La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas y su regulación en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

A la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas se refieren tanto el Art. 36 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre (rotulado "Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas") como el Art. 37 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, referido a la responsabilidad penal.    

Los Art. 36,Art. 37 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre se ocupan de determinar el régimen de responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas dentro de la más amplia sede de la responsabilidad patrimonial de estas últimas.  

Así, y por lo que respecta a la "Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas,el Art. 36 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente:

  • Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

  • La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. 
    Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

  • Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

  • El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites:

    • Alegaciones durante un plazo de quince días.

    • Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.

    • Audiencia durante un plazo de diez días.

    • Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.

    • Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.

  • La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.

  • Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

 Por su parte, y bajo el rótulo de Responsabilidad penal, el Art. 37 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre se expresa en los siguientes términos:

  • La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.

  • La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

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Responsabilidad patrimonial
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Responsabilidad penal
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Daños y perjuicios
Dolo
Responsabilidad profesional
Responsabilidad civil derivada del delito