El silencio administrativo en el procedimiento sancionador en extranjería

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/08/2019

El silencio administrativo es definido por el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, como “la estimación o desestimación tácita que la Ley anuda al silencio de la Administración respecto de la petición de un ciudadano, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido”. 

El silencio administrativo es una figura que consiste en equiparar una omisión de la Administración con una acción; es decir, una no respuesta de la Administración se tiene por una aceptación o una desestimación.

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en un plazo máximo de 3 meses cuando la norma reguladora no fije un plazo.

En los procedimientos iniciados a instancia del interesado la norma general será entender la resolución como estimada, excepto en:

  • Los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.
  • Los de revisión iniciados a solicitud del interesado; sin embargo, en el recurso de alzada, cuando se haya interpuesto contra la desestimación por silencio, entenderá estimado si llegado el plazo, no se dictase resolución.

La DA 13ª del RLOEX establece que, una vez transcurrido el plazo para resolver las solicitudes previstas en la DA 12ª, éstas podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, de acuerdo con la DA Única de la LOEX y con las excepciones previstas en la misma.

                              EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INTERESADO

 

Art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

 

 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO

 

Art. 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

 

 

RESOLUCIÓN POSTERIOR EXPRESA DE LA ADMINISTRACIÓN

Art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

Regla general efecto: ESTIMATORIO

Excepciones (efecto desestimatorio):

 

- Cuando una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

- Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

 -Procedimientos de ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el Art. 29 de la Constitución Española.

- Procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros, facultades relativas al dominio o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

- Procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en enunciados anteriores (Silencio negativo + silencio negativo = silencio positivo).

 

 

CADUCIDAD: En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.

DESESTIMATORIO: En procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables.

 

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

Obligación de la Administración de dictar resolución expresa y notificarla:

 

a)  En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

 

b)  En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna del sentido del silencio.

 

PLAZO MÁXIMO:

 

- El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

No podrá exceder de SEIS MESES salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

 

- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de TRES MESES.

 

 

Jurisprudencia sobre silencio administrativo en procedimiento sancionador de extranjería

Sentencia Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, Nº 34/2016, Rec. 151/2015, de 28 de enero de 2016

" (...) decir que, de lo actuado, no existe como tal, concesión de asilo 'strictu sensu' de la Ley 12/09 de 30 de octubre en favor del recurrente, sino una solicitud de protección internacional, que supuso una acogida temporal en el 2014, pero dado el tiempo transcurrido de su solicitud se ha de entender desestimada presuntamente (silencio administrativo negativo) por mor de lo establecido en el art 24.3 de la Ley 12/2009, ya que caso de habérsela concedido tal solicitud de asilo, nada más fácil que aportarla la demandante al Plenario (principio de carga de la prueba del art 217 LEC )".

Sentencia TSJ Castilla y León, Sala de lo Contencioso, Nº 386/2013, Rec. 171/2013, de 22 de noviembre de 2013

"7º).- También rechaza la sentencia apelada que la recurrente hubiera obtenido por silencio administrativo el permiso de residencia, toda vez que consta en autos que la Delegación del Gobierno en Madrid mediante resolución de 25 de agosto de 2011denegó a la anterior la autorización de residencia temporal, no constando que contra dicha resolución se interpusiera recurso alguno, amén de que dicho Juzgado señala que no sería competente para enjuiciar si la recurrente ha obtenido tal autorización mediante silencio por cuanto que el expediente citado fue tramitado y resuelto por la Delegación del Gobierno de Madrid; en todo caso añade al respecto que:

'En suma, la recurrente carecería de título apto para residir legalmente en España y la expulsión acordada en base al art. 57.2 supondría la extinción de cualquier título que la recurrente tuviera para residir en España.

Por tanto, aun cuando la recurrente fuera titular de una autorización de residencia temporal, la misma se habría extinguido como consecuencia de la expulsión acordada, siendo así que no es, necesario que la extinción de la autorización de residencia deba ser llevada a cabo en el seno de un procedimiento separado, pues el art. 57.4 de la L.O. 4/2000 , establece que la expulsión conlleva en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado, y ello como consecuencia de la propia resolución de expulsión, de manera que este precepto habría permitido la extinción de cualquier permiso de residencia temporal que tuviera la recurrente, sin necesidad de expediente o procedimiento separado destinado al efecto'".

Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Rec. 8142/2004, de 12 de mayo de 2008

"No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra la resolución dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que se inadmitía el recurso interpuesto contra la resolución de expulsión del territorio nacional del extranjero recurrente.

Alega la parte actora en su recurso que lo que realmente se impugna en el proceso es la desestimación presunta por silencio administrativo de su solicitud de declaración de caducidad del expediente de expulsión contra él, siendo totalmente incierto, pues en todos los recursos interpuestos, impugnaba, por el contrario, el acuerdo de expulsión que se había dictado contra él. No cabe el recurso que se pretende llevar a cabo, pues por vía administrativa se inadmitió el recurso contencioso dada la falta de objeto, pues con anterioridad se había acordado el archivo del expediente sancionador al encontrarse la solicitud de permiso de residencia temporal solicitada con anterioridad. Asimismo, tampoco cabría mediante las pretensiones aducidas por la actora en el escrito de casación, puesto que es imposible que prospere el recurso, dado que si ya estaba acordado el archivo del expediente sancioley de extranador, no tendría sentido alegar la caducidad del mismo".

Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Rec. 39/2005, de 10/01/2007

Entre otras cuestiones, se solicita por la parte recurrente una declaración interpretativa de que el término ad quem del silencio administrativo positivo se da en toda solicitud "de prórroga de la autorización de residencia, así como la renovación de la autorización de trabajo" del Reglamento de Extranjería en la notificación, y en defecto de ésta por causas imputables al interesado, en la acreditación de que al menos se ha intentado debidamente esa notificación por parte de la Administración, a los efectos de entender cumplida la obligación de notificar en plazo, y la condena al pago de las costas procesales en un tercio a la Administración del Estado demandada en la presente litis.

Se impugna el inciso "y así se entenderá si en el plazo de un mes no se comunica..." del art. 35.6 del Real Decreto 2393/2004.

Sostiene la demandante que se trata de un acto que no puede ser presunto según cómo se regula en la Ley 30/1992 el silencio administrativo y, además que sin cobertura legal, recorta el plazo de tres meses a uno.

"Incumple por completo la regulación que hace dicha Ley del acto presunto negativo, como mera apertura de plazo para recurrir, pero sin permitir eludir la obligación de dictar resolución por parte de la Administración. Le concede a ése silencio presunto unas consecuencias mucho más allá de la mera apertura de plazo para recurrir, y provoca otra resolución denegatoria, esta sí expresa, por otro órgano.

-Hace recaer sobre el administrado las consecuencias negativas de una posible negligencia de la Administración, si ésta se atrasa en su resolución en plazo, no sólo no se abrirá al interesado ninguna garantía de recurrir, sino que además provocará la denegación del visado, necesario para entrar y residir en España, anulando todo el expediente.

-No tiene cobertura legal alguna. Es más, el propio Consejo Económico y Social (Documento 12, página 18, primer párrafo) señaló la contradicción existente entre el plazo de un mes y el plazo general para el dictado de resoluciones establecido en la Disposición Adicional Octava del Reglamento.

Pero si tenemos en cuenta que ésta es una traslación al Reglamento de la Disposición Adicional Primera, apartado 1 de la propia Ley Orgánica, debemos concluir que el plazo es contrario a la Ley".

La cuestión que plantea la recurrente relativa a que la denegación del visado no puede ser un acto que se adopte por silencio administrativo y que, además, se pueda entender producido en el plazo de un mes contraviniendo la Ley 30/1992 y la propia Ley Orgánica en su Disposición adicional Primera 1.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo resuelve lo siguiente:

“La primera cuestión, es decir la relativa a la vulneración en este supuesto de la Ley 30/1992 debe rechazarse, puesto que la Ley Orgánica 4/2000 que desarrolla el Real Decreto 2393/2004, parcialmente impugnado contiene una explícita regulación en materia de autorizaciones y de su desestimación por silencio administrativo en la Disposición Adicional Primera, apartado 1 , al fijar un plazo máximo para la resolución de los expedientes.

Así dice la Disposición citada lo que sigue: "El plazo general máximo para notificar las resoluciones de las solicitudes de autorizaciones que formulen los interesados a tenor de lo previsto en esta Ley será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido el plazo para notificar las resoluciones de las solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, éstas podrán entenderse desestimadas". Por tanto, en la materia a que se refiere el precepto impugnado el plazo máximo para resolver el expediente es de tres meses y si transcurrido el mismo no se hubiera notificado la resolución podrá entenderse desestimada.

Es cierto que el plazo que prevé el reglamento es inferior al legal pero no lo es menos que éste es un plazo máximo, y, por lo tanto, que se entienda desestimada la autorización solicitada en un plazo inferior, y por ello más breve, no perjudica al interesado, sino más bien al contrario, porque de ese modo podrá anticipar el recurso frente a la decisión denegatoria. Es cierto también que el Consejo de Estado en su informe puso de relieve la brevedad del plazo e incluso lo relacionó con las posibilidades reales de funcionamiento de las misiones diplomáticas u oficinas diplomáticas, extremo que, a nuestro entender, carece de relevancia puesto que éstas no son las que deciden sino las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno que si han de contar con los medios para decidir en plazo, y, por último, apoya esa decisión de acortamiento del plazo el hecho de que estamos en presencia del procedimiento de solicitud de autorización menos común puesto que se trata de la autorización para residir temporalmente en España sin realizar actividades laborales.

Por todo ello la impugnación ha de decaer”.
 

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Misión diplomática
Actividad laboral

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Ene (Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 10 Fecha de Publicación: 12/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 01/02/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 557/2011 de 20 de Abr (Reglamento de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 103 Fecha de Publicación: 30/04/2011 Fecha de entrada en vigor: 30/06/2011 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

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