Responsabilidad por infracciones en materia de tráfico

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 15/03/2022

Como norma general la responsabilidad recaerá en el autor del hecho que dé lugar a la infracción, que en función del tipo de infracción cometida será generalmente el conductor o el titular del vehículo, con excepciones.

¿Quién será el responsable de la comisión de infracciones de tráfico?

La responsabilidad por las infracciones cometidas en materia de tráfico aparece regulada en el capítulo III, del título V del TRLTSV (art. 82 del TRLTSV).

Como norma general la responsabilidad recaerá en el autor del hecho que dé lugar a la infracción, que en función del tipo de infracción cometida será generalmente el conductor o el titular del vehículo, con excepciones.

Las excepciones que aparecen reguladas en el TRLTSV, y que atribuyen la responsabilidad al conductor en todo caso, son:

  • Cuando se conduzca un vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero, será el conductor el responsable por la no utilización del citado casco de protección por el pasajero.
  • También será responsable el conductor cuando transporte pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida.
  • Cuando no se empleen sistemas de retención infantil responderá el conductor como responsable.

Otra excepción la constituyen los hechos cometidos por menores de 18 años ya que, en atención al  incumplimiento de la obligación que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores, en estos casos responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden.

CUESTIÓN

¿Quién se considera responsable cuando no tiene lugar la detención del vehículo?

El art. 82. c) y d) del TRLTSV nos dice que en estos casos si el vehículo tuviese designado un conductor habitual se le considerará responsable, salvo que acredite que era otro el conductor, o que se le sustrajo el vehículo. Cuando no tuviese asignado conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo, atendiendo a las obligaciones reguladas en el art. 11 del citado TRLTSV, que en su apartado 1. a) establece como obligación del titular de un vehículo la de facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de cometerse una infracción. 

Con relación a esto hay que tener en cuenta la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid, Sección 6, n.º 98/2017, de 17 de mayo, ECLI:ES:JCA:2017:1712, sobre un supuesto referido a una sanción a un conductor por un exceso de velocidad, en el que la prueba era la fotografía tomada por el cinemómetro y el certificado de verificación del mismo. El recurrente no identificó al conductor tras la notificación, ante lo cual, la Administración acordó incoar expediente contra el recurrente, tras ello el recurrente solicitó nuevo plazo para identificar al conductor y realizó alegaciones, pero la Administración dictó resolución sancionadora por exceso de velocidad. La sentencia concluye que: «hemos de concluir que no hay prueba de que el recurrente fuera el conductor del vehículo que circulaba a 161 Km/h, por lo que la Administración ha presumido que el conductor era su propietario. Ello infringe los principios de responsabilidad personal y de presunción de inocencia ( art. 24 CE ), por lo que debe estimarse la demanda siendo innecesario el estudio del resto de los motivos de impugnación».

También la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 29/2014, de 24 de febrero, ECLI:ES:TC:2014:29, que analiza un supuesto en el que el propietario del vehículo, identifica como conductora a una persona que al ser notificada niega los hechos, lo que motiva que se instruya contra el propietario procedimiento sancionador por incumplimiento del deber de identificar verazmente al conductor, y que este solicite amparo al TC por entender vulnerado su derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), ya que mantiene que cumplió su obligación de identificar al conductor. Concluye el TC que «la Administración realizó las actuaciones necesarias para incoar el procedimiento sancionador contra el conductor identificado por el propietario, sin que, ante la negativa del identificado como conductor, le sea a ésta posible realizar otras actuaciones o practicar nuevas pruebas dirigidas a comprobar la veracidad de la identificación antes de incoar el correspondiente procedimiento sancionador por incumplimiento del deber de identificación veraz del conductor, todo ello sin perjuicio de las garantías que asisten en todo caso al propietario en el ejercicio del derecho de defensa consagrado en el art. 24.2 CE, cuya lesión no ha sido por éste invocada. De lo hasta aquí expuesto se concluye que la interpretación realizada por la resolución sancionadora y confirmada por la Sentencia permite discernir un fundamento razonable para subsumir en este caso la conducta del recurrente en amparo en la infracción tipificada en el art. 72.3 LSV, por la que ha resultado sancionado, lo que revela que no se ha lesionado en este supuesto el derecho fundamental a la legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE), por lo que nuestro pronunciamiento debe ser de desestimación del presente recurso de amparo». (Hay que tener en cuenta que actualmente la infracción muy grave por incumplir el titular del vehículo la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción se recoge en el art. 77. j) del TRLTSV).

El Tribunal Constitucional en sentencia n.º 117/2016, de 20 de junio, ECLI:ES:TC:2016:117, matiza que la mera negación del hecho de la conducción por la persona identificada como conductora en la fase de audiencia, no constituye prueba suficiente sobre la inveracidad de la identificación, si no que debe iniciarse un nuevo procedimiento sancionador, en el que se de trámite de alegaciones para poder alegar el interesado lo que convenga a sus intereses:

«(...) en el fundamento jurídico 4 de la STC 29/2014, de 24 de febrero, se señala que “la tajante negativa del identificado como conductor puede suponer una identificación inverosímil o inveraz que permite incoar el correspondiente procedimiento sancionador”, para aclarar, acto seguido, que dicho procedimiento “tras la correspondiente tramitación”, “podrá en su caso concluir en la imposición de la sanción correspondiente”. A continuación insiste, con cita de la STC 197/1995, FJ 2, en que “la identificación del propietario no supone la determinación automática de la responsabilidad del conductor, que sólo podrá ser declarada tras la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador en el que se garantice su derecho de defensa”; y, en que, “de igual modo, la negación de la condición de conductor por el identificado como tal en el seno de un procedimiento sancionador, no supone la automática declaración de responsabilidad del propietario por el incumplimiento de la identificación veraz del conductor”. El propietario “sólo podrá ser sancionado, tras la tramitación del correspondiente procedimiento y a la vista, en cada caso, de las alegaciones realizadas y las pruebas en él practicadas, conforme a las reglas que derivan del derecho contemplado en el art. 24.2 CE”.

No se desprende de esa STC 29/2014, de 24 de febrero, tantas veces citada, la conclusión de que la mera negativa del identificado como conductor sea suficiente para reputar inverosímil o inveraz la identificación a los efectos de aplicar la norma sancionadora, pues podría resultar contraria al principio de presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

En efecto, el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que rige sin excepciones en el procedimiento administrativo sancionador (SSTC 56/1998, de 16 de marzo, FJ 4; 76/1990, FJ 8, y 35/2006, de 13 de febrero FJ 6), comporta la exigencia de un acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la Administración pública actuante la carga probatoria tanto de la comisión del ilícito como de la participación del acusado, sin que a éste pueda exigírsele una probatio diabolica de los hechos negativos (por todas, SSTC 45/1997, de 11 de marzo, FJ 4, y 74/2004, de 24 de abril, FJ 4).

No puede obviarse que la dificultad de obtención de prueba directa en los casos en que no ha sido posible identificar al conductor en el acto de formularse la denuncia ha llevado al Tribunal Europeo de Derecho Humanos a hacerse eco de la posibilidad, respetuosa con el derecho a la presunción de inocencia (art. 6.2 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales), de emplear “presunciones de hecho” con sujeción a “límites razonables” (Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de octubre de 2004, caso Falk c. Holanda).

Es igualmente doctrina reiterada que no corresponde a este Tribunal revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano sancionador alcanza su íntima convicción, sino únicamente llevar a cabo una supervisión externa de la razonabilidad del discurso que enlaza la actividad probatoria con el relato fáctico resultante (SSTC 117/2002, de 20 de mayo, FJ 9, y 131/2003, de 30 de junio, FJ 7, por todas).

De cuanto llevamos expuesto se desprende que la mera negación del hecho de la conducción por la persona identificada, por sí sola, no es prueba bastante, a los efectos de destruir la presunción de inocencia consagrada en el art. 24.2 CE, de la inveracidad de la identificación. Ciertamente, puede constituir un indicio relevante, siempre y cuando tal negación esté revestida de mayor credibilidad que la identificación realizada y así se explicite por la Administración, posibilitando entonces que el procedimiento sancionador se dirija contra el propietario por la infracción de que tratamos. Sin embargo, partiendo de que el deber de identificación es instrumental por servir la finalidad de facilitar la intervención de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad vial (SSTC 197/1995, de 21 de diciembre, FJ 8, y 29/2014, de 24 de febrero, FJ 4), será necesario desarrollar la fase instructora dirigida a la identificación del conductor supuestamente responsable de la infracción de tráfico originaria, lo cual habrá de incluir la posibilidad de aportación y la práctica de las pruebas de descargo que resultasen pertinentes (art. 24.2 CE).

 En efecto, como reconoce la STC 197/1995 (FJ 8) no se exige al titular del vehículo “probar la responsabilidad o culpabilidad del conductor supuestamente autor de la infracción sino que tal declaración se efectuará en su caso por la Administración, tras la conclusión del oportuno expediente sancionador en cuya tramitación el conductor podrá alegar en su descargo y proponer la práctica de cuantas pruebas considere pertinentes” (STC 197/1995, FJ 2)».

En el caso de empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. Si este alega que no era el conductor, o se trata de una persona jurídica, le corresponden las obligaciones que establece el art. 11 del TRLTSV (relativas a la identificación del conductor, y de impedir que el mismo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso de conducción).

Esta misma responsabilidad se aplicará a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados.

El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a:

  • La documentación del vehículo.
  • Los reconocimientos periódicos.
  • Su estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo.

En último lugar, el titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho, será responsable de las infracciones relativas a:

  • Estacionamiento.
  • Impago de los peajes de las vías que lo tengan regulado.

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