Vista y conclusiones en el procedimiento contencioso-administrativo

La Sección 7ª, del Título IV, Capítulo I, regula la celebración de la vista y su solicitud, así como el trámite de conclusiones. En concreto son los artículos 62 a 66 de la LJCA los encargados de establecer las pautas para tales trámites procesales, en las cuales se establece la potestad de las partes a solicitar la celebración de la vista por medio de otrosí en los escritos de demanda o contestación, y recogiendo para el trámite de conclusiones un plazo sucesivo de diez días para los demandantes y demandados, y un período simultáneo para cada uno de esos grupos de demandantes o demandados, si en alguno de ellos hubiera comparecido más de una persona y no actuaran unidos bajo una misma representación.

La solicitud de celebración de la vista y conclusiones en el procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia

El artículo 62 de la LJCA establece respecto a la celebración de la vista y presentación de conclusiones:

• Respecto a la celebración de la vista, puede ser solicitada por las partes o acordarse por el Juez o Tribunal si el asunto revierte importancia suficiente para celebrar la vista o formular conclusiones escritas.
• Las partes también pueden solicitar que se presenten conclusiones o que el pleito se concluya para sentencia.
• Deben solicitarse:
  • Por medio de otrosí en los escritos de demanda y contestación.
  • Por medio de escrito presentado en el plazo de cinco días contados desde la notificación de diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba.
• Será acordado, tanto la celebración de la vista como la formulación de conclusiones, por el LAJ, según lo solicitado por las partes (salvo que lo ordene el Juez o Tribunal):
  • Si lo solicita el demandante, será acordado en todo caso.
  • Si se ha practicado prueba, será acordado si lo solicita cualquiera de las partes. 
    • Establece el artículo 62, apartado 3, de la LJCA, que lo expuesto en las dos líneas anteriores lo será sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61, apartado 4, de la LJCA que dispone que: ''Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba, y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales podrán, en el plazo de cinco días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia''.

Cabe recordar que, ante la ausencia de solicitud de celebración de la vista o formulación de conclusiones, el LAJ puede declarar la conclusión del pleito para sentencia, una vez contestada la demanda, como ya venía disponiendo el anterior artículo 57 de la LJCA. 

Interpreta nuestro Alto Tribunal al respecto de este artículo 62 de la LJCA:

Sentencia, Rec. 5248/2008, de 18 de mayo de 2012. ECLI: ES:TS:2012:4316

''(...) los artículos 62.3 y 62.4 de la LJCA configuran una facultad del órgano judicial sobre este trámite final del proceso, al que en definitiva corresponde optar entre la celebración de vista o la formulación de conclusiones, sin quedar vinculado en este sentido por la petición de una parte que interesa la celebración del trámite de vista. Hacemos expresa salvedad del caso en el que exista plena coincidencia en la solicitud de las partes, pues entonces sí podría defenderse tal vinculación del órgano judicial''.

La celebración de la vista en el procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia

Artículo 63 de la LJCA

1. Si se acordara la celebración de vista, el Secretario judicial señalará la fecha de la audiencia por riguroso orden de antigüedad de los asuntos, excepto los referentes a materias que por prescripción de la ley o por acuerdo motivado del órgano jurisdiccional, fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, podrán ser antepuestos a los demás cuyo señalamiento aún no se hubiera hecho. En el señalamiento de las vistas el Secretario judicial atenderá asimismo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. En el acto de la vista, se dará la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por sí o a través del Magistrado ponente, podrá invitar a los defensores de las partes, antes o después de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate.

3. El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

4. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el Secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario judicial, salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente el Secretario judicial lo considere necesario, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el Secretario judicial extenderá acta sucinta en los términos previstos en el apartado siguiente.

5. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el Secretario judicial deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones.

6. Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesarios, las alegaciones de las partes, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.

7. El acta prevista en los apartados 5 y 6 de este artículo, se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.

A TENER EN CUENTA. En la celebración de la vista no pueden plantearse cuestiones que no se suscitaran en los escritos de demanda y contestación, sin embargo, puede ocurrir que el juez o Tribunal considere oportuno tratar motivos trascendentes para la elaboración del fallo y que no se han tratado con anterioridad. En este caso, el Magistrado u órgano judicial pondrá su consideración en conocimiento de las partes mediante providencia, sobre la cual podrán pronunciarse en el plazo de 10 días, no cabiendo recurso alguno frente a la misma. Si se hubiese probado en autos la existencia de daños, el demandante, en el acto de la vista, también puede solicitar que en la sentencia se haga pronunciamiento sobre los mismos y la cuantía en concepto de daños y perjuicios (artículo 65 LJCA).

Asimismo el artículo 63 de la LJCA, estipula para el señalamiento de la fecha de la celebración de la vista, que se atenderá a la antigüedad de los asuntos dando preferencia a las materias que se establezcan por ley o acuerdo motivado como preferentes o carácter urgente.

A TENER EN CUENTA. A título ejemplificativo, podemos citar el artículo 114, apartado 3, de la LJCA, que dispone el carácter preferente de la tramitación de recursos en procedimientos de protección de derechos fundamentales de la persona; el artículo 126, apartado 4, de la LJCA, que contempla para algunas cuestiones de ilegalidad el carácter de tramitación y resolución preferente si su objeto es de especial transcendencia; el artículo 116 de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General), que dicta que ''los recursos contencioso-electorales tienen carácter de urgentes y gozan de preferencia absoluta en su sustanciación y fallo ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo competentes'' o el artículo 66 de la LJCA, que establece que ''los recursos directos contra disposiciones generales gozarán de preferencia y, una vez conclusos, serán antepuestos para su votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo''.

Surge en este punto la discusión sobre si hay demora para el señalamiento o se da una fecha tardía, en cuanto a la necesidad de resolver la cuestión planteada y la posible vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Es importante hacer mención de la Sentencia del Tribunal Constitucional, N.º 103/2016, de 06 de junio. ECLI:ES:TC:2016:103, que refleja la doctrina constitucional para determinar si se infringe tal derecho constitucional del artículo 24 C.E.:

''Pues bien, para determinar si nos encontramos o no ante una vulneración del meritado derecho, hemos de acudir a las pautas que nos ofrece nuestra jurisprudencia, conforme a la cual, este derecho es una expresión constitucional que encierra un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto concreto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede considerarse justificada, porque no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental que estamos comentando (por todas, STC 54/2014, de 10 de abril, FJ 4), sin que, por otra parte, el derecho fundamental referido pueda identificarse con un derecho al riguroso cumplimiento de los plazos procesales, configurándose a partir de la dimensión temporal de todo proceso y su razonabilidad (STC 142/2010, de 21 de diciembre, FJ 3). Como hemos subrayado, más recientemente, en las SSTC 89/2014, de 9 de junio, FJ 4, 99/2014, de 23 de junio, FJ 4, 74/2015, de 27 de abril, FJ 4, y 63/2016, de 11 de abril, FJ 4, con cita de la jurisprudencia precedente, la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a los Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de los litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso. Asimismo, en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en “un tiempo razonable”), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 CE, afirmábamos que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades.

(...)

Por otra parte, el retraso en la tramitación procesal ha de ser ponderado de acuerdo al interés que arriesgue el recurrente en el pleito''.

Trámite de conclusiones en el procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia

Desde la perspectiva jurisprudencial:

Sentencia del Tribunal Supremo, N.º 279/2018, de 21 de febrero. ECLI: ES:TS:2018:526

''(...) el escrito de conclusiones está concebido para que partes presenten unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones, ex artículo 64.1 de la ;LJCA. Pero no para introducir ni nuevos motivos de impugnación ni nuevos elementos de prueba''.

La LJCA contempla que, si tras la solicitud de conclusiones a instancia de parte mediante sus escritos de demanda o contestación (aunque puede darse su celebración por acuerdo del juez o tribunal), siguiendo siempre las pautas que a tal efecto establece el artículo 62 de la LJCA, se acuerda el trámite de conclusiones por el Letrado de la Administración de Justicia, el procedimiento se asentará siguiendo los artículos 64 y 65 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, debiendo las partes presentar unas alegaciones, con el siguiente contenido:

• Hechos.
• Prueba practicada.
• Fundamentos jurídicos en los que basan sus pretensiones.
• No pueden plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación.
  • Si el Juez o Tribunal considera que han de tratarse motivos relevantes para el fallo diferentes a los que se han alegado en un primer momento, se pondrá en conocimiento de las partes mediante providencia, dándoles plazo de 10 días para ser oídas sobre ello, no cabiendo recurso alguno frente a tal resolución (artículo 65 LJCA).

Respecto a esta limitación sobre las cuestiones a reflejar en las conclusiones, al igual que en el trámite de la vista, los Tribunales interpretan que se trata de una garantía de acotación del debate:

Sentencia del Tribunal Supremo, N.º 637/2020, de 03 de junio de 2020. ECLI: ES:TS:2020:1658

''(...)tal limitación legal del artículo 65.1 LJCA -que tiene un obvio sentido de garantía de acotación del debate o litis contestatio, el cual podría verse perturbado mediante alegaciones nuevas, al margen de tal ordenado cauce procesal, que lo trastornen o alteren, en menoscabo de la parte contraria a la incumplidora-, tiene su ámbito natural en el terreno de la satisfacción por las partes de las cargas alegatoria y probatoria, pero no juega en el campo de la interpretación jurídica, que es atribución indeclinable y exclusiva del Tribunal sentenciador''.

• El demandante en su escrito puede solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si tales daños constaran probados en autos (artículo 65 LJCA). 

El plazo para presentar las alegaciones será de 10 DÍAS sucesivos para los demandantes y demandados. Se establecerá un plazo simultáneo para cada uno de estos grupos si en alguno de ellos hubiera comparecido más de una persona y no actuaran unidos bajo la misma representación.

Para el señalamiento del día para la votación y fallo del escrito de conclusiones habrá que acudir a lo dispuesto en el artículo 63, apartado 1, de la LJCA, esto es, el orden para la fijación de fecha será según la antigüedad de los asuntos, excepto aquellas materias que sean declaradas de especial tramitación y carácter preferente por la propia ley, como es el caso de los recursos directos contra disposiciones generales (artículo 66 de la LJCA), los recursos en procedimientos de protección de derechos fundamentales de la persona (artículo 114 de la LJCA), las cuestiones de ilegalidad (artículo 126 de la LJCA) o los recursos contencioso-electorales (artículo 116 de la LOREG).

A TENER EN CUENTA. Respecto al carácter preferente de los recursos directos contra disposiciones generales frente a todo tipo de recursos contencioso-administrativo, existe una excepción, que es el proceso especial de protección de derechos fundamentales de los artículos 114 y siguientes de la LJCA, como así se contempla en el artículo 66 de la LJCA.