Salarios a cargo del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

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El Fondo de Garantía Salarial abonará a los trabajadores por cuenta ajena los salarios (1) con sus pagas extraordinarias, incluidos los de tramitación (2), pendientes de pago por la declaración de insolvencia o procedimiento concursal de la empresa, cuando consten reconocidos en Acta de Conciliación judicial o administrativa, Resolución Judicial o, en su caso, certificación de la Administración Concursal (apdo. 1, Art. 33 ,ET).

NOVEDAD: El Supremo ha dictado sentencia a través de la cual se establece que si el FOGASA supera el plazo máximo de tres meses que tiene para responder a las solicitudes de los trabajadores (apdo. 7, Art. 28 ,Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo), se entiende que opera el silencio administrativo positivo. Por lo tanto, el FOGASA deberá pagar las peticiones que tarde más de tres meses en responder, aunque dicha petición no cumpla con los requisitos exigidos por la ley. (Sentencia TS, Sala de lo Social, de 16/03/2015, Rec. 802/2014)

Salario a efectos del FOGASA

El FOGASA considerará como salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el apdo. 1, Art. 26 ,ET, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días.

Límite máximo

La cantidad máxima a abonar es la resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, con prorrateo de pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendientes de pago, con un máximo de ciento veinte días.

Plazo de solicitud

Un año (3) contado desde la fecha del Acta de Conciliación, Sentencia, Auto o Resolución de la Autoridad Laboral en que se reconozca la deuda por salarios (auto de insolvencia).

Dicho plazo se interrumpirá por el ejercicio de las acciones ejecutivas o de reconocimiento de los créditos en el procedimiento concursal, así como por las demás formas admitidas en Derecho.

Subrogación

El FOGASA se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones laborales frente a la empresa deudora, manteniendo los privilegios salariales que correspondan.

El Fondo de Garantía Salarial dispensará la protección regulada en este artículo en relación con los créditos impagados de los trabajadores que ejerzan o hayan ejercido habitualmente su trabajo en España cuando pertenezcan a una empresa con actividad en el territorio de al menos dos Estados miembros de la Unión Europea, uno de los cuales sea España, cuando concurran, conjuntamente, las siguientes circunstancias:

  •  a) Que se haya solicitado la apertura de un procedimiento colectivo basado en la insolvencia del empresario en un Estado miembro distinto de España, previsto por sus disposiciones legales y administrativas, que implique el desapoderamiento parcial o total del empresario y el nombramiento de un síndico o persona que ejerza una función similar.
  •  b) Que se acredite que la autoridad competente, en virtud de dichas disposiciones, ha decidido la apertura del procedimiento; o bien que ha comprobado el cierre definitivo de la empresa o el centro de trabajo del empresario, así como la insuficiencia del activo disponible para justificar la apertura del procedimiento.

Cuando, de acuerdo con los términos establecidos en este apartado, la protección de los créditos impagados corresponda al Fondo de Garantía Salarial, este solicitará información de la institución de garantía del Estado miembro en el que se tramite el procedimiento colectivo de insolvencia sobre los créditos pendientes de pago de los trabajadores y sobre los satisfechos por dicha institución de garantía y pedirá su colaboración para garantizar que las cantidades abonadas a los trabajadores sean tenidas en cuenta en el procedimiento, así como para conseguir el reembolso de dichas cantidades.

En el supuesto de procedimiento concursal solicitado en España en relación con una empresa con actividad en el territorio de al menos otro Estado miembro de la Unión Europea, además de España, el Fondo de Garantía Salarial estará obligado a proporcionar información a la institución de garantía del Estado en cuyo territorio los trabajadores de la empresa en estado de insolvencia hayan ejercido o ejerzan habitualmente su trabajo, en particular, poniendo en su conocimiento los créditos pendientes de pago de los trabajadores, así como los satisfechos por el propio Fondo de Garantía Salarial.

Asimismo, el Fondo de Garantía Salarial prestará a la institución de garantía competente la colaboración que le sea requerida en relación con su intervención en el procedimiento y con el reembolso de las cantidades abonadas a los trabajadores.

El TS ha aclarado la responsabilidad subsidiaria del FOGASA, en el supuesto de un acuerdo de aplazamiento de pago de cantidades adeudadas alcanzado entre empresa y trabajadores tras despido reconocido en conciliación como improcedente, no paraliza la prescripción de la acción para reclamar al Fondo por vía de responsabilidad subsidiaria, ya que su naturaleza jurídica, asimilable a la de un «fiador», hace que solo se vea perjudicado por la interrupción frente al empresario deudor cuando esta se produzca mediante reclamaciones judiciales o acciones ejecutivas o de reconocimiento de deuda en pleito concursal, pero no cuando se trate de otras formas genéricas de interrupción, y en concreto en virtud de pactos que no gocen de la garantía de publicidad. Ver sentencias TSJ Pais Vasco, de 01/06/1999 y TSJ Cataluña, Sala de lo Social, nº 5974/2008, de 15/07/2008, Rec. 2187/2007

 

(1) Se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial por la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo (Apdo. 1 Art. 26 ,ET), así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan

(2) Siguiendo jurisprudencia interpretativa de la Directiva 80/987/CEE, de 20 octubre de 1980 (-STJCE de 21 de febrero de 2.008 y 7 de septiembre de 2.006-), los Tribunales han considerado que el término «retribución» debe incluir tanto los salarios de tramitación como la indemnización. El FOGASA resulta responsable del pago de la indemnización y los salarios de tramitación reconocidos por conciliación ante el juez; cuando tras solicitar el trabajador la ejecución del acuerdo alcanzado con el empresario en conciliación ante el juez, no se hubiese podido llevar a cabo por insolvencia del mismo. Ver sentencias  TS, Sala de lo Social, de 16/04/2013, Rec. 2126/2012, TSJ Comunidad Valenciana, de 11/02/2005 y TSJ Canarias, de 10/02/2000

(3) La Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 19 de febrero de 2.007 (RUD 183/2006), ha establecido que el plazo de prescripción de un año se circunscribe expresamente a la fecha del acto de conciliación, sentencia, auto o resolución de la Autoridad Laboral en que se reconozca la deuda por salario o se fijen las indemnizaciones, y aunque después dicho apartado reconoce la posibilidad de interrumpir la prescripción "por las demás formas legales de interrupción de la prescripción", lo que ha de ser conectado con los artículos correspondientes del Código Civil , lo cierto es que en el momento de producirse o reconocerse posteriormente la deuda privadamente el único deudor existente es el empresario que la generó, sin que en ese momento haya habido intervención del FOGASA, existiendo eso sí una posible responsabilidad futura, de modo que el posible reconocimiento de deuda únicamente interrumpe el plazo de prescripción frente a quien la reconoce pero no frente a terceros sino está reconocida la deuda empresarial en el trámite de conciliación administrativa, postura que ha sido confirmada en la sentencia de 21 de marzo de 2.007 ( RJ 2007, 3186 ) , RCUD 465/2006 , en la de de 3 de de abril de 2.003, RCUD 2544/02 en que la deuda se reconoció en un procedimiento de suspensión de pagos, de lo que resulta que lo más importante a efectos de interrupción de la prescripción es la intervención en ese reconocimiento de un Organismo público, el de la conciliación, el del concurso, etc., no valiendo un simple reconocimiento entre partes, siendo seguramente la intención del legislador la de evitar posibles fraudes o colusiones, teniendo en este caso los trabajadores, que normalmente se hallan asistido por Letrado, una solución muy fácil para evitar esta alegación posterior del FOGASA como es la de exigir a la contraparte, el empresario, que lo pacte en conciliación, que sí interrumpe la prescripción y no únicamente mediante acuerdo privado. STSJ Castilla y León 22/05/2013  (R. 214/2013)

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Insolvencia del empresario
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Responsabilidad indirecta FOGASA
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