Responsabilidad directa de las compañías de seguros derivada de la comisión de delitos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 16/11/2020

“Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda”.

El artículo 117 del Código Penal dispone:

“Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda”.

En términos similares, el artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro señala:

“El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de este, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra este. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido”, encontrándose el origen de esta acción directa en el artículo 73 del mismo cuerpo legal, que viene a establecer que ''Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a Derecho''. 

Estos preceptos rigen en todos los seguros de responsabilidad civil, y así lo estiman los jueces y tribunales, pues como bien se contempla en la Sentencia del Tribunal Supremo, Nº355/2019, de 10 de julio. ECLI: ES:TS: 2019:2438: ''el seguro de responsabilidad civil constituye tanto un medio de protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los terceros perjudicados''.

En relación con las compañías aseguradoras, el Pleno de la Sala Segunda ha dictado dos acuerdos no jurisdiccionales, en las siguientes fechas:

  • Acuerdo de 30 de enero de 2007: “Cuando la entidad aseguradora tenga concertado un contrato de seguro con el perjudicado por el delito y satisfaga cantidades en virtud de tal contrato, sí puede reclamar frente al responsable penal en el seno del proceso penal que se siga contra el mismo, como actor civil, subrogándose en la posición del perjudicado”.

En Sentencia del Tribunal Supremo, Nº199/2007 de 1 de marzo. ECLI: ES:TS: 2007:2049, el Alto Tribunal falló permitiendo que una compañía de seguros de un banco, tras indemnizar a los clientes que habían sido objeto de robo en las cajas de seguridad que tenían contratadas con la entidad bancaria, ejercitara la acción civil, en el mismo proceso penal, contra el autor de los hechos.

Puede darse el caso que el asegurado sea el autor material del daño. En estos supuestos, la compañía de seguros indemnizará a la víctima, y se reservará la acción de repetición frente a su asegurado, pero fuera del proceso penal, por la vía de la jurisdicción civil, ya que la acción nace de la relación contractual entre la compañía y el tomador del seguro (Sentencia del Tribunal Supremo, Nº225/2005, de 24 de Febrero. ECLI: ES:TS: 2005:1173).

En definitiva, será perjudicado por el delito, tanto quien haya sufrido los daños consecuencia del mismo, como aquellas otras personas o entidades que hayan tenido que reparar sus consecuencias civiles, pero dentro siempre del ámbito de la víctima, nunca en la órbita jurídica del autor material del mismo. 

  • Acuerdo de 24 de abril de 2007“No responderá la aseguradora, con quien se tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuando el vehículo de motor sea el instrumento directamente buscado para causar daño personal o material derivado del delito. Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor”.

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, Nº1077/2009, de 3 de noviembre

En un supuesto en que el conductor de una furgoneta cogió a la víctima por el cuello y la arrastró unos cuatrocientos metros, el Supremo casa la de instancia y exime a la aseguradora de responsabilidad civil, pues lo decisivo no es tanto la presencia de dolo directo en la conducta sino la determinación del concepto de “hecho de la circulación”. 

''El acto lesivo, pues, se ejecuta con dolo directo de causar lesión, y es ese resultado lesivo, en tanto causado con dolo directo, lo que hace que la acción no pueda ser considerada hecho de la circulación. Es claro que la acción que causa el resultado dañoso que debe ser indemnizado se ejecuta con dolo directo, aunque al autor se le impute por dolo eventual un probable resultado de muerte no efectivamente causado. Por lo tanto, el empleo del vehículo como instrumento lesivo se realiza con dolo directo, sin perjuicio de que al autor le sea igualmente imputable el resultado homicida, aquí intentado, a título de dolo eventual. El seguro obligatorio tiende a proteger a las víctimas de los daños causados por una conducta de riesgo como es la circulación de vehículos de motor; pero es el legislador, que lo establece como elemento de protección, quien ha decidido excluir de su ámbito indemnizatorio a las víctimas de acciones dolosas en las que el vehículo haya sido utilizado como instrumento directo''.

Sentencia del Tribunal Supremo, Nº338/2011, de 16 de abril. ECLI: ES:TS:2011:2853

En un supuesto de lesiones dolosas causadas con un vehículo donde el acusado, cuando circulaba por la vía pública, decidió introducirse por una calle peatonal, dirigiendo el automóvil contra los peatones que transitaban por la vía pública, a los que fue embistiendo con dolo directo de lesionarlos y dolo cuando menos eventual de causarles la muerte. La aseguradora recurre solicitando la exclusión de la responsabilidad civil al tratarse de una conducta dolosa del acusado, alegación correcta y conforme a norma, pero no aplicable en la casuística donde concurre una póliza de seguro voluntario, razonando su fallo en lo siguiente:

“Por lo tanto, se está ante un supuesto en que el vehículo es utilizado como instrumento para causar con dolo directo las lesiones que sufrieron los peatones atropellados; dolo directo que excluye en el caso la responsabilidad civil de la entidad aseguradora recurrente con arreglo al acuerdo de esta Sala de 24 de abril de 2007 relativo a la cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Ahora bien, en el caso que ahora se enjuicia los riesgos generados por el vehículo se hallaban también cubiertos con una póliza de seguro voluntario, tal como admite la propia entidad aseguradora frente a las alegaciones del Ministerio Fiscal. Con lo cual, los problemas hasta ahora examinados se desplazan del ámbito del seguro obligatorio al voluntario. 

(...) Con respecto a este se considera que no puede oponerse frente a las víctimas la exceptio doli, a tenor de lo que se dispone en el artículo 76 de la Ley de contrato de seguro.

(...) Tratándose de riesgos cubiertos por seguro voluntario frente a terceros perjudicados, esta Sala tiene establecido que ni se excluye la responsabilidad por actos dolosos del asegurado, dentro de los límites de cobertura pactados, ni el asegurador puede hacer uso de las excepciones que le corresponderían frente a este último (…).

(..)Por lo tanto, la referida cláusula que cita la entidad aseguradora no puede oponerse frente a la víctima o el tercero perjudicado. Su ámbito de eficacia ha de circunscribirse a las relaciones internas entre el asegurador y el asegurado, pero no con respecto a las terceras personas que resultaron perjudicadas por el siniestro, las cuales tienen derecho a reclamar directamente a la compañía aseguradora, sin perjuicio de que esta después repercuta el pago contra el asegurado o contra la persona causante del siniestro con su conducta dolosa”.

En relación con lo expuesto en líneas anteriores, el artículo 19 de la Ley de Contratos de Seguro impone al asegurador la obligación del pago de la prestación, salvo que en el acontecimiento del siniestro hubiese concurrido mala fe del asegurado. Pero incluso concurriendo mala fe por el tomador del seguro, debe garantizarse siempre por el asegurador la responsabilidad civil frente a terceros perjudicados. Hablamos del principio de no asegurabilidad del dolo. El fin último es proteger al perjudicado por el siniestro, naturaleza y sentido de la cobertura del seguro, aún al margen de las exclusiones de la misma. Aún con esto, el riesgo de insolvencia del asegurado debe recaer sobre la aseguradora, no sobre la víctima.

No obstante, si interviniese conducta dolosa por el asegurado en el siniestro, la compañía podrá repetir frente al primero reclamando la cuantía que fue entregada a la víctima en concepto de indemnización. A diferencia de la razón con la que se ampara a la víctima de protección frente a cualquier insolvencia de la otra parte, la vía de regreso que ostenta la aseguradora no goza de dicha protección, ya que, puede darse el caso de que el tomador del seguro no disponga de los bienes para hacer frente a su obligación respecto a la compañía, fracasando en su intento de resarcimiento de los perjuicios que indirectamente también ha sufrido por la mala conducta de su asegurado. 

El automático surgimiento del derecho de repetición frente al causante del daño salva el dogma de la asegurabilidad del dolo, ya que, nadie puede asegurar las consecuencias de sus hechos intencionados. 

Para la cuantificación de esta responsabilidad directa de las compañías de seguro se atenderá a lo preceptuado en el citado artículo 117 del Código Penal, distinguiendo entre el límite legalmente establecido y el contractualmente pactado, ambos compatibles.

Respeto al tema de cuantificaciones, resulta interesante mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo, Nº865/2015, de 14 de enero de 2016. ECLI:ES:TS: 2016:11 que delibera sobre la cuantía de indemnizaciones y su cobertura en un conocido y controvertido delito medioambiental, como fue el caso Prestige.

''Distingue este artículo dos niveles para la cuantificación de esa responsabilidad, el legalmente establecido y el contractualmente pactado, que no son incompatibles.

La que corresponde al primero, es decir la responsabilidad legalmente establecida, en este caso es la que de forma limitada sin posibilidades de ampliación fija el CLC92 y que corresponde al fondo de garantía consignado en las actuaciones. La otra, la que al margen de ella pacten los propietarios o navieros para cubrir su responsabilidad civil entre otros supuestos, ante la eventualidad de que la limitación que establece a favor del propietario el CLC92 quedará excepcionada.''

La mora de la compañía aseguradora se regula en el artículo 20 de la Ley 50/1980, de la Ley de Contratos de Seguro, disponiendo:

“3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro”, aclarando en el siguiente epígrafe que

4.º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.” 

El recargo o intereses establecidos en este precepto tienen un marcado carácter sancionador y una finalidad preventiva, empleándose como estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, que consiste en el pago de la correspondiente indemnización que restituye el interés legítimo del perjudicado.

Los Tribunales han mantenido una interpretación estricta y rigurosa de este artículo, no reconociendo la exclusión de la mora al asegurador salvo concurrencia de motivos justificados suficientemente justos para no incurrir su conducta en mora. Véase a modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Nº365/2013, de 20 de marzo de 2013.  ECLI:ES:TS:2013:3064 .

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