Los términos y plazos administrativos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dedica el Capítulo II de su Título II a la regulación de los términos y plazos administrativos, partiendo de la obvia obligatoriedad de los mismos (Art. 29 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre: “los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos”) seguidamente se ocupa de regular los siguientes aspectos: 

• Cómputo de plazos Art. 30 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. (Ver tema: El cómputo de plazos en el procedimiento administrativo)
  
  
• Cómputo de plazos en los registros Art. 31 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. (Ver tema: El cómputo de plazos en los registros)
  
  
• Ampliación de plazos y tramitación de urgencia Art. 32-33 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. (Ver tema: La ampliación de plazos y tramitación de urgencia)

Cabe destacar que una de las principales novedades de la nueva regulación es aquella que termina equiparando el régimen de cómputo de plazos administrativos y judiciales, al entender día inhábil los sábados a diferencia de lo que sucedía con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Vid. apdo. 2 del Art. 30 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Las novedades incluidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se llevaron a cabo para reforzar el principio de seguridad jurídica en el ámbito administrativo, de manera que se reduzcan las ambigüedades y las partes que operen en dicho ámbito tengan claras las actuaciones que deben realizar, los plazos y sus consecuencias.

Con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica en este ámbito, se producen importantes novedades con respecto a la antigua Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tales como:

- La eliminación de los sábados como días hábiles, equiparando el cómputo de plazos administrativo y el judicial.

- La instauración del cómputo de plazos por horas y minutos con motivo de la implantación de la Administración electrónica.

- Por último, la regulación del cómputo de plazos en los registros electrónicos, siendo hábiles todos los días del año, de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Puntos más destacados en el cómputo de plazos

Obligatoriedad de términos y plazos

• Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

Cómputo de plazos

• Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
• Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
• Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
• Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
• Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
• Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
• La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.
• La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

Cómputo de plazos en los registros

• Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
• El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:

a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.

b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.

c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento.

• La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla y al calendario previsto en el artículo 30.7, los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 30.6.

Ampliación de plazos 

• La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
• La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
• Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
• Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Tramitación de urgencia

• Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
• No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Jurisprudencia destacada en términos y cómputo de plazos 

Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 11 de julio de 2017, núm. 417/2017, rec. 756/2016 

"En lo que interesa, determina el artículo octavo de la orden impugnada: 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , y debido a la concurrencia de razones de interés público, se aplica el procedimiento de urgencia al procedimiento de concesión de estas ayudas, por lo que se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Los plazos establecidos en la presente convocatoria reflejan la reducción correspondiente . Por su parte, el artículo 33 de la Ley 39/2015 establece: 1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.En el caso enjuiciado, se constata que la reducción de plazo a la mitad, se refiere exclusivamente a los plazos internos de tramitación administrativa, dejando a salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, por lo que no afecta a los solicitantes de las subvenciones".

Sentencia del TSJ de Andalucía, de fecha 31 de octubre de 2018, núm. 70/2017, rec. 70/2017 

"A propósito de los plazos 'Con carácter general,los plazos son obligatorios, lo que significa que vinculan a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos, según dispone el artículo 47 de la Ley 30/1992 ' ( STS de 21 de diciembre de 2016 (rec. cas. núm. 312/2015 ) en su FD 4º.Para enmendar esa fatalidad de la que habla nuestro más alto Tribunal, la Ley ofrece remedios,ya que puede ser flexibilizada , regulando ampliaciones o prórrogas de plazos ya la vieja LPA de 1958, luego, en el artículo 49 de la Ley 30/1992 , tras su redacción por Ley 4/1999, que es la norma aplicable al caso 'ratione temporis', y aunque no resulta de aplicación ahora se regula en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .Estas ampliaciones pretenden paliar la insuficiencia temporal del plazo para realizar los trámites previstos, y ello a pesar de haberse observado una diligente tramitación.El plazo previsto en el artículo 49.1de la Ley 30/1992 se concede por la Administración, bien de oficio bien a petición de los interesados. Y su extensión no puede exceder de la ' mitad de los mismos'.Pues bien, en el caso que nos ocupa, ya se concedió una prórroga tal como hemos descrito, con fundamento en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992 , donde dice ' que no exceda de la mitad de los mismos".

Sentencia del TSJ de Asturias, de fecha 22 de Enero de 2019, núm. 104/2019, rec. 2419/2018 

"El recurso pone el acento en que los días 31 de diciembre de 2016, 1 y 2 de enero de 2017 fueron inhábiles y de esta circunstancia concluye que hasta el día 3 de enero, la 'activación' de Adoracion no pudo surtir efecto. Ahora bien, dicha activación no dependía de la realización de un acto administrativo ni del cómputo de un plazo, por lo que el 1 de enero de 2017 se había producido y en cualquier caso el día 3 de enero desde la primera hora hábil permitía su llamamiento. La inhabilidad no supone la parálisis total en las relaciones con la Administración y muestra de ello es el art. 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que al regular el funcionamiento del registro electrónico de cada Administración impone que permita la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas, si bien a efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles y en lo referido al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.".

Sentencia del TSJ de Andalucía, de fecha 27 de marzo de 2019, núm. 925/2019, rec. 268/2018 

“A este respecto previene el art. 32.3 de Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, supletoriamente aplicable por disposición del art. 97 de LGT que 'Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos'. Por otra parte merece recordarse la regla general en cuya virtud los actos administrativos surten efectos desde el momento en el que se dicten salvo que en los mismos se disponga otra cosa tal y como expresaba el art. 57 de la Ley 30/1992 , hoy sustituido por el art. 39.1 de LPAC En nuestro caso el acuerdo de adopción de la medida cautelar data de 3 de marzo de 2016, mientras que el acuerdo de ampliación del plazo de vigencia de la cautela se adoptó con anterioridad al transcurso del plazo de seis meses previsto legalmente en concreto el 11 de agosto de 2016, y consta notificado el 10 de octubre de 2016. Con independencia de que la notificación se produzca superado el plazo ampliado esta circunstancia es intranscedente a los efectos de validez del acuerdo ampliatorio que se ha adoptado en fecha anterior que es la que debe tenerse en cuenta pues no está en cuestión la duración del procedimiento principal, así se desprende de la literalidad del art. 81.6 de LGT en relación con las normas generales sobre ampliación de plazos,(...)".