Responsabilidad Laboral-prestacional del empresario en caso de accidente de trabajo (AT) o enfermedad profesional (EP)

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 31/05/2019

Atendiendo a un punto de vista propiamente laboral, este tipo de responsabilidad sólo surgiría ante incumplimientos de los trabajadores que pudiesen desembocar en la aplicación directa del poder de dirección empresarial. No obstante, dado que la obra analiza la contingencia profesional, y siguiendo la esfera de la responsabilidad administrativa, se hace necesario estudiar la incidencia de “omisiones” o “incumplimientos” en relación con las obligaciones de afiliación, alta o cotización a la Seguridad Social a la hora de afrontar los accidentes o enfermedades profesionales

Incumplimiento de obligaciones de alta y cotización del trabajador en caso de accidente o enfermedad profesional y responsabilidad sobre prestaciones

El art. 167 de la LGSS, en su apartado 2, no deja lugar a dudas al disponer que:

"el incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva".

La atribución de responsabilidad directa al empleador en caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de alta y cotización, se complementa con una responsabilidad al anticipo de prestaciones por parte de INSS o Mutua, correspondiendo al INSS, en última instancia -a través del Fondo de Garantía de Accidente de Trabajo- responder en caso de insolvencia del empresario, reflejada en el apdo. 3º del citado art. 167 donde igualmente se dispone:

“3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las entidades gestoras, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o, en su caso, los servicios comunes procederán, de acuerdo con sus respectivas competencias, al pago de las prestaciones a los beneficiarios en aquellos casos, incluidos en dicho apartado, en los que así se determine reglamentariamente, con la consiguiente subrogación en los derechos y acciones de tales beneficiarios. El indicado pago procederá aun cuando se trate de empresas desaparecidas o de aquellas que por su especial naturaleza no puedan ser objeto de procedimiento de apremio. Igualmente, las mencionadas entidades, mutuas y servicios asumirán el pago de las prestaciones, en la medida en que se atenúe el alcance de la responsabilidad de los empresarios respecto a dicho pago.

El anticipo de las prestaciones, en ningún caso, podrá exceder de la cantidad equivalente a dos veces y media el importe del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento del hecho causante o, en su caso, del importe del capital coste necesario para el pago anticipado, con el límite indicado por las entidades gestoras, mutuas o servicios. En todo caso, el cálculo del importe de las prestaciones o del capital coste para el pago de las mismas por las mutuas o empresas declaradas responsables de aquellas incluirá el interés de capitalización y el recargo por falta de aseguramiento establecido pero con exclusión del recargo por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere el artículo 164.

 Los derechos y acciones que, por subrogación en los derechos y acciones de los beneficiarios, correspondan a aquellas entidades, mutuas o servicios frente al empresario declarado responsable de prestaciones por resolución administrativa o judicial o frente a las entidades de la Seguridad Social en funciones de garantía, únicamente podrán ejercitarse contra el responsable subsidiario tras la previa declaración administrativa o judicial de insolvencia, provisional o definitiva, de dicho empresario.

Cuando, en virtud de lo dispuesto en este apartado, las entidades gestoras, las mutuas y, en su caso, los servicios comunes se subrogasen en los derechos y acciones de los beneficiarios, aquellos podrán utilizar frente al empresario responsable la misma vía administrativa o judicial que se hubiera seguido para la efectividad del derecho y de la acción objeto de subrogación.”

Dado que la "fijación de los supuestos de imputación [de responsabilidad] y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva", prevista en el art. 167 LGSS, se encuentra todavía pendiente de reglamentación, en lo que se refiere a incumplimiento en materia de cotización en relación a contingencias profesionales, la doctrina jurisprudencial consolidada viene señalando la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad entre la gravedad del incumplimiento y el trascendental resultado de imputar a la empresa la responsabilidad en orden a las prestaciones, recogiendo las líneas generales marcadas por el Tribunal Supremo (1) lo siguiente:

1) La responsabilidad por descubiertos en el pago de primas de accidentes de trabajo, contingencia cuya protección no requiere período mínimo de cotización o carencia, tiene un régimen jurídico distinto del de la responsabilidad por descubiertos respecto a las contingencias comunes, situación ésta en la que la exigencia de ese periodo de carencia permite una aplicación más matizada del principio de proporcionalidad.

2) La determinación de la responsabilidad empresarial de prestaciones por descubiertos en el pago de las primas de accidentes de trabajo depende de la duración de los descubiertos y gravedad de los mismos, de forma que cuando su extensión y alcance ponen de relieve “la existencia de una voluntad empresarial de no cumplir con sus obligaciones de cotizar”, debe imputarse tal responsabilidad a la empresa, mientras que sucede lo contrario si se trata de incumplimientos transitorios u ocasionales, que no obedecen a un propósito continuado de incumplir dicho deber legal.

3) Los incumplimientos a tener en cuenta para valorar la existencia de dicha responsabilidad empresarial, determinados por la jurisprudencia en defecto de la “fijación de los supuestos de imputación y de su alcance”, son únicamente los producidos antes del acaecimiento del accidente laboral y no los posteriores. En este sentido, la STS de 20 de enero de 2003, Rcud. 4490/2001, ha distinguido “entre incumplimiento doloso o incumplimiento negligente o fortuito, siendo en tal sentido como en diversas sentencias ha considerado que la empresa era responsable STS 1-2-2000 (rcud. 694/99), en que el descubierto era sólo de siete meses pero eran los únicos siete meses de relación laboral del trabajador con la empresa; STS 21-2-2000 (rcud. 71/99) en que la falta de cotización alcanzaba a un año y diez meses; STS 18-9-2000 (rcud. 3745/99) en un supuesto en el que el período de descubierto fue superior a dos años; STS 15-12-2000 (rcud. 4348/99) contemplando casi cuatro años de descubierto; STS 5-2-2001 (rcud. 2122/00) con cerca de tres años de descubierto; STS 12-2- 2001 (rcud. 131/2000) con un descubierto de dos años y tres meses; STS 5-3-2001 (rcud. 4606/99) en el que la empresa sólo había abonado un mes dentro del período de los doce meses anteriores que eran los únicos trabajados desde que había sido dado de alta en la empresa; STS 20-3-2001 (rcud. 594/00 ), con más de doce años en descubierto...”.

En base a las pautas precitadas, como bien matiza la STSJ Galicia Nº 3846/2015, de 6 de julio de 2015, Rec 128/2014, ha de concluirse que es preciso analizar en cada caso concreto lo que ha de entenderse por voluntad empresarial de incumplimiento o rupturista de las obligaciones en materia de cotización a la Seguridad Social y contemplar no solo el lapso temporal que se considera grave y culpable a efectos de entender que existe tal incumplimiento (y que la STS 5-3-200 sitúa en periodos superiores a doce meses, salvo supuestos muy excepcionales).

Incumplimiento de las normas en materia extranjería.

Habida cuenta que el reconocimiento de las prestaciones a los extranjeros sin permiso se encontraba ya establecido en nuestro ordenamiento tras la ratificación del Convenio nº 19 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre igualdad de trato a extranjeros en materia de indemnizaciones por accidente de trabajo, así como en razón de lo establecido en el artículo 57.5.d) de la Ley Orgánica 4/2000 -que excluía la sanción de expulsión del extranjero irregular cuando al mismo fuere beneficiario de prestación de incapacidad permanente por accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurrido o contratado en España- , tanto la doctrina como la jurisprudencia, desde una situación inicial de silencio del legislador sobre las consecuencias del trabajo de los extranjeros carentes de habilitación administrativa para ello (situación en la que se impuso la idea de la nulidad del contrato, al entenderse que esa autorización era requisito de derecho necesario y constitutivo para la validez del vínculo), han transitado a otra de reconocimiento de la eficacia del contrato en relación con la indemnidad de los derechos del mismo dimanantes para el trabajador extranjero, y más tarde a la actual situación en la que se persevera en esa eficacia y se extiende la misma a las prestaciones de Seguridad Social.

Como hemos desarrollado, el régimen general de la responsabilidad patronal en orden a las prestaciones del sistema público de protección establece la responsabilidad empresarial en el pago de las prestaciones en caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas y cotización. En consecuencia, con lo anterior, el art. 37 LISOS considerada conductas constitutivas de infracción muy grave, en materia de permisos de trabajo de extranjeros, las de:

  1. Los empresarios que utilicen trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el preceptivo permiso de trabajo, o su renovación, incurriendo en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros que hayan ocupado.
  1. Los extranjeros que ejerzan en España cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia, sin haber obtenido el preceptivo permiso de trabajo, o no haberlo renovado.

Junto a lo anterior, el apdo. 3 del precepto, añade un sujeto más a los listados en el artículo 2.5 LISOS, que puede ser considerado responsable en materia de trabajo de extranjeros “las personas físicas o jurídicas que promuevan medien o amparen el trabajo de los extranjeros en España sin el preceptivo permiso de trabajo”.

Responsabilidad del recargo de prestaciones

El art. 164 Ley General de la Seguridad Social, establece que todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo - o enfermedad profesional -se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

Ver: Recargo de prestaciones en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional

Tres situaciones singulares: coordinación de actividades empresariales, intervención de ETT y pluriempleo

1.- Supuesto de coordinación de actividades empresariales

Lo decisivo es el hecho de que el trabajo se desarrolle en muchos casos bajo el control y la inspección de la empresa principal, o en relación con lugares, centros de trabajo, dependencias o instalaciones de ésta, y que, además, los frutos y consecuencias de este trabajo repercutan en ella, produciéndose así una peculiar situación en la que participan los trabajadores del contratista, éste y también la empresa principal, situación en la que concurren conexiones e interferencias mutuas entre estas tres partes que en ella se encuadran. La sentencia de 7 de octubre de 2008 recuerda la doctrina proclamada en la anterior sentencia de 5 de mayo de 1999, justificando la responsabilidad en el incumplimiento del deber de seguridad del empresario para todos los que se encuentran bajo su control.

Igualmente, el art. 24 LPRL exige la coordinación de las actividades empresariales cuando un empresario desarrolle su actividad en el centro de trabajo de otros, no solo en el sentido de que el titular del centro deberá informar de los riesgos existentes, sino que el contratista deberá actuar en consecuencia, con la adopción de las medidas necesarias para la evitación del riesgo, que por interpretación sistemática con el conjunto de la norma ha de tender a la evitación del riesgo tanto en su origen como con las medidas de protección generales y particulares necesarias.

El Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, señala al empresario titular con trabajadores en el centro de trabajo o, en su defecto, al empresario principal, como sujetos responsables de tomar la iniciativa de los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores

El hecho de que el accidente se haya producido dentro de la esfera de responsabilidad del empresario principal en materia de seguridad e higiene, ha de determinar en caso de incumplimiento la extensión a aquél de la responsabilidad en la reparación del daño causado, pues no se trata de un mecanismo de ampliación de la garantía en función de la contrata, sino de una responsabilidad  derivada de la obligación de seguridad del empresario para todos los que prestan servicios en un conjunto productivo que se encuentra bajo su control (STS  de 5 de mayo de 1999). Es decir, El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales, supone las responsabilidades administrativas, así como, en su caso, las responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse, tal y como regula el artículo 42.1 LPRL, por parte de cualquier empresario que disponga de trabajadores por cuenta ajena, a los que deberá garantizar su seguridad y salud.

2.- Supuesto de intervención de ETT

La responsabilidad de la ETT dimana de la nula o deficiente formación de los trabajadores, para realizar sin detrimento de su persona las labores de determinado puesto de trabajo, pero sin olvidar que la ETT, pese a ser el verdadero empresario del trabajador puesto a disposición, no proporciona directamente el trabajo ni lo dirige; este deber lo asume la empresa usuaria (EU) razón por la cual el tema de la responsabilidad de ETT y EU no tiene el mismo fundamento ni el mismo contenido para ambas entidades. La norma básica la contiene el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el ámbito de las ETT.

A la EU se le exigirá responsabilidad directa, porque es la que domina el espacio y el medio en el que se desarrolla la labor; asume ciertas obligaciones frente a los trabajadores puestos a su disposición, durante todo el tiempo de la prestación de servicios. Antes de iniciarse la actividad debe informar a los trabajadores de los riesgos a los que se exponen y las medidas de seguridad que deben ser adoptadas. También es responsable del recargo de las prestaciones, cuando legalmente proceda. En la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, de 19 de octubre de 1998, se declaró que del accidente sufrido por el trabajador es únicamente responsable la EU, al haber incumplido ésta la obligación que le impone el artículo 16 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, y que al tiempo que constituyó un ilícito laboral configura una responsabilidad a título de culpa civil, que no debe alcanzar a la ETT.

Accidente "in itinere"

Como hemos analizado al principio de la obra, la idea básica que subyace en la construcción jurisprudencial del accidente "in itinere" es que solo puede calificarse como tal aquel que se produce porque el desplazamiento viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo. Por tal razón, "la noción de accidente "in itinere" se construye a partir de dos términos (el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador) y de la conexión entre ellos a través del trayecto" (STS de 29 de septiembre de 1997, Rec. 2685/96)". En la calificación y consecuencias del accidente “in itinere” puede manifestarse, al intervenir la existencia de ETTS y empresa usuaria, en alguna de las siguientes situaciones:

  • En el trayecto del domicilio del trabajador al de la ET para ser contratado. No sería accidente de trabajo.
  • En el trayecto del domicilio de ETT al del trabajador, después de ser contratado. Sería accidente profesional.
  • Del domicilio del trabajador al centro de trabajo designado por la EU y viceversa: accidente de trabajo.
  • De la ETT a la EU: sería accidente profesional.

3. Efectos del accidente sufrido en situaciones de pluriempleo

La cuestión se presenta con caracteres sumamente complejos. La situación acaece cuando un trabajador, que en régimen de pluriempleo presta servicios para varios empresarios, sufre un accidente prestando servicios para uno de ellos, pero causando baja en el trabajo en la restantes empleadoras. Podría admitirse cualquiera de estas alternativas:

  • Declarar el accidente de trabajo solamente en la empresa en la que prestaba servicios al accidentarse
  • Que para las restantes empresas se considere un episodio sin relevancia económica ni de otro tipo
  • Considerar accidente de trabajo en la empresa en la que prestaba servicios al accidentarse y accidente no laboral en las restantes empresas
  • Considerar accidente de trabajo en todas las empresas para las que prestaba servicios.

La sentencia de la Sala Cuarta del TS de 22 de julio de 1998 se inclina por esta última solución, declarando al efecto que en los casos de pluriempleo el accidente sufrido afecta a todas las relaciones laborales que vinculaban al trabajador con los distintos empresarios, teniendo para todos ellos la consideración de accidente de trabajo y a todos alcanzan las consecuencias del mismo, y a las Mutuas en proporción a la base de cotización que cada una de ellas aseguraba.

La sentencia opta por una solución que merece algunos reproches, en mi humilde opinión. El accidente ocurrido en una de las empresas puede deberse a falta de medidas de seguridad en ese ámbito concreto, pero no podrá reprocharse a los restantes empleadores responsabilidad alguna por la falta de medidas de seguridad, en cuanto que el accidente tuvo lugar en un espacio ajeno a la capacidad organizativa de quien no dominaba el espacio. Por consiguiente, los efectos del accidente, calificado de laboral, no producirá el mismo efecto en todas las empresas, incluso para los supuestos de que alguna de ellas pueda ser sancionada por infracotización, o por falta de alta en la SS.

(1) SSTS 23 de abril de 2010, rec. 2216/2009, 15 de enero de 2008, Rcud 3964/2006, 16 de mayo de 2007, Rcud 4263/2005, Ecli: ES:TS:2007:39975

 

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Persona física
Prestación económica

RDLeg. 8/2015 de 30 de Oct (TR. Ley General de la Seguridad Social -LGSS-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 31/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/01/2016 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Real Decreto 216/1999 de 5 de Feb (disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 47 Fecha de Publicación: 24/02/1999 Fecha de entrada en vigor: 24/02/1999 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales

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