Responsabilidades por demora en el procedimiento de expropiación forzosa: intereses y retasación

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Cuando habiendo transcurrido seis meses desde la iniciación del expediente expropiatorio sin que haya recaido resolución definitiva acerca del justo precio o habiéndose fijado el justo precio y no se hubiese procedido a su pago en ese plazo, el expropiado tendrá derecho a una indemnización que consistirá en el interés legal. Si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación (Cfr. Art. 56-58 ,LEF). 

 

 

Los Art. 56-58 ,LEF y su "correlato" reglamentario en los Art. 71-74 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa se ocupan de regular, bajo idéntica denominación, las "responsabilidades por demora" en el procedimiento expropiatorio,  La potestad administrativa expropiatoria que es también, a su vez, una garantía patrimonial, requiere de una serie de medidas de aseguramiento para que este último carácter no se pierda. 

Interés de demora

Procederá el interés de demora en los supuestos del Art. 56-57 ,LEF, es decir:

  • El Art. 56 ,LEF, señala que cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos, la Administración expropiante culpable de la demora estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado.

  • El Art. 57 ,LEF establece que la cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el Art. 48 ,LEF.

De la lectura de los preceptos transcritos cabe destacar que en ningún momento se dice que sea el expropiado el que tenga que realizar reclamación alguna al respecto, pues se trata de un devengo automático por ministerio de la Ley. 

En cuanto al cómputo del plazo señalado, habrá que atender a la doctrina sentada al respecto [Sentencias de esta Sala de 15 de junio de 1992 (apelación 4371/90); 1 de junio de 1999 (casación 6753/95 ); 23 de mayo de 2000 (casación 3615/98 ); 27 de octubre de 2005 (casación 4810/02 ) y 11 de marzo de 2008 (casación 11203/04)] que la TS, Sala de lo Contencioso, de 23/01/2012, Rec. 4211/2008 resume del siguiente modo:

  • a) En las expropiaciones ordinarias, el dies a quo para calcular los intereses por demora en la fijación del justiprecio es aquél en el que hayan transcurridos seis meses desde el inicio del expediente expropiatorio, esto es, desde la firmeza del acuerdo sobre necesidad de la ocupación, según se infiere de la lectura coordinada de los artículos 21, apartado 1 , 22 y 56 de la Ley de Expropiación Forzosa , en relación con el 71, apartado 1, de su Reglamento. Estos seis meses se computan conforme a lo dispuesto en el artículo 48, apartado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (La referencia debe entenderse hecha, en la actualidad, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre). El dies ad quem se sitúa en aquél en que el justiprecio quede definitivamente fijado en la vía administrativa, bien en una primera decisión, bien en la resolutoria del recurso de reposición si se interpuso. Si la cuantía del justiprecio se modificase en la vía jurisdiccional mediante un pronunciamiento firme, los intereses se devengan sobre el montante señalado por los jueces ( artículo 73, apartado 2, del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa ).

  • b) Los intereses por demora en el pago del justiprecio, en esas expropiaciones ordinarias, se liquidan una vez transcurridos seis meses desde la fijación del justiprecio en vía administrativa (artículos 48, apartado 1, y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa), concluyendo el cómputo el día en el que efectivamente se satisfaga su importe por la Administración o por el beneficiario, o en el que se deposite o consigne válidamente, cuando fuese procedente. El cómputo de los seis meses se practica de igual manera, debiéndose también tener en cuenta la eventual modificación de la cuantía del justiprecio en la vía contencioso-administrativa.

  • c) En las expropiaciones tramitadas por el procedimiento de urgencia, el dies a quo para calcular los intereses por retraso en la fijación del justiprecio es el siguiente a aquél en el que se ocupen los bienes o los derechos expropiados ( artículo 52, regla 8ª, de la Ley de Expropiación Forzosa), salvo que tenga lugar después de transcurridos seis meses desde la declaración de urgencia, pues al entenderse cumplido con ella el trámite de declaración de necesidad de la ocupación ( artículo 52, regla 1ª, de la misma Ley ), tal día es el siguiente a aquel en el que se cumplan seis meses desde la referida declaración de urgencia, a menos que esta última no contenga la relación de bienes o derechos a expropiar. Estos intereses se liquidan hasta que el justiprecio fijado definitivamente en la vía administrativa se pague, deposite o consigne eficazmente. En estos casos, no existe, pues, solución de continuidad entre ambos tipos de intereses, los del artículo 56 (por demora en la fijación) y los del artículo 57 (por demora en el pago) de la Ley de Expropiación Forzosa , debido a la disposición de los bienes o derechos por el beneficiario sin previo pago. Este criterio se aplica también a aquellas expropiaciones que, no habiendo sido declaradas formalmente urgentes, materialmente son tales por haberse ocupado los bienes antes de su valoración y del pago del justiprecio.

Por último, la TS, Sala de lo Contencioso, de 21/12/2011, Rec. 4681/2008 niega la posibilidad de anatocismo (devengo de intereses sobre intereses).

La retasación

La retasación da derecho al expropiado a una nueva tasación para adecuar el justiprecio al incremento del valor producido por el transcurso del tiempo. Del siguiente modo lo expone el Art. 58 ,LEF “Si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en el Capítulo III del presente Título. Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya trascurrido el plazo de cuatro años, no procederá el derecho a la retasación”.

El plazo de los cuatro años "ha de contarse desde que el justiprecio quedó definitivamente fijado en vía administrativa sin que el mismo, que es propiamente un plazo de caducidad, se interrumpa por la interposición de recursos jurisdiccionales" (Cfr. TS, Sala de lo Contencioso, de 09/06/2014, Rec. 4769/2011). Por su parte, en la TS, Sala de lo Contencioso, de 30/10/1999, Rec. 5504/1995 se señala que el Tribunal Supremo ha precisado que el plazo legal no se suspende por un proceso abierto sobre la expropiación y su justiprecio, y también que no queda enervada por el hecho de que en este proceso el Tribunal haya concluido por confirmar el justiprecio fijado por el Jurado, o incluso si ha declarado otro superior, de modo que la caducidad de este justiprecio no podrá excluirse por un supuesto argumento de cosa juzgada (SS 3 de octubre de 1979 y 24 de enero de 1972). Las SSTS de 7 de octubre de 1986 y 15 de junio de 1988 consideran la retasación como efecto inmediato de la caducidad del justo precio previamente establecido.

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