Responsabilidad subsidiaria de la Administración derivada de delito

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 16/11/2020

 Responsabilidad subsidiaria de la Administración derivada de delito: Artículo 121 del C.P.

El artículo 121 del Código Penal establece la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración, señalando que el Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia, la Isla, el Municipio y demás Entes Públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.

En el caso de que se exigiera la responsabilidad civil de la autoridad, agentes o funcionarios públicos en el proceso penal, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente culpable.

De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo, la responsabilidad será directa si el pleito se resuelve ante la jurisdicción contencioso-administrativa y subsidiaria en el caso de que se resuelva en el orden penal, teniendo en cuenta que son incompatibles ambos tipos de responsabilidad. 

Lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, no altera la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por los delitos cometidos en establecimientos sometidos a su control, cuando concurran infracciones reglamentarias en los términos establecidos en el artículo 120.3 del Código Penal. Las tipicidades descritas en ambos preceptos son autónomas, y bien diferenciadas y pueden generar, cada una en su ámbito, la correspondiente responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Por tanto, los supuestos son distintos y sin ninguna primacía de uno sobre otro (STS, Nº 135/2011, de 15 de marzo, ECLI: ES:TS:2011:1304).

De lo dicho anteriormente, se desprende la necesidad de que exista una relación entre la acción realizada por el condenado y las funciones para las que fue contratado. A modo de ejemplo, en la STS, Nº 15/2013 de 16 de enero, ECLI:ES:TS:2013:235 , se resuelve el caso del asesinato de un funcionario cometido por un compañero suyo, en el cual el Tribunal entiende que la Comunidad Autónoma de la Rioja no es responsable civil subsidiaria: "...aunque concurra la condición objetiva de que el sujeto criminalmente responsable se encuentra vinculado a la Administración por la contratación laboral de sus servicios, es lo cierto que no existe relación entre su acción homicida -matar disparando un arma de fuego- y el contenido de las funciones laborales contratadas, -integrado en un Retén de incendios- más allá de las topográficas o cronológicas (lugar o jornada de trabajo). Desde luego el citado empleo no suponía en modo alguno el uso de armas. Ni consta que existieran motivos para sospechar que el acusado la poseía y portaba.

Y tampoco existe vinculación alguna entre el resultado letal producido y el servicio en el que se encuadraba el empleo contratado, más allá de las circunstancias temporales y espacial, al efecto irrelevantes.

Por todo ello, excluida la eventual aplicación del artículo 120 del Código Penal, dados los términos de la acusación, en su día, y recurso, ahora, hemos de concluir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que dictó la sentencia recurrida ante nosotros, que no concurren los presupuestos y requisitos del artículo 121 invocado".

En la citada sentencia, se señala que el artículo 121 del Código Penal condiciona la responsabilidad subsidiaria a los siguientes requisitos:

a) Requisitos relativos al sujeto responsable criminal: debe preceder la declaración de responsabilidad penal de quien sea Autoridad, agente o contratado o funcionario público. En esa condición, en cuanto determinante del vínculo con la Administración, la que se erige en presupuesto de la responsabilidad de ésta última.

b) Requisitos de la acción delictiva: La ejecución de ésta, por el sujeto en el que concurren las citadas condiciones, ha de caracterizarse por su realización en el ejercicio de sus cargos o funciones. La preposición "en" no implica solamente que el tiempo y el lugar han de coincidir con el que corresponde a esas funciones, sino que evoca también una exigencia en cuanto al modo y éste, a su vez, hace referencia al procedimiento o conjunto de procedimientos de dicha realización, lo que significa una vinculación con el contenido propio de la función desempeñada por el sujeto de la acción civil. La relación entre la acción origen de la responsabilidad criminal, y derivada civil, ha de ser tal que no implique justificación de aquella.

c) Requisitos del resultado: La lesión cuya reparación se exige como responsabilidad civil ha de encontrarse, respecto de la acción penal reprochada, en relación de causa a efecto, pues sin ella no cabe imponer al criminalmente responsable la derivada responsabilidad civil, y sin ésta no cabe hablar de la subsidiaria de la Administración a la que corresponden las funciones del agente.

Además de lo anterior, se exige que exista una relación de causalidad específica reforzada entre la lesión a reparar y el funcionamiento de los servicios en los que se encuadra la función del sujeto, en cuyo ejercicio llevó a cabo la acción criminal.

La lesión tiene que ser causa directa, inmediata e inequívoca del normal funcionamiento del servicio que le estuviera confiado. Lo importante es la vinculación entre acto y función y entre lesión y servicio público.

A TENER EN CUENTA: En el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 17 de julio de 2002 relativo al artículo 121 del Código Penal y a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, se establece que esta responsabilidad del Estado por los daños causados por los agentes de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por el uso de arma reglamentaria, se deriva de que, aun cuando el arma no se haya utilizado estando el agente en acto de servicio, el riesgo que se genera con el simple hecho de portarla sí que es consecuencia directa del modo de organización del servicio de seguridad, que aunque en general es beneficioso para la sociedad, conlleva esta tipo de riesgos.

A pesar de esto, el simple hecho de utilizar el arma reglamentaria no va a generar necesariamente responsabilidad civil del Estado, ya que la misma quedará excluida en los casos en los que el daño no sea una concreción del riesgo generado por el sistema de organización del servicio de seguridad, como pueden ser las agresiones con el arma reglamentaria en el propio domicilio del agente, contra sus familiares o personas convivientes. En estos casos, habrá responsabilidad civil subsidiaria del Estado si existiesen datos debidamente acreditados de que el arma se le debió retirar por carecer de las condiciones necesarias para su posesión.

La necesidad de vinculación al servicio que se exige en el artículo 121 del Código Penal, tiene como consecuencia el problema de limitar el espacio tanto temporal como circunstancial que ha de marcar la responsabilidad de la Administración, y esto es precisamente debido a que el delito se ha cometido con ocasión del servicio público. Por tanto, hay que diferenciar entre dos situaciones que pueden tener como protagonista a un funcionario, pero no que no son iguales entre sí, tal y como se recoge en la STS, Nº 360/2013 de 1 de abril, ECLI:ES:TS:2013:2252 :

  • Lo normal será que todos aquellos delitos en los que el funcionario haya desbordado o extralimitado su función, causando un perjuicio a terceros, deban dar lugar a la aparición de responsabilidad subsidiaria del Estado o de la Administración, y lo mismo si es fruto de negligencia o imprudencia. Se encuadran aquí todos los delitos de funcionarios en sentido estricto y los delitos de los mimos contra los derechos de los ciudadanos.

  • A los delitos cometidos por funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, les corresponde un régimen especial. Durante un tiempo el criterio a seguir fue el de que la responsabilidad subsidiaria no era exigible cuando el hecho se hubiera producido fuera de servicio, lo que levantó muchas críticas ya fuera en base a razonamientos de política criminal o de raíz netamente jurídica.

También se ha llegado a declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado basándose no en la culpa in eligendo, in vigilando o in educando, sino en el principio de creación del riesgo, por lo que analizando las circunstancias de cada caso, se perfila adecuadamente el alcance de la responsabilidad que sobre aquellos pueda constituirse, para así evitar impunidades económicas e impedir que a través de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado se consoliden criterios indemnizatorios abusivos.

JURISPRUDENCIA:

STS, Nº 655/2016, de 15 de julio, ECLI: ES:TS:2016:3663

"La responsabilidad civil subsidiaria que procede declarar en la causa penal es solamente la derivada del delito y no de cualesquiera otras conductas ajenas a éste que pudieran originar alguna otra clase de responsabilidad. De otro lado, los casos en los que procede la responsabilidad civil subsidiaria por causa de delito son solamente los establecidos en el Código Penal.

Viene a sostener el recurrente que los servicios del Ayuntamiento incurrieron en incumplimiento de sus responsabilidades al omitir el control de las edificaciones, lo que hubiera evitado la construcción del edificio sin licencia y que el acusado hubiera podido vender las viviendas. Sin embargo, tal omisión no determina su responsabilidad civil con arreglo al precepto citado, pues éste exige que los responsables penales de los delitos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones, lo cual no ocurre en el caso".

CUESTIÓN:

¿Qué criterios han de seguirse para la aplicación de la responsabilidad civil subsidiaria del artículo 121 C.P. por los daños causados por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilizando su arma reglamentaria?

Se parte del principio de que la responsabilidad civil subsidiaria por daños causados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilizando abusivamente su arma de fuego reglamentaria se deriva de la creación de riesgo que la organización del Estado de seguridad pública, mediante los agentes a quienes dota de armas de fuego, representa para los ciudadanos que puedan resultar perjudicados por dicha utilización abusiva. Así lo establece la STS, Nº 514/2016, de 13 de junio, ECLI:ES:TS:2016:2719 , en la cual se sientan los siguientes criterios:

  • Los agentes deben portar en todo momento el arma reglamentaria para encontrarse en condiciones de cumplir con el deber de intervención permanente impuesta por el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que conlleva una especial responsabilidad en las labores de selección y control a fin de evitar que el arma pueda constituir un riesgo en manos de quien no se encuentra en condiciones de utilizarla cuidadosamente.

  • La responsabilidad civil subsidiaria del Estado se funda en el principio de creación del riesgo, derivado directamente de la forma de organización de seguridad pública, a través de la fórmula de disponibilidad permanente.

  • El Estado o la entidad pública encargada de la organización del servicio de seguridad, selección y formación de los agentes y a los cuales les dota del armamento correspondiente, será el responsable subsidiario de los daños causado por los agentes por el mal uso del arma reglamentaria, fuera de su domicilio.

  • Deberán ser excluidos los casos en los que el riesgo no sea generado por el sistema de organización del servicio de seguridad, como puede ser el caso en el que el agente hace uso del arma que tiene en su domicilio frente a personas de su entorno familiar, ya que este hecho también podría hacerlo cualquier otro ciudadano que la tuviera, o podría haber utilizado otro tipo de armas.

  • Esta Sala ha seguido unos criterios interpretativos del artículo 121, equilibrados y progresivos, sin llegar al límite de la responsabilidad objetiva, en evitación de situaciones de desamparo, lo cual ha permitido basar la responsabilidad civil subsidiaria en los criterios de "culpa in eligendo", "culpa in vigilando" o "culpa in educando", incluso en el principio de la creación del riesgo.

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Ley Orgánica 2/1986 de 13 de Mar (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 63 Fecha de Publicación: 14/03/1986 Fecha de entrada en vigor: 03/04/1986 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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