Resolución del recurso especial en materia de contratación

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 28/03/2022

La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado. 

¿Cómo se resuelve el recurso especial en materia de la contratación?

Recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso, el órgano competente deberá resolver el recurso dentro de los 5 días hábiles siguientes, notificándose a continuación la resolución a todos los interesados (art. 57 de la LCSP).

En concreto, la resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado.

Si se estima total o parcialmente el recurso, el órgano de contratación deberá dar conocimiento al órgano que hubiera dictado la resolución de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la misma y, en todo caso, la resolución será congruente con la petición.

De ser procedente, la resolución se pronunciará sobre la anulación de las decisiones no conformes a derecho adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, así como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones. En todo caso, la estimación del recurso que conlleve anulación de cláusulas o condiciones de los pliegos o documentación contractual de naturaleza análoga determinará la anulación de los actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación.

Sentencia del TSJ de Andalucía, rec. 65/2016, de 16 de mayo de 2019, ECLI:ES:TSJAND:2019:7015

«La Sala tiene que dejar sentado que, en caso de que se anulara la decisión de inadmisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (en adelante, TARCJA), no podría entrar a resolver sobre la impugnación de la adjudicación del meritado contrato, sino que lo procedente sería la retroacción de actuaciones para que dicho Tribunal entrara a resolver sobre dichas cuestiones. Ello no vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24.1 CE ), pues, además de que no podemos olvidar que el objeto del recurso es un acto administrativo que declara la inadmisión del recurso especial, la competencia para resolver en la vía administrativa previa a la jurisdiccional está atribuida al TARCJA y no a la Sala, que no puede resolver per saltum ignorando la decisión que corresponde a la Administración, conferida, claramente, al dicho órgano administrativo especializado por el artículo 47.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo, TRLCSP), aplicable ratione temporis al caso enjuiciado, que dispone que "la resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será congruente con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, así como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones (...)"».

Asimismo, la resolución deberá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación si en el momento de dictarla continuase suspendido, así como de las restantes medidas cautelares que se hubieran acordado y la devolución de las garantías cuya constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera.

Ahora bien, transcurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.

Contra la resolución dictada en el procedimiento de referencia solo cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la LJCA, sin que proceda la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órganos competentes para la resolución del recurso, ni la fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que cada uno de ellos se encuentre adscrito.

Sentencia de la AN, rec. 891/2016, de 18 de septiembre de 2019, ECLI:ES:AN:2019:3607

«La recurrente invocó para la interposición del recurso administrativo de alzada los artículos 114 y 115 de la hoy derogada Ley 30/1992 que, al igual, en lo que aquí interesa, que los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regulan el recurso de alzada y las resoluciones y actos que son susceptibles de recurso de alzada así como las causas de inadmisión ( artículo 113 de la Ley 30/1992 y ahora artículo 116 de la Ley 39/2015 ).Pues bien, la inadmisibilidad del recurso administrativo planteado resulta en este caso con toda claridad de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley de Contratos del Sector Público , Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a cuyo tenor: "Contra la resolución dictada en este procedimiento(se refiere a las resoluciones dictadas por el TACRC) sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k ) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .No procederá la revisión de oficio regulada en el artículo 34 de esta Ley y en el capítulo I del título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de la resolución ni de ningún de los actos dictados por los órganos regulados en el artículo 41. Tampoco estarán sujetos a fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que cada uno de ellos se encuentra adscrito". Por lo tanto, no podemos sino ratificar la decisión ministerial ahora impugnada en cuanto que, en efecto, concluyó que no cabía ningún tipo de recurso administrativo ordinario, ni alzada ni reposición, contra las resoluciones, como es el caso, dictadas por el TACRC (...)».

Ahora bien, los órganos competentes para la resolución del recurso podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, incluida la resolución del recurso.

Sin perjuicio de lo anterior, la resolución del recurso será directamente ejecutiva.

Si se interpone recurso contencioso-administrativo, el órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación, una vez recibida la diligencia del tribunal jurisdiccional reclamando el expediente administrativo, procederá a emplazar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la LJCA, para su comparecencia ante la sala correspondiente al órgano de contratación autor del acto que hubiera sido objeto del recurso y a los restantes comparecidos en el procedimiento.

Indemnizaciones y multas

Prevé el artículo 58 de la LCSP, que el órgano competente para la resolución del recurso, a solicitud del interesado, podrá imponer a la entidad contratante la obligación de indemnizar a la persona interesado por los daños y perjuicios causados por la infracción legal que hubiera fundado el recurso, resarciéndole, cuando menos, de los gastos ocasionados por la preparación de la oferta o la participación en el procedimiento de contratación. La cuantía de la indemnización se fijará atendiendo en lo posible a los criterios establecidos en el capítulo IV del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Si hubiese existido mala fe o temeridad en la interposición del recurso o solicitud de medidas cautelares, podrá acordar el órgano competente la imposición de una multa.

El importe de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros, determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores, así como del cálculo de los beneficios obtenidos.

El importe de la multa impuesta se ingresará, en todo caso, en el Tesoro Público.

A TENER EN CUENTA. El apdo. 2 del art. 58 de la LCSP se declara conforme con el orden constitucional de competencias, siempre que se interprete en los términos establecidos en el fundamento jurídico 6.E).d) de la STC 68/2021, de 18 de marzo, ECLI:ES:TC:2021:68 .

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Concurso público
Retroacción de actuaciones
Contratos administrativos
Días hábiles
Expediente de contratación
Revisión de oficio
Derecho a la tutela judicial efectiva
Vía administrativa previa
Causa de inadmisión
Daños y perjuicios
Jurisdicción contencioso-administrativa
Mala fe
Cuantía de la indemnización
Temeridad

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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