Responsabilidad penal de las personas jurídicas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 26/02/2018

Las personas jurídicas se convierten en penalmente responsables de los delitos cometidos (en su nombre o por su cuenta) por sus representantes legales y administradores. Pero también, por aquellas personas que estando sometidos a su autoridad hayan podido realizar los hechos constitutivos de un ilícito penal por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal ( Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Jun (Se modifica la LO. 10/1995, del Codigo Penal) ), que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, introdujo en la legislación penal española una de las modificaciones más sustanciales en el derecho penal empresarial desde la aprobación del Código Penal de 1995. Esta modificación consistió en la abolición de nuestro ordenamiento jurídico penal del viejo aforismo romano societas delinquere non potest, según el cual una persona jurídica no podía cometer delitos.

De esta manera, las personas jurídicas se convierten en penalmente responsables de los delitos cometidos (en su nombre o por su cuenta) por sus representantes legales y administradores. Pero también, por aquellas personas que estando sometidos a su autoridad hayan podido realizar los hechos constitutivos de un ilícito penal por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.

Con esta reforma una empresa no sólo debía enfrentarse a las sanciones, generalmente de gran importancia económica, que las distintas regulaciones sectoriales establecen, sino que también debía enfrentarse a la responsabilidad por un delito.

No obstante, la remodelación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas fue operado en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo ( Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Mar (Se modifica la LO. 10/1995, del Código Penal) ), la cual radica en la regulación expresa de los programas de cumplimiento. Esta reforma lo que modificó fundamentalmente fue el artículo 31bis del Código Penal y se incluyen los artículos 31 ter, 31 quarter, sobre circunstancias atenuantes aplicables a estos caso, y artículo 31 quinquies, sobre excepción de aplicación de esta normativa y sus casos.

Por su parte, conforme a la reforma del Código penal operada por la LO 1/2015, la Fiscalía General del Estado publicó la Circular FGE 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tratándose de un documento a través del cual se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de cumplimiento normativo o Compliance en las empresas que, tras la reforma, se configuran como una eximente de la responsabilidad penal.

  • La imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

El apartado 1 del artículo 31bis del Código penal dice: 

"1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso".

En este caso, se mantienen los criterios de transferencia de la responsabilidad penal de determinadas personas físicas a la persona jurídica. Cabe señalar que, tal y como se menciona en el artículo citado, el debido control debe “haberse incumplido gravemente”.

Es decir, existen dos escenarios esenciales que permiten sustentar la responsabilidad penal de una persona jurídica, los cuales vienen perfectamente descritos en la Circular emitida por la Fiscalía. Estos son:

  • El primer escenario que atribuye esa responsabilidad penal entendiendo que esta se manifiesta a través de la actuación de una persona física que la compromete con su previa actuación delictiva, siempre que se evidencia un hecho de conexión (sino estaríamos ante una responsabilidad objetiva), lo que se llama una responsabilidad por transferencia, indirecta o vicarial de la persona jurídica (tal y como establece el apartado 1 del artículo 31 bis del Código Penal).
  • El segundo escenario se refiere a un sistema de imputación propio de la persona jurídica, de tal modo que es el ente colectivo el que comete el delito, tratándose de una responsabilidad directa o autónoma de la persona jurídica (culpabilidad por defecto de organización, cuando se omiten la adopción de las medidas de precaución que le son exigibles para garantizar un desarrollo ordenado y no delictivo de la actividad profesional).

Es decir, el artículo 31bis del Código Penal no dice que las personas jurídicas cometan el delito, lo que dice es que las personas jurídicas “serán penalmente responsables de los delitos cometidos por persona físicas”.

La expresión “responsabilidad penal” es utilizada en sentido amplio, atribuyéndola a la persona jurídica en virtud de un hecho de conexión consistente en el previo delito cometido por la persona física en su nombre o cuenta de ella, y será en este momento donde deba acreditarse la comisión del delito, individualizando la acción, típica y antijurídica, en la persona física, para verificar después que se cumplen los criterios de transferencia de la responsabilidad a la persona jurídica.

Debemos destacar que, a pesar de lo expuesto en el apartado anterior, en determinados casos se atribuye una especial autonomía a la responsabilidad de las empresas, como por ejemplo:

  • la responsabilidad de la persona jurídica no depende de la previa declaración de la responsabilidad penal de la persona física
  • la no identificación del autor del delito o la imposibilidad de dirigir el procedimiento contra él, no excluye la responsabilidad de la persona jurídica (apartado 1 del artículo 31ter CP);
  • las agravantes y atenuantes relativas a la culpabilidad de la persona física, no son trasladables a la persona jurídica  (apartado 2 del artículo 31ter CP);
  • la persona jurídica tiene unas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal específicas y un sistema propio de penas con reglas particulares de aplicación (artículo 31quater CP y artículo 66bis CP); y
  • la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica se refuerza con el valor de la eximente otorgado a los programas de organización.

En el caso de que la imputación se base en la defectuosa organización societaria y esta define la culpabilidad, la acusación no solo deberá probar que el delito fue cometido por una de las personas físicas de los apartados a) y b) anteriormente mencionados, sino que tal infracción se ha cometido a consecuencia del ineficiente control de la persona jurídica.

No obstante, si esa imputación reside en la conducta delictiva de sus dirigentes o el incumplimiento de sus obligaciones de control sobre los subordinados, esto será lo único que deba probar la acusación.

En este caso la empresa deberá acreditar que el plan de cumplimiento instalado en la sociedad (de tenerlo) es eficaz a la hora de prevenir el delito.

Los sujetos capacitados para transferir la responsabilidad penal a la empresa, están divididos en tres grupos, que son:

1º.- los representantes legales, ya sea representación orgánica o voluntaria;

2º.- quienes actuando voluntariamente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en su nombre; y

3º.- quienes ostentan facultades de organización y control (cargos y mandos intermedios que tengan atribuidas tales facultades, entre ellas medidas de vigilancia y control para prevenir delitos), lo que permite incluir en la letra a) del artículo 31bis del Código Penal al propio oficial de cumplimiento (compliance officier).

  • Significado de “beneficio directo o indirecto”.

Se trata de un término que permite extender la responsabilidad de la persona jurídica a aquellas entidades cuyo objeto social no persigue intereses estrictamente económicos, así como incluir los beneficios obtenidos a través de un tercero interpuesto (cadenas de sociedades, por ejemplo), los consistentes en un ahorro de costes y en general, todo tipo de beneficios estratégicos, intangibles o reputacionales.

Esta expresión mantiene la naturaleza objetiva, como acción tendente a conseguir un beneficio, sin necesidad de que este se produzca, resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad. Incluso cuando la persona física haya actuado en su exclusivo beneficio o interés o en el de terceros ajenos también se cumple la exigencia típica siempre que el beneficio pueda alcanzar a esta, debiendo valorarse la idoneidad de la conducta para que la persona jurídica obtenga alguna clase de ventaja asociada a aquella.

Tan solo quedan excluidas aquellas conductas que, al amparo de la estructura societaria, sean realizadas por la persona física en su exclusivo y propio beneficio o en el de terceros y que resulten no idóneos para reportar beneficio ni directo ni indirecto (solo cuatro grupos de conductas imprudentes son susceptibles de generar un reproche penal a la persona jurídica, las insolvencias punibles, delitos contra recursos naturales y medio ambiente, blanqueo de capitales y delitos de financiación del terrorismo).

  • Significado de “incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control.

Expresión que se encuentra inmerso en la letra b) del apartado 1 del artículo 31bis del Código Penal pero que también es exigible a las personas referidas en la letra a) y no directamente a las personas jurídicas, lo que supondrá que ese incumplimiento de la persona física lo sea por dolo o imprudencia grave (no una culpabilidad por defecto de organización de la persona jurídica).

La utilización del término “gravemente” supondrá dejar fuera del ámbito penal aquellos incumplimientos de poca entidad. Cuando la infracción del deber de control no se haya producido o haya sido leve, siempre cabe la posibilidad de la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica de conformidad con el art. 120.4 (culpa in vigilando o in eligendo).

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