajustado a esta ley.
o Que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.
o Que el laudo sea contrario al orden público.

Aclaración del laudo: Emitida la decisión a través del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar una aclaración para la corrección de un error de cálculo, de copia o

tipográfica, para la aclaración de un punto o parte concreta del laudo o para el complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas.

En ningún caso, esta solicitud, que no recurso, sirve para mostrar el desacuerdo con la decisión del órgano arbitral. El plazo para presentarlo es de 10 días desde la notificación del laudo.

Para el caso de que una de las partes no cumpla el laudo dictado, la otra parte puede instar el cumplimiento forzoso, -es decir, su ejecución- al igual que ocurre en cualquier l procedimiento seguido ante Tribunales. En este caso, se facilitará por parte de la Junta Arbitral toda la documentación necesaria a fin de que pueda solicitarse dicha ejecución ante los juzgados de primera instancia del lugar donde se haya emitido el laudo.

 

 

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Consumidores y usuarios
Estado miembro de la Unión Europea
Prestación de servicios
Contrato de compraventa
Comercio electrónico
Prescripción de la acción
Caducidad
Plazo máximo de resolución
Banco de España
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Fondos de pensiones
Laudo arbitral
Arbitraje
Fondo del asunto
Sentencia firme
Convenio arbitral
Voluntad de las partes
Error de cálculo
Cumplimiento forzoso

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 7/2017 de 2 de Nov (Incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 268 Fecha de Publicación: 04/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 05/11/2017 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 231/2008 de 15 de Feb (Sistema Arbitral de Consumo) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 48 Fecha de Publicación: 25/02/2008 Fecha de entrada en vigor: 25/08/2008 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

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