Responsabilidad por las deudas sociales en la sociedad colectiva

Responsabilidad por las deudas sociales en la sociedad colectiva

La responsabilidad por las deudas sociales constituye uno de los rasgos definitorios de la sociedad colectiva. Conforme al art. 127 del Código de Comercio, todos los socios que formen la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, quedan obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la sociedad, bajo la firma de esta y por persona autorizada para usarla.

De este precepto resulta que la responsabilidad de los socios colectivos no nace de una garantía asumida de forma separada o voluntaria, sino de su propia posición orgánica dentro del tipo social. Por ello, se extiende a todos los socios colectivos, incluidos los socios no administradores, siempre que la obligación social haya sido contraída en nombre y por cuenta de la sociedad y mediante el uso legítimo de la firma social.

La deuda social cuya satisfacción puede hacerse recaer, en su caso, sobre los socios comprende las obligaciones válidamente contraídas por la sociedad en el tráfico mercantil. En este punto, el presupuesto esencial de la extensión de responsabilidad al socio es que el acto obligacional haya sido realizado por persona autorizada para usar la firma social, tal y como exige expresamente el citado art. 127 del Código de Comercio.

Caracteres de la responsabilidad de los socios colectivos

Responsabilidad personal e ilimitada

La responsabilidad es personal e ilimitada, ya que alcanza a todos los bienes presentes y futuros del socio. El Código de Comercio no establece un límite cuantitativo a esa responsabilidad, de modo que, una vez insuficiente el patrimonio social, el acreedor podrá dirigirse contra el patrimonio personal del socio colectivo por la totalidad de la deuda exigible.

Esta nota diferencia a la sociedad colectiva de los tipos capitalistas y explica su marcado carácter personalista.

Responsabilidad solidaria

La responsabilidad es asimismo solidaria entre los socios colectivos. Esto significa que el acreedor social puede reclamar la integridad del crédito frente a cualquiera de ellos, sin perjuicio de las relaciones internas de reembolso entre socios.

En el plano interno, el socio que hubiera satisfecho la deuda social podrá repetir frente a los demás en la proporción que corresponda conforme al contrato social o, en su defecto, con arreglo a las reglas generales aplicables.

Por ello, resultan de aplicación, en lo compatible con la disciplina mercantil propia de este tipo social, las reglas civiles sobre obligaciones solidarias.

Responsabilidad subsidiaria

Junto a su carácter personal e ilimitado y a su solidaridad, la responsabilidad de los socios colectivos presenta un carácter subsidiario respecto del patrimonio social. Así se desprende del art. 237 del Código de Comercio, según el cual los bienes particulares de los socios colectivos que no se incluyeron en el haber de la sociedad al formarse esta no podrán ser ejecutados para el pago de las obligaciones contraídas por ella sino después de haber hecho excusión del haber social.

En consecuencia, el acreedor debe dirigirse en primer término contra el patrimonio de la sociedad. Solo una vez excutido este patrimonio social podrá hacerse efectiva la responsabilidad patrimonial del socio colectivo.

A TENER EN CUENTA. El beneficio de excusión no elimina la responsabilidad solidaria de los socios frente al acreedor, sino que condiciona el momento en que puede hacerse efectiva sobre su patrimonio privativo, al exigir la previa persecución del haber social.

Presupuestos para exigir responsabilidad al socio

Para que proceda la responsabilidad del socio colectivo frente a terceros deben concurrir, en términos generales, los siguientes presupuestos:

• Que exista una deuda social válida y exigible.
• Que la obligación haya sido contraída a nombre y por cuenta de la sociedad.
• Que el acto haya sido realizado bajo la firma social.
• Que intervenga persona autorizada para usarla, de conformidad con los arts. 125, 126, 128 y concordantes del Código de Comercio.

De esta forma, los actos realizados por un socio no autorizado para usar la firma social no obligan a la compañía, aunque se ejecuten a nombre de esta y bajo su firma, recayendo la responsabilidad civil o penal exclusivamente sobre su autor, conforme al art. 128 del Código de Comercio.

Extensión de la responsabilidad a todos los socios colectivos

La responsabilidad alcanza a todos los socios colectivos, administren o no la sociedad. Así lo impone expresamente el art. 127 del Código de Comercio.

Este régimen se proyecta también sobre los socios industriales de la sociedad colectiva, pues la exoneración de estos respecto de la imputación interna de pérdidas, prevista en el art. 141 del Código de Comercio, no altera su responsabilidad externa frente a terceros por las deudas sociales. La distribución interna de pérdidas entre socios opera en el ámbito de las relaciones societarias internas, pero no limita la tutela del acreedor social.

Carácter imperativo frente a terceros

Las reglas que disciplinan la responsabilidad de los socios colectivos frente a terceros tienen carácter imperativo en cuanto a la protección del tráfico jurídico. Por ello, los pactos internos entre socios no pueden excluir ni limitar frente a terceros la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada que la ley anuda a la condición de socio colectivo.

En consecuencia, cualquier pacto de limitación de responsabilidad desplegará, en su caso, efectos internos entre los socios, pero no será oponible a los acreedores sociales cuando concurran los presupuestos legales para exigir la deuda.

Relación entre responsabilidad de la sociedad y responsabilidad de los socios

La sociedad colectiva, una vez constituida, tiene personalidad jurídica en todos sus actos y contratos, conforme al art. 116 del Código de Comercio. Por ello, la primera obligada frente al acreedor es la propia sociedad.

La responsabilidad de los socios no sustituye la de la sociedad, sino que se añade a ella como responsabilidad legal propia del tipo social. Se trata, por tanto, de una responsabilidad accesoria respecto de la deuda social, pero no de una responsabilidad autónoma desvinculada de la previa existencia de una obligación de la compañía.

Incidencia de la normativa concursal vigente

La regulación concursal ha desplazado las antiguas referencias del Código de Comercio a la «quiebra» de las sociedades mercantiles y de sus socios. En la actualidad, no procede mantener la referencia al derogado art. 923 del Código de Comercio ni al régimen histórico de «quiebras».

El propio Código de Comercio remite hoy expresamente a la legislación concursal en diversos preceptos vigentes. Así, el art. 13.2 contempla la inhabilitación derivada de sentencia firme conforme a la Ley Concursal, y los arts. 221.3, 222.3 y 227 vinculan la disolución y liquidación de la sociedad a la apertura de la fase de liquidación en el concurso y a lo establecido en la normativa concursal.

A TENER EN CUENTA. En materia de insolvencia de la sociedad colectiva debe estarse al régimen concursal vigente y no a las categorías históricas de quiebra y suspensión de pagos del Código de Comercio, hoy derogadas.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad patrimonial de los socios colectivos por deudas sociales subsiste como rasgo propio del tipo societario, sin perjuicio de la coordinación de su efectividad con las reglas del procedimiento concursal que resulten aplicables en cada caso.

Finalmente cabe concluir que en la sociedad colectiva, el acreedor dispone de una posición especialmente reforzada: cuenta con el patrimonio social como garantía primaria y, agotado este, con el patrimonio personal de todos los socios colectivos, de forma ilimitada y solidaria. Precisamente por ello, la delimitación de quién está autorizado para usar la firma social y de si la obligación se contrajo verdaderamente en nombre y por cuenta de la sociedad resulta decisiva para determinar la extensión de responsabilidad frente a terceros.