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Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común según la Ley 39/2015, de 1 de octubre

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    Órden: Administrativo Fecha: 27/06/2007 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Ortuño Rodriguez, Alicia Esther Num. Sentencia: 569/2007 Num. Recurso: 203/2006

    PRIMERO.- Como ya se ha anticipado en los antecedentes de hecho, constituye el objeto de este proceso la impugnación realizada por la parte actora contra la resolución dictada el 16 de julio de 2002 por la Tenencia de Alcaldía de Recursos Internos, Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, por la que se declaraba la inadmisibilidad de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 3 de abril de 2002 por Ángeles , en la que interesaba se le a...

  • Sentencia Administrativo Nº 106/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 103/2006, 08-02-2007

    Órden: Administrativo Fecha: 08/02/2007 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Ortuño Rodriguez, Alicia Esther Num. Sentencia: 106/2007 Num. Recurso: 103/2006

    PRIMERO.- Como ya se ha anticipado en los antecedentes de hecho, constituye el objeto de este proceso la impugnación realizada por la parte actora contra la resolución dictada el 3 de mayo de 2002 por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Altafulla, por la que se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 21 de junio de 2000, en la cual interesaba se le abonare una indemnización de 1.145.783 pesetas, en concepto de daños ocasionados a su vehículo marca Rov...

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    A la indemnización derivada de la  responsabilidad patrimonial de la Administración se refiere el Art. 34 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, que establece, entre otras precisiones, que ésta se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.Dentro del "concepto" de la responsabilidad patrimonial de la Administración, y pudie...

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 19/01/2017

La regulación de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común se encuentra en el Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, único precepto integrante del Capítulo VI del Título IV de la norma. En el mismo se establece cuando se puede acordar la misma ("cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconseje") y su régimen jurídico. 


La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dedica a la regulación de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo el Capítulo VI del Título IV de la norma. En tal capítulo (compuesto únicamente por el Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) se establece un régimen jurídico que se puede esquematizar del siguiente modo:

Posibilidad de esta tramitación: Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria (Apartado 1 del Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Necesidad de "acuerdo" entre la Administración y los interesados (a salvo lo dispuesto en el apdo 5 del Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre):

  • Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria (Apartado 2 del Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1 del Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud (Apartado 3 del Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Tramitación simplificada en materia de responsabilidad patrimonial:

En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado (Apartado 4 del Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Tramitación simplificada en materia sancionadora:

En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2 del del Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre (Apartado 5 del Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Plazo y trámites: Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites (Apartado 6 del Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre):

  • Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.

  • Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.

  • Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.

  • Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.

  • Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.

  • Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.

  • Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.

    El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.

    En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

  • Resolución. 

Si un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en la relación anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria (Apartado 7 del Art. 96 ,ley 39/2015, de 1 de octubre).

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Interés publico
Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública
Responsabilidad patrimonial
Relación de causalidad
Cuantía de la indemnización
Procedimiento de oficio