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Supuestos de obligación de nombramiento del Delegado de Protección de Datos (DPD) en el RGPD y en la LOPDGDD

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 05/12/2019

Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un Delegado de Protección de Datos (DPD) en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del RGPD, así como en los indicados en el artículo 34 de la LOPDGDD.

El artículo 37 apartado 1, del RGPD requiere la designación de un Delegado de Protección de Datos en tres casos específicos:

  1. Cuando el tratamiento lo lleven a cabo autoridades u organismos público -> tanto autoridades nacionales como regionales o locales, así como en organismos regidos por el derecho público (por ej. transporte público, suministro de energía, infraestructuras, etc). Su nombramiento obedece a la necesidad de protección adicional que puede requerir una persona que, habitualmente, no tendrá un control sobre si sus datos se tratan y que manera, o bien tienen un escaso poder de decisión.
  2. Cuando los responsables o encargados tengan entre sus actividades principales las operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala -> por ejemplo, operadores de una red de telecomunicaciones, aplicaciones móviles con seguimiento de ubicación, publicidad comportamental, dispositivos de medición y seguimiento de estado físico y salud, domótica, coches inteligentes conectados, etc.
  3. Cuando los Responsables o encargados tengan entre sus actividades principales el tratamiento a gran escala de datos sensibles -> categorías especiales de datos personales o datos relativos a condenas e infracciones penales, pues, aunque el artículo indica "y" , no existe ningún motivo normativo que obligue a aplicar ambos criterios simultáneamente.

Con respecto al concepto de "actividades principales" , tal y como indica el Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT29), "el considerando 97 especifica que las actividades principales de un responsable están relacionadas con «sus actividades primarias y no están relacionadas con el tratamiento de datos personales como actividades auxiliares». Las «actividades principales» pueden considerarse las operaciones clave necesarias para lograr los objetivos del responsable o del encargado del tratamiento. No obstante, las «actividades principales» no deben interpretarse como excluyentes cuando el tratamiento de datos sea una parte indisociable de la actividad del responsable o en cargado del tratamiento. Por ejemplo, la actividad principal de un hospital es prestar atención sanitaria. Sin embargo, un hospital no podría prestar atención sanitaria de manera segura y eficaz sin tratar datos relativos a la salud, como las historias clínicas de los pacientes. Por tanto el tratamiento de dichos datos debe considerarse una de las actividades principales de cualquier hospital y los hospitales debe, en consencuencia, designar un DPD".

El RGPD, por su parte, no define qué se entiende por tratamiento a gran escala, aunque el considerando 91 ofrece alguna orientación: "las operaciones de tratamiento a gran escala que persiguen tratar una cantidad considerable de datos personales a nivel regional, nacional o supranacional y que podrían afectar a un gran número de interesados y entrañen probablemente un alto riesgo». Por otra parte, el considerando dispone específicamente que «el tratamiento de datos personales no debe considerarse a gran escala si lo realiza, respecto de datos personales de pacientes o clientes, un solo médico, otro profesional de la salud o abogado». Es importante tener en cuenta que, aunque el considerando proporciona ejemplos, debe tenerse en cuenta que este considerando se refiere a las evaluaciones de impacto, por lo cual algunos elementos pueden ser específicos de dicho contexto y no aplicarse necesariamente de la misma manera a la designación de los DPD. En cualquier caso, el GT29 recomienda que se tengan en cuenta, en particular, los siguientes factores:

  • El número de interesados afectados (como cifra o como proporción de la población).
  • El volumen de datos o la variedad de elementos de datos objeto de tratamiento.
  • La duración, o permanencia, de la actividad de tratamiento.
  • El alcance geográfico.

Se excepcionan de la obligación de nombramiento los tribunales que actúen en el ejercicio de la función judicial. Igualmente se excepciona el tratamiento de datos de pacientes por parte de un solo médico y el tratamiento de datos relativos a condenas e infracciones penales por parte de un abogado, al no considerarse que dichos tratamiento constituyan tratamientos a gran escala.

Con respecto a la noción de "observación habitual y sistemática  de interesados", no está definida en el RGPD, si bien el GT29 interpreta "habitual" con uno o más de los siguientes significados:

  • Continuado o que se produce a intervalos concretos durante un periodo concreto.
  • Recurrente o repetido en momentos prefijados.
  • Que tiene lugar de manera constante o periódica.
Igualamente, interpreta "sistemático" con uno o más de los siguientes significados:
  • Que se produce de acuerdo con un sistema;
  • Preestablecido, organizado o metódico;
  • Que tiene lugar como parte de un plan general de recogida de datos;
  • Llevado a cabo como parte de una estrategia.
 
Cuando una organización designe un DPD de forma voluntaria, se aplicarán a su designación, su puesto y sus tareas los requisitos establecidos en los artículos 37 a 39 del RGPD, como si el nombramiento hubiera sido obligatorio.
 
Por lo que respecta a la LOPDGDD, en su artículo 34 se establece la designación obligatoria de DPD en los siguientes supuestos (además de los contemplados en el RGPD), sin importar el tamaño, número de empleados o volumen de datos tratados:
  1. Los colegios profesionales y sus consejos generales.
  2. Los centros docentes de todos los niveles, desde escuelas infantiles a Universidades públicas y privadas.
  3. Las empresas de telecomunicaciones electrónicas, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala, y otros prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando elaboren a gran escala perfiles de usuarios.
  4. Las entidades bancarias, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y El Instituto de Crédito Oficial.
  5. Los establecimientos financieros de crédito.
  6. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  7. Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
  8. Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y de gas natural.
  9. Las entidades responsables de ficheros de morosos
  10. Los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo:
    - Entidades de crédito, compañías de seguros y empresas de servicios de inversión
    - Notarios y registradores
    - Entidades de pago, dinero electrónico, cambio de moneda, servicios postales de giro o transferencia
    - Abogados, procuradores u otros profesionales cuando actúen por cuenta de sus clientes en operaciones financieras, inmobiliarias, o cuando presten los servicios de constituir sociedades, ejercer la secretaría u otros servicios afines
    - Promotores inmobiliarios, APIs y agencias inmobiliarias.
    - Auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales
    - Casinos de juego.
    - Joyeros, galerías de arte y anticuarios
    - Loterías y otros juegos de azar
    - Fundaciones y asociaciones
    - etc
  11. Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.
  12. Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes. Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.
  13. Las entidades que emitan informes comerciales de personas físicas.
  14. Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego (juego online).
  15. Las empresas de seguridad privada.
  16. Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.

La LOPDGDD ha incluido la premisa de que los responsables o encargados del tratamiento que no estén incluidos en el anterior listado podrán, voluntariamente, desiganar un Delegado de Protección de Datos que, como ya hemos mencionado anteriormente, estará sujeto al régimen establecido en el RGPD.

Los responsables o encargados del tratamiento contarán con el plazo de diez días para comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos o cualesquiera autoridad autonómica de protección de datos todo lo relativo a la designación, nombramiento o cese del Delegado de Protección de Datos en todos los supuestos, de obligatoria designación o voluntaria.

Dicho artículo ha intentando solventar la indeterminación del concepto "a gran escala", con un amplio listado que, además, remite a diversas normas sectoriales que amplían incluso más el número de supuestos, tal y como hemos visto.
 
 
 

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