La resolución del procedimiento administrativo

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 02/03/2021

La resolución, forma común de terminación del procedimiento administrativo, se encuentra regulada en los arts. 87-92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Regulan, respectivamente, las actuaciones complementarias anteriores; el contenido de la resolución; la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador; las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores; las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, y la competencia para la resolución de este último tipo de procedimientos.

Concepto de resolución y actuaciones complementarias

La resolución es la decisión que adopta el órgano administrativo y que pone fin al procedimiento. La LPAC obliga a la Administración a resolver expresamente «en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación». Y, además, en la resolución deberá decidir todas las cuestiones que hayan sido planteadas, así como las que se derivan de aquellas (art. 88.1 de la LPAC).

Con anterioridad al momento de la resolución, el órgano competente para emitirla podrá acordar de manera motivada «la realización de las actuaciones indispensables para resolver el procedimiento». Los informes que se añadan al expediente con carácter previo a la propuesta de resolución no se considerarán actuaciones complementarias.

El acuerdo de realización de las actuaciones complementarias se notificará a los interesados y se les concederá un plazo de 7 días para presentar las alegaciones que consideren pertinentes. El plazo para la realización de estas actuaciones no será superior a 15 días, quedando entre tanto suspendido el plazo para resolver (art. 87 de la LPAC).

Contenido de la resolución

Por lo que respecta al contenido de la resolución (art. 88 de la LPAC), deberá hacer referencia a todas las cuestiones planteadas por los interesados, dando así satisfacción al principio de congruencia. En el caso de las cuestiones conexas, el órgano competente podrá pronunciarse sobre ellas, aunque no hubieran sido planteadas por los interesados, «poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba». Por lo tanto, se exige como requisito ineludible la previa audiencia de las partes.

Cuando el procedimiento se incoe a solicitud del interesado, su situación inicial no podrá verse agravada en ningún caso, sin perjuicio de que la Administración pueda iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. Se prohíbe, así, expresamente, la reformatio in peius. Se trata de una novedad, ligada al deber de resolver de la Administración, introducida en la Ley 39/2015, ya que en la anterior LRJPAC solamente se contemplaba en el caso de los recursos administrativos.

Asimismo, «las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno». Este último inciso reitera la obligada instrucción sobre los recursos pertinentes, ya establecida en el artículo 40.3 de la LPAC.

El artículo 35 de la LPAC, titulado «Motivación», establece qué actuaciones administrativas serán motivadas «con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho»:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.

h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

La exigencia de motivación de las actuaciones administrativas está directamente relacionada con los principios de un Estado de derecho (art. 1.1 de la CE) y con el carácter vinculante que para las Administraciones públicas tiene la ley, a cuyo imperio están sometidas en el ejercicio de sus potestades (arts. 103.1 de la CE y 3.1 de la Ley 40/2015). Así pues, todas las resoluciones administrativas están sujetas a la exigencia de motivación (art. 88.3 de la LPAC). Al respecto, nos dice la STS (Sala 3.ª, sección 6.ª) de 3 de diciembre de 2002, rec. 451/2001, ECLI:ES:TS:2002:8073:

(…) El deber de motivar –deber, porque está previsto en la ley, convirtiéndose en obligación al proyectarse a cada concreto supuesto es un derecho subjetivo público del interesado no sólo en el ámbito sancionador sino en todos los sectores de la actuación administrativa: la Administración ha de dar siempre y en todo caso, razón de sus actos, incluso en el ámbito de su potestad discrecional, cuyos elementos reglados (competencia, adecuación a los fines que la legitiman, etc.), cuyos presupuestos, y cuya sujeción a los principios generales son aspectos o facetas que son siempre controlables.

Conviene retener que la motivación de las resoluciones administrativas tiene un doble fundamento: erradicar la arbitrariedad de la Administración y dar a conocer al interesado las razones por las que se ha tomado la decisión, posibilitando así el ejercicio de los recursos.

El artículo 88.5 de la Ley 39/2015 establece expresamente en el ámbito administrativo la prohibición del non liquet (términos latinos que significan literalmente «no está claro») aplicable históricamente a los órganos judiciales (art. 1.7 del Código Civil). Se trata de una prohibición expresa, por la cual, en ningún caso, la Administración podrá abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso. Abunda esta norma en la idea de que el silencio de la Administración, además de una grosería hacia el administrado, es una patología propia de una mala praxis.

Lo que sí podrá hacer es acordar la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos que no estén previstos en el ordenamiento jurídico o que se encuentren manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución: «todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley».

Por último, en los casos en los que la instrucción y la resolución correspondan a órganos diferentes, se establece la obligación de que el órgano instructor eleve propuesta de resolución al órgano competente para resolver. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución se notificará a los interesados de la manera que establece el artículo 89 de la LPAC, que veremos a continuación.

Respecto a la forma en la que será comunicada la resolución, se realizará electrónicamente, garantizando la identidad del órgano competente, la autenticidad y la integridad del documento, sin perjuicio de que el interesado hubiera señalado una forma y lugar distintos (cf. art. 41 de la LPAC).

Como conclusión y de manera esquemática, podemos decir que los requisitos del contenido de la resolución son los siguientes:

  • La congruencia.
  • La prohibición de la reformatio in peius.
  • La adecuación al ordenamiento jurídico, íntimamente ligado al principio de legalidad.
  • La forma.
  • La motivación. 

La propuesta de resolución y la resolución en los procedimientos de carácter sancionador (artículos 89-90 de la LPAC)

El artículo 89.1 de la LPAC establece que el órgano instructor resolverá el procedimiento con archivo de las actuaciones y sin propuesta de resolución, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.

b) Cuando lo hechos no resulten acreditados. 

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.

e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

La propuesta de resolución en estos procedimientos indicará a los interesados «la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes».

En la propuesta de resolución «se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción, (...) la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, (...), así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia».

En lo que concierne al contenido de la resolución de los procedimientos sancionadores, el artículo 90 de la LPAC establece lo siguiente:  

(...) la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.

3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando: 

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: 

1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.

2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

(...).

La resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (arts. 91-92 de la LPAC)

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial tienen una serie de características en cuanto al contenido que se exige en su resolución. El artículo 91 de la LPAC establece que la resolución deberá pronunciarse acerca de los siguientes extremos: 

  • La existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.
  • La cuantía y el modo de la indemnización, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre

Si transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento no ha recaído ni se ha notificado resolución expresa «podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular». Por lo tanto, en estos casos, el silencio se entenderá desestimatorio.

Respecto a los órganos competentes para resolver, dependerá en función de cuál sea la Administración inmersa en el procedimiento, tal y como establece el artículo 92 de la LPAC: 

En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del apdo. 3 del artículo 32 Ley 40/2015, de 1 de octubre o cuando una ley así lo disponga.

En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.

En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo.

No hay versiones para este comentario

Responsabilidad patrimonial
Actuación administrativa
Terminación del procedimiento
Recursos administrativos
Derecho subjetivo
Reformatio in peius
Medidas provisionales
Medios de prueba
Derecho de petición
Interés legitimo
Arbitraje
Revisión de oficio
Concurrencia competitiva
Práctica de la prueba
Mala praxis
Principio de legalidad
Archivo de actuaciones
Infracciones administrativas
Relación de causalidad
Administración local

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Requisitos del acto administrativo: la motivación y la forma

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 26/02/2021

    Para conocer qué actos administrativos deben ser motivados, esto es, contar con una sucinta referencia de los hechos y fundamentos de derecho en que se basan, habrá que acudir a lo dispuesto en el  artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.E...

  • La potestad reglamentaria, legalidad de las actuaciones administrativas y el Consejo de Estado

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 23/03/2021

    Previstos en los artículos 106 y 107 de la CE.El control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de las actuaciones administrativasEl artículo 106 de la C.E. establece que son los Tribunales quienes controlarán la potestad reglamentaria...

  • Cuestiones generales sobre la finalización del procedimiento administrativo

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 02/03/2021

    Los artículos 84-86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, abordan las cuestiones generales acerca de la terminación del procedimiento administrativo, la terminación de los procedimientos sancionadores y la terminación convencional. ¿Cómo puede f...

  • Materias excluidas del ámbito de la responsabilidad patrimonial de las AAPP

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 30/03/2021

    Quedarían excluidas las siguientes materias:1. Responsabilidad contractual.2. La expropiación forzosa.3. La adopción de medidas cautelares en el seno del proceso contencioso administrativo.4. Responsabilidad por actos terroristas.5. Responsabilida...

  • Iniciación del procedimiento administrativo a solicitud del interesado

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 02/03/2021

    La iniciación del procedimiento administrativo a solicitud del interesado se regula en los artículos 66-69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes de la sección 3.ª ("Inicio del procedimiento a solicitud del interesado") del capítulo ...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros y cursos relacionados