Validez y eficacia de los convenios de las Administraciones Públicas, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

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    Se estima en parte el recurso de suplicación interpuesto por un profesor de la ESO frente a la sentencia de Juzgado de lo Social nº 10 de Valencia, en demanda sobre cantidades salariales, porque la merma que se establece en el acuerdo aplicable, suscrito en noviembre de 2003, sobre la suma inicialmente pactada para todo el personal que impartiera enseñanza en el primer ciclo de ESO, no incide negativamente en el demandante al no tener eficacia retroactiva, sino que solamente dif...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, aporta solución al insuficiente marco jurídico por el que se regía la figura del convenio que se encontraba disperso en diversidad de preceptos, algunos de los cuales revestían naturaleza de meros principios, lo que provocaba dudas y lagunas. Se regulan en el Art. 48 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, los requisitos para la validez y eficacia de los convenios administrativos tal y como se requería por el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010; incluso estableciendo la obligación de remitirlos al Tribunal de Cuentas para asegurar de ese modo su control por ese Tribunal.



El Art. 48 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, siguiendo como el resto de la norma en este punto las recomendaciones del Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, se ocupa de los requisitos de validez y eficacia de los convenios administrativos. Tal regulación, netamente más amplia que la que abordaba la legislación precedente (Vid. Art. 8 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre) se sustenta en las siguientes consideraciones:

  • Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.

  • En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos públicos.

  • La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

  • La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria.

  • Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio.

  • Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.

  • Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
    Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

  • Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes.
    Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la DA7 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre y publicados en el «Boletín Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración firmante.

 Finalmente, se señala que las normas del "presente Capítulo" (el Capítulo VI del Título Preliminar) no serán de aplicación a:

 

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