Proceso laboral especial de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas en el orden social

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 17/02/2014

Proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

La Ley de Jurisdicción Social regula la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de manera más completa y estructurada que anteriormente, particularmente atenta a la doctrina constitucional.

El objeto de este proceso es el conocimiento por parte de los órganos judiciales de la jurisdicción social de toda lesión actual de los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición del tratamiento discriminatorio y el acoso.  La STC 40/1985, de 19 de abril de 1985 (junto con otras, SSTC 213/2002, de 11/Noviembre, -TCIB-945725-; 185/2003, de 27/Octubre -TCIB-984508-; 198/2004, de 15/Noviembre; 281/2005, de 7/Noviembre -TCIB-3351636-; y 200/2006, de 3/Julio -TCIB-3950189-. Doctrina de la que se hacen eco las SSTS 19/02/09 -R. 6/2008 -; 03/05/11 -R. 168/2010 -; 16/02/10 -R. 57/2009-; 11/10/2011 -R. 102/2011-). Ver sentencias nº TS, Sala de lo Social, de 19/02/2009, Rec. 6/2008, TS, Sala de lo Social, de 03/05/2011, Rec. 168/2010, TS, Sala de lo Social, de 16/02/2010, Rec. 57/2009 y TS, Sala de lo Social, de 11/10/2011, Rec. 102/2011) afirma que "El derecho a la libertad sindical constitucionalmente consagrado comprende ... no sólo el derecho de los trabajadores de organizarse sindicalmente, sino además el derecho de los sindicatos de ejercer aquellas actividades que permiten la defensa y protección de los propios trabajadores, de lo que se sigue que para el eficaz ejercicio de sus funciones, los representantes sindicales han de disfrutar de una serie de garantías y facilidades, que de algún modo se incorporan al contenido esencial del derecho de libertad sindical, siendo una de ellas, precisamente la que aquí se cuestiona, la prevista en el e) Art. 68 ,ET"

Se trata por tanto de un proceso de cognición limitada, en este sentido dispone el 178.1 ,LJS que “el objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad”.

Además, en el apartado segundo de dicho precepto se afirma que “cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el Art. 184 ,LJS, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal”.

El ámbito objetivo o material de esta modalidad procesal se define ahora de manera generosa, declarando la exposición de motivos de la LJS que va más allá de la invocación principal de derechos fundamentales laborales específicos, como pueda ser la libertad sindical, para comprender con amplitud, toda posible vulneración de tales derechos y libertades fundamentales en el ámbito de las relaciones de trabajo, sean genéricos o específicamente laborales.

Dispone el Art. 184 ,LJS que “no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del Art. 178 ,LJS, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el Art. 139 ,LJS, las de impugnación de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del Art. 26 ,LJS, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva”.

Debe advertirse que el Art. 184 ,LJS no alude a todas las modalidades procesales a los efectos del 178.2 ,LJS. Por tanto ha de entenderse que en las silenciadas, la alegación de una pretendida lesión de derechos fundamentales o libertades públicas, obliga a sustanciar el asunto a través del proceso especial de tutela.

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