Salarios de tramitación abonados por parte de la empresa en caso de readmisión tras declaración judicial del despido de improcedentes o nulo

Por el contrario, si se estima el despido procedente se declarará convalidada la extinción del contrato que aquél produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación (Art. 109 ,LJS).

Su importe concordará con el de los salarios que hasta la fecha venía percibiendo el trabajador, de forma que, el importe de los mismos dependerá de la velocidad de la tramitación del procedimiento judicial. Para evitar que el empresario corra con todos los gastos del retraso que pueda tener el proceso en el Juzgado, de transcurrir más de 60 días hábiles desde la presentación de la demanda en el Juzgado de lo Social hasta la notificación de la sentencia, el empresario podrá reclamar al FOGASA el abono de los salarios de tramitación pagados al trabajador que excedan de esos 60 días. Pero quedando el empresario, ineludiblemente, obligado a mantener al trabajador en situación de alta en la Seguridad Social. Caso distinto son, a juicio de los Tribunal Supremo, los despidos disciplinarios improcedentes de los trabajadores de alta dirección que no generan el derecho a percibir salarios de tramitación (-Ver sentencia TS, de 04/01/1999-) y los casos de incapacidad temporal de forma que cuando un trabajador en situación baja médica continuada fuese despedido sin extinción de la citada incapacidad temporal la empresa quedaría excluida la obligación de abonar salarios de tramitación.

- Despidos declarados como improcedentes ante los que la empresa opta por la readmisión de trabajador: Equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

- Despidos declarados como improcedentes si el despedido fuera un representante de los trabajadores o delegado sindical: Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación.

- Despidos nulos: Tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.

Los apdos 4 y letra a) del apdo. 5 del 268 ,Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (Derivados de la “Reforma Laboral de 2012"), junto con la  redacción actual del Art. 56 ,ET, implica que el trabajador tendrá derecho a percibir la prestación por desempleo desde el día en que el empresario decida extinguir la relación laboral. Si el trabajador interpone demanda para solicitar la declaración judicial de la improcedencia del despido, esta es reconocida y el empresario no opta por la readmisión no se abonarán salarios de tramitación ya que el trabajador ha estado percibiendo prestación por desempleo durante ese período.

En el supuesto de despido o extinción de la relación laboral, la decisión del empresario de extinguir dicha relación se entenderá, por sí misma y sin necesidad de impugnación, como causa de situación legal de desempleo. El ejercicio de la acción contra el despido o extinción no impedirá que se produzca el nacimiento del derecho a la prestación.

En las resoluciones recaídas en procedimientos de despido o extinción del contrato de trabajo:

a) Cuando, como consecuencia de la reclamación o el recurso, el despido sea considerado improcedente y se opte por la indemnización:

El trabajador continuará percibiendo las prestaciones por desempleo o, si no las estuviera percibiendo, comenzará a percibirlas con efectos desde la fecha del cese efectivo en el trabajo, siempre que cumpla los requisitos establecidos en para el nacimiento del derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo, tomando como fecha inicial para tal cumplimiento la del acta de conciliación o providencia de opción por la indemnización, o, en su caso, la de la resolución judicial.

El trabajador deberá solicitar el reconocimiento de las prestaciones en el plazo de los quince días siguientes al nacimiento de la situación legal de desempleo, tomando como fecha inicial para tal cumplimiento la del acta de conciliación o providencia de opción por la indemnización, o, en su caso, la de la resolución judicial.

b) Cuando, como consecuencia de la reclamación o el recurso se produzca la readmisión del trabajador, mediante conciliación o sentencia firme, o aunque el empresario no procediera a la readmisión o lo hiciera en condiciones distintas a las que regían antes de producirse el despido (Art. 283 ,LJS), las cantidades percibidas por éste en concepto de prestaciones por desempleo se considerarán indebidas por causa no imputable al trabajador.

En tal caso, la Entidad Gestora cesará en el abono de las prestaciones por desempleo y reclamará a la Tesorería General de la Seguridad Social las cotizaciones efectuadas durante la percepción de las prestaciones. El empresario deberá ingresar a la Entidad Gestora las cantidades percibidas por el trabajador, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

 En los supuestos a que se refiere esta letra, el empresario deberá instar el alta en la Seguridad Social con efectos desde la fecha del despido o extinción inicial, cotizando por ese período, que se considerará como de ocupación cotizada a todos los efectos.

c) EL trabajador comenzará a percibir las prestaciones si no las estuviera percibiendo, a partir del momento en que se declare extinguida la relación laboral en los supuestos de (Art. 281.2,Art. 286 ,LJS):

• Declaración judicial extinguiendo la relación laboral en la fecha de la resolución.
• Declaración judicial acordando que se abone al trabajador los salarios de tramitación (apartados 1 y 2 Art. 56 ,ET). En atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la readmisión irregular, podrá fijar una indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce mensualidades. En ambos casos, se prorratearán los periodos de tiempo inferiores a un año y se computará, como tiempo de servicio el transcurrido hasta la fecha del auto.
• Declaración judicial condenado al empresario al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada solución.
• Imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal.

En todos estos casos, se estará a lo establecido en la letra a de este apartado respecto a las prestaciones percibidas hasta la extinción de la relación laboral.

El Tribunal Supremo, en base al 269 ,Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, admite el cómputo de la cotización por los salarios de tramitación a efectos de acreditar el período de ocupación necesaria para el reconocimiento de una prestación; estableciéndose como requisito que mientras se encuentre pendiente el recurso contra la sentencia que declaró la resolución del contrato por voluntad del trabajador no se acredite que éste incumple su obligación de trabajo. Ver sentencia TS, de 08/11/2000

El procedimiento sobre reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido será de aplicación en el supuesto en que la sentencia del órgano jurisdiccional competente que por primera vez declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de noventa días hábiles desde que se tuvo por presentada la demanda (1).

Una vez firme la sentencia, y siempre que se opte por la readmisión del trabajador, se podrán reclamar al Estado los salarios de tramitación pagados al trabajador –o no pagados en caso de insolvencia provisional del empresario– y las cuotas a la seguridad social correspondientes a los salarios de tramitación que excedan de dicho plazo. Art. 1-8 ,Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido.

Estarán legitimados para presentar la reclamación, tanto el empresario que, habiendo readmitido al trabajador despedido con carácter improcedente, haya pagado los salarios de tramitación, como el propio trabajador despedido, en caso de insolvencia provisional del empresario.

1. El empresario, o el trabajador en el supuesto de insolvencia provisional de aquél, podrán reclamar las cantidades correspondientes en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia.

2. La reclamación podrá presentarse en los registros administrativos según lo previsto en el apdo. 4 del Art. 16 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La correspondiente Área o Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, instará al interesado a darse de alta en el Fichero Central de Terceros de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, según lo dispuesto en el artículo tercero de la Orden PRE/1576/2002, de 19 junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de las obligaciones de la Administración General del Estado.

Al escrito de reclamación, en el que deberá indicarse el periodo considerado de salarios de tramitación a cargo del Estado, así como la cuantía en que se valoran los mismos, deberá acompañarse, en todo caso:

• a) Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial por la que se determine la readmisión del trabajador, o comparecencia al efecto.
• b) Certificación expedida por la Secretaría del órgano jurisdiccional o Tribunal Superior de Justicia correspondiente, haciendo constar la cronología del procedimiento ante el mismo a efectos del cómputo del tiempo que exceda de los noventa días hábiles en los supuestos a que se refiere el Art. 119 ,LJS, especificando el motivo de la suspensión, en su caso, o la no existencia de ésta. En todo caso, deberán figurar las fechas de: despido, presentación de la demanda, sentencia y notificación y firmeza de la misma.
• c) Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios que se reclamen, así como certificación original de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a las cuotas ingresadas respecto del trabajador despedido por la empresa reclamante, con desglose mensual de cuota patronal y cuota obrera, referida al periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la notificación de la sentencia por la que se declara el despido improcedente.
• d) Informe de vida laboral del trabajador. En caso de haber prestado servicios para otra empresa en el período de responsabilidad estatal, deberá aportarse documentación acreditativa de los salarios percibidos durante ese período. Si, en estos casos, el empresario no pudiera obtener el informe de vida laboral del trabajador, habrá de ser la correspondiente Área o Dependencia de Trabajo e Inmigración quien lo solicite de oficio.

El Tribunal Supremo, por su parte, en lo referente a la determinación del día hasta el cual se adeudan los salarios de tramitación, cuando se trata del despido improcedente de un trabajador fijo discontinuo, ha unificado doctrina estableciendo la analogía del supuesto estudiado con la extinción de contratos temporales, es decir, considera que los salarios de tramitación sólo se adeudan hasta el día en que el contrato temporal debió extinguirse por causa legal o convencional que produzca su correcta extinción. Sentencias TS, Sala de lo Social, de 23/07/2009, Rec. 1187/2008 y TS, Sala de lo Social, de 10/03/2005, Rec. 1322/2004

Descuento de los salarios percibidos por el trabajador en otro empleo

Conforme al apartado b) del Art. 56.1 ,Estatuto de los Trabajadores, el trabajador cuyo despido sea declarado improcedente tiene derecho a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se notifique la sentencia conteniendo la referida calificación o hasta que haya encontrado otro empleo si tal colocación es anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación. La jurisprudencia ha limitado esto de la siguiente manera:

1. Aunque con posterioridad al despido el trabajador hubiese iniciado una actividad empresarial por cuenta propia, el empresario ha de demostrar que la misma le ha reportado beneficios al citado trabajador; de no ser así, no sería posible el descuento de cantidad alguna del importe de los salarios de tramitación. Ver sentencias TSJ Andalucia, de 26/11/1999 y TSJ Comunidad Valenciana, de 11/05/1999
2. Proceden hasta la fecha del vencimiento del contrato pactada, suponiendo lo contrario un enriquecimiento injusto. Ver sentencia TSJ Comunidad Valenciana, de 07/10/1999
3. indemnización y salarios de tramitación: se han de fijar por separado dando la posibilidad de conocer la cuantía exacta que se le ofrece por salarios de tramitación; devengo de los salarios de tramitación: hasta la fecha de la sentencia dictada por el Juzgado. Ver sentencia TSJ Pais Vasco, de 30/11/1999
4. No puede recurrirse el importe de los salarios de tramitación que ya han sido cuantificados en un auto que es firme no recurrido por ninguna parte. Ver sentencia TSJ Cataluña, de 10/02/2000
5. Los salarios de tramitación han de entenderse como la cantidad de dinero a percibir como reparación de falta de ingresos del trabajador, si durante la tramitación del proceso el trabajador consigue ingresos, se autoriza al descuento. Ver sentencia TSJ Cataluña, de 14/12/1999
6. Lo que se desprende del art. 56.1º letra b ET no es que el trabajador pierda la totalidad de los salarios de tramitación del período coincidente con la prestación de servicios para otra empresa, cualquiera que hubiere sido su retribución, sino tan sólo que se descuente lo que haya podido percibir en tal circunstancia. Ver sentencia nº TSJ Cataluña, de 08/06/2001
7. El trabajador en un acto de conciliación no tiene porqué admitir cantidades ajenas al procedimiento de despido en que aquella conciliación se enmarca. Ver sentencia TSJ Canarias, de 28/09/1999

(1) Siguiendo lo previsto en el Art. 57 ,Estatuto de los Trabajadores y con lo establecido en los Art. 116-119 ,Ley de jurisdicción social.