La responsabilidad de tramitación del procedimiento administrativo y la obligación de resolver en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 19/01/2017

Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las AA.PP serán responsables directos de la tramitación de los asuntos cuya resolución o despacho tuviesen a su cargo, pudiendo el interesado solicitar la exigencia de esa responabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado (Cfr.Art. 20 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Por otra parte, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Se exceptúan de esta obligación los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometivos únicamente al deber de delcaración responsable o comunicación. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley  establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea; cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de tres meses (Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

El plazo máximo para resolver y notificar, puede ser suspendido o, en su caso, ampliado siguiendo lo establecido en los Art. 22-23 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.


Acerca de la responsabilidad de tramitación del procedimiento administrativo y de la obligación de resolver de toda Administración pública, se pronuncian, en la actualidad, los Art. 20-23 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.  De la lectura de tales preceptos, se pueden extraer varias cuestiones de interés.

En cuanto a la responsabilidad de tramitación del procedimiento administrativo, el Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. Los interesados, por su parte, podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado.

Al respecto de la obligación de resolver (Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) cabe atender a lo siguiente: 

  • Deber de resolver y excepciones:

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

  • Plazo:

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

-En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

-En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

  • Deber de información de plazos máximos de duración de los procedimientos y efectos del silencio:

Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

A modo informativo, se expone a continuación la relación de portales web en los que se puede encontrar el catálogo de procedimientos administrativos que pueden tramitarse en cada una de las Administraciones señaladas y la información necesaria:

Administración General del Estado

Junta de Andalucía

Junta de Aragón

Gobierno del Principado de Asturias

Gobierno de las Islas Baleares

Gobierno de Canarias

Gobienro de Cantabria

Gobierno de Castilla-La Mancha

Junta de Castilla y León

Junta de Extremadura

Xunta de Galicia

Comunidad de Madrid

Gobierno de Navarra

Gobierno del País Vasco

Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Gobierno de la Rioja

Generalitat Valenciana

Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

  • Suspensión y ampliación del plazo máximo de resolución: 

 El plazo máximo para resolver y notificar puede ser suspendido de forma excepcional, tal y como venía aclarando la jurisprudencia respecto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así, la TS, Sala de lo Contencioso, de 19/02/2016, Rec. 3371/2013 señala que "una interpretación sistemática del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que instituye una garantía esencial del procedimiento administrativo consistente en imponer a la Administración el deber jurídico de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, determina que deba considerarse excepcional la facultad de la Administración de diferir el plazo máximo legalmente previsto para resolver un procedimiento”.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, diferencia entre los supuestos en que la suspensión es facultativa y aquellos en que la suspensión es preceptiva:

Facultativa: el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los casos previstos en el apartado 1 del Art. 22 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre:

  • Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el Art. 68 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

  • Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

  • Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.

  • Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

    A este último respecto, nótese que el antecedente más inmediato de este precepto, es decir, la letra c) del apartado 5 del Art. 42 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre exigía, para que se pudiese proceder a la suspensión, que los informes fuesen “preceptivos y determinantes”, requisito que, entro otros, dio lugar a a pronunciamientos jurisprudenciales como el contenido en la TS, Sala de lo Contencioso, de 30/12/2015, Rec. 2605/2014:

    Así, las dos sentencias alegadas dicen que son determinantes aquellos informes que posean relevancia para la resolución del procedimiento administrativo. En particular, la TS, Sala de lo Contencioso, de 08/03/2010, Rec. 771/2006 tiene por tales a aquellos "que sean necesarios para que el órgano que ha de resolver se forme criterio acerca de las cuestiones a dilucidar", o sea los que "revisten una singular relevancia en cuanto a la configuración del contenido de la decisión" y obligan al órgano competente para resolver a esmerar la motivación en caso de que su decisión se aparte de lo indicado en ellos. Y la TS, Sala de lo Contencioso, de 24/04/2012, Rec. 2263/2009  abunda en esta idea”. 

    Pone también su atención la jurisprudencia en que el plazo no puede exceder de tres meses y en que no ha de confundirse el plazo de suspensión con el plazo que tiene el órgano que deba emitir el informe, pues el incumplimiento de éste no tiene efectos invalidantes, sino que una vez transcurridos los tres meses previstos en la letra d) del apartado 1 del Art. 22 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se levantará la suspensión del procedimiento y éste seguira su curso. En palabras de la TS, Sala de lo Contencioso, nº 1605/2016, de 30/06/2016, Rec. 1407/2015, y a título de ejemplo, “la recurrente confunde el procedimiento especifico previsto para la resolución y notificación del recurso administrativo, con el plazo que tiene el Consejo de Estado para emitir su informe, sin que conste en norma alguna que el informe emitido tras el plazo de dos meses tenga efecto invalidante del mismo, sin perjuicio de que transcurrido el plazo de tres meses desde que se solicitó o el fijado en su caso por el procedimiento administrativo específico, se levante la suspensión del procedimiento principal, acordada para solicitar tal informe. En consecuencia el motivo ha de ser desestimado”.

    Por lo que respecta al cómputo del plazo para la suspensión, la TS, Sala de lo Contencioso, de 21/01/2016, Rec. 2917/2013 señala que "la suspensión deben computarse por días naturales, pues la naturaleza de los plazos, como naturales o hábiles, a efectos de cómputo, no se modifica por la interrupción del mismo para solicitar un informe". En último término, en cuanto al plazo para adoptar la resolución por la que se acuerda la suspensión del procedimiento, la TS, Sala de lo Contencioso, de 04/12/2015, Rec. 365/2014 precisa que “si bien es cierto que el artículo 42.5 de la Ley 30/1992 prevé la posibilidad de suspender el plazo máximo legal para resolver cuando se deba requerir al interesado algún documento necesario, este requerimiento habrá de hacerse siempre dentro del plazo máximo para resolver”. (En el mismo sentido la TS, Sala de lo Contencioso, de 15/04/2015, Rec. 2258/2013).
  • Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

  • Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el Art. 86 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.

  • Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

Preceptiva: por su parte, y en todo caso, se suspenderá el transcurso del plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución en los supuestos previstos en el apartado 2 del Art. 22 ,ley 39/2015, de 1 de octubre:

  • Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del Art. 39 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

  • Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el Art. 87 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.

  • Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. 

Al igual que admite la suspensión del plazo máximo para resolver y notificar, se admite la posibilidad de ampliación en los términos establecidos en el Art. 23 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre:

  • Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento (Cfr. Apartado 1 del Art. 23 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

 

 

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Responsabilidad
Responsable directo
Terminación del procedimiento
Silencio administrativo
Plazo máximo de resolución
Interés legitimo
Caducidad
Comunicaciones a la administración
Iniciación de oficio
Responsabilidad disciplinaria
Deber jurídico
Días naturales
Recusación
Jurisdicción contencioso-administrativa