El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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El régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado encuentra su regulación en el Art. 24 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre que, como regla general, otorga al mismo sentido positivo, salvo que se establezca lo contrario en:

Y, también en los siguientes procedimientos:

  • En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el Art. 29 ,Constitución Española (Párrafo 2 del apartado 1 del Art. 24 ,ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • Aquellos procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público o impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente (Párrafo 2 del apartado 1 del Art. 24 ,ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

  • En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado (Párrafo 3 del apartado 1 del Art. 24 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

En relación con el silencio administrativo, ya se origine en procedimientos iniciados a solicitud del interesado o en procedimientos iniciados de oficio, se hace necesario recordar lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, que establece que “la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación” salvo los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución será el fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate y nunca podrá ser superior a seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la Unión Europea. Cuando no se fije el plazo máximo para notificar la resolución éste será de tres meses (apdo. 2 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Por lo que respecta al dies a quo, esto es, el día desde el cual empezará a contar el plazo para notificar la resolución, la fecha a tener en cuenta será, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, aquella en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación (letra b del apartado 3 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Sentado todo lo anterior, el régimen del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado es el siguiente:

Regla general, silencio positivo: Así lo dispone el apartado 1 del Art. 24 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre al señalar que “en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo”. A este respecto cabe recordar que una cosa son los "procedimientos iniciados a solicitud del interesado" y otra bien distinta la mera "solicitud del interesado". Con otras palabras: no todas las solicitudes del interesado son iniciadoras de procedimiento y así sucede, por ejemplo, en materia de contratación administrativa (piénsese en la presentación de una oferta o en la solicitud de participación en una licitación) en la que el silencio, en todo caso, debe entenderse en sentido negativo. Así lo manifiesta, entre otras, la TS, Sala de lo Contencioso, de 28/02/2007, Rec. 302/2004 al decir que "la ejecución del contrato y todas sus incidencias debe reconducirse al procedimiento contractual de adjudicación del contrato, porque en ese expediente se recogen el conjunto de derechos y obligaciones de las partes. Y como se trata de expedientes iniciados de oficio las consecuencia del silencio para el administrado, según el articulo 42 LPAC se podrían considerar desestimadas sus solicitudes".

Se estará ante silencio negativo cuando así lo disponga:

Y, además:

  • En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el Art. 29 ,Constitución Española (Párrafo 2 del apartado 1 del Art. 24 ,ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • Aquellos procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público o impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente (Párrafo 2 del apartado 1 del Art. 24 ,ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

  • En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo 3 del apartado 1 del Art. 24 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Efectos: A este respecto, el apdo. 2 del Art. 24 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala lo siguiente:

  • La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

  • La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver” (Apartado 4 del Art. 24 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Sentido de la resolución expresa posterior o "sobrevenida": El apdo. 3 del Art. 24 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala que la referida obligación de resolver dispuesta en el Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, ha de sujetarse al siguiente régimen:

  • En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

  • En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

 

 

 

 

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