La responsabilidad civil del abogado

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 22/11/2019

  • En lo que respecta a la relación abogado y cliente nos encontramos ante una obligación de medios, no de resultado. Aquel abogado que haya cumplido con la diligencia exigida en su profesión, esto es, la denominada "lex artis ad hoc", no incurrirá en responsabilidad frente a su cliente.
  • La relación entre abogado y cliente no será siempre de arrendamiento de servicios, puesto que también es posible que nos encontremos en presencia de un contrato de obra determinada, como puede ser el caso de aquel contrato que el abogado suscribe con su cliente para la confección de un informe, por ejemplo. En este caso ya no estamos ante una obligación de medios, sino de resultado.
  • En general, la relación contractual entre abogado y cliente es la de un contrato de prestación de servicios.

En lo que respecta a la naturaleza jurídica de la obligación existente entre un abogado y su cliente, resulta interesante lo plasmado en la reciente STS Nº Rec. 3352/2016, de 10 de junio de 2019 (Ecli: ES:TS:2019:1948):

"El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del abogado exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta como regla general la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros factores, de haberse logrado la convicción del juzgador (SSTS de 14 de julio de 2005, 14 de diciembre de 2005, 30 de marzo de 2006, 30 de marzo de 2006, rec. 2001/1999, 26 de febrero de 2007 rec. 715/2000, entre otras)".

Como señala la sentencia referida nos encontramos ante una obligación de medios, no de resultado. Aquel abogado que haya cumplido con la diligencia exigida en su profesión, esto es la denominada "lex artis ad hoc", no incurrirá en responsabilidad frente a su cliente. No sería lógico que en cada demanda desestimada se pudiera exigir responsabilidad al abogado, entre otras cuestiones, porque el resultado final de un pleito lo decide un juez o tribunal, en su caso. El abogado debe proporcionar al cliente todos sus conocimientos jurídicos y utilizarlos de manera diligente con el fin de alcanzar el mayor beneficio para sus intereses.

Por último, debemos tener en cuenta que la relación entre abogado y cliente no será siempre de arrendamiento de servicios, puesto que también es posible que nos encontremos en presencia de un contrato de obra determinada, como puede ser el caso de aquel contrato que el abogado suscribe con su cliente para la confección de un informe, por ejemplo. En este caso ya no estamos ante una obligación de medios, sino de resultado.

  • El contrato de arrendamiento de servicios

El artículo 1.1. del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Abogacía Española señala que

"(…) la abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia".

En general, la relación contractual entre abogado y cliente es la de un contrato de prestación de servicios. Con respecto a esta modalidad contractual, el artículo 1544 del Código Civil señala:

"En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto".

En relación con lo anterior, también la STS 482/2006, de 23 de mayo (ECLI: ES:TS:2006:3057):

"La calificación jurídica de la relación contractual entre abogado y cliente es, en la inmensa mayoría de los casos (salvo muy concretas excepciones) de contrato de prestación de servicios, que define el art. 1544 del Código Civil. La prestación de servicios, como relación personal «intuitu personae» incluye el deber de cumplirlos y un deber de fidelidad que deriva de la norma general del art. 1258 del Código Civil y que imponen al profesional el deber de ejecución óptima del servicio contratado, que presupone la adecuada preparación profesional y supone el cumplimiento correcto; de ello se desprende que si no se ejecuta o se hace incorrectamente, se produce el incumplimiento total o el cumplimiento defectuoso de la obligación que corresponde al profesional (sentencia de 28 de enero de 1998 [RJ 1998, 357]). Incumplimiento total o cumplimiento defectuoso que da lugar a la obligación de resarcir los daños y perjuicios que en ellos traigan su causa. En el presente caso, el abogado ahora recurrente, había asumido, dentro de sus obligaciones profesionales, la de representar a sus clientes en el procedimiento a seguir ante la jurisdicción de lo social y a tal efecto designó su domicilio para oír notificaciones de acuerdo con los arts. 18.1 y 19.1 de la Ley de Procedimiento laboral; debió de actuar, por tanto, con la diligencia necesaria para obtener los poderes notariales que acreditasen la representación asumida, en tiempo hábil procesalmente. Fue esa falta de diligencia lo que dio lugar al archivo declarado por el Juzgado de lo Social; con su comportamiento negligente, como dice la sentencia de 14 de diciembre de 2005 (JUR 2006, 56501), privó a los actores de la oportunidad de someter a la consideración judicial una determinada pretensión y si bien nadie puede prever lo que hubiera ocurrido de haberlo formulado, con su conducta no sólo impidió a sus clientes la posibilidad de conseguirlo, sino que vulneró su derecho a obtener la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 de la Constitución Española, pues el derecho de acceso a la jurisdicción forma parte del patrimonio jurídico de los actores. No consta acreditado que el recurrente recabase con tiempo suficiente a sus clientes la entrega de los poderes necesarios, por lo que no cabe atribuir la resolución de archivo dictada por el Juzgado a culpa de éstos".

Por su parte la STS de 22 de abril (ECLI: ES:TS:2013:3013) nos indicaba lo siguiente:

"La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2008, acerca de la responsabilidad del abogado por la pérdida de oportunidades derivada de la frustración de acciones judiciales, recuerda lo siguiente: "(...) La relación contractual existente entre abogado y cliente se desenvuelve normalmente en el marco de un contrato de gestión que la jurisprudencia construye, de modo no totalmente satisfactorio, con elementos tomados del arrendamiento de servicios y del mandato (SSTS de 28 de enero de 1998, 23 de mayo de 2006 y 27 de junio de 2006, 30 de marzo de 2006, rec. 2001/1999, 14 de julio de 2005, rec. 971/1999, 26 de febrero de 2007, rec. 715/2000, 2 de marzo de 2007, rec. 1689/2000, 21 de junio de 2007, rec. 4486/2000, 18 de octubre de 2007, rec. 4086/2000)".

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Relación contractual
Lex artis
Contrato de prestación de servicios
Arrendamiento de servicios
Contratos de obras
Responsabilidad civil
Interés publico
Responsabilidad profesional de abogado
Imputabilidad
Incumplimiento defectuoso
Contrato de arrendamiento
Arrendamiento de obra
Precio cierto
Prestación de servicios
Daños y perjuicios
Derecho a la tutela judicial efectiva
Culpa
Mandato
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