Las sentencias del TJUE sobre la devolución de los gastos de formalización de la hipoteca

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 17/02/2021

Las sentencias que emitió el TJUE sobre la devolución de los gastos hipotecarios fueron las C-224-19 y C-259-19 de 16 de julio de 2020.

 

Análisis de las sentencias del TJUE sobre la devolución de los gastos de formalización de la hipoteca

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resuelve a través de sus Sentencias N.º C-224-19 y C-259-19, de 16 de julio de 2020, dos cuestiones prejudiciales planteadas, una por el Juzgado de Primera Instancia N.º 17 de Palma de Mallorca y otra por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta. Dichas peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 3 a 8 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. De conformidad con la repuesta dada por el Tribunal de Justicia Europea, podemos sacar en claro las siguientes conclusiones: 

1) Interpretación que debe darse a los apartados primeros de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993

El apartado primero del artículo 6 de la citada Directiva determina que los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas. Por su parte, el apartado primero del artículo 7 de la Directiva 93/12/CEE, obliga a los Estados miembros a velar porque, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

CUESTIÓN

¿Lo dispuesto en los referidos artículos se opone a que, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula contractual que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos y cancelación de hipoteca, y que ha sido declarada nula por abusiva? 

Si. De acuerdo con lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en la sentencia objeto de estudio, dichas consideraciones deben interpretarse en el sentido de que las mismas se oponen a que, en caso de que se declare la nulidad de una cláusula contractual, por abusiva, que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al  consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos.

2) Respecto a la posible nulidad de la cláusula contractual que impone al consumidor el pago de una comisión de apertura

Expone el Tribunal que, a este respecto, incumbe al juez nacional comprobar, tomando en consideración el conjunto de circunstancias en torno a la celebración del contrato, si la entidad financiera ha comunicado al consumidor los elementos suficientes para que este adquiera conocimiento del contenido y del funcionamiento de la cláusula que le impone el pago de una comisión de apertura, así como de su función dentro del contrato de préstamo. De este modo, el consumidor tendrá conocimiento de los motivos que justifican la retribución correspondiente a esta comisión

CUESTIÓN 

La cláusula de un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y una entidad financiera que impone al consumidor el pago de una comisión de apertura, ¿puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato?

Se considerará que esta cláusula causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, cuando la entidad financiera no pueda demostrar que esa comisión se corresponde con servicios efectivamente prestados y gastos en los que esta ha incurrido. 

3) Posibilidad de limitar los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva mediante el establecimiento de un plazo de prescripción

La cuestión planteada hace referencia a si sería compatible con el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica, una jurisprudencia nacional con arreglo a la cual el plazo de prescripción de cinco años para el ejercicio de una acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual abusiva comenzase a correr a partir de la celebración del contrato que contiene esta cláusula, aunque, en virtud de la legislación nacional de nuestro país, la acción para declarar la nulidad absoluta de una cláusula contractual abusiva sea imprescriptible. 

Nuestro ordenamiento jurídico recoge, en lo que aquí nos interesa, las siguientes consideraciones: 

  • Dispone el artículo 1303 del Código Civil: "declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes".
  • Por su parte, el apartado segundo del artículo 1964 del Código Civil, establece que las acciones personales que no tengan plazo especial prescribirán a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. Por su parte, en las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.
  • Asimismo, el artículo 1969 del Código Civil, dispone que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse

En este sentido, el Tribunal expone que es necesario tener en cuenta, de que es posible que los consumidores ignoren que una cláusula incluida en un contrato de préstamo hipotecario sea abusiva o no perciban la amplitud de los derechos que les reconoce la Directiva 93/13. Conforme a lo cual, la aplicación de un plazo de prescripción de cinco años que comience a correr a partir de la celebración del contrato, en la medida en que tal aplicación implica que el consumidor solo pueda solicitar la restitución de los pagos realizados en ejecución de una cláusula contractual declarada abusiva, durante los cinco primeros años siguientes a la firma del contrato —con independencia de si este tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esta cláusula—, puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a este consumidor y, por lo tanto, vulnerar el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica.

Ahora bien, el TJUE termina matizando que, el hecho de que la normativa nacional limite el ejercicio de la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual abusiva quede sometido a un plazo de prescripción, no se opondrá al Derecho de la Unión Europea siempre que, ni el momento en que ese plazo comienza a correr, ni su duración, hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho del consumidor a solicitar tal restitución.

A TENER EN CUENTA. En base a este criterio, la nota informativa sobre los derechos que asisten a las personas consumidoras en relación con gastos derivados de las hipotecas y otras cuestiones de ámbito financiero elaborado por el Ministerio de Consumo determina que, se puede entender que se pudo tener conocimiento del carácter
abusivo de la misma desde el momento en que se hizo pública la Sentencia del Tribunal Supremo N.º 705/2015, el 21 de enero de 2016.

4) Respecto de la condena en costas 

Por último, el Tribunal resuelve acerca de la posibilidad de que el juzgador nacional hiciera uso de la excepción a la condena en costas en caso de vencimiento prevista en el apartado 394 de la LEC. En este sentido, tal y como ya hemos manifestado en puntos anteriores a este tema, el Tribunal refiere que, tanto los apartados primeros de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13, así como el principio de efectividad, se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales.

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Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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