Los trámites de audiencia y de información pública

Pertenece al Grupo
Documentos relacionados
  • Sentencia Administrativo Nº 10194/2010, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 6, Rec 109/2007, 25-02-2010

    Órden: Administrativo Fecha: 25/02/2010 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Sanchez Sanchez, Ricardo Num. Sentencia: 10194/2010 Num. Recurso: 109/2007

    PRIMERO.- Son de destacar, de la prueba practicada, los siguientes antecedentes:1) Con fecha 19-11-2004, la Compañía Logística de hidrocarburos solicita autorización administrativa y aprobación para la ejecución de las instalaciones del proyecto denominado "Oleoducto Zaragoza-Torrejón de Ardoz y sus instalaciones auxiliares" así como para el reconocimiento de utilidad pública de dicho proyecto. Junto con dicha solicitud presenta el correspondiente proyecto técnico de las instalaciones ...

  • Sentencia Administrativo Nº 1126/2009, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 1003/2008, 09-12-2009

    Órden: Administrativo Fecha: 09/12/2009 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Maldonado Muñoz, Maria Del Pilar Num. Sentencia: 1126/2009 Num. Recurso: 1003/2008

  • Sentencia Administrativo Nº S/S, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 7876/2000, 31-05-2004

    Órden: Administrativo Fecha: 31/05/2004 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Trujillo Mamely, Francisco Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 7876/2000

    El TS desestima el recurso de casación interpuesto por los recurrentes contra la sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por los hoy recurrentes contra la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se procedía a la aprobación del Expediente de información pública y definitivamente del Estudio Informativo, de la Autovía en cuestión. No se cumple con los requisitos exigidos por el art. 92.1 de la Le...

  • Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 7307/2005, 14-10-2010

    Órden: Administrativo Fecha: 14/10/2010 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez Mico, Juan Gonzalo Num. Sentencia: / Num. Recurso: 7307/2005

    Se desestima el recurso de casación interpuesto contra sentencia estimatoria de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, sobre impugnación de acuerdo de modificación de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos. La Sala declara que se ha de mantener la declaración de nulidad de la modificación de la Ordenanza, al haber tenido lugar su aprobación definitiva por el Pleno municip...

  • Sentencia Administrativo Nº 2579/2015, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1164/2013, 12-11-2015

    Órden: Administrativo Fecha: 12/11/2015 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: De Castro Garcia, Santos Honorio Num. Sentencia: 2579/2015 Num. Recurso: 1164/2013

    ADMINISTRACION AUTONOMICA

Ver más documentos relacionados
  • La audiencia de los interesados en vía de recurso

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 23/01/2017

    El Art. 118 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone que la audiencia de los interesados, en vía de recurso, procederá cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario por no haberlos podido aportar en el trámite de alegaciones. El plazo en el que se pondrán de manifiesto estos nuevos hechos, documentos o justificantes, será no inferior a diez días ni superior a quince.Respecto de la audiencia de los interesados en vía de recurso,  el Ar...

  • La ampliación de plazos y tramitación de urgencia

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 19/01/2017

    La regulación de la ampliación de plazos y de la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo por los Art. 32-33 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre no ofrece demasiadas novedades respecto de la regulación de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviebre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La única aportación digan de reseñar es la que se encuentra en el apartado 4 del Art. 32 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre al respecto de ...

  • Los medios de impugnación en el orden penal

    Órden: Penal Fecha última revisión: 12/01/2013

    La existencia de los recursos en el proceso penal es un elemento del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías o a un proceso sin dilaciones indebidas derivados del Art. 24 ,Constitución Española: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.   Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordin...

  • La prueba en el procedimiento administrativo

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 19/01/2017

    La prueba en el procedimiento administrativo se encuentra regulada en los Art. 77-78 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, preceptos que establecen, entre otras cuestionses, que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, que ésta se valorará según los criterios de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y que el período de práctica de la misma no será superior a treinta días ni inferior a diez...

  • La prueba en el procedimiento Contencioso-Administrativo

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 06/02/2017

    La prueba en el procedimiento Contencioso-Administrativo, que se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil (Art. 281-386 ,LEC) se encuentra regulada en los Art. 60-61 ,Ley 29/1998, de 13 de julio. El recibimiento del pleito a prueba solamente se podrá pedir por medio de otrosí en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias y se practicará en el plazo de treinta díasDefine el Diccionario del Español Jurídico de l...

Ver más documentos relacionados
  • Escrito de alegaciones por falta de motivación de informe

    Fecha última revisión: 10/10/2016

    AL ORGANO COMPETENTE [NOMBRE] D/Dª [NOMBRE] mayor de edad, con DNI. nº [NUMERO] en nombre y representación de [NOMBRE], conforme tengo acreditado en el en el expediente administrativo nº [NUMERO] que se tramita en el Departamento de [NOMBRE] sobre el procedimiento administrativo relativo a  [DESCRIPCION], ante ese Organismo comparezco y EXPONGO: Que con fecha de [FECHA], me ha sido notificado el escrito de ese organismo sobre la realización del trámite de audiencia por el que se pone d...

  • Modelo de acuerdo requiriendo al interesado el cumplimiento de determinados trámites o requisitos formales

    Fecha última revisión: 17/10/2016

      Expediente nº: [NUMERO]. Asunto: [DESCRIPCION]. Interesados: [NOMBRE]. Procedimiento. [DESCRIPCION]. NOTIFICACIÓN   AL INTERESADO En el procedimiento instado por D./Dña relativo a [DESCRIPCION], que se tramita en este organismo con el número de expediente referenciado y que se encuentra en la fase de [SITUACION], se ha observado la falta de los siguientes trámites que debe cumplimentar:   1.- [DESCRIPCION]. 2.- [DESCRIPCION]. 3.- [DESCRIPCION].   Con la finalidad de que esta Administ...

  • Recurso de apelación penal

    Fecha última revisión: 31/03/2016

    NOTA: A tenor del art. 790 LECRim en los diez días siguientes de la notificación de la sentencia podrá ser interpuesto el recurso de apelación.  Si en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que causaren la indefensión del recurrente, en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas legales o constitucionales que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la in...

  • Apelación solicitando la nulidad de actuaciones (falta de comunicación al demandado)

    Fecha última revisión: 04/05/2016

    NOTA: Según el art. 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el recurso de apelación podrá alegarse infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia. Cuando así sea, el escrito de interposición deberá citar las normas que se consideren infringidas y alegar, en su caso, la indefensión sufrida. Asimismo, el apelante deberá acreditar que denunció oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad procesal para ello.   Procedimiento [DESCRIPCION] Autos [NUMER...

  • Solicitud del demandado de intervención de un tercero

    Fecha última revisión: 31/05/2016

    NOTA: El demandado puede llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, conforme a las reglas del art. 14.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 1) El demandado solicitará del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio 2) Se interrumpe el plazo para contestar a la demanda 3) El plazo para que el demandado conteste se reanudará con la desestimación de la petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero 4) Si co...

Ver más documentos relacionados
  • Caso práctico: Expropiación de parte de un edificio en propiedad horizontal

    Fecha última revisión: 22/01/2012

  • EXPROPIACIÓN DE PARTE DE UN EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.En un expediente se persigue la expropiación de un trozo de terreno de siete metros cuadrados que es elemento común de un edificio en régimen de propiedad horizontal. Se plantea si es necesaria la notificación a todos y cada uno de los miembros de la comunidad o si basta la notificación al presidente de la comunidad.Conforme al Art. 3 de la LEF las actuaciones del expediente expropiatorio se tendrán con el propietario, consider...

  • Análisis del examen del contenido de la demanda por despido por los Órganos judiciales

    Fecha última revisión: 18/03/2016

  • PLANTEAMIENTOAnálisis del examen del contenido de la demanda por despido por los Órganos judicialesLa jurisprudencia ha establecido que el examen judicial de la demanda no puede limitarse a comprobar que el escrito contiene los datos exigidos en la Ley de Jurisdicción Social (Art. 80,Art. 104 ,LJS), sino que debe extenderse a los presupuestos procesales (STC 335/1994, de 19 de diciembre), la capacidad procesal del actor, o la correcta constitución de la relación jurídico-procesal.Se analiz...

  • Análisis de la legitimación de la empresa para intervenir en el procedimiento de declaración de incapacidad permanente

    Fecha última revisión: 19/04/2016

  • PLANTEAMIENTOEl empresario estará activamente legitimado en los procesos sobre prestaciones de invalidez permanente cuando pretenda la revisión hacia un grado inferior de la invalidez de la que ha sido previamente declarado responsable o cuando impugne la resolución administrativa que le haya declarado responsable de las prestaciones. Pero carece de legitimación activa para pretender el reconocimiento a favor del trabajador de una pensión de incapacidad permanente absoluta, porque lo que en...

  • Caso práctico: Trámites Laborales para la constitución de un trabador extranjero como autónomo.

    Fecha última revisión: 13/04/2016

  •  PLANTEAMIENTOTrámites Laborales para la constitución de un trabador extranjero como autónomoRESPUESTALa Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo será de aplicación a los trabajadores autónomos extranjeros que reúnan los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.ANÁLISISa) Ciudadanos no comunitariosPara poder ser incluido en el campo de aplicación del Régime...

  • Caso práctico: ¿Cuándo podrán las personas jurídicas y entidades públicas contestar a preguntas dentro de un proceso civil por escrito?

    Fecha última revisión: 09/06/2014

  • PLANTEAMIENTO ¿Cuándo podrán las personas jurídicas y entidades públicas contestar a preguntas dentro de un proceso civil por escrito?RESPUESTAEl Art. 381 ,LEC se ocupa de esta posibilidad, y señala el siguiente caso:Cuando, sobre hechos relevantes para el proceso, sea pertinente que informen personas jurídicas y entidades públicas en cuanto tales, por referirse esos hechos a su actividad, sin que quepa o sea necesario individualizar en personas físicas determinadas el conocimiento de ...

Ver más documentos relacionados
  • Resolución de TEAC, 00/1746/2002, 17-03-2005

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 17/03/2005

  • Núm. Resolución: 00/1746/2002
  • ResumenEs ajustada a derecho la resolución recurrida, en la que se denegaba al recurrente su solicitud de copia del escrito o escritos de denuncia que obrasen en los archivos de la Delegación o sus Administraciones referidos a su situación tributaria, ya que salvo en casos excepcionales en que al denunciado se le cause indefensión probada, impidiéndole de manera cierta y real el adecuado despliegue de cuantos medios de prueba disponga, los denunciantes tienen un interés subjetivo en que se...

  • Resolución de TEAC, 00/4728/2010, 24-07-2012

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 24/07/2012

  • Núm. Resolución: 00/4728/2010
  • ResumenAsunto: Sociedades Patrimoniales. "Valores" no computables. Finalidad de la participación. Asunto: Sociedades patrimoniales. Patrimonialidad sobrevenida Descripción                 En la villa de Madrid, a la fecha indicada (24/07/2012), el Tribunal Económico-Administrativo Central, reunido en Sala, ha visto las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, ha interpuesto la entidad X, S.A. con C.I.F.: ..., y actuando en su nombre y re...

  • Resolución de TEAC, 00/4669/2010, 27-09-2012

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 27/09/2012

  • Núm. Resolución: 00/4669/2010
  • ResumenAsunto: IS. Sociedades patrimoniales. Patrimonialidad sobrevenida. Rentas derivadas de la transmisión de acciones Asunto: IS. Sociedades patrimoniales. Dividendo a cuenta. Descripción         En la villa de Madrid, a la fecha indicada (27/09/2012), el Tribunal Económico-Administrativo Central, reunido en Sala, ha visto las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, ha interpuesto la entidad X, S.A. con C.I.F.: ..., y actuando en su nombre y...

  • Resolución de TEAC, 00/3885/1996, 11-06-1999

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 11/06/1999

  • Núm. Resolución: 00/3885/1996
  • ResumenIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS Resulta improcedente la liquidación en concepto de retenciones no practicadas sobre cantidades abonadas en concepto de dietas y gastos de locomoción al no acreditarse la realización de los desplazamientos ni existir justificantes.Descripción FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO. - Las cuestiones que suscita el presente recurso de alzada consisten en determinar: 1º) Si se han producido irregularidades de procedimiento invalidantes de...

  • Resolución de TEAF Navarra, 990299, 22-01-2003

    Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 22/01/2003

  • Núm. Resolución: 990299
  • ResumenSe solicita sea declarada la nulidad de la sanción impuesta por utilización de gasóleo no autorizado, debido a una serie de vicios procedimentales que le causan indefensión. Se desestima el recurso. Lo sancionable es la simple utilización del gasóleo (incluso a título de mera negligencia), siendo intrascendente la cantidad, los motivos de urgencia ocasionales y las concentraciones de colorante y trazadores inferiores a las previstas. La toma de muestras fue debidamente autentificad...

Ver más documentos relacionados
  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 19/01/2017

Los trámites de audiencia y de información pública encuentran su regulación en los Art. 82-83 ,ley 39/2015, de 1 de octubre, preceptos encuadrados en la Sección 4ª del Capítulo IV del Título IV de la norma, rotulada "Participación de los interesados". La importancia de estos trámites es tal, que la jurisprudencia ha llegado a calificar el primero de ellos, el trámite de audiencia, como "fundamental" o "sagrado", aún cuando sólo aquellas omisiones del mismo que generen indefensión serán en verdad vicios determinantes de nulidad del procedimiento.

Trámite de audiencia

Como dispone el apdo. 1 del Art. 82 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados, o en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.

Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes (apdo. 2 del Art. 82 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Sentado lo anterior, cabe hacer hincapié en que la apertura del trámite de audiencia ha de ser realizada de oficio por parte de la Administración, lo cual es punto clave para diferenciarlo de las alegaciones del Art. 76 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre que por propia iniciativa puede realizar el interesado en cualquier momento.

Las limitaciones al completo conocimiento del expediente por parte del administrado, como se ha apuntado, se encuentran establecidas en el Art. 14 ,Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Ahora bien, tales limitaciones han de entenderse de forma que no produzcan indefensión, de ahí que, como establece el apartado 2 del Art. 14 ,ley 39/2015, de 1 de octubre, “la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

Por otro lado, y puesto que, entre otras cosas, el trámite de audiencia es el único trámite del procedimiento administrativo que se menciona en el Texto Constitucional (apdo. c del Art. 105 ,Constitución Española) la Jurisprudencia no ha dudado en calificarlo como “esencial”, “capital”, “fundamental” y, hasta, “sagrado”. Al igual que el proceso judicial, constituye una garantía del derecho de defensa y contradicción, aunque, eso sí, con los  matices que señala la Tribunal Constitucional, nº 68/1985, de 27/05/1985, Rec. Recurso de amparo 618/1984: (…) analizando si respecto a ella cabe apreciar indefensión por omisión de audiencia del perjudicado, el resultado de nuestro razonamiento es también denegatorio. La Orden de 22 de septiembre de 1980 considera que el Decreto de 12 de septiembre de 1974, en cuanto acto graciable, no es susceptible de control jurisdiccional contencioso-administrativo, por lo que el recurso de reposición, previo a aquél, es improcedente. La falta de audiencia del perjudicado cometida en el trámite previo al Decreto de 12 de septiembre de 1974 no fue invocada en el recurso de reposición que sólo impugnaba el Decreto porque la recurrente entendía que vulneraba el llamamiento legal que sostiene asistirle como sucesora preferente. La falta de audiencia no se puede imputar como cometida en el trámite mismo del recurso de reposición: ni lo denuncia así la recurrente, ni si se hubiera producido habría constituido una infracción susceptible de amparo, sino acaso sólo contraria al art. 105 c) de la Constitución, donde sólo se exige la audiencia, «cuando proceda» (y aquí legalmente no procede), pues las exigencias del art. 24 no son trasladables sin más a toda tramitación administrativa. No ha habido, pues, indefensión ni falta de audiencia debida, ni en la fase jurisdiccional ni en la fase administrativa en un momento o trámite en que fuera constitucionalmente exigible”. En esta línea se encuentra el apdo. 4 del Art. 82 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dispone que "se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado”. 

Debe tenerse en cuenta que la omisión del trámite de audiencia sólo constituirá un vicio determinante de la nulidad del procedimiento en el momento en que origine verdadera indefensión (TS, Sala de lo Contencioso, de 24/02/1997, Rec. 10248/1990):
Este trámite de audiencia, sólo da lugar, su omisión, a la anulación del acto recurrido cuando el Tribunal constata que la misma ha producido una auténtica situación de indefensión a los recurrentes. Y la parte apelante tuvo posibilidad no sólo de formular alegaciones sino que tuvo también la oportunidad de presentar documentos, consignar datos y aportar pruebas a través de los distintos escritos y recursos presentados, razón por la que no puede afirmarse que se encontrase en situación de indefensión, al haber disfrutado de posibilidades de conocimiento y defensa de eficacia equivalente a la que se puede derivar de la notificación individual, lo que permite aplicar el criterio jurisprudencial de relativización de los vicios de forma expresada en el anterior art. 48.2 LPA ( SSTS de 18 de mayo de 1977, 22 de abril y 3 de mayo de 1980, 7 de octubre de 1981 y 18 de marzo de 1987), sin que se trate, como se indica en la alegaciones del apelante, de acudir al precepto de un reglamento nulo, el art.44, que permitía, frente al art. 79 LPA, sustituir la notificación por la publicación de los actos cuando tienen destinatarios determinados”.

Por último, y como especialidad, el apdo. 5 del Art. 82 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre  dispone que en  los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el apdo. 9 del Art. 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios 

Información pública

Concepto: 

Se trata de una participación en la actuación administrativa -prevista ya, por cierto, en la legislación anterior a la Constitución-, que no es tanto una manifestación del ejercicio de la soberanía popular cuanto uno de los cauces de los que en un Estado social deben disponer los ciudadanos -bien individualmente, bien a través de asociaciones u otro tipo de entidades especialmente aptas para la defensa de los denominados intereses "difusos"- para que su voz pueda ser oída en la adopción de las decisiones que les afectan. Dicho derecho, cuya relevancia no puede ser discutida, nace, sin embargo, de la Ley y tiene -con los límites a que antes hemos aludido- la configuración que el legislador quiera darle; no supone, en todo caso, una participación política en sentido estricto, sino una participación -en modo alguno desdeñable- en la actuación administrativa, de carácter funcional o procedimental, que garantiza tanto la corrección del procedimiento cuanto los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. El hecho mismo de que muchas de estas formas de participación se articulen, como se ha dicho, a través de entidades de base asociativa o corporativa pone de relieve su diferente naturaleza respecto de la participación política garantizada por el art. 23 C.E.; ésta, según tiene declarado este Tribunal, es reconocida primordialmente a los ciudadanos -uti cives- y no en favor de cualesquiera categorías de personas (profesionalmente delimitadas, por ejemplo) (SSTC 212/1993 y 80/1994, y ATC 942/1985). Este hecho manifiesta, igualmente, que no estamos ante cauces articulados para conocer la voluntad de la generalidad de los ciudadanos -en los distintos ámbitos en que territorialmente se articula el Estado- precisamente en lo que tiene de general, sino más bien para oír, en la mayor parte de los casos, la voz de intereses sectoriales de índole económica, profesional, etc. Se trata de manifestaciones que no son propiamente encuadrables ni en las formas de democracia representativa ni en las de democracia directa, incardinándose más bien en un tertium genus que se ha denominado democracia participativa” ( Tribunal Constitucional, nº 119/1995, de 17/07/1995, Rec. Recurso de amparo 773/1993).

Descendiendo a la regulación legal de la información pública como elemento de la participación de los interesados en la tramitación del procedimiento administrativo, el apartado 1 del Art. 83 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que “el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública”. Por tanto, la obligatoriedad o no del trámite de información pública, vendrá determinado por la naturaleza del procedimiento. Son pocas las normas que establecen respecto de algún procedimiento específico la obligatoriedad de éste trámite; en concreto, a título de ejemplo, lo hace la letra b del Art. 49 ,Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local para la aprobación de ordenanzas locales y, en general, suele imponerse en materias de urbanismo y medio ambiente; dando lugar a la generalización del carácter facultativo del trámite de información pública.

En lo que concierne a la falta de información pública como vicio determinante de la nulidad del procedimiento, la TS, Sala de lo Contencioso, de 24/02/1997, Rec. 10248/1990 es bastante tajante “la jurisprudencia de esta Sala se niega a declarar sistemáticamente la nulidad por omisión de la información pública, salvo cuando viene preceptivamente impuesta por la legislación sectorial aplicable, como es el caso de autos, en el que se ha cumplido tal como viene regulada (SSTS de 29 de noviembre de 1982 y 20 de abril de 1985)”.

Publicación: A la hora de abrir ese período de información pública, el apartado 2 del Art. 83 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala que “se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días”. 

Respuesta razonada de las alegaciones presentadas: por su parte el apartado 3 del Art. 83 ,ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que “la incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales”.

Otras formas de participación de las personas en el procedimiento: El apartado 4 del Art. 83 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que “conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos”.

Reanudación del trámite de información pública: Según múltiple jurisprudencia, en el caso de que el acto administrativo sufriese “modificaciones sustanciales” en sus aspectos básicos a resultas de las alegaciones que se hubiesen estimado, deberá reanudarse el trámite de información pública, procediéndose a la retroacción de las actuaciones hasta ese momento procedimental (así, por ejemplo, apartado 1 del Art. 45 ,Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas).

 

No hay versiones para este comentario

Indefensión
Omisión
Ciudadanos
Trámite de información pública
Interés publico
Derecho de defensa
Actuación administrativa
Sucesor
Nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias
Medios de prueba
Responsabilidad patrimonial
Interés difuso
Interés legitimo
Voluntad
Ordenanza municipal
Falta de información pública
Negativa a declarar
Tramitación telemática
Persona física
Resolución definitiva