Responsabilidad subsidiaria de los titulares de establecimientos y empresarios derivada de delito

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 16/11/2020

Responsabilidad subsidiaria de los titulares de establecimientos y empresarios derivada de delito: Artículo 120, apartados 3 y 4 del C.P.

Responsabilidad subsidiaria de los titulares de establecimientos

La responsabilidad civil subsidiaria de los titulares de los establecimientos aparece recogida en el artículo 120. 3º del Código Penal, en el cual se establece que las personas naturales o jurídicas son responsables civilmente, de los delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares cuando, por parte de los que dirigen o administran el establecimiento, o sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de forma que este hecho no se hubiera producido sin la mencionada infracción.

Se justifica por dos notas: 

  • El lugar donde se cometió el hecho delictivo.

  • La ausencia de vínculo entre el autor del hecho delictivo y el responsable civil subsidiario, pero sí con la persona que ha infringido alguno de los reglamentos de policía o disposiciones de autoridad, ya que se trata de la persona que administra el local del que es titular o algún empleado o dependiente de este. Es responsable civil subsidiario por el hecho de ser el titular del establecimiento donde se ha cometido el hecho delictivo.

Para que esta responsabilidad civil nazca, tienen que darse una serie de requisitos legales (STS, Nº229/2007, de 22 de marzo, ECLI: ES:TS:2007:2046):

  • Que se haya cometido un delito o falta.

  • Que el delito se haya cometido en un establecimiento dirigido por el sujeto pasivo, es decir, la persona contra la que se va a declarar esta responsabilidad.

  • Que por parte de tal persona o empresa o alguno de sus empleados o dependientes se haya infringido un reglamento de policía o alguna disposición de la autoridad, entendidos estos reglamentos como normas de actuación en el ramo de que se trate, abarcando cualquier violación de un deber impuesto por ley o por cualquier norma positiva de rango inferior, incluso el deber objetivo de cuidado que afecta a toda actividad para no causar daños a terceros.

  • Que dicha infracción sea imputable no solo a quienes dirijan o administren el establecimiento, sino a sus dependientes o empleados. No resulta necesario precisar qué persona fue la infractora del mismo, sino que basta con determinar que existió dicha infracción y que la misma se puede imputar al titular de la empresa o cualquiera de sus dependientes, aunque por las circunstancias del hecho o por las dificultades de prueba, no sea posible su concreción individual.

  • Que tal infracción esté relacionada con el delito o falta cometido de modo que éstos no se hubieran producido sin dicha infracción.

Es importante resaltar el deber de velar por el cumplimiento de los reglamentos de policía o disposiciones de autoridad, deber de vigilancia y control, exigibles a estas personas naturales o jurídicas, que han de ser conscientes de la importancia que los mismos tienen. La omisión o desentendimiento de este deber tiene que ser causa de la comisión del hecho punible, por lo que este no se hubiera producido sin dicha infracción previa.

La infracción de estos reglamentos ha de ser adecuada, es decir, que el resultado (el hecho delictivo) se vea propiciado por la infracción.

Ha de existir en todo caso, una relación causal entre la actuación del titular o de sus dependientes y el resultado dañoso producido por el hecho delictivo cuyo resarcimiento se postula, no habiendo relación entre la persona que ha cometido el hecho delictivo y el responsable subsidiario. El descuido por parte de los mismo genera un riesgo que va a ser la base y el sustento de la responsabilidad civil.

La STS, Nº 168/2017 de 15 de marzo, ECLI: ES:TS:2017:1034 ,establece la exigencia de que el delito se cometa en un establecimiento y que se pruebe la existencia de infracción de los reglamentos de policía, siendo necesario que exista un nexo de causalidad operativo y eficiente. La tendencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido objetivar en la medida de lo posible la responsabilidad civil subsidiaria de los titulares de los establecimientos en donde se cometan los delitos o faltas, y ha marcado dos ejes diferentes en su interpretación:

  • El lugar de comisión de las infracciones penales y la infracción de normas o disposiciones de autoridad que están relacionados causalmente con su misma condición.

  • Los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en materia de responsabilidad civil subsidiaria bajo el fundamento de la "culpa in eligendo" y la "culpa in vigilando", siendo ejes sustanciales de dicha responsabilidad civil.

A pesar de esta tendencia a la objetivación, cabe destacar que la responsabilidad civil subsidiaria a la que se refiere el artículo 120. 3º del Código Penal no tiene un carácter absolutamente objetivo tal y como se establece en la STS, Nº 327/2016, de 20 de abril, ECLI: ES:TS:2016:1840:

"...es preciso que se cumplan algunos requisitos, y entre ellos es exigible que haya tenido lugar una infracción de normas, aunque en ellas se incluya, incluso, el deber objetivo de cuidado que afecta a toda actividad para evitar daños a terceros. Es cierto que es posible que determinados hechos tengan lugar, aunque la entidad bancaria haya adoptado medidas de seguridad adecuadas. Pero para que sea posible un análisis de las mismas habrá de acreditar su existencia y su adecuado cumplimiento, lo cual no ha tenido lugar en el caso.

Y, además, ha de existir una relación entre tal infracción y el daño, que no llega a ser una propia relación de causalidad, pues basta (STS Nº 413/2015, de 30 de junio), una relación simplemente adecuada, de manera que el resultado se vea propiciado por ella".

En cuanto a los delitos cometidos en los establecimientos de los que sea titular la Administración, en relación con el artículo 120. 3º del Código Penal, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas sentencias a cerca de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Así, se ha elaborado un cuerpo jurisprudencial en el sentido de que el Estado puede incurrir en responsabilidad civil subsidiaria en los supuestos previstos en los artículos 120. 3º y 121 del Código Penal, los cuales son distintos y no gozan de primacía de uno sobre otro. A esto se refiere la STS, Nº130/2015, de 10 de marzo, ECLI: ES:TS:2015:1072, en la que en un supuesto de agresión de un interno a dos funcionarios de prisiones, se declara que el Estado no es responsable civil, ya que no se ha producido una infracción de previsiones legales o reglamentarias que haya podido favorecer la realización del hecho delictivo, por lo que no era previsible lo sucedido, y se señala en la misma que: "...en el Pleno no jurisdiccional celebrado el día 26 de mayo de 2000 se planteó la aplicación e interpretación del artículo 121 del Código Penal en relación con el artículo 120.3 del mismo texto legal y en concreto la problemática sobre la declaración de responsabilidad civil subsidiaria del Estado y se tomó el siguiente Acuerdo: El art. 121 del nuevo Código Penal no altera la jurisprudencia de esta Sala relativa a la responsabilidad civil subsidiaria del estado por delitos cometidos en establecimientos sometidos a su control, cuando concurran infracciones reglamentarias en los términos del art. 120.3º del Código Penal."

JURISPRUDENCIA

STS, Nº 370/2010, de 29 de abril, ECLI: ES:TS:2010:2130

En esta sentencia se confirma la condena a una entidad financiera como responsable subsidiaria ya que los empleados del banco pagaron un cheque y dos pagarés falsos sin haber comprobado previa y adecuadamente la autenticidad de la firmas señalando: "La infracción de reglamento incluye incluso el deber objetivo de cuidado que afecta a toda actividad para no causar daños a terceros, siendo evidente la doctrina del riesgo profesional inherente al tráfico bancario, por lo que el librado debe sufrir el daño cuando hace efectivo un cheque o pagaré cuya firma, es falsa, debido a que sólo está autorizado a pagar los cheques emitidos por el librador y, por aplicación del art. 1162 Código Civil , el librado que paga un cheque falso incumple el contrato de cheque y tiene que repetir el pago mal hecho; por cuanto la diligencia exigible a una entidad bancaria no es la de un buen padre de familia, sino la que corresponde al librado como Banco, comerciante experto que, normalmente, ejerce funciones de depósito y comisión, por lo cual, según establecen los artículos 255 y 307 del Código de Comercio , se les exige un cuidado especial en estas funciones, sobre todo si se tiene en cuenta que las entidades bancarias encuentran una buena parte de su justo lucro en tales cometidos (STS. Sala 1ª 9.2.98).

Estamos en presencia, en definitiva, de una responsabilidad cuasi objetiva para el librado, con presunción de culpa civil, basada en el criterio del riesgo profesional, y por tanto de un especial deber de garantía que la Ley impone a las personas directoras del establecimiento por su omisión de impedir la comisión de delitos o faltas, de efectos no penales, sino exclusivamente patrimoniales, sin que como ya hemos indicado -sea necesario precisar la persona física infractora del deber legal o reglamentario, con tal que se encuentre dentro del círculo de la actividad que resultó insuficiente para impedir la consumación delictiva y en el ámbito especial de su dirección y control".

STS, Rec. 1143/2012 de 29 de abril de 2013, ECLI: ES:TS:2013:2598

"El art. 120 C.P.. proclama una responsabilidad civil del tipo de la subsidiaria en contra de las personas naturales o jurídicas a que hace referencia, titulares de una actividad empañada en su dinámica por las infracciones a que se alude, sobre el presupuesto de que el hecho punible cometido 'no se hubiera producido sin dicha infracción'. Más debemos reparar que el binomio infracción- daño no se puede construir con semejante nitidez. La doctrina entiende que la infracción de los reglamentos ha de tener una relación simplemente adecuada, de manera que el resultado se vea propiciado por ella. Sobre la base de la infracción causal primera del responsable subsidiario, se incrusta o interfiere una intervención delictiva dolosa o imprudente de un tercero -autor material del hecho-. Con acierto se apunta que esta relación de ocasionalidad necesaria entre infracción y hecho punible no equivale, al menos en todo caso, a relación de causalidad entre infracción y daño, no hay que olvidar que en el supuesto contemplado por el art. 120.3, el proceso causal que media entre ambos elementos se ve interferido por un factor de singular trascendencia, como es la comisión de un hecho delictivo por parte de un tercero, es decir, un sujeto distinto del propio titular y ajeno, por hipótesis, al círculo de personas de cuya actuación ha de responder aquél. En todo caso ha de constatarse una conexión causal -más o menos directa- entre la actuación del titular o de sus dependientes y el resultado dañoso cuyo resarcimiento se postula. Ante la inexistencia o insuficiencia de las medidas de prevención adoptadas entre ellas, básicamente el despliegue de los deberes de vigilancia y de control exigibles, podrán acordarse las resoluciones oportunas para llegar a la efectivación de la responsabilidad civil subsidiaria. Aquella inhibición o descuido genera un riesgo que es base y sustento de la responsabilidad (SSTS. 963/2010 de 21.10, 768/2009).

En definitiva, como dice en la STS. Sala 1ª 26/2012, 'la responsabilidad prevista en el artículo 1902 del Código Civil -tanto más la subsidiaria del art. 120.3 Código Penal - no se funda única y exclusivamente en la situación de riesgo, sino que exige la culpa o negligencia del demandado como presupuesto de su obligación de reparar el daño (SSTS 13 de marzo de 2.002, 4 de julio y 6 de septiembre de 2.005, 25 de enero de 2006, 7 de enero de 2.008, entre otras). Y si bien es cierto que la técnica de inversión de la carga de la prueba tiene su ámbito de aplicación precisamente en ese elemento subjetivo de la culpa o negligencia, también lo es que en todo caso (imputación objetiva o subjetiva), es preciso que se pruebe la existencia del nexo causal, correspondiendo la carga de la prueba al perjudicado que ejercita la acción".

STS, Nº 168/2017, de 15 de marzo, ECLI: ES:TS:2017:1034

"Estas personas, naturales o jurídicas, han de ser conscientes del deber de velar por la observancia de las prescripciones reglamentarias o de consagrado uso que regulan las actividades que tienen lugar en el seno de los establecimientos o empresas de su pertenencia o titularidad. La omisión o desentendimiento, aparte de guardar relación con el lamentable suceso, tienen que ser de probada significación en la suscitación del 'hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción'. Relación causal que no de alcanzar necesariamente un grado de exclusividad, bastando llegar a una conclusión de propiciación y razonabilidad en la originación del daño.

La responsabilidad civil subsidiaria a que atiende el art. 120.3 C.P.. parte necesariamente del reconocimiento judicial de haberse perpetrado un delito o falta generador de un daño, ya sea a título de dolo o de culpa. La sentencia penal incorporará un dictado de condena indemnizatoria a cargo del acusado, primer y directo responsable civil (art. 116 C.P..). Comprobados cuantos requisitos condicionan la responsabilidad antedicha, subseguirá el pronunciamiento declarativo de la misma, condenando a la persona natural o jurídica considerada como titular del establecimiento en cuya sede tuvo lugar el hecho criminal. Condena cuya efectividad se halla subordinada a la insolvencia del autor material. Los responsables civiles subsidiarios son tales 'en defecto de los que lo sean criminalmente'. La expresión 'personas naturales o jurídicas' es eminentemente amplia y abarcadora: cualquier entidad pública o privada habrá de tener cabida en ella".

Responsabilidad subsidiaria de empresarios

La responsabilidad civil subsidiaria de los empresarios aparece recogida en el artículo 120. 4º del Código Penal, en el cual se establece que las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios, serán también civilmente responsables.

La persona jurídica debe responder civilmente, de forma subsidiaria, por los actos realizados por sus dependientes, representantes o gestores (personas físicas), y, solo ante la insolvencia de estos últimos, puede operar la de la del persona jurídica o empresa en la cual llevaban a cabo el desarrollo de su actividad (STS, Nº 131/2007, de 1 de marzo, ECLI: ES:TS:2017:699).

La doctrina del Tribunal Supremo establece que, para que proceda declarar la responsabilidad subsidiaria en el caso del artículo 120.4 del Código Penal, son precisos unos requisitos:

  • Que el infractor y el presunto responsable civil subsidiario se encuentren ligados por una relación jurídica o de hecho o por cualquier otro vínculo, en virtud del cual el primero se encuentre bajo su dependencia onerosa o gratuita, duradera o puramente circunstancial y esporádica de su principal o, al menos, que la tarea, actividad, misión, servicio o función que realicen cuenten con el beneplácito, anuencia o aquiescencia del supuesto responsable civil.

  • Que el delito que genera la responsabilidad se halle inscrito dentro del ejercicio normal o anormal de las funciones desarrolladas en el seno de la actividad o cometido confiados al infractor, perteneciendo a su esfera o ámbito de aplicación.

Es necesario, por un una parte, que infractor y presunto responsable civil subsidiario se encuentren ligados por una relación jurídica o, de hecho, o por cualquier otro vínculo, siempre que en virtud del mismo el infractor se encuentre bajo dependencia de su principal o, por lo menos, que la tarea, actividad o misión que este realice cuenten con el beneplácito del supuesto responsable civil. Por otra parte, que el delito que genera la responsabilidad se halle inscrito dentro del ejercicio normal o anormal de las funciones desarrolladas en el seno de su actividad, perteneciendo a su esfera o ámbito de aplicación.

A TENER EN CUENTA: No es requisito necesario para el nacimiento de esta responsabilidad civil subsidiaria que exista un provecho concreto de la entidad o empresa al servicio de la que se encuentran los autores del delito, ni se requiere algún tipo de culpa, aunque sea por negligencia, de los cargos directivo que se encuentran al frente de la entidad. Se trata de una responsabilidad basada en el principio cuius commoda, eius damma (STS, Nº 627/2016, de 13 de julio, ECLI:ES:TS:2016:3457 ).

La STS, Rec. 2554/2018, de 7 de junio de 2019, ECLI: ES:TS:2019:1875 señala que los requisitos que acabamos de explicar, admiten una interpretación extensiva que no aparece limitada por los principios 'in dubio pro reo' ni por la presunción de inocencia, que son propias de las normas sancionadoras. En el primer requisito (relación de dependencia), se integran situaciones de amistad, liberalidad, aquiescencia o beneplácito y, en el segundo requisito (la funcionalidad), se inserta la potencial utilización del acto para la empresa a cuyo servicio se encontrara el dependiente.

También se hace especial relevancia en la jurisprudencia a las extralimitaciones en el servicio, ya que difícilmente se podría generar responsabilidad civil si el dependiente cumple escrupulosamente todas sus tareas, siempre que este no extravase el ámbito o esfera de actuación que constituye la relación entre el responsable penal y el civil subsidiario. Resulta obvio que debe existir una extralimitación en el ejercicio de las funciones encomendadas, pero ello no va a excluir la responsabilidad subsidiaria, ya que el ejercicio normal de las obligaciones o servicios que se encomiendan a los dependientes de una empresa no incluye ordinariamente la realización de actividades delictivas por parte de estos, es decir, cuando se cometen acciones penales siempre va a haber extralimitaciones.

Lo importante para que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del empresario, conforme al artículo 120.4 del Código Penal, es que la persona elegida para desempeñar una determinada función actúe delictivamente en el ejercicio de dichas funciones, lo que se denomina como "culpa in eligendo", y las desarrolle con infracción de las normas penales sin que los sistemas ordinarios de control interno de la empresa los detecte, lo que se denomina como "culpa in vigilando". La interpretación de los requisitos debe hacerse con amplitud, apoyándose la fundamentación de tal responsabilidad civil subsidiaria, no solo en los pilares tradicionales que hemos mencionado (culpa in eligendo y culpa in vigilando), sino también teniendo en cuenta la teoría del riesgo, de forma que quien se beneficia de actividades que de alguna manera pueden generar un riesgo para terceros, debe soportar también las consecuencias negativas del orden civil respecto a estos terceros perjudicados, principio "qui sentire commodum debet sentire incomodum"(STS, Nº 260/2017, de 6 de abril, ECLI: ES:TS:2017:1305).

JURISPRUDENCIA

STS, Nº 806/2007, de 18 de octubre, ECLI: ES:TS:2007:6953

En este caso se anula la condena interpuesta por responsabilidad civil subsidiaria a la empresa encarga de la gestión de un parking público y gratuito, situado junto al Campus de la Universidad de Lleida, en cuyo sótano el trabajador encargado del control y mantenimiento del mismo asesinó y violó a una estudiante, señalando en este caso el Tribunal que la comisión del delito no guarda relación alguna con el desempeño de su actividad, sino al contrario, se produce un incumplimiento de sus obligaciones laborales: "En efecto, el artículo 120 del Código Penal literalmente establece la responsabilidad civil subsidiaria de las personas, naturales o jurídicas, en relación con los delitos o faltas que cometieran sus empleados, dependientes, representantes o gestores "...en el desempeño de sus obligaciones o servicios". Por tanto, esa necesidad de que la infracción haya de cometerse en "el desempeño" de la ocupación que vincula al autor del ilícito con su empleador, ha de interpretarse en el sentido de que no es suficiente con que el delito o la falta se haya producido en meras circunstancias de tiempo o espacio coincidentes con los propios de la actividad laboral, sino que, además, se requiere que la conducta objeto de sanción guarde alguna relación con el cometido concreto de la actividad laboral. En el presente caso, en el que no nos estamos refiriendo a un vigilante que, en vez de cumplir con su obligación de impedir las sustracciones o los daños en los vehículos a su cargo, que es precisamente el contenido de su actividad laboral, las lleva a cabo él mismo, ni siquiera a un responsable de seguridad, encargado de velar por los clientes del aparcamiento, que aprovecha esa circunstancia para agredir a quien se encuentra especialmente desprotegido, precisamente por el incumplimiento de sus obligaciones laborales por parte del propio agresor, sino que, como ya se dijo, el condenado era, tan sólo, el encargado del control de las instalaciones, en funciones tales como las de abrir y cerrar el local, habiendo llevado a cabo, por tanto, un delito contra la libertad sexual de su víctima, comportamiento totalmente ajeno al contenido de su relación laboral con la recurrente, no puede, en consecuencia, afirmarse que el delito guardase relación alguna, al margen de las ya referidas coincidencias meramente de tiempo y lugar, con el "desempeño de sus obligaciones y servicios", con respecto a la relación laboral que le vinculaba a la recurrente".

STS, Nº 121/2011, de 3 de marzo, ECLI: ES:TS:2011:1475

Se trata de un recurso interpuesto por una empresa de trabajo temporal contra la sentencia por la que se le condenada como responsable civil subsidiario al haber sido condenado el empleado por un delito de apropiación indebida. El Tribunal declara no haber lugar al recurso manifestando:"... el art. 124.4 C.P. dispone que son también responsables civiles, en defecto de los que lo sean criminalmente, "las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios." Se trata, en efecto, de dar prevalencia a la nota de dependencia del trabajador respecto de la empresa que le contrata y que se beneficia de su actividad laboral. Y en este sentido es claro que las empresas de trabajo temporal, como la recurrente, serán las responsables de los trabajadores que cedan temporalmente a otras empresas en una triple faceta. En primer lugar, porque el trabajador está vinculado laboral y contractualmente con la empresa de trabajo temporal. En segundo lugar, porque dicha empresa es la obligada a abonar el salario y las cuotas de la Seguridad Social del trabajador. Y, en tercer lugar, porque la empresa de trabajo temporal es la única que tiene capacidad para sancionar y/o despedir al trabajador cedido en caso de comportamiento irregular del mismo".

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