Revisión de oficio de los actos administrativos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 23/01/2017

Los Art. 106-111 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se refieren a la revisión de oficio de los actos  administrativos, manteniendo la tradicional diferencia procedimental respecto de la revisión de disposiciones y actos nulos y la revisión de actos favorables para los interesados que sean anulables, exigiendo la primera la concurrencia de las causas de nulidad del apdo. 1 del Art. 47 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre y la segunda alguno de los motivos del Art. 48 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este último supuesto, la impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo requerirá la previa declaración de lesividad

Los Art. 106-111 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan de abordar la revisión de oficio de los actos administrativos, manteniendo la ya tradicional diferencia procedimental respecto de la revisión de disposiciones y actos nulos y la revisión de actos favorables para los interesados que sean anulables. 

Por lo que respecta al primer caso, esto es, la revisión de disposiciones y actos nulos, el Art. 106 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente:

  • Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el apdo.1 del  Art. 47 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el apdo. 2 del Art. 47 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del apdo.1 del  Art. 47 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
  • Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en el apdo. 2 del Art. 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre y en el apdo. 1 del Art. 34 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
  • Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

En lo que concierne a la revisión de actos anulables favorables para el interesado, el Art. 107 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, rotulado como declaración de lesividad de actos anulables, dispone lo que se transcribe a continuación:

  • Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el Art. 48 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa su declaración de lesividad para el interés público.
  • La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el Art. 82 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.
  • Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
  • Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia.
  • Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Tanto en uno como otro "procedimiento", el órgano competente (para declarar la nulidad o la lesividad) podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (Art. 108 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Cuestión distinta a las anteriores es la revocación de actos y rectificación de errores. Así, las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico; también podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (Cfr. Art. 109 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

En cuanto a los límites de la revisión, la norma (Art. 110 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) dispone que las facultades de revisión establecidas no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Por último, cabe hacer mención a la competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. A este respecto, el Art. 111 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que en el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables:

  • El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros.
  • En la Administración General del Estado:
    • Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado.
    • Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes.
  • En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado:
    • Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos.
    • Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes.

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Declaración de lesividad de actos anulables
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