Revisión de oficio de los actos administrativos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre

Los Art. 106-111 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan de abordar la revisión de oficio de los actos administrativos, manteniendo la ya tradicional diferencia procedimental respecto de la revisión de disposiciones y actos nulos y la revisión de actos favorables para los interesados que sean anulables. 

Por lo que respecta al primer caso, esto es, la revisión de disposiciones y actos nulos, el Art. 106 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente:

• Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el apdo.1 del  Art. 47 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.
• Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el apdo. 2 del Art. 47 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.
• El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del apdo.1 del  Art. 47 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
• Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en el apdo. 2 del Art. 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre y en el apdo. 1 del Art. 34 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
• Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

En lo que concierne a la revisión de actos anulables favorables para el interesado, el Art. 107 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, rotulado como declaración de lesividad de actos anulables, dispone lo que se transcribe a continuación:

• Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el Art. 48 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa su declaración de lesividad para el interés público.
• La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el Art. 82 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.
• Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
• Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia.
• Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Sentencia de la AN, de fecha 16 de octubre de 2019, rec. 759/2018 

"En la resolución de fecha 13 de marzo de 2018, se acuerda:'INICIAR EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE LESIVIDAD de la Resolución 564/06490/17, de 5 de mayo, del General de Ejército JEME, en lo que se refiere a los Brigadas relacionados en el Antecedente de Hecho Primero, convalidando el acuerdo de incoación adoptado y conservando los actos y trámites practicados, todo ello de conformidad con los artículos 52.3 y 51 respectivamente, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , hasta la finalización del procedimiento iniciado.' Pues bien, convalidado el primer acuerdo, la fecha a tener en cuenta en el cómputo del plazo de seis meses, es la de dicho acto de convalidación, por lo que no se ha producido la caducidad del expediente de lesividad, pues partimos para el cómputo del plazo de la fecha del acto de convalidación, 13.03.18, la resolución de lesividad impugnada de 12.09.18, está dictada dentro de dicho plazo".

Sentencia del TSJ de Castilla y León, de fecha 1 de julio de 2019, núm. 937/2019, rec. 90/2018 

"En efecto, de cara a fundamentar la desestimación del presente recurso que acaba de anticiparse y empezando por el examen de lo que cabría denominar motivos formales, debe señalarse, en relación con la falta de competencia del órgano que dictó el acto originario, el después confirmado en alzada (alegación que no se hizo en sede administrativa, por lo que no es de extrañar que la resolución recurrida de 30 de noviembre de 2017 no diera respuesta a dicha cuestión), que incluso aunque se aceptara que la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria no era competente para anular el alta que aquí interesa -el artículo 7 del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio , por el que se regula la estructura y competencias de la TGSS, solo dice que los titulares de las unidades administrativas de las Direcciones Provinciales ejercerán las funciones que, de acuerdo con el volumen de gestión de cada una, se les asignen por la respectiva relación de puestos de trabajo, extremo que no ha sido aclarado de manera suficiente por la Administración demandada, que en su contestación dice que existe un sinfín de normas pero que solo cita una, la Orden ESS/923/2017, de 14 de septiembre, que no arroja luz al respecto-, tal conclusión no tendría la virtualidad postulada y ello porque no discutido que la competencia se le atribuye a la Dirección Provincial, no puede obviarse que fue ésta la que resolvió el recurso de alzada, de suerte que en último término se produjo la convalidación prevista en el artículo 52.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas".

Tanto en uno como otro "procedimiento", el órgano competente (para declarar la nulidad o la lesividad) podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (Art. 108 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Cuestión distinta a las anteriores es la revocación de actos y rectificación de errores. Así, las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico; también podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (Cfr. Art. 109 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

En cuanto a los límites de la revisión, la norma (Art. 110 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) dispone que las facultades de revisión establecidas no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Por último, cabe hacer mención a la competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. A este respecto, el Art. 111 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que en el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables:

• El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros.
• En la Administración General del Estado:
  • Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado.
  • Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes.
• En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado:
  • Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos.
  • Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes.

Jurisprudencia destacada sobre la revisión de oficio de actos administrativos

Sentencia del TSJ de Castilla la Mancha, de fecha 17 de septiembre, núm. 186/2019, rec. 267/2018 

“Normativa de aplicación sobre la revisión de actos firmes. Establece el Artículo 106 1 Legislación citada LPAC art. 106.1 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Legislación citadaLPAC art. 106.3 : 'Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si los hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales'.(...) SEGUNDO.- Sobre la tramitación administrativa de la revisión de oficio.Dice la JCCM que, al impugnarse la inadmisión a trámite de la revisión de oficio, el Tribunal, en el caso de sentencia estimatoria, no pueden conceder el fondo de lo pedido, sino, sencillamente, condenar a la Administración a tramitar la revisión de oficio - STS de 7-3-1992 y 30-6-2009 - No estamos de acuerdo con esta afirmación si se toma de forma absoluta; no podemos olvidar cuál es la regla general que deriva del Artículo 106. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones PúblicasLegislación citada LPAC art. 106.1, que establece el previo dictamen del Consejo Consultivo, esto es, la tramitación administrativa; pero lo cierto es que la Administración, en lugar de hacerlo, inadmitió a trámite la solicitud de revisión, y de esta actuación se extraen consecuencias perjudiciales para el recurrente, quien formuló motivadamente una petición de revisión".

Sentencia del TS, de fecha 16 de diciembre de 2019, núm. 1767/2019, rec. 347/2018 

“La parte recurrente liga a ese pronunciamiento de inadmisión la lesión de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que menciona en su escrito de demanda. Sin embargo, siendo así que una decisión como esa es legalmente posible, permitiéndola el art. 106.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando dispone que, ' El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales', lo que la parte debió razonar es, o bien la falta o insuficiencia de la motivación, o bien la no concurrencia de ninguno de los presupuestos en que tal decisión es legalmente posible. Sin embargo, las alegaciones del escrito de demanda no ofrecen razonamientos de los que se derive que el acuerdo impugnado carece de motivación, ni tampoco unos, claros, precisos, de los que se siga que no concurría ninguno de esos presupuestos. Así, el acuerdo está motivado, bastando su mera lectura para poder afirmar que es así. Y lo está de modo suficiente: De un lado, porque es cierto que la solicitud de revisión se refería sólo al art. 47.1 de la citada ley, sin identificar, con la exigible claridad, en qué causas de nulidad de pleno derecho, de las que prevé el precepto, se basaba".