Régimen jurídico de la Unión Temporal de Empresas

Concepto y rasgos generales de la Unión Temporal de Empresas

De acuerdo con el art. 7 de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las sociedades de desarrollo industrial regional, tienen la consideración de Unión Temporal de Empresas (UTE) «el sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro».

La UTE se configura como un contrato asociativo de colaboración empresarial que presenta las siguientes notas básicas:

• Finalidad: ejecutar en común una obra, servicio o suministro concreto (y, en su caso, servicios u obras complementarios o accesorios, art. 8.b Ley 18/1982).
• Carácter temporal: la unión se constituye por el tiempo necesario para la realización del objeto pactado. La duración máxima no puede exceder de 25 años, salvo en contratos que comprendan la ejecución de obras y explotación de servicios públicos, en cuyo caso puede alcanzar los 50 años (art. 8.c Ley 18/1982). La D.T. 7.ª de la misma ley precisa el régimen de duración de las UTE constituidas antes de 1 de enero de 2003.
• Ausencia de personalidad jurídica: la UTE no tiene personalidad jurídica propia (art. 7.2 Ley 18/1982). Pese a ello, el ordenamiento le reconoce una cierta personificación funcional para contratar con la Administración, litigar y establecer relaciones laborales.
• Carácter instrumental: se concibe como vehículo para que varias empresas acometan conjuntamente proyectos que, por su volumen o complejidad, exceden la capacidad o la conveniencia de que sean asumidos por una sola.

Se trata de una fórmula de cooperación empresarial especialmente extendida en sectores de construcción, ingeniería y servicios, adecuada para concurrir a concursos públicos o afrontar proyectos de gran envergadura, al permitir:

• Compartir riesgos y distribuirlos entre las empresas partícipes.
• Aprovechar sinergias técnicas, financieras y organizativas.
• Abaratar costes mediante economías de escala y de alcance.

Marco normativo aplicable

El régimen jurídico de las UTE descansa fundamentalmente en:

• Ley 18/1982, de 26 de mayo (arts. 1 a 3 y 7 a 11, en lo que permanece vigente), que regula su régimen jurídico general y fiscal y exige su inscripción en un Registro Especial dependiente del Ministerio de Hacienda.
• Normativa tributaria vigente que ha ido sustituyendo o derogando los preceptos fiscales específicos originalmente contenidos en la Ley 18/1982, remitiendo hoy el análisis de detalle al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, entre otros.
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), particularmente en materia de: concepto de empresario (art. 1), responsabilidad solidaria (interpretación jurisprudencial), subcontratación de obras y servicios (art. 42 ET), movilidad y modificación de condiciones (arts. 39 y ss.) y despido colectivo (art. 51 ET) .
• Normativa de contratación pública, en la medida en que las UTE suelen constituirse para concurrir a licitaciones, que exige acreditar existencia y composición de la unión y determina el régimen de responsabilidad frente a la Administración contratante.

El art. 1 de la Ley 18/1982 condiciona el acceso al régimen tributario específico al cumplimiento de los requisitos previstos en la propia ley y a la inscripción en el Registro Especial (art. 3), sin perjuicio de la supervisión por el Ministerio de Hacienda (art. 2).

Requisitos de constitución y contenido mínimo de la escritura

El art. 8 de la Ley 18/1982 establece los principales requisitos para la aplicación del régimen tributario y, en la práctica, para la válida configuración de la UTE:

• Empresas miembros (art. 8.a): pueden ser personas físicas o jurídicas, residentes o no en España, que desarrollen una actividad empresarial. En el caso de personas físicas, sus rendimientos empresariales se determinarán en estimación directa en el IRPF.
• Objeto (art. 8.b): debe consistir exclusivamente en una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera de España, incluyendo, en su caso, obras y servicios complementarios y accesorios del objeto principal.
• Duración (art. 8.c): idéntica a la de la obra, servicio o suministro. Con el límite general de 25 años o de 50 años para contratos que comprendan ejecución de obras y explotación de servicios públicos. La D.T. 7.ª concreta el régimen aplicable a UTE constituidas antes del 1 de enero de 2003 y la extensión de la validez de su inscripción registral.
• Gerente único (art. 8.d): debe existir un gerente con poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros de la UTE para ejercitar los derechos y contraer las obligaciones correspondientes. Todas las actuaciones de la UTE se realizan «precisamente a través del Gerente», que ha de hacerlo constar en cuantos actos y contratos suscriba.
• Escritura pública de constitución (art. 8.e): la UTE debe formalizarse en escritura pública, que contendrá, como mínimo:
  • Nombre, apellidos o razón social, nacionalidad y domicilio de los otorgantes.
  • Voluntad de constituir la UTE.
  • Denominación: la de una, varias o todas las empresas miembros, seguida de la expresión «Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, número ...».
  • Objeto: memoria o programa con determinación de actividades y medios para su realización.
  • Duración y fecha de inicio de las operaciones.
  • Domicilio fiscal en territorio nacional, que será el de la persona física o jurídica que lleve la gerencia común.
  • Aportaciones al fondo operativo común, en su caso, y modos de financiar o sufragar las actividades.
  • Nombre y domicilio del gerente.
  • Proporción o método de participación de las empresas miembros en la distribución de resultados o, en su defecto, en ingresos y gastos.
  • Responsabilidad frente a terceros: en todo caso, solidaria e ilimitada para sus miembros (art. 8.e.8.ª).
  • Criterio temporal de imputación de resultados, ingresos o gastos.
  • Cualesquiera otros pactos lícitos y condiciones especiales que las partes consideren oportuno establecer.

Para acceder al régimen fiscal especial, la UTE debe, además, inscribirse en el Registro Especial del Ministerio de Hacienda (art. 3 Ley 18/1982).

Naturaleza jurídica y responsabilidad frente a terceros

El art. 7.2 de la Ley 18/1982 proclama expresamente que la UTE no tiene personalidad jurídica propia. Sin embargo, el ordenamiento le atribuye una capacidad de obrar limitada pero relevante:

• Puede contratar con la Administración y ser adjudicataria de contratos públicos, actuando a través de su gerente y conforme a la normativa de contratación.
• Dispone de capacidad procesal para la defensa de sus intereses en juicio, aunque la responsabilidad última recaiga en las empresas miembros.
• Puede ser empleadora a efectos laborales, suscribiendo contratos de trabajo y asumiendo obligaciones en materia de Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y relaciones laborales colectivas.

La escritura de constitución debe establecer que la responsabilidad frente a terceros por los actos y operaciones realizados en beneficio común será solidaria e ilimitada para todos los miembros de la UTE (art. 8.e.8.ª Ley 18/1982). Ello implica que:

• Cada empresa miembro responde con todo su patrimonio de las obligaciones nacidas de la actividad de la UTE.
• Frente a la Administración tributaria, el art. 9 Ley 18/1982 refuerza esa solidaridad, al prever que las empresas miembros quedan solidariamente obligadas respecto de las retenciones a cuenta de IRPF o Impuesto sobre Sociedades que la UTE venga obligada a practicar, de los tributos indirectos y, en general, de los tributos que afecten a la UTE como sujeto pasivo.
• En el ámbito laboral, la jurisprudencia aplica criterios analógicos al régimen del art. 42 ET (subcontratación de obras y servicios) y al principio de unidad de empresa aparente, extendiendo la responsabilidad solidaria de la UTE y sus miembros frente a las deudas salariales y de Seguridad Social generadas en la ejecución de la obra o servicio común.

Régimen laboral y de Seguridad Social en la UTE

Conforme al art. 1.2 del Estatuto de los Trabajadores, son empresarios «todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios» de trabajadores por cuenta ajena. Aunque la Ley 18/1982 niega personalidad jurídica a la UTE, la misma puede ser asimilada a una unidad económica o comunidad de bienes a estos efectos, actuando —a través de su gerente— como empleadora directa de los trabajadores adscritos a la ejecución de la obra o servicio común.

Ello implica que la UTE:

• Debe formalizar contratos de trabajo y tramitar el alta de sus trabajadores en el régimen de Seguridad Social correspondiente.
• Asume las obligaciones derivadas del ET en materia de jornada, descansos, salarios, prevención de riesgos laborales, representación colectiva, etc.
• Queda sometida a la labor inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la eventual responsabilidad sancionadora.

El art. 9 de la Ley 18/1982 establece expresamente que las empresas miembros de la UTE quedan solidariamente obligadas frente a la Administración tributaria por:

• Las retenciones a cuenta del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades que la UTE deba practicar.
• Los tributos indirectos derivados del ejercicio de la actividad de la UTE.
• Los restantes tributos que afecten a la UTE como sujeto pasivo.

En el terreno laboral, si bien no existe un precepto específico análogo en la Ley 18/1982, la combinación del principio de unidad de empresa aparente y el régimen de responsabilidad del art. 42 ET (subcontratación), unido a la propia configuración legal de la UTE, permite afirmar, en la práctica, la existencia de una responsabilidad solidaria de las empresas miembros respecto de:

• Salarios e indemnizaciones derivadas de la relación laboral con trabajadores contratados por la UTE.
• Cuotas y recargos de Seguridad Social.
• Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Esta solidaridad incrementa la garantía de los créditos laborales y de Seguridad Social, sin perjuicio de las acciones de regreso internas entre las empresas miembros según su participación en la UTE.

CUESTIONES

1. ¿Cuál es la relación entre UTE y la subcontratación?

Con frecuencia, la UTE se sitúa en la cúspide de cadenas de subcontratación reguladas por el art. 42 ET, especialmente en el sector de la construcción y servicios complejos. A estos efectos resulta relevante:

• La UTE puede actuar como empresa principal, contratando o subcontratando con otras empresas la ejecución de parte de la obra o servicio adjudicado.
• En tal caso, será aplicable el régimen de responsabilidad solidaria en materia salarial y de Seguridad Social previsto en el art. 42 ET respecto de las obligaciones de las empresas contratistas y subcontratistas durante el año siguiente a la finalización del encargo.
• La empresa principal (UTE) debe cumplir las obligaciones de información y coordinación en prevención de riesgos laborales y llevar el libro registro de contratas en los términos del art. 42 ET.

La confluencia de los regímenes de responsabilidad solidaria de la Ley 18/1982 y del ET refuerza significativamente la posición de los trabajadores y de la Hacienda Pública frente a eventuales incumplimientos.