Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

El apdo. 2 del 106 ,Constitución española establece lo siguiente: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".La responsabilidad patrimonial de la Administración es una responsabilidad objetiva ya que supone que no es estrictamente necesario que el daño a indemnizar sea realizado con culpa o ilegalidad; únicamente será necesario que el perjudicado no esté obligado por norma alguna a soportar el daño. 

En la TS, Sala de lo Contencioso, de 22/06/2012, Rec. 2506/2011 se establece que "la viabilidad de la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere, conforme a lo establecido en el 139 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre (la referencia debe entenderse hecha, por extensión, al 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre):

La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

Ausencia de fuerza mayor.

 Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta".

El derecho a indemnización se deriva también de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que los particulares no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos (apdo. 3 del 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre); sobre la responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, el apdo. 7 del 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre) indica que ésta se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Por lo demás, la Ley 40/2015, de 1 de octubre extiende su regulación a diversas situaciones no incluidas en su precedente legislativo más inmediato, esto es, el 139 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Así:

• La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos:
  • Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apdo. 4 del 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.
  • Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apdo. 5 del 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.
• Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
• Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:
  • La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
  • El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
  • Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.
• La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.
• Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La cuantía de la indemnización, tal y como señala el apdo. 3 del 34 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre  se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. (Nótese que en el apdo. 3 del 141 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre no existía referencia a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas y la actualización de la cuantía de la indemnización se refería al IPC).

En cuanto a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 36 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre (en su parte coincidente con el 141 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre) señala lo siguiente:

• Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
• La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

 Por último, en cuanto al plazo de reclamación, el apdo. 1 del 67 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

Para ultimar el examen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, se hace necesario abordar lo siguiente:

• Principios de la responsabilidad de las administraciones públicas (Ver tema: Los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas)
  
  
• Responsabilidad concurrente de las administraciones públicas (Ver tema: La responsabilidad patrimonial concurrente entre Administraciones Públicas)
  
  
• La indemnización (Ver tema: La indemnización por la responsabilidad patrimonial de la Administración)