La tasación de costas en el orden social

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 11/12/2020

En el Orden social respecto a las costas, haremos mención de las costas en la primera instancia, en ejecución, en los casos de interposición de los recursos de suplicación o casación, la condena en costas a Sindicatos y, por último, la limitación del importe.

Regulación de la imposición de costas en primera instancia del orden social

En primer lugar, tendremos en cuenta que con carácter general en la jurisdicción social en la fase inicial del proceso no hay condena en costas, esto es, en primera instancia ante el Juzgado de lo Social, ya que la jurisdicción social está inspirada en el principio de gratuidad.

Asimismo, cabe señalar que en el orden jurisdiccional social no es preceptiva la intervención de Procurador, por lo que, en los casos de imposición de costas en este orden  se limitará a los honorarios de los Abogados o Peritos que pudieran intervenir en el proceso.

Como norma general, como ya hemos señalado en las primeras líneas de este capítulo, en el orden jurisdiccional social no hay imposición de costas, sin embargo, sí que existen algunos casos en lo que se podrá condenar a costas, estos son:

  • Artículo 66 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: cuando no compareciera la parte demandada cuando esté debidamente citada al acto de conciliación o mediación, el juez o tribunal impondrá las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos los honorarios hasta un límite de 600 euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubiere intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación.

  • Artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: la sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria que podrá oscilar de 180 a 6.000 euros, sin que la cuantía pueda superar la tercera parte del litigio. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de 600 euros.

Pese a existir estas dos posibilidades de imposición de costas en primera instancia, lo cierto es que, en la práctica no es muy común la imposición de costas en primera instancia.

Regulación de la imposición de costas en ejecución 

De acuerdo con el artículo 269.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, los honorarios o derechos de abogados, incluidos los de las Administraciones Públicas, Procuradores y Graduados Sociales, Colegiados, devengados en la ejecución podrán incluirse en la tasación de costas.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en esta ley, la ejecución podrá solicitarse tan pronto como la sentencia o resolución judicial haya ganado firmeza o desde el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible.

En este caso no se aplicará el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la LEC, no obstante, si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluida, en los casos de ejecución dineraria el pago de los intereses procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de la firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido, o desde que la obligación declarada en el título fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que hubiera instado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los casos de ejecución de las actas de conciliación administrativa ni judicial, ya que en estos casos lo aplicable será lo acordado entre las partes en caso de incumplimiento de lo establecido entre las mismas.

JURISPRUDENCIA

Sentencia Tribunal Supremo, Rec. 1554/2011, de 11 de mayo de 2012. ECLI: ES:TS:2012:4653

"En el proceso social, la regulación de las costas y honorarios difiere de la civil excepto en el proceso de ejecución en el que, con los límites ordinarios y no en importes tasados, se dispone que " los honorarios o derechos de abogados, incluidos los de las Administraciones públicas, procuradores y graduados sociales colegiados, devengados en la ejecución podrán incluirse en la tasación de costas (arts. 267.3 LPL y 269.3LRJS). La nueva LRJS mantiene idénticos criterios y principios sobre costas y honorarios que los que se contenían en la LPL (entre otros, en sus arts. 21.1 , 66.3 , 77.1 , 79.2 , 97.3, 148, 200.2, 213.5, 217, 228.2, 235, 236, 239, 247, 251, 268 y 269 LRJS), ajustándolos especialmente a las reglas sobre el derecho de justicia gratuita de trabajadores y beneficiarios del régimen público de la seguridad social con derecho a la designación de abogado del turno de oficio. Advirtiéndose que en la fase declarativa y en la de recursos los honorarios de abogados y graduados sociales que se imponen judicialmente por temeridad, mala fe, incumplimiento de determinadas obligaciones procesales o preprocesales o por el principio de vencimiento, tienen un importe tasado, hasta el límite de 600 € en la instancia, 1.200 € en el recurso de suplicación y 1.800 € en recurso de casación (en especial, arts. 97.3 y 235.1 a 3 LRJS). No conteniéndose ni en la LPL (arts. 175 a 182) ni en la LRJS(arts. 177 a 184) reglas especificas sobre costas ni honorarios en la modalidad procesal de la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas; pero regulándose en la LRJS con carácter general al proceso social, en todas sus fases o instancias, las consecuencias (rechazo de oficio de pretensiones, multas de hasta 180.000 € o indemnizaciones, en su caso) de las actuaciones dilatorias o que entrañen abuso de derecho o fraude procesal o que vulneren las reglas de la buena fe, así como del incumplimiento de las obligaciones de colaborar con el proceso y de cumplir las resoluciones que en el mismo se dicten (art. 75 LRJS)".

Por tanto, se admite la ejecución de costas en el orden social pero no como una obligación, si no como una posibilidad de la que dispone el órgano judicial.

Regulación de la imposición de cotas en el orden social en caso de recurso de suplicación o recurso de casación 

El recurso de suplicación se interpone ante el Tribunal Superior de Justicia y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En estos casos, tanto si es el trabajador el que interpone el recurso como si es la empresa, pueden ser condenados en costas si se desestima su recurso.

Aunque, la regla general es la interposición de costas en casos de desestimación del recurso, hay excepciones:

  • Ser beneficiario de la justicia gratuita.
  • Sindicatos.
  • Funcionarios y empleados públicos.
  • Procesos sobre conflictos colectivos.
  • Que no haya una estimación total de las pretensiones de la parte contraria.

En los demás casos, el órgano encargado de resolver el recurso podrá condenar en costas a la parte vencida en el procedimiento, pero siempre con un límite cuantitativo de 1.200 euros en el recurso de suplicación y 1.800 euros en el recurso de casación.

A TENER EN CUENTA. Pese a lo dispuesto anteriormente los trabajadores y los beneficiarios de la Seguridad Social gozan del beneficio de justicia gratuita sin necesidad de que se solicite de forma expresa, por lo que no se les podría imponer las costas pese a resultar vencidos en la interposición de recurso.

En este sentido, es muy importante la Sentencia del Tribunal Supremo, Nº 224/2018, de 28 de febrero. ECLI: ES:TS:2018:929, donde se absuelve al recurrente trabajador, que aun actuando con temeridad, no le condena al condena de pago de costas, pues entiende el Alto Tribunal que la condena en costas solo puede recaer sobre el que ostenta la condición de empresario. Sin embargo, mantiene la multa al trabajador por actuar con temeridad en el procedimiento;

"Por la recurrente se alega la infracción del artículo 97.3 de la LRJS , en relación exclusivamente ala condena al pago de los honorarios de los letrados que intervinieron. La dicción del artículo 97.3 de la LRJS ,idéntica a la que en su momento tuvo el precepto homónimo en la LPL es clara al respecto "La sentencia ,motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros. La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de dicho pronunciamiento una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el secretario judicial, sin causa justificada, se aplicarán por el juez o tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66".El tenor literal que acabamos de reproducir no deja margen de duda acerca del cual es el sujeto procesal al que se refiere la condena al pago de honorarios de letrado cuando ésta acompaña a la imposición de la multa por temeridad. Tan solo el litigante que ostenta la condición de empresario es susceptible de la condena en relación al pago de honorarios. La demandante no solo no consta que sea empresaria si no que su demanda temeraria, tenía por objeto obtener la declaración de su condición de trabajadora de donde resulta carente de base jurídica la condena impuesta por lo que el recurso, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, deberá ser estimado, sin que haya lugar a la imposición de las costas a tenor de lo preceptuado en el artículo235 de la LRJS".

La condena en costas a los Sindicatos de Trabajadores

De acuerdo con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Socialla sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce de beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicados, o de de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Asimismo, es importante mencionar el artículo 20.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que dispone que, los sindicatos están exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social y gozarán del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social.

La cuestión radica en si, en cualquier caso, los sindicatos, como regla general, están exentos de la condena en costas pese a ser parte vencida del recurso, con independencia de la condición en la que hubieran litigado dentro del proceso, es decir, si actúan en defensa de los trabajadores o en defensa de cuestiones relativas a su organización interna.

Aunque el meritado artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no indica si la excepción de condena en costas a los sindicatos lo es cuando estos ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social o están exentos por el mero hecho de actuar como sindicato, con independencia del asunto del litigio, parece que la jurisprudencia en este sentido es unánime: los sindicatos únicamente estarán exentos de la condena en costas cuando sean parte vencida en el recurso, en los casos en los que actúen dentro del procedimiento en ejercicio de un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social.

Esta interpretación tiene su razón de ser en el sentido de que, cuando el sindicato actúa en representación y defensa de los trabajadores asume el beneficio de justicia gratuita que ostentan estos como si ellos mimos ejercitaran la acción.

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, N.º 401/2014, de 11 de mayo de 2016. ECLI: ES:TS:2016:3027

"A la vista de tales circunstancias, coincidimos con el Ministerio Fiscal en la afirmación de que entre ambas sentencias concurren el requisito de contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1 LRJS para viabilizar el recurso de casación unificadora. A pesar de lo escueto de los razonamientos, realmente en ambos casos estamos ante un litigio en el que el demandante es un trabajador afiliado a un sindicato e impugna la sanción de expulsión que le ha sido impuesta por la organización sindical; la sentencia de instancia estima la demanda, y en los dos casos, la sentencia de suplicación desestima el recurso de suplicación formulado por el sindicato e impugnado por el afiliado demandante. Pero mientras en la sentencia recurrida se acuerda motivadamente imponer las costas de la suplicación al sindicato, en la de contraste se concluye que no procede la condena en costas, siquiera sea de manera ciertamente rituaria y carente de un expreso razonamiento, lo que no ha de impedir que estemos ante soluciones contradictorias de una misma problemática jurídica. Nos encontramos de esta forma ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, en las que se ha llegado a pronunciamientos distintos, que es necesario unificar.

SEGUNDO.- 1.-El recurso del sindicato se articula en un solo motivo, denunciando infracción del art. 235.1 LRJS (' La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos ...'), para sostener que lo establecido en dicho precepto legal excepciona en cualquier caso a los sindicatos de la regla general de la condena en costas a la parte vencida en el recurso, con independencia de la condición en que hubieren litigado en el litigio, concluyendo que el redactado de dicho precepto ' no condiciona la excepción de la imposición de costas al sindicato a que esté representando a trabajadores o que goce del beneficio de justicia gratuita, sino que estamos ante una excepción absoluta y general: cuando se trate de sindicatos''.

2.-El afiliado impugnante del recurso se opone a su estimación, argumentando, en esencia, que ' no actuando en el presente supuesto el sindicato recurrente en ejercicio de un interés colectivo en defensa de los trabajadores y/o beneficiarios de la seguridad social, sino en cuestiones relativas a su organización interna y régimen disciplinario, no le alcanza la exclusión del art. 235.1 ', así como que dicho precepto debe ponerse en relación con las previsiones del art. 20.4 LRJS".

Los límites en la condena en costas en el orden social

En la jurisdicción social no existe una fase de tasación de costas, es la Sala la que fija discrecionalmente los honorarios del Letrado pero siempre dentro de los límites establecidos en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y se puede hacer en la propia Sentencia, o bien, posteriormente en providencia.

Pero, de acuerdo con el Tribunal Supremo, hay que abstenerse de cuantificar los honorarios en la resolución final. Así lo indica en un Auto de 17 de octubre de 2013, Recurso de Casación Unificación Doctrina 2562/2012. ECLI: ES:TS:2013:10645A, que reza como sigue:

"La Sala suele abstenerse de cuantificar los honorarios en la resolución final, porque a veces las partes han llegado a un acuerdo en la materia, y otras veces -por razones que sólo a la parte beneficiaria de los honorarios incumbe tener en cuenta- simplemente el abogado del recurrido no solicita esta cuantificación. En los casos -como el presente- en los que dicho abogado expresamente lo solicita, la Sala los cuantifica en una providencia ulterior, dentro de los estrechos límites marcados por el art. 233.1 LPL (hoy , 235.1 LRJS ) y en función de cuál haya sido la intervención que el director técnico beneficiario haya tenido en el proceso (así, ATS 26-11-2002, R. 3772/01 ).Hemos precisado, además, que no existe tasación de costas en el recurso extraordinario de casación unificadora, sino que la Sala puede fijar discrecionalmente los honorarios del letrado dentro de los márgenes que ese precepto establece (AATS 3-6- 1998 , 18-5-2007 y 2-4-2013 , R. 2244/94 , 3265/04 y 3374/11)".

En el apartado uno del artículo 235 de la LJS se establecen los conceptos que comprenderán las costas, entre los que no se incluyen los honorarios del Procurador, pues en la jurisdicción social no es preceptiva su intervención en el procedimiento.

A la anterior disposición, el Tribunal Supremo ha contemplado una excepción, en los supuestos en que las partes residan en un lugar diferente a donde se encuentra la sede judicial, y así, el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 17 de enero de 2018, Recurso de Casación Unificación de Doctrina 2769/2010. ECLI:ES:TS:2012:3752A, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Respecto a este único aspecto en litigio, es de significar que, si bien, conforme a lo previsto en los artículos 18 y 218 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, la intervención del Procurador no es precisa en la tramitación de los recursos dentro del proceso laboral, pudiendo, al respecto, o intervenir las propias partes procesales asistidas de Letrado o concederse la representación a este último director técnico del recurso, con lo que aquella intervención pudiera reputarse superflua y excluible, por tanto, de la tasación de costas - artículo 424 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, sin embargo, es lo cierto que no puede imponérsela representación procesal al Letrado que dirige el recurso, cuando la parte no interviene directamente. Desde esta perspectiva enjuiciadora no cabe la menor duda que no pueden ser incluibles en la tasación de costas los derechos del Procurador del que se valen, voluntariamente, las partes, cuando, éstas, residen en el mismo lugar del Órgano judicial llamado a resolver el pleito o recurso".

CUESTIÓN

¿Procede la inclusión del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) en la tasación de costas?

Sí, procede la inclusión del IVA en la tasación de costas. De acuerdo con Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 22 de julio de 2015, Recurso de Casación Unificación Doctrina 1727/2014. ECLI: ES:TS:2015:6348A: "(...) la fijación del impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es "un simple complemento necesario de los honorarios y derechos de los profesionales intervinientes en el proceso, y, como tal, repercutible sobre el condenado en costas", lo cual justifica que se incluya como parte del total importe de los honorarios que se fijan ya que el abogado, en cuanto prestador del servicio profesional, es sujeto pasivo del IVA y por lo tanto obligado directo al pago del mismo a la Hacienda Pública, pudiendo luego repercutir el importe del expresado impuesto al receptor del servicio profesional. La discusión que pueda suscitarse sobre la procedencia o no de satisfacer ese impuesto, su cuantía etc., corresponde dilucidarlo con la Agencia Tributaria y luego, en su caso, ante la jurisdicción correspondiente".

 

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Partes del proceso

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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