Sustanciación del recurso de casación en el orden penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 11/02/2020

La sustanciación del recurso de casación se prevé en los artículos 880-893 de la LECRIM.

Interpuesto el recurso y transcurrido el término del emplazamiento el Letrado de la Administración de Justicia designará al Magistrado ponente que por turno corresponda y formará nota autorizada del recurso en término de diez días. Dicha nota contendrá copia literal de la parte dispositiva de la resolución recurrida, del fundamento de hecho de la misma y del extracto de los motivos de casación prevenido en el número primero del artículo 874, y en relación de los antecedentes de la causa y de cualquier otro particular que se considere necesario para la resolución del recurso.

Dentro del término señalado para formación de la nota por este precepto, el Fiscal y las partes se instruirán y podrán impugnar la admisión del recurso o la adhesión al mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 882 de la LECRIM. Si la impugnasen, acompañarán con el escrito de impugnación tantas copias del mismo cuantas sean las demás partes a quienes el Secretario hará inmediatamente entrega para que, dentro de término de tres días, expongan lo que se estime pertinente. En este punto el recurrente podrá exponer lo conveniente sobre la impugnación planteada y defender sus pretensiones. En el caso de que el recurso se decida sin vista, este es el único trámite de que disponen el recurrido y el fiscal para impugnar o apoyar los motivos del recurso. A propósito de esto último, es pertinente tener presente que de acuerdo con el artículo 882 bis de la LECRIM,  el recurrente podrá solicitar, en su escrito de interposición, la celebración de vista; la misma solicitud podrán hacer las demás partes al instruirse del recurso.

El Letrado de la Administración de Justicia entregará a las respectivas partes las copias del recurso. También el Letrado de la Administración de Justicia interesará el nombramiento de Abogado y Procurador para la defensa del procesado, condenado o absuelto por la sentencia, cuando no fuese el recurrente ni hubiese comparecido. 

El Abogado así nombrado no podrá excusarse de aceptar la defensa del procesado, como no sea por razón de alguna incompatibilidad, en cuyo caso se procederá al nombramiento de otro letrado. En este punto cabe tener en cuenta que el recurrido no está obligado a personarse. Todo lo dispuesto en este precepto, artículo 881 de la LECrim, surte efectos siempre que el procesado hubiese sido correctamente citado.

Formada la nota, se unirá al rollo, y pasarán los autos al Magistrado ponente para instrucción, por término de diez días. Previo informe del Ponente, la Sala dictará la resolución que proceda sobre la admisión o inadmisión del recurso. En este punto, el recurso será inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 884:

1.º Cuando se interponga por causas distintas de las expresadas en los artículos 849 a 851.

2.º Cuando se interponga contra resoluciones distintas de las comprendidas en los artículos 847 y 848.

3.º Cuando no se respeten los hechos que la sentencia declare probados o se hagan alegaciones jurídicas en notoria contradicción o incongruencia con aquéllos, salvo lo dispuesto en el número 2.º del artículo 849.

4.º Cuando no se hayan observado los requisitos que la Ley exige para su preparación o interposición.

5.º En los casos del artículo 850, cuando la parte que intente interponerlo no hubiese reclamado la subsanación de la falta mediante los recursos procedentes o la oportuna protesta.

6.º En el caso del número 2.º del artículo 849, cuando el documento o documentos no hubieran figurado en el proceso o no se designen concretamente las declaraciones de aquellos que se opongan a las de la resolución recurrida.

Actualmente, la jurisprudencia atiende a cuestiones materiales más que formales a la hora de inadmitir un recurso. Concretamente, la decisión del tribunal sobre la admisión o no admisión se centra en el cumplimiento de lo expuesto en los arts. 847 a 852 LECrim

Tanto el principio de unidad de alegaciones como la cuestión nueva dieron lugar a innumerables resoluciones de inadmisión. El principio de unidad de alegaciones exige que exista cierta correlación entre la preparación y la interposición del recurso. Por su parte, la segunda figura, se da en aquellos casos en los que la cuestión planteada no había sido objeto de discusión con anterioridad. Estas cuestiones son inadmitidas. 

Además, hoy en día la tendencia es fundamentar la admisión o inadmisión del recurso en la totalidad de los motivos del mismo, por lo que las dos figuras mencionadas no son el motivo alegado de inadmisión.

También podrá inadmitirse el recurso, en virtud del artículo 885 de la LECRIM, en los dos siguientes supuestos: 

1º- Cuando carezca manifiestamente de fundamento

2º- Cuando el Tribunal Supremo hubiese ya desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.

En cuanto a la formulación de la resolución, el artículo 887 de la LECRIM prevé que se podrá resolver admitiendo el recurso y concluyendo para vista o fallo, y en segundo lugar, estableciendo que no ha lugar a la admisión y ordenando comunicar la resolución al Tribunal sentenciador para los efectos correspondientes. 

Por su parte, en aquellas resoluciones en las que se deniegue la admisión del recurso, adoptarán forma de auto y se publicará en la «Colección Legislativa», expresando el nombre del ponente. La resolución en que se admita no se publicará. Los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho de las decisiones se limitarán a los puntos pertinentes a la cuestión resuelta.

El artículo 888 de la LECRIM prevé que cuando en una misma resolución se deniegue la admisión del recurso por alguno de sus fundamentos y se admita en cuanto a otros, o cuando se admita el recurso interpuesto por un interesado y se deniegue respecto de otro, deberá fundarse aquélla en cuanto a la parte denegatoria y publicarse en la «Colección Legislativa».

Para denegar la admisión del recurso será necesario que el acuerdo se adopte por unanimidad, según establece el artículo 889 de la LECRIM. Además, la inadmisión a trámite del recurso de casación en el supuesto previsto en el artículo 847.1.b) podrá acordarse por providencia sucintamente motivada siempre que haya unanimidad por carencia de interés casacional. En este sentido es conveniente referirse al Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016, el cual expresa lo siguiente: 

a) El art. 847 1º letra b) de la Lecrim. debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 de la Lecrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849 2°, 850, 851 y 852.

b) Los recursos articulados por el art. 849 1° deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

c) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio (art. 884 Lecrim).

d) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889 2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la Tribunal Supremo Sala de lo Penal Gabinete Técnico exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

e) La providencia de inadmisión es irrecurrible (art. 892 Lecrim).

SEGUNDO: Posibilidad de recurso de casación contra sentencias recaídas en procesos de delitos leves.

ACUERDO: El art. 847 b) Lecrim debe ser interpretado en relación con los arts. 792 4º y 977, que establecen respectivamente los recursos prevenidos para las sentencias dictadas en apelación respecto de delitos menos graves y respecto de los delitos leves (antiguas faltas). Mientras el art. 792 establece que contra la sentencia de apelación corresponde el recurso de casación previsto en el art. 847, en el art. 977 se establece taxativamente que contra la sentencia de segunda instancia no procede recurso alguno.

En consecuencia el recurso de casación no se extiende a las sentencias de apelación dictadas en el procedimiento por delitos leves.

Asimismo, en cuanto a la necesidad de previo recurso de apelación para los procedimientos tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre,  conviene citar la importante STS núm. 252/2018, de 24 de mayo, que dispone lo siguiente: "La reforma generada en el recurso de casación por Ley 41/2015 que supuso la generalización de la segunda instancia con la implantación del previo recurso de apelación ante el Tribunal Superior Justicia correspondiente (previsión competencial que ya se recogía en la LOPJ la reforma por LO nueve/2003 del 23 diciembre) en los supuestos de sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, no es aplicable a los procedimientos penales ya iniciados con anterioridad a la entrada en vigor, 6 diciembre 2015.

En el caso presente un examen de las diligencias permite constatar que el procedimiento se incoó por denuncia formulada por el señor Virgilio en fecha 28 septiembre 2011. Dictándose auto de incoación de diligencias procedimiento abreviado 6290/2011 por el juzgado instrucción número 26 de Madrid (folio 132).

Posteriormente, ya incoado el procedimientos penal, dicho juzgado se inhibió del conocimiento de la causa al juzgado de instrucción número 46 de Madrid, que tras dictar nuevo auto de incoación de diligencias previas el 16 enero 2012, continuó la tramitación de la causa con el número de procedimiento-diligencias previas procedimiento abreviado 6413/2011 (folio 155)- que es el número de procedimiento de origen que figura en el encabezamiento de la sentencia del 20 abril 2017 , objeto del presente recurso de casación.

Consecuentemente, incoado el procedimiento penal origen de la presente causa el 10 octubre 2011, es evidente que no es aplicable la reforma operada por Ley 41/2015 -que por cierto no impide el acceso a la casación de las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, sino que establece el previo recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, como ya hemos precisado más arriba- y si la anterior regulación que en el artículo 847 b) previene el recurso de casación directo contra las sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y única instancia, tal como la sentencia recurrida hace constar en el fallo al indicar este recurso como el procedente contra dicha resolución".

Por su parte, en lo referido al derecho de la doble instancia penal de la parte recurrente, es de destacar la STS núm. 203/2018, de 25 de abril, concretamente el siguiente extracto: 

"No se discute que este Tribunal Supremo ostenta la condición de Tribunal superior desde un punto de vista orgánico tanto respecto de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia como de la Audiencia Nacional, por lo que en este aspecto las previsiones están efectivamente cubiertas. Ello no obstante, es preciso reconocer que, más allá del texto de la ley, lo que pretende el Pacto no es la simple intervención de un Tribunal superior, sino que el tipo de recurso previsto por el sistema sea efectivo, en el sentido de que permita ciertas expectativas de revisión del material probatorio. Se ha reconocido por ello que nuestro sistema procesal cumple con las previsiones del Pacto, pues establece mecanismos que permiten reinterpretar la decisión del tribunal de instancia revisando la racionalidad de los métodos lógico-inductivos que supone toda actividad judicial de evaluación de las pruebas, garantizando y extendiendo al máximo las posibilidades de defensa.

Recordábamos en la STS 865/2015 de 14 de enero de 2016 , con cita de otras anteriores que la Constitución Española, la Ley Orgánica del Poder Judicial ( artículo 5.4) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 852) han abierto una amplia expectativa a la revisión probatoria. La vía de la vulneración de los derechos fundamentales de todo acusado de un hecho delictivo y la prevalencia de la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y la necesidad de motivar suficientemente cuáles han sido los criterios intelectivos y el juicio lógico que ha llevado al órgano juzgador a dictar una determinada resolución, son suficientes elementos para afirmar que la actual casación es un recurso efectivo para ello.

En cualquier caso, la reforma de la LECRIM operada por la Ley 41/2015 ha generalizado la segunda instancia a todos los procedimientos penales iniciados tras su entrada en vigor, lo que a su vez permitirá que el recurso de casación quede ajustado a sus verdaderas finalidades".

Por lo que respecta a los motivos del recurso de casación (artículo 847.1 B de la LECRIM), la Exposición de Motivos de la Ley 41/2015 dispone literalmente lo siguiente: «...junto con la reforma de la segunda instancia es necesario remodelar la casación para conseguir que se cumpla de forma eficaz su función unificadora de la doctrina penal. Actualmente un porcentaje limitado de delitos tiene acceso al recurso de casación y, por consiguiente, su interpretación unificadora se lleva a cabo por las Audiencia Provinciales, lo que no garantiza un tratamiento homogéneo para toda España. A esta realidad se unen las sucesivas reformas del Código Penal, a impulsos de exigencias sociales, transposición de directivas europeas o con motivo del cumplimiento de normativas internacionales, la última de las cuales en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto cambios profundos en la ley sustantiva. Ante esta situación se hacía imprescindible una reforma del ámbito material del recurso de casación para permitir que el Tribunal Supremo aportara la exigible uniformidad en tales materias». A continuación dispone dicho preámbulo que «...sólo cabrá recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma en los supuestos previstos en el artículo 847». En este mismo sentido se pronuncia la STS núm. 137/2018, de 22 de marzo: "En consecuencia, la impugnación referida a la supuesta falta de respaldo probatorio del tipo subjetivo del delito previsto en el art. 468.2 del CP , asociado a la falta de intención de quebrantar la orden de alejamiento, incurre en una causa de inadmisión ( art. 884.4LECrim ), que ahora se convierte en causa de desestimación". 

En este punto, es preciso hacer referencia a la jurisprudencia comenzando por la STS núm. 184/2018, de 17 de abril de 2018, la cual se pronuncia de la siguiente forma: "La función de unificación de doctrina que se nos pide en el presente recurso de casación, en los términos que resultan de la Ley 41/2015, plantea una cierta problemática. De una parte, porque no puede ser objeto de la casación un planteamiento sobre las medios de prueba, dado los términos de los artículos 847.1 b ) y 849 de la Ley procesal penal . De otra, porque nuestro pronunciamiento no puede versar sobre la valoración probatoria que ha de darse a un concreto instrumento probatorio. Además, la unificación que se nos insta no es sobre un elemento de la tipicidad sino sobre la conformación del aparato de medida de velocidad, esto es, sobre un instrumento de prueba cuya valoración es competencia del tribunal que lo percibe".

Por su parte, la STS núm. 210/2017, de 28 de marzo, pone de manifiesto lo siguiente: Inaugura esta sentencia del Pleno de esta Sala una nueva modalidad de casación con anclaje directo en la función nomofiláctica que se encuentra en los orígenes de la casación. Esa función, siempre presente, se ha difuminado, sin embargo, en los últimos años eclipsada y casi arrinconada como consecuencia de la irrupción de otras exigencias, también irrenunciables, de un plausible sistema de recursos que, al no haber merecido la necesaria atención del legislador, han ido de manera suave, pero imparable y creciente, enturbiando o minimizando las genuinas misiones que un recurso de casación está llamado a cubrir.

De una parte, el papel estelar de los derechos fundamentales procesales, felizmente recuperado y reforzado en el régimen constitucional, reclamaba un más pulimentado sistema de tutela en el ámbito de la jurisdicción ordinaria ( art. 53 CE ). El ensanchamiento de los espacios y materias a debatir en casación, producido inicialmente a impulsos de la jurisprudencia constitucional, se erigió en fórmula apta para satisfacer esas exigencias. Mediante sucesivas reformas legislativas (basta evocar ahora la aparición del art. 852 LECrim y su precedente, art. 5.4 LOPJ ) cristalizó esa mutación parcial de los perfiles de la casación.

Por otra parte, la ausencia de una real doble instancia en los delitos más graves reclamaba un paliativo en tanto el legislador no subsanase la laguna. El remiendo provisional vino de la mano de un estiramiento de las posibilidades de revisión probatoria en casación tan restringidas (casi ausentes) en el diseño tradicional de tal recurso extraordinario.

Esta misma resolución es importante también en cuanto al concepto de interés casacional, así como la STS núm. 32/2018, de 22 de enero, la cual reitera doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo al afirmar lo siguiente: "(...) el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido".

A mayor abundamiento la STS núm. 324/2017, de 8 de mayo, entre otras, hace alusión al Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del TS, de fecha 9 de junio de 2016, en los siguientes términos: "El pleno no jurisdiccional de esta Sala segunda de 9 de junio de 2016 realizó un primer acercamiento a este recurso para establecer algunos de sus principios básicos. Solo un tipo de motivo es admisible: infracción de ley del número primero del art 849 LECrim ,es decir, el estricto error iuris(debate sobre la corrección de la subsunción jurídico-penal) lo que impone la aceptación incondicionada del relato fáctico de la sentencia impugnada. Esa estricta acotación puede producir algún problema de articulación con eventuales quejas que quisieran hacerse valer en amparo ante el TC y que, sin embargo, no pueden ser tratadas antes en casación. Corresponderá al TC pautar la forma de coordinar y armonizar ambos tipos de pretensiones, bien permitiendo el paralelismo en la tramitación dada la diversidad de objetos y finalidades -lo que sería mecanismo plausible, aunque seguramente reclamaría una previsión legal, en cuanto que la finalidad de este tipo de casación se alcanzaría en todo caso con independencia de la solución final del asunto concreto-; bien obligando en esos casos a postergar la denuncia ante el TC sobre el derecho fundamental violado". 

Finalmente, la doctrina del TC se recoge por entero en el relevante Auto núm. 40/2018, de 13 de abril, que declara la constitucionalidad de esta modalidad de casación.

Por su parte, el artículo 890 de la LECRIM dispone que en caso de que la Sala deniegue la admisión del recurso y el recurrente haya constituido depósito, se le condenará a perderlo y se aplicará por la Sala de Gobierno para atender exclusivamente con su importe a las necesidades imprevistas de la Administración de Justicia, de personal y material. Si el recurrente no hubiere constituido depósito por su pobreza o insolvencia, total o parcial, se dictará la misma resolución para cuando mejore de fortuna. 

Asimismo, tal y como se prevé en el artículo 892 de la LECRIMcontra la resolución de la Sala, admitiendo o denegando la admisión del recurso y la adhesión, no se dará ningún otro.

En el caso de que a juicio de la Sala fuese admisible el recurso y la adhesión al mismo, lo acordará mediante providencia. La providencia en que se acuerde la admisión del recurso dispondrá igualmente que por el Secretario judicial se proceda al señalamiento para la vista, en su caso. De no celebrarse vista, la sala señalará día para el fallo. Si se decidiera la celebración de vista, el Letrado de la Administración de Justicia hará el señalamiento, tal y como expone el artículo 893 de la LECRIM.

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Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Mar (Se modifica la LO. 10/1995, del Código Penal) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 77 Fecha de Publicación: 31/03/2015 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2015 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 41/2015 de 5 de Oct (Modificación de la L.E. Criminal para la agilización de la justicia penal y fortalecimiento de garantías procesales) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 239 Fecha de Publicación: 06/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 06/12/2015 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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