El seguro de defensa jurídica como modalidad de seguro contra daños

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
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El seguro de defensa jurídica aparece regulado en la Ley del Contrato de Seguro en el 76.a ,LCS y siguientes. En cuanto a su objeto, dispone dicho artículo que «por el seguro de defensa jurídica, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro».

 

Además, dice el 76.b ,LCS que quedan excluidos de la cobertura del seguro de defensa jurídica el pago de multas y la indemnización de cualquier gasto originado por sanciones impuestas al asegurado por las autoridades administrativas o judiciales.

Cabe mencionar que no debe confundirse la dirección jurídica mencionada en el Art. 74 ,LCS con el seguro de defensa jurídica regulado en el 76.a ,LCS y siguientes. El primero alcanza solamente la defensa frente a la reclamación del perjudicado, siendo una actuación del asegurador en interés propio, dado que, en definitiva, la responsabilidad que se determine alcanzará a su propio patrimonio.

El seguro de defensa jurídica consta de independencia frente al de responsabilidad civil, por cuanto es fruto de la autonomía de la voluntad de las partes, definido por cláusulas expresadas en las condiciones generales y particulares y donde el asegurado puede ejercer un papel activo (demandante) o pasivo (demandado) en la intervención en un proceso judicial, administrativo o judicial, teniendo el asegurado derecho a elegir abogado y procurador que le asistan o representen.

También establece el 76.d ,LCS que “el asegurado tendrá, asimismo, derecho a la libre elección de Abogado y Procurador en los casos en que se presente conflicto de intereses entre las partes del contrato”.

En este sentido, tanto el abogado como el procurador designados por el asegurado son libres en su forma de actuar, no estando sujetos en ningún caso a las instrucciones del asegurador.

Este derecho de elección, además del de sumisión a arbitraje de las diferencias que puedan darse entre el asegurador y el asegurado sobre el contrato de seguro, deben de ser recogidas expresamente en la póliza, tal y como dispone el 76.f ,LCS, que a su vez establece en su párrafo segundo que “en caso de conflicto de intereses o de desavenencia sobre el modo de tratar una cuestión litigiosa, el asegurador deberá informar inmediatamente al asegurado de la facultad que le compete de ejercitar los derechos a que se refieren los dos artículos anteriores”.

Por su parte el 76.e ,LCS afirma que “el asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro. La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada”.

Según dispone el 76.g ,LCS, las prescripciones relativas al seguro de defensa jurídica no serán de aplicación:

  • A la defensa jurídica realizada por el asegurador de la responsabilidad civil de conformidad con lo previsto en el Art. 74 ,LCS.
  • A la defensa jurídica realizada por el asegurador de la asistencia en viaje. En este caso, la no aplicación de las normas de esta Sección quedará subordinada a que la actividad de defensa jurídica se ejerza en un Estado distinto del de la residencia habitual del asegurado; a que dicha actividad se halle contemplada en un contrato que tenga por objeto única y exclusivamente la asistencia a personas que se encuentren en dificultades con motivo de desplazamientos o de ausencias de su lugar de residencia habitual, y a que en el contrato se indique claramente que no se trata de un seguro de defensa jurídica, sino de una cobertura accesoria a la de asistencia en viaje.
  • A la defensa jurídica que tenga por objeto litigios o riesgos que surjan o tengan relación con el uso de buques o embarcaciones marítimas.

Por último, este seguro deberá ser objeto de un contrato independiente, no obstante, podrá incluirse en capítulo aparte dentro de una póliza única, en cuyo caso habrán de especificarse el contenido de la defensa jurídica garantizada y la prima que le corresponde (76.c ,LCS).

 

 

 

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Responsabilidad
Autonomía de la voluntad
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Sumisión a arbitraje
Residencia habitual
Arbitraje
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