La resolución del procedimiento administrativo

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 19/01/2017

La resolución, forma normal de terminación del procedimiento administrativo (recuérdese que, según el apartado 1 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, “la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”), se encuentra regulada en los Art. 87-92 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, que se ocupan de tratar, respectivamente, las actuaciones complementarias anteriores, el contenido de la resolución, la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores, las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial y la competencia para la resolución de este último tipo de procedimientos.

La resolución es la forma normal de terminación del procedimiento administrativo ya que la propia Ley obliga a la Administración a resolver expresamente. Así, el apartado 1 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que “la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”, y, además, según el apartado 5 del Art. 88 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, “en ningún caso podrá (...) abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso”.

Sentado lo anterior, y según dispone el Art. 87 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. (No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento). El acuerdo sobre las mismas se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días, quedando suspendido el plazo para resolver hasta la terminación de éstas.

Por lo que respecta al contenido de la resolución, el Art. 88 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente:

  • La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
  • En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.
  • Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el Art. 35 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
  • Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.
  • En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el  Art. 29 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.
  • Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver un propuesta de resolución. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente.

La propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador posee las siguientes especialidades (Art. 89 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre): 

  • El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:
  • La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
  • Cuando lo hechos no resulten acreditados.
  • Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
  • Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.
  • Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.
  • En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.
  • En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia.

En lo que concierne no ya a la propuesta de resolución, sino a la resolución misma de los procedimientos sancionadores, el Art. 90 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece las siguientes especialidades al respecto: 

  • En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

  • En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.
  • La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

    • Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.
    • Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: 
      • No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.
      • El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.
  • Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

Por su parte, los  Art. 91,Art. 92 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan de las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial y de la competencia en relación con la misma:

  • Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el apdo.2 del Art. 81 ,ley 39/2015, de 1 de octubre o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente.
  • Además de lo previsto en Art. 88 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el  Art. 34 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.
  • Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
  • En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del apdo. 3 del Art. 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre o cuando una ley así lo disponga.
  • En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.
  • En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo.

 

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Responsabilidad
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Infracciones administrativas
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